La aprobación en el estado de Arizona de una nueva ley que obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales, suscitó la indignación entre organizaciones de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos.
Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad en caso de que tengan una «sospecha razonable» de que pueda ser un indocumentado.
El senador republicano Russell Pearce, autor de la legislación, asegura que la medida está diseñada para detener «la espiral» del costo que implica la presencia en el estado de los inmigrantes indocumentados.
Pero sus críticos indicaron que la nueva ley transformará a Arizona en un «estado policial».
«Ya basta», le expresó el senador Pearce a BBC Mundo. «No existe ninguna evidencia de que eso es lo que va a suceder, son las mentiras de la izquierda».
«Somos una nación de leyes y la ley es lo que importa», agregó el legislador republicano.
Pearce dijo que le van «a quitar las esposas que atan a los policías y se las vamos a poner a los malos».
Tras lograr el visto bueno de las dos cámaras legislativas, se espera que la gobernadora Jan Brewer, también republicana, estampe su firma en la ley la próxima semana y que entre en efecto 90 días después
La legislación convierte en delito ser un inmigrante indocumentado en Arizona, así como cualquier actividad que implique ayudar a personas sin el estatus legal requerido para residir en el país.
Actualmente, la policía sólo puede preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo si esa persona es sospechosa de haber cometido algún crimen.
Bajo la nueva normativa S.B. 1070, los departamentos de la policía podrían ser demandados si no se dedican a perseguir indocumentados.
El Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) calificó la medida de «alarmante e inconstitucional».
«Esta ley es una afrenta a los derechos civiles y convertirá a todos los latinos en sospechosos en sus propias comunidades sin importar su estatus migratorio», declaró Janet Murguía, presidenta del NCLR.
«Al jugar políticamente con la seguridad pública, la legislatura estatal de Arizona ha demostrado que no comprende la realidad, la tarea de la policía local y el papel crucial que tiene la confianza en la garantía de la seguridad pública», comentó Arturo Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento y director de la Iniciativa para el Compromiso de la Aplicación de la Ley (LEEI, por sus siglas en inglés).
El senador Pearce le aseguró a BBC Mundo que la normativa cuenta con el apoyo de nueve de los 15 departamentos de policía de Arizona, además del 80% del público local.
Sin embargo, decenas de personas se manifestaron este miércoles frente a la gobernación estatal para reclamar a la gobernadora Brewer que no promulgue la ley.
«Nosotros no pensábamos que se podían poner peor las cosas aquí», le indicó a BBC Mundo Carlos García, uno de los organizadores de la protesta.
«Esta ley es un paso más para crear una división de razas en Arizona. Cualquier hispano que vaya por la calle ahora podrá ser detenido para que le revisen sus documentos», agregó García, dirigente de la organización comunitaria Puente.
El líder comunitario afirmó que la legislación «no sólo va a crear el terror entre los indocumentados sino entre todos los latinos».
