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Etiqueta: transparencia

  • Que bancos cobren menos en cajeros automaticos

    La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortará hoy, durante la sesión, al Banco de México (Banxico) para que ordene a las instituciones bancarias disminuir el costo de las comisiones que cobran por el uso de cajeros automáticos a tarjetahabientes de bancos distintos al que expidió el plástico.

    Las comisiones que actualmente cobran los bancos por retirar efectivo a quienes ingresan una tarjeta de crédito o débito emitida por otra institución oscila entre 7 y 36 pesos. Por consulta de saldo en cajeros cobran hasta 15 pesos más IVA.

    Los senadores y diputados también aprobaron citar a comparecer el 26 de mayo al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Werner, y los titulares de la Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito Mohar, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, para que expliquen las medidas adoptadas para apoyar a Sofoles y Sofomes.

    Los legisladores pedirán al Banco de México ejercer su facultad para regular comisiones y cuotas de intercambio bancario, con base en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

    â??A pesar de que ha habido un esfuerzo por meter un control en cuanto a las comisiones de las tarjetas, tanto de crédito como de débito, lo cierto es que no hay nada, sigue habiendo una práctica donde cada quien cobra lo que quiere, ¿no?â?, expuso Agustí­n Guerrero, secretario de la Tercera Comisión de la Permanente.

    La Procuradurí­a Federal del Consumidor (Profeco), argumentan los legisladores en el punto de acuerdo, dio a conocer que los trabajadores pierden hasta 10% de su salario en las comisiones que el banco cobra por retirar de manera fragmentada su salario en cajeros automáticos.

    En la República Mexicana, hay 58 millones de tarjetas de débito y 25 millones de crédito

  • CIDE medira la transparencia del gubernamental

    El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) medirá el avance de la transparencia que han tenido todas las instituciones del gobierno e incluirá a los órganos Legislativo, Judicial y autónomos.

    Por segunda ocasión, se evaluará la rendición de cuentas que hay en el ejercicio de la función pública, a través del estudio «Métrica de la Transparencia en México: Diagnóstico del Acceso a la Información Pública», encargado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que aglutina a los 33 organismos garantes del derecho de acceso a la información existentes en el país.

    La medición contempla analizar las páginas de internet de cada dependencia y su «facilidad para acceder» a la información y las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de cada entidad.

    De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el estudio se desarrollará a lo largo de 133 días y concluirá el 16 de agosto próximo, cuando el CIDE dé a conocer los resultados a la COMAIP.

    Esta evaluación, inicialmente estaba programada para desarrollarse entre noviembre de 2009 y marzo de 2010; sin embargo, debido a que un análisis de las páginas de internet de las entidades federativas reveló la necesidad de realizar ajustes en la metodología, y fue necesario reformularla y recalendarizar el estudio.

    Ahora, la nueva metodología asegurará la validez y comparabilidad de los datos, por lo que se contará con resultados más sólidos y confiables.

    Entre otros puntos, se contempla la evaluación de cada entidad federativa y de la Federación tomando como base los criterios contenidos en sus propias leyes de transparencia, lo que permitirá eliminar probables desventajas que pudieran tener algunas entidades sobre otras.

    La COMAIP contempló entre las reformulación de la metodología algunas consideraciones relevantes como:

    – La medición de los demás sujetos obligados se realizará conforme a las bases que definió la COMAIP.

    – Se evaluarán las páginas de los tres municipios con mayor población de cada entidad federativa.

    – La comparabilidad con el primer estudio de la métrica efectuado en 2007 será acorde a la normatividad de cada órgano garante.

    En caso de que no se especifiquen criterios en alguna norma, el CIDE utilizará estándares generalmente aceptados.

    Por ejemplo, para evaluar la «facilidad de acceso», se utilizará como criterio que el usuario pueda acceder a la información en no más de 5 «clics». Además se elaborará una matriz que identifique las variables y criterios contenidos en su respectiva ley.

    Este segundo Estudio de la Métrica de la Transparencia también analizará la calidad de cada una de las leyes con base en el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitirá determinar el grado de desarrollo normativo que presentan

  • Reforma laboral, transparencia sindical

    Legisladores panistas presentarán hoy una iniciativa de reforma laboral que aumenta los requisitos para emplazar a huelga y obliga a los sindicatos a transparentar sus recursos y estatutos.

    El proyecto impulsa además nuevas modalidades de contratación individual y tipifica como delito la contratación de menores de 14 años.

    La propuesta incluye apartados que regulan el trabajo doméstico y del campo, así­ como de quienes son contratados para trabajar en el extranjero.

    Prevé también normas para regular el â??teletrabajoâ?, aquél que se realiza desde casa a través de internet.

    De acuerdo con la copia en poder de este diario, el patrón tendrá que inscribir a sus empleados en Fonacot, el mecanismo de crédito para trabajadores.

    La iniciativa combate el acoso sexual y otras situaciones contra la mujer, como la exigencia de constancias de ingravidez.

    El documento será puesto hoy a consideración del pleno de la Cámara de Diputados y turnado a comisiones. La Secretarí­a del Trabajo, senadores y diputados participaron en su creación

  • La transparencia ayudara a ciudadanos con su voto

    La transparencia y el derecho de acceso a la información son elementos cada vez más relevantes durante los procesos electorales, pues constituyen la base para la formación de criterios con los cuales el ciudadano decide su voto, afirmó el IFAI.

    La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, señaló que si bien están obligados a responder solicitudes de información a través del Instituto Federal Electoral (IFE), los partidos políticos deben difundir información sin que medie solicitud alguna.

    Tal es el caso de los documentos básicos y reglamentación interna, directorio de cargos y sueldos, convocatorias para elegir dirigentes y candidatos, resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos estatales e informes ordinarios y de campaña.

    «Anteriormente la autoridad electoral estaba sujeta al escrutinio público y de partidos, en tanto que los organismos políticos únicamente lo estaban al de la autoridad electoral», expuso la titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

    Durante la conferencia «Procesos electorales y transparencia», en la Universidad Autónoma de Puebla, refirió que en la más reciente reforma electoral, el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) introdujo un capítulo específico en materia de transparencia de los institutos políticos.

    «De esta manera, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público y del ámbito federal, se convierten en sujetos obligados indirectos en materia de transparencia», afirmó Peschard Mariscal.

    Destacó que el acceso a la información adquiere un papel relevante precisamente en el marco democrático, al sancionar políticamente al partido en el gobierno por su mal desempeño, a través de la alternancia, o bien premiándolo, al ratificarlo con su voto.

    «La jornada electoral es el momento crucial de la relación entre ciudadano y Estado, y alcanza su mayor efecto a partir de la información con que cuenta el sufragante para definir el sentido de su voto», detalló la comisionada presidenta.

    La funcionaria federal aseveró que «con toda la información a mano se constituye un voto responsable que se vuelve corresponsable con el conjunto de los electores y el gobierno emanado del voto».

    Reconoció que la opinión que consignan los medios de comunicación, líderes de opinión y los propios actores políticos con base en el ejercicio del derecho de acceso a la información, se traslada a amplios sectores sociales a efecto de nutrir las preferencias electorales.

    Por ello advirtió que «el debate en torno a la libertad de expresión o la promoción de obra gubernamental tiene que ver con el tipo de información que se difunde».

    En referencia al estrecho vínculo entre la construcción de gobernabilidad y transparencia, la ex consejera del IFE planteó la existencia de tres vertientes de análisis: la transparencia de los actores políticos, la organización de los comicios y la decisión ciudadana.

    En el caso de la transición a la democracia en México, recordó que la regulación electoral introdujo paulatinamente el componente de transparencia en diferentes esferas de la actividad partidista: prerrogativas, fiscalización y organización de los comicios

  • PGR quiere no ser transparente

    La PGR no sólo apoya la acción de inconstitucionalidad que restringe las facultades de órgano local de transparencia de Campeche, también ha iniciado una serie de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir diversas órdenes que le ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

    Como parte de su estrategia para no dar a conocer información pública o retrasar su entrega, aunque no exista una reforma que lo autorice explícitamente, la PGR ha optado por impugnar las decisiones del IFAI.

    Uno de los juicios que ha impulsado el procurador es el que promovió para no dar a conocer el expediente sobre las personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia, relacionado con el caso Rosendo Radilla, y que el IFAI ordenó se le entregara a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

    A la par, el titular de la PGR y la administración calderonista litigan ante la Corte para que declare infundados dos juicios que inició desde el año pasado en su contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por haber impulsado y avalado la aprobación de una reforma que prohibió el acceso a las averiguaciones previas de la PGR

  • Empeora transparencia en Mexico

    De acuerdo con el índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009, México está reprobado, pues entre 12 paí­ses de la región obtuvo una calificación de 48 puntos, mientras que entre las naciones mejor evaluadas se encuentran Costa Rica, con 69 puntos, y Perú, con 54 puntos.

    El estudio es una herramienta que busca aportar transparencia en los procesos presupuestarios de los paí­ses del continente, así­ como fortalecer las leyes y la participación de los ciudadanos. Se construye a partir de una encuesta y califica a los paí­ses en una escala del 1 al 100, en la que 1 significa nada transparente y 100 muy transparente.

    México este año cayó dos puntos porcentuales con respecto a la evaluación de 2007, cuando obtuvo 50 puntos, y 6 puntos con relación a la medición de 2005, cuando logró 54 puntos.

    José Marí­a Marí­n, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó que México obtuvo su peor calificación desde 2001, porque la percepción de la ciudadaní­a sobre el tema ha venido creciendo por factores como que la información que presenta el gobierno es confusa, incompleta y no es útil para la rendición de cuentas.

    Uno de los factores en los que México resultó peor evaluado es en la participación ciudadana (con 5%) en el Presupuesto, porque en el paí­s no existen mecanismos que permitan a la sociedad involucrarse en la discusión del tema, dijo el especialista.

    Otros de los puntos con peor evaluación fueron cambios al Presupuesto (21%); rendición de cuentas (18%); control sobre funcionarios federales (16%); asignación del Presupuesto (16%), responsabilidad de niveles de gobierno (13%) y evaluación de la Contralorí­a interna (10%).

    â??Esta encuesta se levantó en un contexto de crisis (económica), donde las condiciones adversas le pusieron una lupa al proceso presupuestario, lo que resaltó sus problemas tanto en ejecución, gestión, como en la transparencia y la información disponibleâ?, mencionó Marí­n.

    En México, la encuesta se envió a 149 expertos, la cual fue contestada por 77, lo que representa una cobertura de 52%.

    La especialista del CIDE, Alejandra Rí­os, cuestionó el papel del Poder Legislativo en la transparencia de la información presupuestal, pues indicó que ha dejado su trabajo en manos del órgano externo de control.

    Dijo que México tuvo resultados â??desastrososâ? en materia de participación ciudadana, pues el diagnóstico revela que además de que los datos son insuficientes, se requiere de una explicación que abunde sobre los cambios en el presupuesto y su impacto

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  • Instituto Federal de Acceso a la Información Pública garantiza servicios

    La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard, aseguró que independientemente del perfil de las nuevas comisionadas, Sigrid Arzt Colunga y Marí­a Elena Pérez, el pleno del organismo garantiza la autonomí­a e independencia en sus resoluciones.

    â??Garantizamos que este es un órgano colegiado y eso permite que no haya ningún tipo de inclinación en contra de los principios básicos que determina el IFAIâ?, aseguró en entrevista.

    En la ví­spera de que se cumpla el plazo para que el Senado de la República objete o no los nombramientos del presidente Felipe Calderón para sustituir a los comisionados salientes Alonso Gómez-Robledo y Juan Pablo Guerrero, Peschard Mariscal pidió no prejuzgar la propuesta de Sigrid Arzt Colunga, ex secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional y a quien se le identifica con el PAN.

    â??No permitiremos el conflicto de intereses, pero no podemos prejuzgar… El que (Sigrid Arzt) haya tenido un cargo cerca del presidente Calderón no quiere decir que no pueda mantener las lí­neas de independencia en la atención de los recursos del IFAIâ?, dijo la funcionaria.

    Recordó que el Presidente de la República y el Senado, por ley, son los encargados de â??verificarâ? que los nuevos comisionados cumplan con el perfil y los requisitos técnicos que se necesitan para ejercer el cargo.

    â??Nosotros en el IFAI lo que vamos a asegurar es que en el desempeño se cumplan con las necesidades de unas resoluciones autónomas e independientes, eso se lo puedo asegurarâ?, señaló Peschard Mariscal.

    La comisionada presidenta reiteró que las nuevas comisionadas deberán responder a los principios de la democracia, los derechos fundamentales de los ciudadanos y, sobre todo, garantizar la autonomí­a del IFAI y su independencia frente al gobierno de la República.

    Reclamos de ONG

    La semana pasada, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como Article 19 y Fundar expresaron su preocupación por las designaciones del presidente Felipe Calderón, pues los perfiles de las candidatas, dijeron, no se acercaban a los principios de independencia e imparcialidad en la materia.

    Por medio de diversas misivas exhortaron al Presidente y al Senado de la República a hacer más transparente y ciudadano el proceso de nombramiento de los comisionados del IFAI.

    Sugirieron a la Cámara Alta realizar un proceso de auscultación o examen público, como el que se usa para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para conocer las motivaciones de los futuros comisionados

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  • Algunos sectores en Mexico, gozan privilegios

    Se acaba de dar a conocer que ciertos sectores de la sociedad tienen canonjías o, por su «peso específico» o «valor político», se creen fuera de la ley.
    Hablo de los sindicatos.
    No es que los obreros afiliados a dichas agrupaciones creadas bajo el buen espíritu de la defensa y el valor los intereses de los trabajadores; no pagan impuestos, no.
    Cabalmente la tributación de acuerdo a la ley se lleva acabo de parte del patrón o contratante, lo que deseo con este escrito es señalar que, son las personas morales, esas instituciones creadas bajo el régimen de la ley laboral como «sindicatos», las que se creen fuera de la ley.
    Se supone, que cuando se crea un sindicato, cada obrero o trabajador entrega cabalmente una cuota para su manutención ya que llegado el momento, le defenderá, pero resulta en la praxis que, dejan de pagar ciertas cuenta por servicios básicos como agua o luz eléctrica y, buscan crearse vínculos con organizaciones políticas buscando así, sus lideres, saltos a puestos en el burocratismo nacional.
    Cuando la compañía de luz o la comisión de agua llega a cortar el servicio, lo menos es que se le reciba con un grupo de golpeadores para evitarles hacer el trabajo de suspender el servicio ante el adeudo.
    Lo mas, que se le pida al patrón salde las cuentas de una organización que ya recibe sus cuotas para mantenerse y, que en poco le ayuda pero si le perjudica.
    Así, que aquí lanzo una pregunta honesta a los que se dicen lideres sindicales.
    ¿Que pretenden?, ¿Hundir a México?, ¿que se vea la forma en que los empresarios no sigan invirtiendo creando un estatismo del que, nadie se beneficia?
    Su transparencia es nula, no se sabe que hacen con el dinero y además, son agrupaciones que están al servicio de algunos cuantos.
    Ok?
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