Organizaciones no Gubernamentales clausuraron hoy simbólicamente la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solicitaron firmas a los peatones para pedir la renuncia de los Magistrados.

Organizaciones no Gubernamentales clausuraron hoy simbólicamente la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y solicitaron firmas a los peatones para pedir la renuncia de los Magistrados.
El presidente Enrique Peña Nieto acudió al Segundo Informe de Labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Adalberto Jordán apunta a ser el primer juez cubano en la Suprema Corte de EU. Adalberto Jordán, un juez federal de apelaciones confirmado dos veces por el Senado, podría ser el primer juez de la Corte Suprema de origen cubano si el presidente Barack Obama lo postula y es confirmado nuevamente.
Jordán, de 54 años, es uno de varios posibles nominados a suceder a Antonin Scalia, quien falleció el mes pasado. Obama dice que postulará a un sucesor a pesar de que los republicanos del Senado afirman que no considerarán una nominación hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre.
Nacido en La Habana poco después de la revolución comunista encabezada por Fidel Castro, Jordán emigró a Estados Unidos con su familia siendo pequeño, junto con otros miles de exiliados cubanos. Cursó estudios secundarios en una escuela católica de Miami y se recibió de abogado en la Universidad de Miami.
Conocido como «Bert», Jordán ha sido fiscal federal, juez de distrito designado por el presidente Bill Clinton y ocupa una banca en el Tribunal de Apelaciones del 11mo Circuito desde el 2012. Es el primer cubano que desempeña ese cargo. También trabajó para la jueza de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor y en un bufete privado por cinco años.
El Senado lo confirmó para el tribunal de apelaciones de Atlanta con 94 votos a favor y solo cinco en contra.
Durante las audiencias de confirmación, el senador Orrin Hatch le preguntó por sus puntos de vista sobre la imparcialidad de los jueces y si en sus dictámenes tomaba en cuenta sus sentimientos personales o sus creencias políticas.
«Todos somos seres humanos, desde ya, pero creo que un juez tiene que hacer todo lo posible por asegurarse de que decide un caso a partir de algo más que sus preferencias y sus puntos de vista, sin importar cuales sean», respondió Jordán. «Siempre traté, y espero haber conseguido, de ser imparcial».
Como juez de distrito, Jordán presidió una serie de casos sonados, incluidas las convicciones de los hermanos Héctor y Eduardo Orlansky por una defraudación bancaria de 164 millones de dólares. Los sentenció a ambos a 20 años de prisión. También dio a un grupo de liberianos una compensación por daños de 22 millones de dólares luego de que radicasen una demanda como víctimas de atrocidades bajo el gobierno de Charles Taylor, amparados en leyes estadounidenses contra la tortura.
En el 11mo Circuito, Jordán escribió una vez que los niños negros de Alabama no tenían argumento legal para radicar una demanda en torno a si las leyes del estado impedían recaudar dinero a los distritos escolares predominantemente negros. Jordán escribió que, «al margen de lo noble de una causa», los tribunales no siempre son el sitio indicado para conseguir ayuda.
Jordán expresó opiniones disidentes en algunos casos notables, incluido uno en el que la mayoría del 11mo Circuito votó a favor de permitir la ejecución de una mujer condenada a muerte a pesar de que había ciertos cuestionamientos en torno a las drogas empleadas.
Dennis Kainen, abogado defensor de Miami y exdefensor público, afirma que Jordán es uno de los jueces más ecuánimes con los que ha trabajado. Un ejemplo, dijo, es que Jordán generalmente se refiere a los acusados de delitos por sus nombres, y no usando la fórmula tradicional «the defendant», o «el acusado».
«Tiene un comportamiento perfecto. No hay arrogancia, no hay ego», dijo Kainen. «Creo que sería magnífico» como juez de la Corte Suprema, agregó. «Nunca escuché nada negativo sobre su temperamento o su conducta».
De ser nombrado, aumentaría la mayoría católica de una Corte compuesta exclusivamente por católicos y judíos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, dio la bienvenida a Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes recibieron la toga y distintivos como nuevos ministros del organismo.
En sesión solemne conjunta de los plenos del alto tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se recibió a los ministros “alistados para defender los derechos humanos y hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Ante Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán, quienes integran la SCJN, Piña Hernández y Laynez Potisek destacaron la importancia de sumarse a la Suprema Corte.
Luego de la recepción e imposición de toga y la entrega de distintivos a los ministros que se integran al pleno del Tribunal Constitucional, Piña Hernández fue adscrita a la Primara Sala del Tribunal y Laynez Potisek a la Segunda Sala de la Corte.
La ministra Norma Lucía Piña se congratuló de conocer a cada uno de los ministros integrantes del alto tribunal con quienes dijo haber tenido de una u otra forma alguna relación de trabajo.
También señaló que su postura como nueva ministra no será por pasión sino será la razón la que prevalezca.
Asumió que contribuirá al logro de ese compromiso con decisiones que se traducirán en hacer efectivos los derechos humanos y salvaguardar el equilibrio entre los órganos del Estado y en sus diversos órdenes para garantizar un sistema democrático y hacer que los enunciados constitucionales se conviertan en realidad.
Subrayó que la capacidad no es una cuestión de género, y advirtió que las mujeres deben participar en la construcción del país que quieren, elegir el destino y actuar y pensar no sólo en el bienestar familiar,
sino en ellas mismas y asumir como fin.
Piña Hernández enfatizó que su postura será la que manifestó en el Senado de la República, y coincide con las palabras de Arón Vara, conocido juez del Tribunal Constitucional israelí quien expresó:
“Que el acto de juzgar no es meramente un trabajo, es una forma de vida, forma de vida que no lleva implícita la complicidad, sino buscar la verdad y la justicia, que tiene el compromiso del juzgador de impartir justicia sin atender a los caprichos de los grupos de poder, sino buscando la justicia”.
En tanto el ministro Javier Laynez Potisek dijo ante los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ante ese nuevo reto ha podido contemplar la magnitud de la tarea como nuevo ministro y que su compromiso personal y profesional será no fallar a la población.
Sostuvo que la palabra responsabilidad será su mayor compromiso, que entiende muy bien el peso de lo que asume y ofreció hacer todo su esfuerzo para estar a la altura de esa responsabilidad con trabajo dirigente, esforzado y de excelencia.
“Sé que la sociedad mexicana está ávida de instituciones sólidas, y si bien la consolidación del Estado de derecho es responsabilidad de los tres poderes de la unión, la Suprema Corte de Justicia tiene una responsabilidad mayor pues le corresponde defender la supremacía constitucional.
Subrayó que en el ejercicio de esa responsabilidad el juez constitucional debe producir el cambio y la estabilidad, mantener la coherencia del sistema jurídico, tomar en cuenta las limitaciones institucionales y proteger la democracia reconociendo el poder de la mayoría al mismo tiempo que conoce y pone límites a dicho poder.
La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos ofreció el discurso de bienvenida a los dos ministros de quienes destacó su amplio curriculum y experiencia en el servicio público y el Poder Judicial.
Quieran o no el tema de la mariguana aun no esta muerto como muchos creen en el gobierno federal y las alas mas coservadoras del país, en la Suprema Corte solamente se dio una pausa de una semana en la que el tema de la despenalizacion de la mariguana en México, se debata.
Pero al menos el miercoles pasado mas de uno de los integrantes en el gobierno federal respiró aliviado al ver que se aplazó una semana la discusión sobre la mariguana en la Primera Sala de la Suprema Corte. El tema de la mariguana no es bien visto por mucha gente pero en Estados Unidos que tiene un grave problema de drogadiccion, el tema de la despenalizacion de la mariguana ha sido ya abordado por tantos estados que practicamente ya es de consumo libre en la mayoria del país.
En México, mentes claras como la del gobernador de Morelos Graco Ramírez han llamado a ver el tema como un problema de salud publica no de narcotrafico.
Ahora, tras la pausa en la primera sala de la Suprema Corte y conociendo el perfil más bien liberal y de avanzada de la mayoría de los ministros de esa sala, se daba por un hecho que el asunto sería aprobado. Sorpresa, al no discutirse se ha caido en un impass, ya que ahora que se pospuso la discusión porque un ministro no pudo leer el expediente por estar de vacaciones, decayó el optimismo de quienes esperaban un cambio en el statu quo.
Para quienes esperan un debate de altura esta semana permitanme decirles que todo indica que el asunto podría resolverse ya no en la Primera Sala sino en el Pleno… donde los parámetros son mucho más conservadores.
A lugar.
Con 83 votos a favor, 16 votos nulos, 15 en pro de Horacio Hernández Orozco y sólo cuatro para Alfredo Fuentes el Senado de la República, eligió a Eduardo Medina Mora para ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De inmediato, una vez que lo respaldó más de un tercio de los senadores presentes (118 en total), se le tomó a Eduardo Medina Mora la protesta constitucional respectiva y se le instruyó para que cumpla con su responsabilidad ahora en la Corte.
En su intervención en la máxima tribuna del país, Eduardo Medina Mora sostuvo que su único compromiso es con la verdad, la justicia, la Constitución y México y garantizó que su trabajo se realizará siempre con mesura para demostrar que “México sí puede ser un país de leyes y una patria con justicia para todos”.
Así concluyó un debate por casi cinco horas en la Cámara Alta, en la que la oposición de izquierda trató una y otra vez de rechazar que Eduardo Medina Mora pudiese llegar a esta silla en la SCJN. La mayoría rechazó dos mociones que enarbolaran los perredistas Luis Sánchez y Dolores Padierna.
A favor los senadores del PRI, Omar Fayad y del PAN Fernando Yunes, subrayaron la trayectoria en el servicio público de quien hasta hoy fuera embajador de México en Washington. Además, sostuvieron que solamente impugnar a este personaje era una suerte de ninguneo a los otros dos aspirantes.
Estos últimos, Fuentes y Hernández, subieron a la tribuna también para pedir el apoyo de los legisladores enalteciendo todo el tiempo el proceso que los declaró elegibles para el cargo dentro de la Comisión de Justicia.
Roberto Gil, presidente de este órgano legislativo, recalcó en su oportunidad que al final del camino, el nuevo ministro de la Corte no le deberá el puesto ni al presidente Enrique Peña Nieto ni a la mayoría del Senado, sino que a partir de hoy tiene un mandato de la República para cumplir con esta responsabilidad en donde no se admitirá que se aparte de esta obligación por razones de índole partidario.
El presidente Felipe Calderón envió al Senado la terna de candidatos a ocupar el cargo que dejó vacante el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció el pasado mes de septiembre, en Londres, Inglaterra.
La propuesta fue recibida esta tarde por la Cámara de Senadores y está conformada por las integrantes de la Judicatura Federal, Elvia Díaz de León, Andrea Zambrana Castañeda y Lilia Mónica López Benítez.
La lista será presentada al pleno del Senado en la sesión de este jueves e inmediatamente será turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
En su momento, las comisiones determinarán el día y la hora en la que deberán comparecer las tres aspirantes propuestas por el titular del Ejecutivo.
El gobierno federal no descarta recurrir a la figura del veto en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el paquete económico 2011 que beneficie a las finanzas públicas nacionales.
Consultado al concluir su comparecencia con senadores el miércoles, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, indicó que el gobierno cuenta efectivamente con esta herramienta legal. Sin embargo, confió en que los legisladores aprobarán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de manera responsable.
â??¿La controversia constitucional o el veto están contemplados por Hacienda si no sale el presupuesto como lo enviaron? â??se le preguntó al funcionario.
â??Desde luego que es un recurso que nuestro marco legal considera, y es un posible recurso, pero hay que esperar y hay que ver cómo evoluciona el paquete económico, y creo que los señores legisladores lo van a tomar con mucha responsabilidad, y se va a tener una discusión responsable, y creo que eso es lo que más importa â??respondió.
La bancada del PRI, mayoritaria en la Cámara de Diputados, ha planteado bajar la tasa del Impuesto al Valor Agregado de 16 a 15 por ciento.
En 2005, el entonces presidente Vicente Fox vetó una partida del presupuesto, luego de que se incorporaban rubros no establecidos en la iniciativa.
El 12 de mayo de ese año, la Suprema Corte decidió por mayoría de seis votos contra cinco que el mandatario estaba facultado para vetar y formular observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
El gobierno federal no descarta utilizar la controversia constitucional, o veto del presupuesto, si no se llega a un acuerdo sobre el paquete económico 2011 que beneficie la solidez de las finanzas públicas nacionales.
El titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, señaló que es una herramienta que tiene la autoridad para velar por la salud financiera del país; sin embargo, una vez más confió en que los legisladores aprobarán la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de forma «responsable», de tal manera que no se ponga en riesgo el desarrollo de la economía nacional.
«Desde luego que es un recurso que nuestro marco legal considera, pero hay que esperar y hay que ver cómo evoluciona el paquete económico», apuntó.
No obstante, continuó, «creo que los legisladores lo van a tomar con responsabilidad y se va a tener una discusión integral y eso es lo más importante».
La discusión del paquete económico del próximo año se ha centrado en un eventual ajuste del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La bancada del PRI insiste en bajar la tasa de 16 a 15%. Sin embargo, la autoridad encargada de la política fiscal aseguró que la iniciativa propiciaría mermas para la federación por 33 mil millones de pesos y en cerca de diez mil millones a las partidas que se transfieren a estados y municipios.
Cordero fue más allá durante su comparecencia ante el Senado al decir que de concretarse la propuesta tricolor se tendrá que subir otros impuestos y ajustar el gasto en diversos rubros.
Además, continuó, generará una mala impresión ante los ojos de inversionistas extranjeros y, contrario a lo que se espera, no se tendrá un impacto favorable en la demanda interna, toda vez que los precios de los bienes «difícilmente» se ajustarían a la baja como consecuencia de menores tasas impositivas.
El diputado petista Mario Di Costanzo recordó que Vicente Fox vetó una partida del presupuesto de 2005, luego de que se incorporaban rubros no establecidos en la iniciativa.
El 12 de mayo de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por una apretada mayoría, de seis votos contra cinco, que el mandatario estaba facultado para vetar y formular observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos.
El funcionario señaló que Cordero «amenaza» con lo de la controversia constitucional porque ya no encuentra cómo evitar que el PRI logre su objetivo de ajustar a la baja el IVA.
Sostuvo que el Ejecutivo no «sólo puede vetar por vetar», ya que existen una serie de lineamientos que se deben de seguir. El principal, dijo, es que el presupuesto contenga partidas no previstas desde un principio y, hasta el momento, eso no se ve por ningún lado.
El diputado panista, Luis Enrique Mercado, comentó que no será necesario llegar a dicha instancia, ya que «no creo que la bancada del PRI sea una bola de irresponsables y que pretendan hacer daño a las finanzas públicas del país».
Pidió ver cómo se desenvuelve la discusión sobre el tema, pero, «insisto que no debemos bajar el IVA».
El diputado del PRI, Jesús Alberto Cano, comentó que el Ejecutivo está en todo su derecho de emplear la controversia constitucional si considera que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados va en detrimento de la salud financiera nacional.
Sin embargo, acotó, «hay que ver qué consideran riesgoso, porque la solidez de las finanzas tiene criterios.»
El también presidente del Colegio Nacional de Economistas, confió en que el Ejecutivo no tendrá la necesidad de recurrir a tal instancia, porque seguramente «tendremos en tiempo y forma el presupuesto y seguramente este será del consentimiento de todos».
Advirtió que el PRI insistirá en bajar el IVA.
Francisco Macías, fiscalista de Deloitte, alertó que la batalla por modificar el gravamen será intensa; sin embargo, exhortó a que la tasa se quede sin cambios, ya que es una de las formas de cobrar impuestos a la economía informal.
De los ingresos tributarios, el IVA representó 38.39% en el primer semestre del año, una ponderación sólo por debajo a la del ISR, que significó 50%, mientras que de los recursos presupuestarios del sector público equivalió a 17.70%
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hoy en la primera votación sobre el caso ABC, que no señalará a autoridades «responsables», como lo proponía en su proyecto, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En una votación de ocho contra tres, el Alto Tribunal rechazó la propuesta del ministro ponente acerca de que la resolución de la Corte fuera un señalamiento de responsabilidades políticas, éticas y morales, y que los ministros se limitarán a mencionar a los «involucrados» en estos hechos.
Al inicio de la sesión Arturo Zaldívar defendió su postura y dijo a los integrantes del pleno que los señalamientos a su propuesta fueron aislados, y «que se sacó de contexto su proyecto».
Sostuvo que en los argumentos que se expusieron el lunes hubo «discusiones sobre las hojas del árbol, pero no del árbol»; aseguró que lo que causó inquietud fueron cuestiones políticas, éticas y morales.
Recalcó que la Corte es un órgano político y la cabeza de uno de los tres poderes de la unión y su autoridad deriva de la Constitución, por lo que sus resoluciones tienen trascendencia política y moral, cuando hay personas que incurrieron en violaciones graves de garantías.
uego de las posturas en contra de su dictamen, consideró que si el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución no sirve para fincar responsabilidades, «si fuera eso cierto, pues realmente el 97 no sirve para nada; y si no sirve para nada, y lo digo con el mayor de los respetos, pues no ejerzamos la facultad pero si la ejercemos, vamos a darle un sentido».
Al respecto ocho de los ministros señalaron que la Constitución no los faculta para señalar a los responsables, y Margarita Luna hizo referencia a las aseveraciones de Zaldívar; sostuvo que «no es temor a la palabra» sino que este impedimento se le debe adjudicar al constituyente, que es el encargado de redactar la Carta Magna.
Una vez expuestos los argumentos, el ministro presidente Guillermo Ortiz llamó a votación y los únicos que apoyaron la posición de Arturo Zaldívar fueron Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, en tanto que el resto se pronunció por apegarse al criterio que se utilizó para el caso Oaxaca, de sólo señalar a involucrados
Si la Corte resuelve que los implicados en la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, como el ex gobernador Eduardo Bours o el ex titular del IMSS, Juan Molinar, son responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley, planteó el senador del PRI, Rogelio Rueda Sánchez.
El legislador tricolor opinó incluso que quienes actualmente desempeñan alguna función pública deberán renunciar para hacer frente a los cargos que se les imputa y sobre el particular, el también senador pero del PRD, René Arce, saludó los â??nuevos airesâ? que se están dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues a pesar de que ya pasó un año de la tragedia en la que fallecieron 49 menores, su accionar es saludable para devolverle la credibilidad a la justicia en el país.
Y por lo que hace al PAN, el legislador Alejandro González Alcocer indicó que lo importante en este y en otros casos de la vida nacional es que termine, de una vez por todas, la impunidad y que se castigue a los que por acción u omisión propiciaron este penoso accidente