Si alguna crítica puede hacérsele a los congresos mexicanos, en la Unión y en los estados, es su baja capacidad de parlamentar, su falta de calidad en sus tareas. Se debe en parte a que no existen reglas que los hagan responsables, ante el público, de hacer lo fundamental y sólo después dedicarse a lo secundario. Lo primero es atender la estructura jurídica del país. Son el Poder Legislativo (muchos no se han enterado). El principal cometido de ese poder es emitir, transformar o innovar el marco legislativo de la Federación o de los estados con sentido de Estado, es decir, con sentido de responsabilidad ante la sociedad como miembros que son de la clase dirigente. Dan prelación a lo secundario: intereses de facción política o grupo de interés. Basta observar a la telebancada o a los antiabortistas prianistas en las legislaturas locales para darse cuenta de la obscenidad en que se puede caer.
En el próximo periodo de sesiones el Congreso de la Unión tiene la oportunidad y la responsabilidad de parlamentar sobre la primera iniciativa de reforma política de gran calado y visión de largo plazo que se ha presentado a los recintos legislativos desde que se produjo la alternancia de partidos en la Presidencia de la República. El gobierno del presidente Fox se arredró frente al reto de la reforma del Estado. Las consecuencias están a la vista: deterioro progresivo de la política, desprestigio de la democracia y disminución de la capacidad para mantener la gobernabilidad.
El presidente Felipe ha tenido el valor de retomar la iniciativa para la reforma del Estado en medio de una situación muy difícil: narcoviolencia limítrofe, crisis económica profunda, minoría de su partido en diputados y mayoría sólo relativa en senadores. Los 10 puntos que contiene su propuesta pueden resultar para algunos incompletos, para otros excesivos y para otros más indiferentes o nocivos. Pero no puede regatearse que es una iniciativa de gran alcance.
Algunos factota de la clase política ya se han pronunciado, lanzando consigna para neutralizar la iniciativa. Continúan sustituyendo el debate parlamentario de altura por el chantaje político encaminado a ganar ventaja â??a la malaâ? hacia los próximos comicios. El sistema político lo permite, ni modo, se vale aunque no nos guste. Lo paradójico es que si la iniciativa llega a comisiones y al pleno del Congreso, como debiera ocurrir, habrá que vigilar con cuidado la conducta de los legisladores de todos los partidos. Deberemos distinguir los argumentos de los pretextos, la inteligencia de la negligencia fundada en las â??historiasâ? que se quieren perpetuar, el peso muerto del pasado de la capacidad de avizorar el futuro para un México bien situado en el siglo XXI.
Las propuestas del Presidente contribuirían a desmontar vicios del sistema político. Devolver a las legislaturas estatales el poder en materia de reelección consecutiva de alcaldes y legisladores introduciría un nuevo balance de poder entre órdenes de gobierno y acotaría el poder desmesurado de los gobernadores. La elección consecutiva de diputados y senadores de la Unión aumentaría el poder de los ciudadanos, pues los que quieran ser reelectos tendrán que rendirnos cuentas en sus campañas y en su ejercicio. El límite autoimpuesto: 12 años. Es un límite artificial que solamente se entiende como concesión a la pusilanimidad de los que reivindican la historia de la no reelección como medalla de la Revolución. Pero es mejor que nada.
El derecho a iniciativa ciudadana de ley también ampliaría la capacidad de la sociedad para organizarse en torno a intereses no recogidos por la clase política y acercaría a la ciudadanía al principio de legalidad como herramienta de cambio y mejoría y no como obstáculo a vencer. Las candidaturas independientes serían también un factor de empoderamiento ciudadano frente a los partidos que hoy tienen su monopolio. Bien reglamentadas pueden representar un arma para defendernos del mal desempeño de los partidos y los caprichos de sus líderes.
La segunda vuelta, en la que tanto hemos insistido, daría legitimidad incontestable al mandato presidencial. No es lo mismo ganar por 36% que ganar por más de la mitad de los votos emitidos. Con ella se desvanecería el reclamo complotista que embarga a muchas almas en pena.
La iniciativa preferente y la facultad del Ejecutivo de hacer observaciones a leyes y al presupuesto harían menos intransitable la relación con el Congreso y obligaría a que éste se conduzca con la responsabilidad de la que hasta ahora no ha hecho gala.
En la próxima entrega referiré mis observaciones a dos iniciativas: la expansión del principio de mayoría sobre el de proporcionalidad en el Congreso y la elevación del porcentaje de votos para la conservación del registro de los partidos.
En cualquier caso ahora sí, parlamentarios, a ver si ejercen su oficio
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