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Se anuncia la libertad a los militares implicados en el caso Tlatlaya y se arma la camara hungara en los medios de comunicación ya que las organizaciones de defensa de los derechos humanos, sencillamente no creen que esto sea posible. Un grupo de derechos humanos anunció el miércoles que un tribunal militar absolvió a seis soldados acusados de ejecutar a más de una docena de sospechosos de ser narcotraficantes durante un supuesto enfrentamiento en 2014.
Una investigación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro determinó que la sentencia no se hizo pública y que la organización obtuvo la información a través de un recurso presentado por la madre de una niña muerta en el tiroteo, en virtud de una norma que permite a las víctimas o familiares el acceso a los procedimientos judiciales.
Según un comunicado del Centro de derechos humanos y quince organizaciones más, la sentencia absuelve a seis de los siete soldados. Solamente uno de ellos fue condenado por no cumplir órdenes a un año de prisión, que ya transcurrió.
El ejército mexicano no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre la sentencia.
En el tiroteo ocurrido en junio de 2014 el ejército reportó sobre la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento.
La investigación del Centro señaló entre 12 y 15 de los sospechosos fueron ejecutados.
El fallo del tribunal militar «consolida la impunidad sobre una de los más graves violaciones del derecho a la vida en la historia reciente», dijo el centro de los derechos en un comunicado. «Este fallo… viene de la mano de otras acciones del gobierno que muestran una tendencia preocupante que dejar el caso en la oscuridad» señaló.
En los tribunales ordinarios se presentaron simultáneamente cargos contra los siete militares implicados y en octubre de 2015, un juez civil dictaminó que no había pruebas suficientes para probar la culpabilidad de cuatro de los siete soldados. No hay información si los soldados estaban en prisión.
Los fiscales anunciaron que apelarían la decisión del juez civil de desestimar las acusaciones. Otros tres enfrentan todavía cargos de homicidio en los tribunales ordinarios.
En el momento de la matanza de 2014, el ejército mexicano entregaba periódicamente boletines de prensa en los que describía los enfrentamientos en los que resultaban muertos los sospechosos.
Diversos medios y agencias noticiosas visitaron Tlatlaya y escribieron que la evidencia física no coincidía con la descripción que había hecho el ejército de los acontecimientos. Después de los sucesos, la secretaría de Defensa detuvo en gran medida la difusión de la información.
En otro caso, el organismo de transparencia denegó un pedido de AP en febrero de 2015 para conocer las autopsias de 42 sospechosos muertos tras un desigual enfrentamiento con la policía Federal, en el que solamente un agente resultó muerto. Las autoridades describieron el hecho como un enfrenta miento con un grupo de sospechosos, miembros de un cártel de las drogas en un rancho de Michoacán.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información en febrero falló en contra de una solicitud de acceso a la información presentada en octubre. La institución estatal dictaminó que la información debe mantenerse como un secreto de estado durante cinco años. El instituto se posicionó junto al gobierno al negar que hubiera alguna evidencia de que hubo violaciones de derechos humanos en el rancho donde se produjo el tiroteo.