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Con un 59 por ciento de la superficie territorial de la Ciudad de México, el suelo de conservación del Distrito Federal es un aporte a la biodiversidad de flora y fauna indispensable para la sustentabilidad y además genera beneficios económicos para los propietarios de los terrenos.
Constituido por terrenos de cultivo, poblados rurales y áreas naturales cubiertas por bosques, matorrales y pastizales, esa zona está ubicada en las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa; la totalidad de Milpa Alta, el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, así como la Sierra de Guadalupe y otras secciones ubicadas en la delegación Gustavo A. Madero.
Sin considerar las Áreas Naturales Protegidas de competencia local y federal, actualmente las zonas boscosas mejor conservadas de la ciudad cubren cerca de 30 mil hectáreas en propiedad de ejidos y comunidades e incluyen bosques de oyamel, pino, pino-encino y encino, así como pastizales y zacatonales.
Entre sus servicios ambientales para la capital destacan la recarga del acuífero, la contención de suelos, la captura de carbono y los relacionados con valores culturales y escénicos y opciones recreativas, y alberga una importante riqueza en diversidad biológica.
El suelo de conservación está sometido a muchas y diversas presiones que paulatinamente alteran sus condiciones naturales y disminuyen su capacidad para proporcionar esos beneficios ambientales.
El deterioro de los bosques en el Distrito Federal está asociado con cambios en el uso del suelo, crecimiento de asentamientos humanos, degradación de las masas boscosas por incendios, tala ilegal y sobrepastoreo, así como erosión y pérdida de suelo orgánico.
Se estima que la pérdida gradual de zonas forestales en estos espacios es de alrededor de 250 hectáreas por tala clandestina, incendios forestales, ocupación irregular y cambios de uso de suelo, que alteran los servicios ambientales, especialmente la recarga del acuífero y la diversidad biológica.
Pese a que desde 1947, las áreas de bosque natural capitalino están sujetas a una veda forestal establecida por el gobierno federal, esas restricciones no han contribuido a que el bosque se conserve como un ecosistema sano y ha limitado a los dueños de las tierras para realizar prácticas forestales sustentables que generen ingresos.
El suelo de conservación está regido por diversos ordenamientos jurídicos que buscan su protección como son la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los programas delegacionales de Desarrollo Urbano, la Ley Ambiental, el Programa General de Ordenamiento Ecológico y la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable.
La Secretaría del Medio Ambiente capitalina aplica programas para regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y conservación de los ecosistemas naturales, la vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación y Áreas Naturales Protegidas (ANP).
A través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (Corena), la dependencia desarrolla acciones como prevención y combate de incendios forestales, reforestación rural y reconversión productiva, producción de planta en vivero San Luis Tlaxialtemalco, sanidad forestal.
Aplica el programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas a través de la Participación Social (Proface), protección de las razas de maíz del altiplano de México, opera el Sistema de Áreas Naturales Protegidas e impulsa la ciclovía en el suelo de conservación.
Las ANP son espacios donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por las actividades humanas o que requieren ser preservadas y restauradas por su estructura y función para la preservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales.
Por las características ecogeográficas, especies, bienes y servicios ambientales como la recarga del acuífero, generación de oxígeno, mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, y la disposición de áreas de esparcimiento y recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres que proporcionan a la población hacen imprescindible su preservación.
En el Distrito Federal se encuentran actualmente decretadas 23 Áreas Naturales Protegidas y un Área Comunitaria de Conservación Ecológica, las cuales abarcan una superficie de 26 mil 047 hectáreas, que representan 17 por ciento del Suelo de Conservación del Distrito Federal.
En todos esos sitios, distribuidas en nueve de las 16 delegaciones, se realizan trabajos de reforestación y vigilancia, en la presente administración ha habido una recuperación histórica de 594 hectáreas de suelo de conservación.
El suelo de conservación y las ANP son fundamentales para la biodiversidad de flora y fauna que albergan, y por los servicios ambientales que brindan, la regulación del clima y la recarga de mantos acuíferos por lo que su recuperación y conservación es fundamental para la sustentabilidad de la ciudad.
Otro instrumento que promueve la contribuye a valorar los servicios ambientales del suelo de conservación es el programa de “Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica”.
Ese instrumento involucra a los propietarios de las tierras en la conservación y vigilancia activa del bosque y su biodiversidad y, sobre todo, retribuye a sus habitantes por la protección y restauración de los servicios ambientales que brindan.
Ese programa se estableció en 2015 con el objetivo de preservar zonas que aún conservan buenas condiciones naturales y de generación de servicios ambientales, sin comprometer o modificar el régimen de propiedad de las tierras.
Por medio de ese instrumento, a los propietarios de los terrenos se otorgan recursos para pago de brigadas de vigilancia y conservación, recursos para adquisición y/o mejoramiento de infraestructura y del área en general y la entrega de un incentivo anual por la conservación de los servicios ambientales con cargo al Fondo Ambiental Público.
De acuerdo con los lineamientos del programa publicados en la Gaceta Oficial en octubre de 2005, los beneficiados podrán ser los propietarios de ejidos y comunidades con una extensión mínima de 100 hectáreas de bosque, libres de asentamientos humanos y que a través de su asamblea decidan establecer todo o parte de su territorio como Reserva Ecológica Comunitaria.
El monto anual de las retribuciones por vigilancia se estimará sobre la base de 498 mil 500 pesos por cada brigada, 130 mil pesos anuales para la coordinación técnica de la reserva, 400 pesos por hectárea conservada en carácter de retribución por la conservación de servicios ambientales y 400 pesos al año por hectárea declarada para proyectos o acciones de conservación.
La preservación y vigilancia de este tipo de espacios se ha convertido en una prioridad de las autoridades locales debido a que la pérdida del suelo de conservación podría disminuir la producción de recursos, se afectaría la capacidad de recarga del acuífero y aumentaría la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático.