Ya no sorprende escuchar a los polÃticos negarse a â??meter las manos al fuegoâ? por sus colegas. Todos admiten que el narcotráfico influye en las elecciones y el próximo 5 de julio no será la excepción. Pero el riesgo va más allá del desvÃo de algunas â??ovejas negrasâ?; implica el apropiamiento del poder público en manos del más peligroso de los poderes fácticos: el crimen organizado.
¿Qué hacer? Igual que pasa con el arresto de los grandes capos, detener a polÃticos involucrados servirá poco en la medida en que las estructuras que permiten a éstos operar sigan intactas. Sea como sea que termine el proceso penal contra los alcaldes arrestados el martes en Michoacán, los cárteles continuarán financiando campañas, acarreando electores, comprando votos y hostigando a los candidatos que no les sean afines, como consta en los informes de inteligencia gubernamentales que difunde hoy este diario.
Con tal revelación, la peor pesadilla antidemocrática queda frente a nosotros. DemostrarÃa una conspiración contra el poder del pueblo cuyo éxito serÃa posible â??paradójicamenteâ?? a través de las vÃas del voto universal.
Al igual que la estructura electoral paralela del magisterio que dirige Elba Esther Gordillo, cómplice del PAN, las clientelas de presupuestos asistenciales del PRD o los sindicatos vetustos del PRI, el cártel de La Familia se propone a sà mismo como un actor corrupto más que puede acceder al poder público.
Todo lo anterior, ante la ingenuidad de los lÃderes polÃticos que piensan que firmando acuerdos ante las cámaras nos convencen de que esta tragedia no será posible. Mientras, del otro lado, las autoridades electorales aseguran que los mecanismos considerados en las normas existentes son más que suficientes para evitar que esa tragedia ocurra.
Los narcotraficantes confÃan en su éxito polÃtico porque las otras clientelas han tenido éxito también. Nada se los impedirá mientras ganar elecciones sea lo único que importe