En un proceso legislativo exprés y prácticamente por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados reformó el Artículo 40 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, con lo que, en un nuevo cambio histórico legal, se puso freno al activismo político de la jerarquía católica en México.
Con 363 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, la LXI Legislatura dio a luz a su primer dictamen de reformas, después de seis meses y medio de trabajos, con un debate â??sin exabruptos ni reticencias de parte del PAN, cuyos legisladores cedieron ante los posicionamientos «modernos» y «reales» de PRI y PRDâ?? que no duró más de dos horas.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el PRI apenas este mes y dictaminada en menos de dos semanas, con el apoyo inmediato del PRD, de todos los partidos minoritarios y, al final también del PAN.
Al fundamentar el dictamen, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que â??en pleno siglo XXI es necesario que México siga tres principios constitucionales: respeto a libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a las normas religiosas y la no discriminación directa o indirecta de los seres humanos».
Ante el pleno de la sesión en el palacio legislativo de San Lázaro, el hoy diputado federal por el PRD planteó que el interés de los legisladores es «lograr que la laicidad sea la fórmula eficaz para la pluralidad y una solución positiva entre religiones mayoritarias y el Estado, evitando que las gerencias de unos cuantos se hagan dominantes mediante la fuerza del gobierno y no del convencimiento legítimo».
La reforma al Artículo 40, dijo, implica el reconocimiento de que todos los seres humanos tiene el derecho a la libertad de conciencia y a la de adherirse a cualquier práctica filosófica colectiva e individual, sin que el Estado sea garante de convicciones.
Castro y Castro enfatizó que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado.
Al fijar la postura del PRI, el diputado César Augusto Santiago Ramírez â??autor de la iniciativa de reforma aprobadaâ?? expresó que, a pesar de que el Estado laico existe y tiene una definición en el país, las actividades religiosas pretenden participar en los debates políticos y han complicado la relación iglesia-Estado, la cual debe ser pulcra y libre, por lo que se manifestó a favor del dictamen que reforma la Constitución, ya que en ningún momento ataca a una u otra religión.
Santiago Ramírez afirmó que la reforma trata de proteger la libertad religiosa, evitar la intención de un Estado confesional o ateo. «Se trata de promover con libertad y respeto las discusiones contemporáneas que exige el movimiento constitucional.»
En su oportunidad, el legislador Gustavo González Hernández, del PAN, aseveró que la reforma al Artículo 40 Constitucional afecta la laicidad moderna, que es un proyecto político de autonomía, por lo que el Estado laico no debe «cerrar los ojos» ante los fenómenos religiosos que se presentan como un hecho cultural, tradicional o mayoritario en el país.
González Hernández subrayó que la neutralidad del Estado laico no debe traducirse en una actitud antirreligiosa o en un postura atea, por lo que en la actualidad debe defenderse la libertad religiosa como un derecho ciudadano. «No es sano ni compatible la modificación del 40 Constitucional.»
Por el PRD, el diputado Feliciano Marín Díaz expuso en tribuna que al incorporar el carácter laico al Artículo 40 Constitucional se da un gran paso en el Estado mexicano, al establecer la laicidad como uno de los cinco ejes rectores del orden constituido; sin embargo, señaló que falta agregar que quienes infrinjan este precepto serán sujetos de una responsabilidad que deberá ser sancionada.
«El laicismo rechaza los orígenes teocráticos en los que una iglesia controla el poder político y a la vez rechaza los regímenes políticos que se sirven de una religión oficial para legitimarse ideológicamente, además rechaza que se pretenda utilizar a las creencias religiosas para apoyar o descalificar a adversarios políticos, exacerbando las contradicciones y divisiones de la población», expuso