Una comisión del Congreso de Colombia aprobó el martes investigar al ex presidente Alvaro Uribe para determinar su posible responsabilidad penal en las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos, informaron fuentes legislativas.
Los seguimientos e interceptaciones telefónicas fueron uno de los principales escándalos que sacudieron el segundo período de Uribe junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del ejército y la adjudicación irregular de subsidios agrícolas.
El ex mandatario será investigado por su presunta responsabilidad por acción u omisión en el caso de las interceptaciones telefónicas que se realizaron desde la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia de Colombia, que depende directamente de la presidencia.
Los presidentes en ejercicio y los retirados gozan en Colombia de un fuero especial y solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Si la comisión establece que hubo responsabilidad del Uribe deberá acusarlo ante el Senado, que en una sesión plenaria decidirá si lo absuelve o le impone una sanción que podría ser a perdida de la libertad.
Pero la comisión tiene un histórico récord de ineficiencia y es controlada por parlamentarios de partidos que hacen parte de la coalición que respaldó a Uribe en sus dos períodos de Gobierno y apoya al actual mandatario Juan Manuel Santos.
Uribe, quien tuvo fuertes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, negó recientemente haber ordenado los seguimientos e interceptaciones, pese a que las investigaciones de la Procuraduría General han implicado a varios de sus cercanos colaboradores.
La semana pasada la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.
El mismo organismo de control también destituyó e inhabilitó a otros siete antiguos funcionarios del Gobierno de Uribe, incluidos tres ex directores de la central de inteligencia.