Cada mes surgen y desaparecen unas diez empresas de seguridad privada en México, según un informe del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que agrupa a las 200 empresas más importantes del sector.
El dato ilustra, por un lado, el auge de esta lucrativa industria en expansión y, por otro, la informalidad con que se regula.
Según el CNSP, de las 8.000 compañías de seguridad privada que se estima operan actualmente en el país, sólo 659 están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que es el organismo que cuenta con facultades de verificación a nivel nacional.
Entre las más de 7.000 restantes, sólo unas 200 cuentan con alguna certificación de calidad.
Y el resto, un 80% según el informe, opera únicamente con «permisos locales», otorgados por alcaldías o estados, o funciona al margen de la ley, sin registro.
Es en este contexto en el que surgen las conocidas coloquialmente en México como «empresas patito»: compañías fantasma que buscan permisos a nivel local para operar, pero que no cumplen con los estándares de calidad requeridos a nivel federal o internacional.
En estas empresas informales, según algunos expertos, trabaja personal que no cuenta con el entrenamiento y la formación necesarios y que no pasa por controles de aptitud, como pruebas psicológicas o revisión de antecedentes penales, que normalmente se exigirían en una industria formal.
Ricardo León Dorantes, presidente del CNSP, advierte que contratar a una empresa irregular es un riesgo y para contrarrestarlo aboga por una mayor regulación del sector, a través de la implementación de un nuevo reglamento dentro de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Entre los problemas del sector que identifica el informe del CNSP se encuentran dos factores aparentemente contradictorios: la «falta de regulación» y la «excesiva regulación».
La coexistencia de normas y requisitos federales, estatales y municipales es una de las causas de la informalidad del sector en México, ante la «dispersión de la regulación jurídica» que describe el estudio.
Por eso proponen una regulación única a nivel nacional y la homologación de requisitos y mecanismos de supervisión con las entidades federales.
Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, le dijo que «la necesidad económica hizo que muchas personas se conviertan en escoltas. Creen que con ser fornidos o saber manejar armas es suficiente».
Según su organización, más de 18.000 guardaespaldas trabajan en México, la mayoría sin supervisión de las autoridades.
Entre ellos, muchos son ex policías o ex militares desempleados.
La falta de control causa un problema adicional: muchos escoltas aprovechan la información de sus clientes para secuestrarlos o robar sus propiedades, advirtió García.
En 2009 hubo al menos dos casos de hijos de empresarios secuestrados por sus guardaespaldas. Ambos jóvenes fueron asesinados.
García cree también que la informalidad del sector ha repercutido en el reconocimiento del oficio: los «guaruras» trabajan con salarios bajos, sin formación y sin seguro de vida.
«Eso es lo que también estamos buscando, que se dignifique la profesión del escolta», declaró.
El servicio de seguridad privada genera al año en México unos 8.000 millones de pesos (US$625.000 millones), según el CNSP.
Este monto representa aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto de la segunda mayor economía de América Latina, después de Brasil.
Y mientras se extiende el clima de violencia en el país, muchas empresas y ciudadanos continúan invirtiendo en seguridad. El sector creció durante 2009 un 40% más que en 2008.
Algunas compañías del sector le comentaron que en el último año duplicaron su volumen de negocios