La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que se permita que funcionarios de primer nivel, como el gobernador de un estado, acudan a actos de campaña de apoyo a un partido o candidato, fuera de sus horarios de trabajo, pero siempre y cuando no asuman un papel activo y se limiten, en esencia, a estar presentes sin intervenir en los actos proselitistas.
La decisión de la Corte, de momento, sólo se podrá aplicar en el estado de Coahuila, pero después de las elecciones del 5 de julio, cualquier entidad podrá regular sus normas internas para permitir la participación de funcionarios en actos proselitistas.
De manera unánime, el máximo tribunal emitió este criterio al avalar la fracción 4 del artÃculo 5 del Código Electoral del Estado de Coahuila, que establece que los funcionarios públicos pueden participar, haciendo uso de recursos propios, en actos de precampañas o campañas fuera de sus horarios de trabajo y con recursos propios.
En dicho artÃculo se precisa que esta situación â??no puede generar violación a ninguno de los principios en materia electoral ni mucho menos puede ser causa de nulidad de la elección ni la afectación del sufragioâ?.
La Corte condicionó su aval a dicho artÃculo en el caso de los funcionarios de primer nivel de gobierno del estado de Coahuila, quienes por su cargo no puede decirse que tienen un horario porque en todo momento ejercen sus funciones, como es el caso del gobernador y de los integrantes de su gabinete.
En el caso del gobernador y de los funcionarios de su gabinete, o de presidentes municipales y regidores, por ejemplo, la Corte consideró que su presencia, en horarios fuera de trabajo, en actos de campaña no vulnerarÃa la Constitución si no realizan una labor activa de proselitismo.
No es lo mismo, explicaron, que un funcionario de este nivel acuda a un acto proselitista como público o acompañante â??en cuyo caso su presencia serÃa pasivaâ?? a que se le presente, por ejemplo, como gobernador y como tal haga proselitismo, pues en este segundo supuesto sà se estarÃa generando un desequilibrio en el proceso electoral