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La representación del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto Federal Electoral (IFE) presentó una denuncia contra las subsidiarias de Televisa en Nuevo León por omitir 53 promocionales en el periodo entre el 31 de enero y 10 de febrero.

La Secretaría Ejecutiva del IFE inició un proceso especial sancionador contra la empresa concesionaria de emisoras como XHX-TV canal 10 y XET-TV canal 6.

También contra las emisoras XHMOY-TV canal 22; XHCNL canal 34 y XEFB-TV en el estado de Nuevo León por no haber transmitido el promocional de 30 segundos «Vivir Tranquilo 1».

De acuerdo con la queja presentada el 27 de febrero, el PAN tiene asignados 193 promocionales durante la precampaña local, sin embargo durante los primeros 10 días se dejaron de transmitir 27 por ciento de la pauta que por ley corresponde al instituto.

El instituto político exhibió como prueba un monitoreo en el que se señaló dónde están cada una de las omisiones en que habría incurrido la televisora.

Esta omisión, señaló, significa actos violatorios a diversos artículos de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Asimismo, solicitó la instauración de un procedimiento especial sancionador, por lo que será en la sesión extraordinaria de este miércoles o jueves, cuando el Consejo General discuta este asunto en el que podría establecer una multa de más de cinco millones de pesos.

De acuerdo con la queja presentada por el representante del PAN ante el IFE, Roberto Gil Zuarth, se entregó el material audiovisual «Vivir Tranquilo 1» y se solicitó fueran distribuidos entre todos los concesionarios y permisionarios de televisión del estado de Nuevo León.

Sin embargo, entre el lapso referido las emisoras señaladas únicamente transmitieron las versiones: «En el PAN somos», «En el PAN somos acción responsable», «Acción Responsable, Seguro Social», «En el PAN estamos, guarderías», «En el PAN estamos, Seguro Popular».

Incluso durante la sesión ordinaria del viernes 27 de febrero, Gil Zuarth presentó al Consejo General del IFE esta misma queja e hizo algunos cuestionamientos.

«En materia de radio y televisión el sentido de oportunidad es la condición de posibilidad para la reparación de un derecho violado, que es justamente que un partido no tenga acceso efectivo a sus tiempos de radio y televisión».

Para el 6 de marzo de nada sirve la resolución que el IFE tome sobre los spots no transmitidos en Nuevo León, señaló.

Según sus cálculos, el Consejo General estaría conociendo de la omisión el 6 o 7 de marzo, es decir, tres días antes de que concluya el periodo de acceso conjunto a radio y televisión en el proceso electoral de Nuevo León para efectos de precampaña.

Por lo tanto, consideró, «es materialmente imposible la reposición de los tiempos al PAN, 53 spots, 27 por ciento del universo total que el partido tiene derecho a difundir en el proceso electoral de Nuevo León»

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que establece atribuciones del IFE en materia de pautas en precampañas y campañas electorales y de sanciones que aplicará a los concesionarios que incumplan el marco legal.

En el marco de la sesión ordinaria en San Lázaro y sin discusión se aprobó con 319 votos a favor, 16 en contra y siete abstenciones la reforma que establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) es la única autoridad para la administración de los tiempos oficiales.

También plantea dotar a los concesionarios y permisionarios de plena certidumbre respecto de sus obligaciones y derechos en la difusión de propaganda electoral en medios electrónicos.

En los argumentos se destaca que en procesos electorales federales o locales, el IFE se encarga de administrar la totalidad de los tiempos oficiales, ya sea a nivel federal o local.

«Mientras que cuando no existen comicios, la administración de dichos tiempos es compartida con la Secretaría de Gobernación, la que administra 88 por ciento y el Instituto Federal Electoral hasta 12 por ciento» , indica.

Asimismo el IFE podrá requerir a permisionarios y concesionarios de radio y de televisión la difusión de los programas y mensajes que deberán difundir en el tiempo que corresponda al Estado, conforme a las pautas de transmisión aprobadas por los órganos competentes.

«Atender las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinar e imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones que deban aplicarse a los concesionarios o permisionarios» , se subraya.

Los cambios legales turnados al Ejecutivo federal señalan que con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el IFE tendrá a su disposición 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

Se prohíbe a los concesionarios de radio y televisión transmitir programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

«Los concesionarios tendrán entre sus obligaciones atender las determinaciones que el Instituto Federal Electoral adopte en materia de radio y televisión, dentro del ámbito de su competencia conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales».

Suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas federales electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda gubernamental, conforme a lo dispuesto por el Cofipe.

Deberán transmitir íntegramente y en los horarios señalados en las pautas correspondientes, los mensajes y programas que ordene el instituto de conformidad con lo dispuesto en el código de la materia y en las disposiciones administrativas aplicables.

Los concesionarios estarán obligados a suspender de manera inmediata, por orden del Consejo General del IFE la transmisión de propaganda política o electoral que éste considere violatoria a dicho código.

Asismismo deberán «abstenerse de comercializar, de manera directa o a través de terceros, tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular».

En caso de que el IFE considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas en los términos que establece el Cofipe para los concesionarios y permisionarios, el Consejo General habiendo escuchado al concesionario o permisionario, dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes

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Las Cámaras de Diputados y Senadores consensan una nueva Ley General de Turismo para reordenar el sector, reactivarlo ante la crisis económica y dotar de «dientes» a Sectur para sancionar a empresas que defrauden a vacacionistas.

El secretario de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Francisco Dávila, expuso que hay importantes consensos para concretar esta reforma y aprobarla en abril, con el fin de dotar de un nuevo marco legal al sector, modernizarlo y diversificarlo.

En entrevista en San Lázaro el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que las comisiones respectivas de ambas Cámaras ya trabajan en esa legislación.

Con ella se pretende «dotar de dientes a la Secretaría de Turismo» (Sectur) para sancionar a empresas, agencias y prestadores de servicios del sector que defrauden o incumplan con los turistas.

«Se plantea que la Secretaría sea la que determine qué zonas pueden ser destinadas a desarrollos turísticos y con ello evitar que alcaldes y gobernadores impulsen proyectos en zonas de reserva ecológica como manglares o bosques», expuso.

Con dicha ley se intenta también desarrollar un sector más ágil y moderno para recibir al viajero extranjero, así como impulsar la diversificación del nacional con nuevos desarrollos y destinos, para hacer frente a una eventual caída del turismo internacional.

El presidente de la Comisión de Turismo, Octavio Martínez Vargas, abundó que se plantea la participación de los sectores social y privado bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que en México la industria turística es la tercera fuente generadora de divisas, pues crea más de dos millones 233 mil empleos.

Esa cifra es superior a la media nacional en 30 por ciento y equivale a la aportación de ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

«Se busca garantizar que los instrumentos de planeación turística incluyan criterios ecológicos determinados por las leyes en la materia, así como preservar los elementos naturales, respetando la vocación natural del suelo y la capacidad de carga de los ecosistemas», argumentó.

La Ley General de Turismo plantea formular procedimientos y reglas para establecer, dentro de la planeación y programación de la actividad viajera, el ordenamiento turístico del territorio nacional.

Asimismo propone promover y vigilar el desarrollo del turismo, al propiciar el acceso de todos los mexicanos al descanso y la recreación mediante esta actividad

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Del total de efectivos policiales que hay en el país, 62 por ciento mantienen alguna relación corrupta con las bandas delictivas, aseveró el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) .

Por ello en su Plataforma Electoral 2009-2012 el instituto político respaldó la decisión del gobierno federal de llevar a cabo una depuración profunda en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

Destacó que se mantendrá vigilante de los nuevos procesos de selección, exámenes de admisión y de control de confianza que prevé la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que sean aplicados a todo el personal de las instituciones del ramo.

En el documento, el PVEM indicó que a pesar de las acciones que se han adoptado para abatir corrupción, como «Operación Limpieza» , el problema sigue en aumento.

«Sólo se han detenido o arraigado a funcionarios públicos respecto de los cuales hay evidencia de su conducta delictiva. Sin embargo, ¨cuántos servidores públicos más de estas instituciones tienen vínculos con el crimen organizado?» , cuestionó.

Los candidatos de ese partido darán su apoyo a todas las estrategias de seguridad pública que sean efectivas y eficaces, para garantizar que los servidores públicos no estén coludidos con el mayor cáncer social: la delincuencia.

Ello, advirtió el PVEM, ante la constante colusión entre grupos delictivos y cuerpos policíacos que, según sus cálculos, ha dado lugar que 62 por ciento de los efectivos policiales del país mantengan alguna relación corrupta con las bandas delictivas.

Además, que en los estados se exija la presencia del Ejército mexicano para vigilar las calles en sustitución de la policía local, por su presunta complicidad con secuestradores.

Ante ese panorama, adelantó que impulsará reformas para que los efectivos policiales sean certificados por un órgano externo confiable; «no podemos seguir arrastrando problemas estructurales de seguridad pública y procuración de justicia que datan desde la ley de 1995» , subrayó.

El partido verde consideró que las causas que contribuyeron a la corrupción de las instituciones de seguridad pública son, entre otras, la infiltración del crimen organizado, los ineficientes procedimientos de operación y la falta de esquemas de control de confianza.

Para revertir el problema, el PVEM se pronunció por fortalecer los órganos de control internos mediante la capacitación y vinculación con las tareas de rendición de cuentas; estandarizar los niveles salariales de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, y ofrecer una carrera con prestaciones sociales adecuadas, entre otras

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Legisladores de Colima aprobaron exhortar a la Cámara de Diputados «para que la Comisión de Hacienda emita el dictamen sobre la iniciativa de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por ésta legislatura local desde diciembre pasado».

El exhorto en el que el Congreso de Colima defiende la autoría sobre la iniciativa para derogar el impuesto vehicular, fue aprobado por diputados del PRI, PVEM y PRD, y la panista Martha Meza Oregón.

Al respecto, recordaron que fue el 11 de noviembre de 2008 cuando el diputado priísta Roberto Chapula de la Mora presentó un punto de acuerdo que contenía una iniciativa para reformar la
mencionada ley, a fin de que la abrogación de la misma se realizara a partir del 1 de enero pasado.

Mencionaron que el oficio de acuse de recibo y turnado a la Comisión correspondiente «tiene fecha de 2 de diciembre de 2008, sobrepasando el término de cinco días que el Reglamento del Congreso de la Unión les concede a las comisiones para presentar dictámenes».

Tal documento señala que la creación del impuesto sobre tenencia vehicular se derivó de la necesidad de ingresar recursos extraordinarios, para que el gobierno federal pudiese solventar los gastos que generarían los Juegos Olímpicos de 1968.

Sin embargo, «y aún cuando de origen tendría una vigencia de dos años, hasta la fecha se sigue cobrando pese al reclamo social, por lo que consideramos de suma importancia que dicho impuesto sea eliminado».

Por esa razón, «exhortamos a la Cámara de Diputados para que la Comisión de Hacienda emita el dictamen correspondiente sobre nuestra iniciativa que reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a efecto de que dicho impuesto deje de cobrarse desde el este año»

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El Partido Socialdemócrata (PSD) presentó su Plataforma por la Diversidad, que prevé el impulso de iniciativas contra la exclusión y marginación en los ámbitos laboral y de justicia contra homosexuales y transexuales.

Con la presencia de la precandidata transgénero, Silvia Jiménez García, y representantes de ese sector poblacional, el vicepresidente de esa fuerza política, Luciano Pascoe, llamó a rechazar las visiones que pretenden imponer los grupos conservadores y reaccionarios del país de cómo deben ser las familias.

En el acto, en la Plaza Río de Janeiro, señaló que una de las luchas del PSD es defender el derecho de las personas a vivir como quieran y entender que las familias se construyen con base en el amor y no con un modelo específico que unos cuantos pretenden imponer.

«Nadie tiene por qué decirnos que una familia no convencional es incapaz de criar y educar a individuos útiles y confiables para la sociedad» , aseveró.

De acuerdo con el dirigente, la sexualidad es uno de los terrenos sobre los que opera la moral discriminatoria con mayor frecuencia.

«Pocas prácticas de exclusión y marginación gozan de mayor impunidad social y tolerancia pública como la expresión de una preferencia sexual no convencional» , asegura la plataforma política.

A su vez, Jímenez García, aspirante a diputada por el Distrito VIII de Veracruz, urgió ampliar a todo el país legislaciones como la Ley de Sociedades de Convivencia o la reasignación sexo-genérica, propuestas en las que el PSD ha sido fundamental para concretarlas.

El Estado debe garantizar certeza jurídica a las personas que manifiestan abiertamente tener una preferencia sexual distinta a la convencional, a fin de que cuenten con una identidad y tengan acceso a servicios básicos como el de la salud, puntualizó

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Con una deuda de 713 millones de pesos â??en los primeros recuentos se hablaba de 630 millones de pesosâ?? el PRD se declaró en â??emergencia financieraâ? y emplazó a sus dirigentes, legisladores y funcionarios con cargo de elección para que en menos de cuatro meses entreguen una cuota â??especialâ? para compensar el déficit presupuestario.

Ayer el Consejo Nacional del PRD aprobó un presupuesto de 673 millones de pesos, que ejercerá este organismo polí­tico para 2009. Por arriba del financiamiento público que le entregará el IFE (607 millones de pesos) y contratará deuda por más de 100 millones de pesos.

Con todo y su deuda, el PRD destinará 136 millones de pesos para la campaña electoral, de los cuales 25 millones de pesos serán para promoción del voto, 70 millones para sus abanderados, gastará 35 millones en propaganda, 16 millones en gasto operativo y 40 millones para su estructura electoral el dí­a de la votación.

Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, confirmó que la deuda global de 2006 a la fecha es de 713 millones de pesos.

Un resolutivo aprobado anoche por el Consejo Nacional del PRD â??máximo órgano de dirección del partidoâ?? avaló medidas recaudatorias de recursos, a través â??de cobro de la aportación especial única de militantesâ? que perciban un sueldo por un cargo, empleo o comisión en el gobierno.

Los dirigentes, funcionarios en la administración pública y representantes populares con ingresos de más de 50 mil pesos mensuales entregarán 10 mil pesos, los que perciban entre 25 mil y 50 mil pesos entregarán 5 mil y el resto de funcionarios y representantes partidistas mil pesos cada uno, se busca recaudar 25 millones de pesos.

Hortensia Aragón resumió: â??Traemos un adeudo global de 713 millones de pesos que corresponde al ejercicio de 2006, pero también de 2003. Tenemos compromisos fiscales que hemos ido regularizando, aunque aún existe un rezago de 70 millones de pesos. En el caso de proveedores, debemos casi 300 millones de pesos (de campaña).

â??Además esta situación se complica por las multas que ha impuesto el IFE al PRD, que ascienden a casi 130 millones, pero este año recibirán 126 millones de apoyo para campañas, prácticamente lo que se nos ha entregado, ha dejado de existir, se ha regresado í­ntegro al IFE y másâ?.

De los recursos públicos que contempla el IFE, 456 millones son prerrogativas públicas para actividades ordinarias y 136 millones para financiamiento público para sus campañas.

Esta situación apuntó Jesús Ortega, ha provocado una reducción de 40% en los gastos de operación, sin embargo, aclaró, no se afectará los derechos de los trabajadores de base del PRD.

Guadalupe Acosta, integrante de la Comisión Polí­tica Nacional del PRD, precisó que de los 713 millones de pesos de deuda, 110 millones corresponden a adeudos con Banca Afirme, mientras que 130 millones corresponden a las multas impuestas por el IFE a este partido durante 2008, además de diversos juicios laborales que deben atender.

Al concluir el Consejo Nacional perredista, Hortensia Aragón, informó que serán auditados los ejercicios financieros del partido 2000, 2003, 2006 y el actual.

Los recursos para campaña se distribuirán para estructura electoral (representantes de casillas) y para promoción el voto (en 100 distritos prioritarios), y lo que entregarán a los candidatos, alrededor de 70 millones, que se distribuirá de manera diferenciada, pues tendrán que priorizar campañas ganadoras.

En propaganda â??detalló Aragón, como encargada del manejo financiero del partidoâ?? el partido gastará 30 millones y tiene que ver con espectaculares y producción de spots. Ante esta situación Jesús Ortega aceptó que el partido â??se deberá apretar el cinturónâ?

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César Nava, precandidato a diputado federal por el Distrito 15 en la delegación Benito Juárez de la capital del país, aseguró que el desempeño de los gobiernos del PAN ha sido superior al del PRI, y se mostró dispuesto a debatir sobre seguridad y economía.

La campaña, afirmó, será una buena oportunidad para comunicar a la gente lo que los panistas han hecho y para contrastarlo con lo que otros partidos políticos han realizado en el gobierno.

Sostuvo además que «no habrá un solo peso del narcotráfico» en las campañas del Partido Acción Nacional (PAN) , «es un compromiso que hemos hecho y que vamos a cumplir» .

El también ex secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa destacó los logros del gobierno, en especial en materias como seguridad, economía, infraestructura y salud.

Admitió que a la fecha los resultados de encuestas no favorecen al PAN, pero se mostró optimista y expuso que es un reto y un compromiso mayor para las campañas intermedias, rumbo al 5 de julio próximo.

«Las encuestas muestran una fotografía del momento, muestran que la población está preocupada por los efectos de la crisis económica y eso nos compromete doblemente para trabajar en la campaña y acreditar que las obras de gobierno han contribuido a fortalecer la economía de los mexicanos» , dijo.

Nava Vázquez, quien nació en Morelia, Michoacán, y es abogado, expuso que los costos por la crisis económica que se originó en Estados Unidos y por la lucha contra la delincuencia se asumirán en campaña.

«Hemos estado muy tranquilos. Si salieran en la campaña estos dos temas enfrentaremos la realidad y, además, muy orgullosos de lo que ha hecho el gobierno en los dos campos y dispuestos a confrontar estos resultados y estas ideas con cualquier otro partido» , indicó.

«La realidad es inocultable, la afrontaremos como lo hemos hecho y plantearemos a la gente lo que hemos hecho y lo que queremos hacer» , abundó.

Señaló que si el PRI quiere discutir de crisis económicas «podemos hablar de su lamentable desempeño al frente del país, y si quiere discutir en materia de seguridad podríamos hablar también de sus omisiones y, en algunos casos, sus complicidades con el crimen organizado en el pasado».

Consideró que al ponerse en una balanza las décadas de gobierno del PRI y nueve años del PAN éste, en la Presidencia de la República, ha otorgado más créditos para vivienda a través del Infonavit que en muchos más años de priismo.

Así «el presidente Calderón va a hacer lo que al PRI le habría tomado 60 años en materia de vivienda» ; además, en cobertura de salud, los gobiernos del PAN están muy por encima de los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su desempeño.

El PAN, explicó, «comparte legítimamente el orgullo de los gobiernos que emanan de él y los logros que hemos tenido» . De esta forma cuestionó a los demás: «si tienen algo de qué presumir lo pueden hacer» , pero si fuera ellos -ironizó- «me sonrojaría» .

Precisó también que «el PAN nunca ha condicionado ni condicionará la entrega de beneficios de los programas sociales a cambio del voto» .

Sobre el intercambio de declaraciones entre dirigentes del PRI y del PAN en los últimos días, César Nava señaló que ese es el nivel del debate que los priistas buscan.

«No vamos a caer, vamos a mantenernos en un nivel en el que podamos plantear las propuestas y discutirlas, pero nunca descender al terreno de los calificativos como lamentablemente los ha empleado el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam», añadió

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Después de que quedara sepultada la alianza electoral entre el partido Convergencia, el del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para las próximas elecciones federales, éste instituto político sumará a ex militantes del llamado partido «naranja» a sus filas.

El PRD firmó esta mañana un acuerdo político nacional de carácter electoral con la organización Renovación Ciudadana, que pertenece al partido Convergencia y que tiene presencia en al menos 14 estados de la República Mexicana.

Esta alianza será para postular candidatos de la organización bajo las siglas del PRD y para se afilien al sol azteca, informó el líder nacional, Jesús Ortega Martínez.

En su mensaje al encabezar el acto, Ortega Martínez señaló que la adhesión de la organización a su instituto político dijo «va a tener un gran impacto en la vida política y va a tener un repercusiones a lo largo y ancho del territorio nacional».

Porque explicó «algunas fuerzas políticas se van a sentir debilitadas y no les faltará razón en ese sentimiento porque presumían mucha gente en algunos estados y esa mucha gente ya no está allá, está aquí», en alusión al Partido Convergencia.

Y es que, dijo se afiliarán a su instituto político «cientos de miles de personas» que pertenecen a Renovación Ciudadana y que formaban parte del llamado partido naranja.

Descartó que se vaya a dar una «afiliación masiva», pero en cambio, aseguró que «los verdaderos obstáculos se van a sentir amenazados porque las fuerzas progresistas, porque las fuerzas de avanzadas, porque las fuerzas del desarrollo que representa el PRD y que representa Renovación Ciudadana se unen a desde luego se fortalecen»

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El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer, responsabilizó al dirigente nacional del PAN, Germán Martí­nez Cázares, del empantanamiento de las negociaciones en torno a la Ley de Extinción de Dominio.

La reunión de ayer de las comisiones dictaminadoras de esta iniciativa terminó sin acuerdos tras cuatro horas de intensa discusión, en donde los senadores del PRI y del PRD cuestionaron diversos aspectos del proyecto de dictamen.

Antes de que iniciara la reunión, el optimismo del panista Alejandro González Alcocer era evidente: â??Hemos avanzado mucho, yo creo que en su mayorí­a ya trae consenso para sacarla adelante; todaví­a habrá algunas observaciones ahora, propuestas, modificaciones, y juzgo difí­cil que hoy mismo la podamos resolver por las situaciones que se han presentado, pero creo que los principales consensos ya están dadosâ?.

Al salir de la reunión, su estado de ánimo era otro. Habló de los â??estorbos de carácter polí­ticoâ? con que, dijo, llegaron los senadores del PRD y especialmente los del del PRI, quienes pusieron sobre la mesa â??cosas totalmente diferentes, que ni conocí­amosâ?.

Mencionó que lo que declaró el pasado domingo el dirigente nacional del PAN, Germán Martí­nez Cázares (en el sentido de que el PRI quiere la rendición ante el narcotráfico), â??estorbó la negociaciónâ?.

Y añadió: â??señalar esto es su responsabilidad, él se hará cargo de ella; está actuando como partido polí­tico, pero ahora ciertamente sí­ perjudicó la negociación que tení­amos aquí­â?.

â??¿Quieren llevar el tema del narco a la contienda electoral?

â??Aquí­ no es eso, sino otro tipo de aseveraciones que hacen en los partidos y esto ocasiona que no se pueda aprobar, cuando ya tení­amos un principio de acuerdo.

Dijo además: â??Yo no me permitirí­a decirle al presidente del partido qué diga o qué no diga, o algo por el estilo, simplemente decirle que esto ya estorbó la negociaciónâ?.

La Ley de Extinción de Dominio forma parte del paquete de iniciativas que el presidente Felipe Calderón envió al Senado en octubre del año pasado como parte de los compromisos asumidos por el gobierno federal dentro del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad.

Ayer, tras cuatro horas de discusión, los integrantes de las comisiones de Justicia y de Gobernación no pudieron lograr avances concretos en los puntos sustanciales del proyecto de dictamen.

La discusión entre priistas, panistas y perredistas se centró fundamentalmente en las facultades que deben tener el Ministerio Público de la federación y el Poder Judicial respecto a la acción de extinción de dominio de los bienes relacionados con la comisión de delitos contra la salud, delincuencia organizada, secuestro, robo de vehí­culo y trata de personas.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam, afirmó que le molestó que Germán Martí­nez le diera al tema de la seguridad tintes electorales.

Su compañero de bancada Pedro Joaquí­n Coldwell indicó que es lamentable que Germán Martí­nez haya actuado con muy poca seriedad en torno a un tema que no debe ser politizado, y ahora, dijo, los priistas no harán caso a los llamados de â??urgenciaâ? para que la nueva legislación en contra de la delincuencia sea aprobada

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