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El pasado marzo fue el mes con más homicidios en El Salvador de los últimos doce años, una realidad que algunos ven como el resultado del desmoronamiento de una tregua entre las pandillas y el posible preludio de una intensa confrontación entre los pandilleros y las fuerzas de seguridad.
Según cifras de la Policía Nacional Civil de El Salvador, en marzo se registraron 481 homicidios en el país. Un promedio de 15,5 al día. Y abril no parece iniciar mejor: sólo en los primeros cinco días se registraron 73 asesinatos, de nuevo 15 diarios. Si la violencia no se frena, El Salvador superará en breve a Honduras como el país sin guerra declarada con más homicidios per cápita del mundo.
Mientras las autoridades aseguran que el incremento de homicidios se debe una maniobra de las pandillas para obligar a negociar al gobierno, otros consideran que es una reacción de los líderes de las pandillas contra la política de mano dura aplicada tras el fracaso de la tregua entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que comenzó durante el gobierno anterior en la primera mitad de 2012.
La tregua, que arrancó con una serie de traslados de los líderes pandilleros de una cárcel de máxima seguridad a prisiones con menos restricciones, se tradujo en una caída en los homicidios desde una media de 14 diarios a un promedio de cinco durante 16 meses seguidos. Sin embargo, los asesinatos volvieron a repuntar hacia junio de 2013 y ya nunca descendieron.
El nuevo gobierno del ex líder guerrillero, Salvador Sánchez Cerén, asumió a mediados de 2014 y abiertamente se ha manifestado en contra de cualquier proceso de negociación con las pandillas, que según diversos informes podrían tener hasta 70.000 miembros, 10.000 de ellos encarcelados, en un país de seis millones de habitantes.
Desde que tomó posesión la nueva administración, no sólo se ha revertido cualquier medida favorable a los pandilleros en materia de concesiones penitenciarias sino que envió a los líderes pandilleros de vuelta a las cárceles de máxima seguridad. Su gobierno también reformó la ley con el objetivo de que los policías puedan llevarse sus armas a casa.
«Aquel miembro de la institución que tenga la necesidad de usar su arma de fuego en cumplimiento del deber o en defensa de su propia vida o de terceras personas, que lo haga sin ningún temor. Hay una institución y un gobierno que lo va a proteger», dijo el director general de la institución en enero.
Muchos de los ataques de las pandillas se han dirigido a la policía. En lo que van del año los pandilleros han matado a 20 policías frente a los 39 que asesinaron el año 2014, según datos oficiales.
Para explicar la violencia y su aumento, Mauricio Ramírez Landaverde, director general de la Policía Nacional Civil dijo que «las pandillas de una forma deliberada quieren hacer números, incrementar las cifras de forma deliberada para presionar, para pretender acorralar a las instituciones y al país entero», dijo recientemente
El ex diputado y ex guerrillero Raúl Mijango, que durante 2012 y 2013 fue parte de la negociación de la tregua y en enero trató de reactivarla infructuosamente, dijo que «todo lo que está pasando ya estaba anunciado. (pero) Esto se puede parar en cuestión de días».
«La decisión de trasladar a los cabecillas a la cárcel de máxima seguridad conocida como «Zacatraz» (a 54 kilómetros al este de la capital) provocó la reacción de grupos operativos de las pandillas que incrementaron sus ataques contra policías y la población», agregó.
Algunos observadores y expertos ven una combinación de factores detrás de la violencia, aunque todos asociados al fin de la tregua.
Ana Tager, directora regional para América Latina de la organización civil Interpeace, consideró que el regreso de los líderes a la cárcel de máxima seguridad se ha traducido en que no puedan mantener contactos con sus grupos en las calles, donde otros cabecillas no ven ningún incentivo en reducir la violencia frente a unas autoridades que han prometido perseguirles a cualquier costo.
«La gente en la calle está viendo que sus liderazgos estaban apostando a algo que realmente no caminó, no funcionó», dijo. «El que está en la calle quiere vivir su momento y nada más».
Además, dijo, existen indicios de que las pandillas podrían comenzar a ver como rivales no sólo a otros grupos, sino a los cuerpos de seguridad, lo cual podría incrementar aún más la violencia.
El temor de Tager es que «ellos empiecen a visualizar que probablemente el enemigo no es el (grupo pandillero) contrario, sino que pueden ser las fuerzas de seguridad del Estado», dijo Tager.
Sonja Wolf, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en México, añade más factores. «El gobierno de El Salvador no cumplió su parte, por ejemplo, la creación de oportunidades de reinserción para los criminales».
Muchos analistas entienden que el número de homicidios en El Salvador funciona como una especie de «resorte» elástico, un término utilizado por Mijango en el pasado, que las pandillas contienen y sueltan, un foco del que suben y bajan la intensidad, según sus intereses del momento.
«Cuando un gobierno, sea cual sea, responde favorablemente a peticiones o demandas de las pandillas, ellas pueden decidir bajar la violencia. Cuando las pandillas se dan cuenta que no obtienen los resultados esperados, pueden decidir -y al parecer han decidido- aumentar la violencia», dijo Wolf.