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  • Nobel de la Paz espera respuesta de la SCJN

    La estadunidense Jody Williams, Nobel de la Paz en 1997, aseguró que no volverá a México si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no toma mañana una decisión que repare el daño a los presos y a las mujeres presuntamente violadas, tras los disturbios de San Salvador Atenco, en 2006.
    Williams confesó que ésta es una decisión que no le gusta, ya que viaja a México con frecuencia desde 1976, pero explicó que no puede condenar, por un lado, los abusos que se cometen en la República y después tumbarse «en sus bonitas playas».
    Aún así­, manifestó que no abandonará a sus «amigos de Atenco», pueblo que ha visitado en numerosas ocasiones.
    La resolución que mañana comunique la SCJN, dijo, «indicará una parte del futuro mexicano».
    «Si va en contra de los afectados, querrá decir que la impunidad en México no va a cambiar», sostuvo.
    Hace cuatro años, en Texcoco y San Salvador, el desalojo de un grupo de vendedores ambulantes originó un enfrentamiento entre campesinos y policí­as que se saldó con dos muertos, 27 denuncias de mujeres contra agentes por abusos sexuales y el arresto de más de 200 personas, de las que doce siguen en la cárcel.
    Algunas como Ignacio del Valle, fueron condenadas a penas de hasta 112 años.
    Débil reconocimiento
    En 2008, la SCJN ya reconoció en un informe preliminar que hubo «violaciones graves» a los derechos humanos de los detenidos.
    «Un policí­a pasó unos dí­as en la cárcel y ya está libre», se quejó Williams.
    La activista, que viajó a México en representación de los once premios Nobel que enviaron una carta al presidente Felipe Calderón pidiendo justicia para los afectados de Atenco, quiere que las autoridades del paí­s «sepan que el mundo está viendo este caso».
    «No me gustarí­a ejercer de juez, porque la Corte tendrí­a que ser independiente. Pero en este paí­s todaví­a no es así­», comentó la estadunidense, que manifestó sus intenciones de llevar el caso a los tribunales internacionales si no queda satisfecha con la decisión de la SCJN.
    La misiva, firmada, entre otros, por Desmond Tutu y Rigoberta Menchú, no ha recibido aún «ni una palabra de respuesta» del mandatario.
    DH, balance negativo
    Williams maneja un balance un tanto negativo de la situación de los derechos humanos en México desde la entrada de este paí­s en la alternancia polí­tica, con las elecciones del 2000 y, en especial, de su evolución desde que Calderón emprendió la llamada â??guerra contra el narcotráficoâ?, que ha marcado su mandato.
    «Está cada dí­a peor y, desde la llegada al poder de Calderón, es horrible. Muchos lo usan como excusa para hacer lo que siempre quisieron: es campo abierto para cada policí­a con ganas de vengarse», aseveró.
    Viví­ aquí­ hace mucho tiempo, señaló, y ahora siento la diferencia en este paí­s, siento la impunidad. ¿Cómo es posible que aspectos como la corrupción estén peor que antes, si siempre ha sido terrible?.
    La Nobel de la Paz destacó la atención que la comunidad internacional, liderada por Amnistí­a Internacional, está prestando al caso, pero no valoró de la misma forma la reacción de la sociedad mexicana.
    El estado de ánimo en Atenco es de nerviosismo, apuntó Williams, aunque sabe que los campesinos de allí­, «sin acceso a la educación ni a la justicia», aplaudieron cuando tuvieron noticia de su llegada.
    «Eso no tiene que ver conmigo personalmente, sino con que sienten que el mundo todaví­a les apoya», aclaró la estadounidense, que anunció que si los doce presos quedan libres, volverá a México «para festejarlo»

  • SCJN ahora va, con el SME

    La Red Solidaria Década Contra la Impunidad solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evaluar las presuntas violaciones a derechos humanos de electricistas durante la extinción de la compañí­a Luz y Fuerza del Centro (LFC).

    La red entregó en la Segunda Sala de la SCJN un documento denominado â??Amicus Curiaeâ? (Amigo de la Corte), a fin de apoyar mediante el Sistema Interamericano el amparo indirecto promovido por el Sindicato Mexicano de Electrisistas (SME) contra el decreto de extinción de LFC.

    En el oficio, firmado por el presidente de dicha organización, José Raúl Vera, así­ como por el obispo Samuel Ruiz, dicha red considera ilegal el despido de 44 mil trabajadores, que se hizo efectivo a partir del 10 de octubre de 2009.

    Señala que los electricistas no fueron notificados de manera formal sino hasta el mismo dí­a en que fueron desalojados de las instalaciones de la empresa.

    Al momento de entregar este documento, inconformes del SME; de San Salvador Atenco, estado de México; de San Juan Copala, Oaxaca; de la CNTE; Organización Familia Pasta de Conchos, y Cananea, Sonora, realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Más tarde, en una conferencia de prensa en el plantón del Zócalo donde varios integrantes del SME mantienen una huelga de hambre, Fernando Amezcua, secretario del Exterior de esa organización, informó que su compañero Cayetano Cabrera Esteva cumple 60 dí­as sin ingerir alimentos y su condición de salud se deteriora rápidamente.

    Asimismo, dio a conocer que esta mañana su compañera Guadalupe Vázquez Guzmán, de 38 años de edad y en huelga de hambre desde hace 50 dí­as, fue trasladada de emergencia a la clí­nica 26 del IMSS debido a su mal estado de salud

  • Sale de Colombia Maria Stella Jara

    La jueza colombiana María Stella Jara, que condenó a 30 años de prisión al ex coronel Alfonso Plazas por la desaparición de civiles durante el desalojo del Palacio de Justicia, en 1985, salió del país debido a las amenazas de muerte que recibía.

    Fuentes cercanas a la jurista dijeron este martes a periodistas que Jara decidió viajar al exterior, debido a las amenazas que recibió durante el proceso para determinar la responsabilidad del ex oficial del Ejército.

    Las intimidaciones se incrementaron desde el pasado 9 de junio, cuando decidió condenar a Plazas a 30 años de prisión, por la desaparición de 11 civiles durante la recuperación del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

    El ex militar era comandante de Caballería cuando la tropa ingresó al inmueble para desalojar a rebeldes del M-19 que tenían como rehenes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia local.

    En el marco de la operación, ordenada por Plazas, 11 civiles fueron evacuados del edificio con vida y llevados a una guarnición militar, donde los torturaron y luego los asesinaron, según testigos.

    El fallo, sin precedentes en la historia de Colombia, se produjo casi 25 años después de ocurrida la toma del Palacio por parte de la ahora desmovilizada guerrilla del M-19 y su desalojo por parte de la tropa oficial, operación que dejó un centenar de muertos

  • Padres de Guarderia ABC van a ir a la ONU

    Padres de los niños de la guardería ABC, así como sus abogados aseguraron que la ruta legal no ha terminado.

    Aún con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que deslindó a funcionarios implicados en la tragedia, buscarán la ruta en instancias internacionales.

    En conferencia de prensa, la señora Patricia Duarte anunció que buscarán apoyo en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para buscar que se señalen responsables del Estado Mexicano por la tragedia del 5 de junio del 2009, en la que murieron 49 pequeños producto de un incendio.

    Acompañados de su abogado, Lorenzo Ramos Felix, los papás lamentaron el fallo de la Suprema Corte y aseguraron que se desaprovechó la oportunidad en el tribunal y que ellos depositaron confianza en esta instancia.

    «Es preocupante que el máximo tribunal haya determinado que no hay desorden generalizado en la contratación y operación del servicio de guarderías, en el caso de la guardería ABC no se demostró que la subrogación haya sido la causa generadora de la tragedia», indicó Leopoldo Maldonado, abogado del Centro Agustín Pro

  • Y luego me preguntan, ¿que porque estamos asi? #GuarderiaABC

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy en la primera votación sobre el caso ABC, que no señalará a autoridades «responsables», como lo proponía en su proyecto, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
    En una votación de ocho contra tres, el Alto Tribunal rechazó la propuesta del ministro ponente acerca de que la resolución de la Corte fuera un señalamiento de responsabilidades políticas, éticas y morales, y que los ministros se limitarán a mencionar a los «involucrados» en estos hechos.
    Al inicio de la sesión Arturo Zaldívar defendió su postura y dijo a los integrantes del pleno que los señalamientos a su propuesta fueron aislados, y «que se sacó de contexto su proyecto».
    Sostuvo que en los argumentos que se expusieron el lunes hubo «discusiones sobre las hojas del árbol, pero no del árbol»; aseguró que lo que causó inquietud fueron cuestiones políticas, éticas y morales.
    Recalcó que la Corte es un órgano político y la cabeza de uno de los tres poderes de la unión y su autoridad deriva de la Constitución, por lo que sus resoluciones tienen trascendencia política y moral, cuando hay personas que incurrieron en violaciones graves de garantías.
    uego de las posturas en contra de su dictamen, consideró que si el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución no sirve para fincar responsabilidades, «si fuera eso cierto, pues realmente el 97 no sirve para nada; y si no sirve para nada, y lo digo con el mayor de los respetos, pues no ejerzamos la facultad pero si la ejercemos, vamos a darle un sentido».
    Al respecto ocho de los ministros señalaron que la Constitución no los faculta para señalar a los responsables, y Margarita Luna hizo referencia a las aseveraciones de Zaldívar; sostuvo que «no es temor a la palabra» sino que este impedimento se le debe adjudicar al constituyente, que es el encargado de redactar la Carta Magna.
    Una vez expuestos los argumentos, el ministro presidente Guillermo Ortiz llamó a votación y los únicos que apoyaron la posición de Arturo Zaldívar fueron Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, en tanto que el resto se pronunció por apegarse al criterio que se utilizó para el caso Oaxaca, de sólo señalar a involucrados

  • Caso #GuarderiaABC en la suprema corte de justicia

    La Suprema Corte de Justicia inició hoy el debate por el caso de la Guarderí­a ABC, en el que murieron 49 niños, con un llamado del ministro Arturo Zaldí­var, quien elaboró el dictamen, a que se señale a los responsables de esta tragedia.

    No obstante, los magistrados José de Jesús Gudiño, Sergio Aguirre, José Ramón Cossí­o y Luis Marí­a Aguilar rechazaron el proyecto al considerar inadecuado que este esgrima la «autoridad moral» de los ministros del Máximo Tribunal para atraer el caso cuando, dice el dictamen, «otras autoridades han fallado».

    En su mensaje introductorio, el ministro Arturo Zaldí­var consideró necesario que haya consecuencias y justicia por esta tragedia; «una clara y graví­sima violación de derechos fundamentales, porque pudo haber sido evitada», dijo.

    «Cuarenta y nueve niños, prácticamente bebés, fueron entregados por sus padres al Estado con la confianza de que éste se ocuparí­a de su seguridad, y pocas horas después fallecieron por omisiones de autoridades en los tres ordenes de Gobierno», sostuvo.

    El proyecto de dictamen realizado por el ministro Zaldí­var responsabiliza de la tragedia al actual titular de la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes (SCT) y ex director del IMSS, Juan Molinar, al director del Seguro Social, Daniel Karam, y al ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, además de otros once funcionarios.

    El ministro dijo a sus colegas que «no responsabilizar, significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público, para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos».

    Sin embargo, los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Aguirre Anguiano descalificaron de inmediato el proyecto de Zaldí­var y se pronunciaron en contra de que la Corte señale a los funcionarios â??responsablesâ?.

    Dijeron que la Corte ya estableció precedentes de que en la investigación de violaciones graves de garantí­as el máximo tribunal sólo puede señalara a las â??autoridades vinculadasâ? con los hechos.

    Por su parte, José Ramón Cossí­o rechazó la idea de que los ministros de la Suprema Corte se proclamen guardianes morales cuando otras autoridades han fallado, como se sostiene en el proyecto para justificar la intervención del máximo tribunal en el caso.

    De igual manera, Luis Marí­a Aguilar se sumó al rechazo a las expresiones sobre la autoridad moral de la SCJN.

    Previo a la discusión, el pleno de la Corte rechazó las peticiones de dos de sus integrantes, Fernando Franco y Sergio Valls, para que se les declare impedidos de participar en la discusión.

    El pleno entró en receso y reanudará el debate a las 17 horas

  • Carcel a los implicados en caso Guarderia ABC

    Si la Corte resuelve que los implicados en la tragedia de la guarderí­a ABC, de Hermosillo, como el ex gobernador Eduardo Bours o el ex titular del IMSS, Juan Molinar, son responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley, planteó el senador del PRI, Rogelio Rueda Sánchez.

    El legislador tricolor opinó incluso que quienes actualmente desempeñan alguna función pública deberán renunciar para hacer frente a los cargos que se les imputa y sobre el particular, el también senador pero del PRD, René Arce, saludó los â??nuevos airesâ? que se están dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues a pesar de que ya pasó un año de la tragedia en la que fallecieron 49 menores, su accionar es saludable para devolverle la credibilidad a la justicia en el paí­s.

    Y por lo que hace al PAN, el legislador Alejandro González Alcocer indicó que lo importante en este y en otros casos de la vida nacional es que termine, de una vez por todas, la impunidad y que se castigue a los que por acción u omisión propiciaron este penoso accidente

  • Comision permanente va a la SCJN para ver caso SME

    El dirigente del SME, Martí­n Esparza informó que la Comisión Permanente impulsará un punto de acuerdo para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acelere el fallo sobre el amparo promovido contra la extinción de Luz y Fuerza.

    Entrevistado al término de su reunión con el presidente de la Comisión Permanente, Carlos Navarrete, Esparza afirmó que el 29 y 30 de junio el Senado realizará un foro con constitucionalistas para que opinen sobre el decreto presidencial que desapareció a la empresa.

    â??Además, la Cámara de Senadores presentará un desistimiento ante la Suprema Corte sobre el amparo que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)â?, subrayó el lí­der gremial.

    Precisó además que en la reunión con el también presidente del Senado le plantearon elementos para buscar que la SCJN resuelva ya el amparo que presentó el sindicato de electricistas.

    Luego de que Esparza abandonara el Senado, se retiraron también centenares de simpatizantes de ese sindicato que bloquearon durante tres horas todos los accesos al Senado, donde este dí­a sesionó la Comisión Permanente del Congreso.

    Con ello, se normalizó la circulación vial en el Eje Central y las calles de Donceles, Tacuba y Allende, en el Centro Histórico de esta capital, que permanecieron cerradas por la presencia de los manifestantes

  • 14 señalados por la SCJN en caso Guarderia ABC

    El ministro Arturo Zaldívar concluyó que en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, en la que fallecieron 49 niños, hay al menos 14 funcionarios públicos federales, estatales y municipales responsables.

    Al conocerse el proyecto que discutirá en unas semanas el pleno de la Corte, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam se mostraron respetuosos de la resolución que estudiarán.

    El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sigue creyendo que el incendio fue provocado: hay «elementos técnicos» que lo sugieren, dijo.

    En Hermosillo continúa el reclamo de justicia de los padres de las víctimas, y el sábado divulgarán un manifiesto a la nación

  • La Suprema Corte de Justicia va por la penalizacion de la suspension del embarazo

    Yo respeto a la autoridad, por eso mismo a final de cuentas hago caso de lo que diga aunque, no este de acuerdo.
    Pero estamos a punto de ver el final de la disputa entre la asamblea de representantes del distrito federal y, partidos políticos, el procurador general de la republica por parte del gobierno federal y, organizaciones pro vida con respecto a la ley de suspensión del embarazo.
    Esta ley, permite en la ciudad de México que las mujeres puedan suspender el embarazo siempre y cuando este no rebase las 12 semanas de gestación.
    ¿Es constitucional o no dicha posturas?, el viejo debate que proviene de tiempos de Roma, ¿en que momento el feto, producto, etc. es sujeto a derecho?, ¿desde la concepción?, ¿nacimiento? ¿Se parezca a un ser humano?
    Por ello mismo, trascendió que Sergio Aguirre, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentara esta semana el proyecto que a su ver, Serra resolutivo.
    El ministro parte de la base de que los ajustes aprobados por la Asamblea Legislativa atentan contra la vida de los no nacidos, violan diversos derechos, y por tanto deben ser anulados.
    Ustedes, ¿que opinan?
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