Etiqueta: sonora

  • La muerte de un ciudadano

    la muerte de nepomuceno

    Ayer por la noche me entere del asesinato de Nepomuceno Moreno Muñoz en la ciudad de Hermosillo Sonora, a los pocos minutos la gente de el movimiento por la paz estaban claro indignadas, escuche entrevistas de Sicilia, de Julian Lebaron, y de varias personas mas…..todas indignadas, molestas, diciendo algo que se nos ha olvidado en estos años, todos tenemos el derecho de estar vivos, si asi de claro….ya sea que seamos buenos o malos, ya sea que seamos blancos morenos etc etc etc…todos en este país tenemos el derecho de estar vivos y de que el gobierno local, estatal, federal, nos proteja, que se hagan todos los esfuerzos necesarios para poder seguir vivos.

    Ahora he escuchado a Javier Sicilia quien con palabras muy claras a dicho que es un mensaje que no hay problema con asesinar a alguien, ya que no hay respuesta por parte del gobierno, es más el gobierno del estado de Sonora a dicho que tenía antecedentes penales (de los cuales salio absuelto y por ende INOCENTE) en lugar de estar trabajando por resolver un caso de alto impacto.

    Es realmente una pena que desde losgobiernos no vean en lugar de ciudadanos, nos vean como criminales en potencia y capaces de dañara al país en vez de ayudarlo………..lamentable para todos.

    Uno se pone a pensar, que haría uno como padre cuando le desaparecen a un hijo? bueno pues el sr Nepomuceno lo que intento hacer es el trabajo de las autoridades…de quien debería de ser la pena? de el? de su gobierno estatal? acaso están ligados con los criminales? forman parte del gobierno? si no lo son…por que los proteguen? por que buscan hacer quedar mal a la gente que solo busca justicia? muy peligrosos estos tiempos muy peligrosos

  • Baja el cruce de indocumentados por Sonora

    La Ley SB1070 de Arizona, el muro fronterizo y la falta de trabajo en Estados Unidos redujeron un 90 por ciento el cruce indocumentado por esta frontera, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

    Durante una visita a la localidad, el delegado regional del INM, Alejandro Salas Domínguez, mencionó que las cifras del paso de migrantes se reflejan en el número de repatriados.

    Precisó que mientras en 2005 fueron expulsados por la Aduana local alrededor de 72 mil connacionales, este año a la fecha todavía no llega a siete mil personas.

    La falta de oportunidades de trabajo en el vecino país ocasionó que el número de intentos de cruce ilegal se redujera en forma gradual los últimos cinco años por la región, comentó.

    Agregó que para disminuir el fenómeno migratorio se sumaron factores como el reforzamiento del muro metálico en la frontera del condado de Yuma, y la reciente aprobación de la Ley SB1070 de Arizona.

    Este año han sido retornados a México por las fronteras de Sonora un total de 101 mil 824 connacionales, dentro del Programa de Repatriación Humana que opera todos los días, dijo.

    Refirió que ese plan es el rostro humano del INM, ya que brinda asistencia social a las personas que son deportadas, e incluye acciones de los Grupos Beta.

    Salas Domínguez se entrevistó en esta frontera con el alcalde Manuel Baldenebro Arredondo, con quien se coordina para realizar un festejo del Día Internacional del Migrante, que es el 12 de diciembre.

  • Por fin se reuniran gobernadores transfronterizos

    Tras sortear una serie de dificultades, la XXVIII Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos iniciará este domingo en Santa Fe, Nuevo México, en la que se analizarán asuntos de seguridad y desarrollo económico.

    El gobernador de Texas, Rick Perry, y la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, decidieron no asistir al encuentro al no estar de acuerdo de que éste se efectuara en Santa Fe y no en Phoenix, Arizona, como había sido originalmente planeado.

    La sede de la conferencia fue trasladada a Santa Fe luego de que los gobernadores mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas decidieran en junio pasado boicotear la reunión si ésta se realizaba en Arizona.

    La delegación mexicana expresó así su protesta por la promulgación de la ley de inmigración de Arizona SB 1070, que penaliza la inmigración indocumentada en esa entidad, aunque no entró en vigor en su totalidad por el fallo de una jueza federal.

    Tras la decisión de los gobernadores mexicanos, Brewer en su papel de presidenta y anfitriona de la reunión, decidió cancelar el encuentro.

    Los gobernadores de Nuevo México, Bill Richardson, y de California, Arnold Schwarzenegger, consideraron entonces que Brewer carecía de la autoridad para cancelar la conferencia y decidieron considerar una nueva sede para el encuentro, optando por Santa Fe.

    ‘Como gobernadores fronterizos, vemos el impacto que los asuntos de la frontera como la seguridad, el desarrollo económico y las cuestiones de energía, tienen cada día’, dijo Richardson en un comunicado.

    ‘Aunque no siempre estamos de acuerdo en cada asunto, como líderes de la región fronteriza México-Estados Unidos, debemos mantener un fuerte diálogo para ayudar a asegurar la cooperación a lo largo de la frontera, resolver los asuntos regionales y asegurarnos de que los asuntos binacionales reciban la suficiente atención’, indicó.

    Las diferencias entre los gobernadores participantes en estos encuentros ya habían aflorado en reuniones pasadas.

    A finales de la década de los años 90, el entonces gobernador de California, Pete Wilson, no acudía a los encuentros cuya sede fuera en alguna entidad mexicana tras haber tratado de establecer la Proposición 187, una iniciativa que eliminaba algunos beneficios sociales a indocumentados.

    La Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos se efectúa de manera anual con sedes alternas cada año entre uno y otro país.

    La conferencia ha sido cancelada en solo dos ocasiones desde que se iniciaron las reuniones en 1980 en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua.

    El encuentro del próximo año está programado a efectuarse en el estado mexicano de Baja California

  • Greenpeace revisa ley de biodiversidad

    Incumplimiento de métodos de bioseguridad y monitoreo, falta de registro de las acciones de control y seguimiento experimental, conflicto de interés y no incineración del maíz transgénico cultivado son algunas de las violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y al Código Penal Federal (CPF) que denunció la organización ambientalista Greenpeace en las primeras siembras experimentales de maíz transgénico en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

    El colectivo presentó este día un documento, que dijo le fue remitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se expone «la existencia de presuntas anomalías en 123 puntos inspeccionados, sólo en el estado de Sinaloa».

    En conferencia de prensa, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, detalló que esta situación resulta aún «más alarmante» si consideramos, dijo, que no existe un programa de verificación a nivel nacional de los 24 permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado (GM) emitidos por la Secretaría de Agricultura.

    Explicó que la organización ambientalista presentó una denuncia ante la Profepa, en la que Greenpeace México exigió el inicio de un proceso de investigación, además de la cancelación de los permisos emitidos para sembrar maíz transgénico.

    Por otra parte, agregó, en respuesta a solicitudes de información realizadas por la organización a través de la Ley Federal de Transparencia: el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) proporcionaron la siguiente información:

    «Senasica reportó que las siembras solicitadas por la empresa Pioneer-PHI México, no se efectuaron en el predio destinado para tal fin», dijo Aleira Lara.

    En tanto, el Inifap dio a conocer, dijo Greenpeace México, que no participó en las siembras autorizadas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, «a pesar de que en las solicitudes de las empresas y los dictámenes de los permisos señalan que la siembra experimental se realizará en los campos del instituto».

    Explicó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recomendó que la experimentación, «sin excepción alguna», debía realizarse dentro de terrenos responsabilidad de las instituciones públicas de investigación agrícola de México.

    Lo anterior con el propósito de que el gobierno mexicano «asuma la total responsabilidad respecto a las liberaciones y a su desempeño seguro».

    Greenpeace informó que las siembras se llevaron a cabo en terrenos privados de agricultores cooperantes de las empresas.

    Además denunció que las empresas Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México, tomaron la determinación de violar la condicionante al permiso otorgado relativa a destruir en el mismo predio por medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación, y en su lugar, trituraron y enterraron los materiales.

    «Ante tantas anomalías los resultados de esta etapa no son confiables ni pueden darse por válidos como referencia de la inexistencia de riesgos o de los beneficios de este tipo de cultivos, como pretenden hacer creer las empresas», explicó María Colín, asesora legal de Greenpeace.

    «Cualquier solicitud que presenten las empresas debe ser denegada en estos momentos ante la falta de certidumbre jurídica que impera en materia de bioseguridad para el centro de origen y diversidad de dicho cultivo», agregó la litigante del grupo ecologista

  • Falta de seguridad talon de aquiles en trafico de material historico

    Era por la adrenalina, la sensación de ser el primero en penetrar tumbas indí­genas y ver esos â??monitosâ? resguardar huesos sin olor. Aunque el saqueo era por el dinero, por la necesidad de alimentar a sus nueve hijos cuando Ramón Gómez Maldonado ya habí­a intentado casi todo para sobrevivir: jornalero en Sinaloa, Sonora, California y Arizona, deportado a ratos en Tijuana, obrero en Guadalajara.

    A Ramón le tocó una época dorada de los descubrimientos arqueológicos en México, pero de eso no sabe, sólo recuerda que por una pieza, en la década de los 50, le daban mil pesos. Todas tení­an su precio y sus clientes, que iban hasta su casa en el pueblo de Santa Rosalí­a o a Magdalena, en Jalisco. â??Ahora esas piezas son muy valiosas, de 50 mil o 100 mil pesos. Habí­a de muchas, habí­a unas como de guerreros, grandes; todos esos monos que tení­an lanzas valí­an muchos centavos, a nosotros nos pagaban por mitad, los que hací­an negocio eran los que vení­an por ellasâ?.

    Antes de que llegaran los primeros arqueólogos a la zona, él encontró desde vasijas de barro pintadas y puntas de flecha de obsidiana, hasta figuras de indí­genas de medio metro. â??Habí­a muchos pozos con monosâ?, es la manera en que Ramón explica el naciente auge del saqueo de las â??tumbas de tiroâ? (túnel de cuatro a seis metros que conduce a dos cámaras labradas bajo tierra; son parte de la â??tradición Teuchitlánâ?, que data de 300 a 400 años d.C.).

    A sus 81 años de edad, Gómez Maldonado prefiere dejar la actividad a los jóvenes; hace un año todaví­a acompañó a un grupo, pero la experiencia ya no es como antes, como cuando sacaban de hasta 30 piezas por excavación.

    El Instituto Nacional de Antropologí­a e Historia (INAH) no dio respuesta oficial sobre el tema; especialistas nacionales e internacionales coinciden en que México es uno de los paí­ses con mayor saqueo de bienes culturales y su región occidente una de las más afectadas por ello en América Latina.

    De los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH a junio de este año, se considera que 40% de ellos han sufrido saqueos, según Blanca Paredes, investigadora de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien comparte estadí­sticas personales a falta de cifras oficiales. Con base en el seguimiento de noticias y casos denunciados, la arqueóloga calcula que se presentan de 20 a 30 destrucciones de sitios por dí­a.

    Entre todos los sitios registrados como lugares de vestigios prehispánicos, sólo 176 en 19 estados de la república son considerados â??zonas arqueológicasâ? abiertas al público.

    Para el director de la División de Objetos Culturales y de Patrimonio Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Edouard Planche, la situación de alto saqueo en México sólo se compara con paí­ses en conflictos bélicos como Irak, Camboya, Afganistán y Colombia, o con Guatemala.

    La arqueóloga de la Universidad Estatal de Nueva York, Elizabeth Stone, que ha estudiado el saqueo en Irak, compara el peligro de robo de los bienes culturales mexicanos con lo que ocurrió en aquel paí­s en guerra; además, se lamenta: â??El saqueo es un problema de los paí­ses pobres, que son los que tienen mayor riqueza arqueológica. La gente rica en el Occidente compra y no le importa de dónde vienen las piezas; nadie piensa que es ilegal, arrestan a muy pocos, hay la complicidad de académicos en algunas ocasiones, que van con donadores ricos en lugar de llevar la pieza al museoâ?.

    En los pueblos de la región occidente del paí­s se sale a los campos no sólo a sembrar, sino a buscar monitos, es decir, figuras antropomorfas de hasta 2 mil años de antigí¼edad que los habitantes de la zona excavan a solicitud de intermediarios que a su vez las llevan a coleccionistas de México y el extranjero.

    Antes y después de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artí­sticos e Históricos de 1972 (que, entre otras cosas, prohí­be el saqueo, posesión sin permiso, comercialización y tráfico de piezas arqueológicas por considerarse patrimonio nacional), las figuras que los campesinos saquean de sus tierras y venden a 500, 3 mil o hasta 50 mil pesos aparecen luego en catálogos de galerí­as o en páginas de internet de paí­ses donde comercializar bienes muebles arqueológicos no es un delito federal.

    Si un europeo compra en su paí­s una pieza prehispánica y el gobierno mexicano quiere reclamarla, éste puede argumentar que la compró â??de buena feâ? sin conocer su procedencia ilegal.

    â??Existe una falta de claridad en la propiedad estatal, en el ví­nculo que une al Estado con su patrimonio arqueológicoâ?, considera el abogado Jorge Sánchez Cordera, integrante del comité de expertos de la Convención de Tráfico Ilí­cito de Bienes Culturales de la UNESCO.

    El catálogo en lí­nea de piezas precolombinas de la casa de subastas Sothebyâ??s, con sedes en Londres y Nueva York, muestra una â??mujer de Jalisco sentadaâ? que se vendió en 3 mil 738 dólares, y un â??jorobado de Jalisco agachadoâ? en 2 mil 875 dólares, ambas originarias de la región occidente mexicana y vendidas junto con lotes de de los estados de Veracruz, Colima, y las regiones maya y olmeca, con precios de hasta 600 mil dólares por pieza.

    La galerí­a parisina Binoche Renaud Giquello â??que ya tuvo una denuncia del gobierno mexicano por una subasta de piezas producto de excavaciones clandestinas realizadas el 14 de junioâ?? exhibe en su página web una pieza de â??actualidadâ?: una máscara funeraria teotihuacana en piedra verde a 125 mil euros. Aunque de dudosa autenticidad, también es fácil observar ofertas de objetos prehispánicos a la venta en portales de internet como eBay o Mercado Libre, entre otros.

    â??No hay nada especial para internet, aplicamos la ley con las figuras delictivas que puedan adecuarse… Mucha de esta comercialización se realiza desde portales del extranjero y resulta muy complejo; son muchas cuestiones técnicas que no están reguladas en nuestro paí­s ni en otrosâ?, explica René Salazar Montes, ministerio público y director de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes de la PGR.

    El problema es también de desconocimiento. Si no se sabe qué se tiene, tampoco se puede saber qué se saquea o comercializa ilegalmente. Para la arqueóloga Blanca Paredes, no basta con declarar zona arqueológica un lugar si se quiere proteger de saqueo, sino hacer inventarios de lo que se posee en cada sitio.

    â??Todo el paí­s es una zona arqueológica… la institución (INAH) no se da abasto. Se habla de que el saqueo ocupa entre el tercer y cuarto lugar en delitos en el mundo, después del tráfico de drogas. Mucha gente lo relaciona con quienes se dedican al narco, porque se toma como otro elemento de poder el vender estos objetos, de obtener ganancias, pero también cierto prestigio. Estas redes son más fuertes y sólidas de lo que podemos suponer, pero como institución no nos hemos abocado sobre un control o una base de datos de lo que está pasando a nivel de denunciasâ?, opina Paredes.

    Esa base de datos de denuncias tampoco está en la Procuradurí­a General de la República (PGR). Según René Salazar, no hay denuncias por saqueo y las denuncias por robo de piezas se realizan en cada delegación o municipio. No se tiene a nivel federal una lista.

    La PGR descarta el ví­nculo del tráfico ilí­cito de bienes culturales con el narcotráfico, incluso la existencia misma de â??redesâ? de saqueadores y comerciantes de piezas arqueológicas, pero tampoco han descubierto cómo operan exactamente saqueadores y comerciantes, dice René Salazar Montes.

    â??Si tuviéramos identificadas bien las formas, tendrí­amos ya mejores resultados. Lo que nosotros creemos es que se sacan por aduanas, por carretera o por avión, pero haciéndolas pasar por artesaní­as… Si la droga la sacan en grandes cantidades, pues a veces figuras pequeñas pueden salir ocultas bajo cualquier coberturaâ?, complementa Salazar.

    Para Edouard Planche, de la UNESCO, â??el tráfico de objetos culturales está estrechamente vinculado al tráfico de drogas y armas, e involucra el mismo tipo de personas y es difí­cil cuantificar qué tan grande es y cuánto dinero generaâ?.

  • Gobernador de Sorona se molesta por matrimonios gay

    El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elí­as, externó su rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo que no está de acuerdo en que las uniones en el Distrito Federal se reconozcan en las entidades.

    Manifestó que los legisladores de cada estado son los que deben analizar el tema y no aceptar las legislaciones de otras entidades, como se aplicarí­a en estos casos, según lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    â??Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero soy respetuoso de la ley y soy respetuoso de que se lleve a cabo cualquier acción de grupos, que quieren que esto se lleve a caboâ?, dijo.

    Reiteró que deberán ser los mismos sonorenses y los representantes populares de Sonora los que decidan al respecto, pero en su caso no está de acuerdo y ya se verá lo que sucede en la entidad en torno a ese tema.

    En el Congreso del estado no existe una iniciativa de ley o proyecto de reforma a algún marco legal para permitir las bodas entre homosexuales.

    Salvo la propuesta que realizara en abril de 2007, el entonces diputado por el Partido del Trabajo (PT), Mónico Castillo Rodrí­guez, para crear la Ley de Sociedad de Convivencia en Sonora, la cual no se ha sometido al análisis y aprobación.

    El hecho de establecer una sociedad de convivencia no cambia el estado civil de los convivientes, que siguen siendo solteros legalmente, por lo que no es equiparable a un matrimonio, sino una forma de unión civil, señala el diputado de la 58 Legislatura en su iniciativa

  • Carcel a los implicados en caso Guarderia ABC

    Si la Corte resuelve que los implicados en la tragedia de la guarderí­a ABC, de Hermosillo, como el ex gobernador Eduardo Bours o el ex titular del IMSS, Juan Molinar, son responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley, planteó el senador del PRI, Rogelio Rueda Sánchez.

    El legislador tricolor opinó incluso que quienes actualmente desempeñan alguna función pública deberán renunciar para hacer frente a los cargos que se les imputa y sobre el particular, el también senador pero del PRD, René Arce, saludó los â??nuevos airesâ? que se están dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues a pesar de que ya pasó un año de la tragedia en la que fallecieron 49 menores, su accionar es saludable para devolverle la credibilidad a la justicia en el paí­s.

    Y por lo que hace al PAN, el legislador Alejandro González Alcocer indicó que lo importante en este y en otros casos de la vida nacional es que termine, de una vez por todas, la impunidad y que se castigue a los que por acción u omisión propiciaron este penoso accidente

  • Destituir procurador por caso Guarderia ABC

    El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elí­as, aceptó que analizan la posible salida del actual procurador de justicia en Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, a petición de padres afectados con incendio en Guarderí­a ABC.

    En entrevista, el mandatario sonorense reveló que tras la reunión que hubo el pasado miércoles dos de junio, entre los padres de las ví­ctimas del incendio en la estancia infantil con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, se habló sobre la renuncia del fiscal estatal.

    â??Platicamos el tema (la destitución), y eso, obviamente lo estamos analizando detenidamenteâ?, dijo Padrés Elí­as, sin abundar en detalles.

    Ante insistentes cuestionamientos sobre la salida de Murrieta Gutiérrez, el gobernador sonorense refirió que â??será un tema de análisisâ?, sin establecer alguna fecha determinada para el cese.

    Cabe recordar que anteriormente el gobernador sonorense justificaba que el desempeño del todaví­a procurador de justicia era importante para el estado por lo cual ratificaba su posición

  • Guillermo Padrés pide perdon por caso #GuarderiaABC

    Al cumplirse un año del incendio de una guardería en el estado norteño de Sonora que provocó la muerte de 49 niños, el gobierno estatal pidió perdón a las víctimas en medio de la exigencia de sus padres de justicia.

    «Les debemos un perdón a sus hijos y a ustedes un lo siento», dijo el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en una ceremonia en la capital estatal Hermosillo al cumplirse un año de la tragedia en la guardería ABC que también dejó al menos 70 menores heridos.

    El mandatario estatal llamó a buscar una reconciliación, aunque admitió que los homenajes y procesos abiertos luego del incendio «no es suficiente».

    Autoridades y familiares guardaron un minuto de silencio y se leyeron uno a uno los nombres de los niños mientras los asistentes decían en voz alta: «¡no debió morir!»

    A nombre de los padres, Manuel Alfredo Rodríguez exigió a Padrés instruir el inicio de una investigación contra el ex gobernador Eduardo Bours y la destitución del procurador Abel Murrieta.

    Bours era el gobernador en turno el día del incendio y Murrieta desde entonces se mantiene como procurador estatal.

    Rodríguez también llamó al Congreso estatal a legislar para prohibir que en las instancias infantiles participen particulares, como fue el caso de la guardería ABC.

    «Son reclamos mínimos de justicia», dijo.

    El 5 de junio del 2009 la guardería se incendió debido a un cortocircuito en un equipo de enfriamiento localizado en una bodega adyacente a la estancia infantil.

    Las autoridades han acusado de la tragedia a dueños y representantes legales de la guardería, además de funcionarios estatales y federales. Algunas personas fueron detenidas, pero obtuvieron libertad bajo fianza, mientras que otros involucrados se encuentran prófugos.

    El gobierno federal decretó esta semana que el 5 de junio sea día de duelo nacional por la muerte de los 49 menores.

    El pleno de la Suprema Corte se dispone a analizar el caso a partir del proyecto de uno de sus ministros en el que se propone señalar como responsables de las muertes a 14 funcionarios estatales y federales por no cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad de los niños.

    Los familiares de los menores realizaron el viernes por la noche una vigilia en la ciudad de México para honrar sus memorias.

    Encendieron cirios y colocaron fotos de los niños en los escalones del monumento del Angel de la Independencia en la capital mexicana.