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Camino a Ocurague, un rancho en la Sierra Madre Occidental del municipio de Sinaloa de Leyva, se observan los tubos negros de regadío que transportan el agua hasta los campos de amapola. Dos hombres armados, uno con un AK-47 y otro con una escopeta, cruzan a pie por la terracería, y a los pocos minutos un lugareño que había recibido un aviso por radio custodia la camioneta de los periodistas a bordo de una cuatrimoto. En la entrada de esta comunidad de unas 100 familias hay tres casas: en una de ellas, de dos pisos, sólo se ven los restos de un incendio, un par de fotografías de las hijas de la dueña y unos vestidos viejos calcinados; en otra crece un cerezo que da frutos para nadie —el propietario sólo va de vez en cuando a limpiar la vivienda—; la tercera, en la que el vidrio de un ventanal sigue roto, está habitada por una familia que acaba de volver a casa después de más de dos años de exilio.
Hasta noviembre del año pasado, Ocurague —que significa yacimiento de agua— era un pueblo que la violencia del narcotráfico había convertido en fantasma. En enero de 2012, después de que una familia fuera asesinada por el crimen organizado, la comunidad abandonó sus tierras. “De otras comunidades nos avisaron que nos escondiéramos porque nos iban a matar. Llegaron unas 15 personas. Ellos nos dijeron: ‘O te unes a mí o vete’”, relata el hombre de la cuatrimoto, de grandes ojos azules y pelo castaño, que al igual que su familia pide el anonimato por temor a represalias de los narcotraficantes. “Quemaron casas, el cultivo quedó tirado y se llevaron todo. Lo que no se llevaron ellos se lo llevaron los guachos [militares]. Tuvimos que traer cucharas y platos”, dice la madre del hombre de los ojos azules.
Los postes de luz no tienen cables porque la violencia cortó una obra que nunca se reanudó. Tampoco hay animales, apenas unas cuantas crías de gallina. Las avionetas, dice uno de los niños de la vivienda habitada, sobrevuelan con frecuencia. Él quiere ser piloto cuando crezca. Para irse lejos. Un tercio de las familias, según cálculos de lugareños, han vuelto a su rancho.
“Hay que ser sinceros. Muchos no regresaron porque tomaron partido por un grupo o por otro [como pistoleros], nosotros nos fuimos porque es mejor perderlo todo que perder la vida o meterte a esas cosas”, dice el hombre de la cuatrimoto.
A partir de 2011, el recrudecimiento de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, antiguos aliados, elevó la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a 30.17, según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y provocó el desplazamiento forzoso, según la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, de unos 25 mil habitantes del Triángulo Dorado —frontera serrana entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, la segunda zona de producción de amapola del país, por detrás de Guerrero—.
“Fue desestabilizante. Tienes una población y llega otra. Los grupos los echaban y algunos se venían sólo con lo puesto”, cuenta Omar Ortiz, en aquella época síndico de Surutato, un pueblo del municipio vecino de Badiraguato que sirvió de refugio a decenas de desplazados. Muchos, algunos familiares, prestaron sus casas para acogerlos. En la escuela se habilitaron pupitres para los niños.
Allí se asentó uno de los cuatro hombres que hablan en la única tienda de abarrotes —la otra está quemada— de San José de Los Hornos, otro pueblo de la Sierra Madre, a media hora de Ocurague. Le mataron a su sobrino. “Dormíamos en la falda del monte como animales”, dice mientras señala el cerro que rodea San José. Los narcos asesinaron también a otro joven en la salida del pueblo a principios de 2012 y dejaron un mensaje: los Beltrán Leyva tomarían represalias contra cualquiera que estuviera con El Chapo Guzmán.
Cuando los homicidios bajaron —la tasa actual es de 14.78, 50% menor que la de 2011—, cerca de la mitad de los habitantes del pueblo decidieron regresar de la diáspora que los había llevado a las ciudades principales de Sinaloa y al estado vecino de Sonora. “No teníamos para dónde agarrar”, explica otro de los señores, que luce un gorro de ranchero. En el exilio, la mayoría vivía en condiciones miserables y tenía dificultades para adaptarse a la vida urbana. Desde el mismo monte donde dormían los días previos a abandonar sus comunidades, temerosos de que los mataran, vigilaban cada tanto la situación para saber si quienes los echaron se habían ido: “Ya hace tiempo que no los vemos [a los traficantes]. Antes de que empezara la violencia pasaban siempre por aquí, pero no hacían nada. Ahora van por la ruta a Guamúchil, ahí está lleno. Y si va más allá de Ocurague seguro lo balean”.
—¿Ahora no tienen miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo? —se le pregunta.
—Ya hemos aprendido a correr —dice.