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Recién acabó el mes de noviembre, un mes que, para el Estado de Guerrero, representó un alto número de acontecimientos violentos relacionados con el crimen organizado. El sello de la casa es inconfundible: armas de uso exclusivo del Ejército, como fusiles AR-15 y pistolas calibre 9 mm, en ataques perfectamente dirigidos.
La violencia se ha concentrado en los municipios de Acapulco, Teloloapan, Ajuchitlán, Arcelia, Tixtla y Chilapa. Al parecer, en estas localidades ha arreciado la disputa por las plazas entre diversos grupos delictivos que se dedican básicamente al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero. La violencia se ha venido acrecentando al menos desde mayo de este año. Y la presencia de la Policía Federal, el Ejército y la Marina no ha logrado contener esta ola de violencia.
Bueno, incluso ya se habla de una crisis de las morgues en el Estado de Guerrero: son tantos los cadáveres que, simplemente, ya no caben. Huelga decir que muchos de éstos ni siquiera son reclamados, porque los familiares no quieres verse involucrados en las investigaciones judiciales respectivas. Saben que quien va a reclamar el cuerpo de un pariente se ve bombardeado, de inmediato, por un sinfín de preguntas cuyas respuestas pueden implicarlos.
Y por supuesto que la capacidad ministerial y judicial se ve rebasada de forma constante; hecho que dilata las pesquisas o, de plano, imposibilita el avance sustantivo de las mismas. Casi podemos asegurar que todas esas muertes integrarán expedientes que dormirán el sueño de los justos.
Guerrero es uno de los Estados con más homicidios dolosos a nivel nacional, según lo ha revelado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tan sólo de enero a octubre de 2016, se han registrado mil 832 denuncias por homicidio doloso. Con respecto al 2014, el incremento es del 31%.
Y debemos agregar, además, los cientos de cuerpos que engordan las fosas clandestinas. Guerrero es uno de los más grandes cementerios escondidos de México, y quizá del mundo entero.
Desde siempre, el Estado de Guerrero ha estado involucrado en la producción y en el tráfico de drogas: sus tierras son idóneas para el cultivo de marihuana y de amapola, sobre todo en tres de sus regiones: Costa Grande, Tierra Caliente y Centro. Además, sus veredas ocultas y sus complejas anfractuosidades se convierten en claras ventajas para las actividades clandestinas.
Fue con el cacique priista Rubén Figueroa Figueroa (Gobernador entre 1975 y 1981) que el narcotráfico se estabilizó en la entidad. Hubo una paz relativa y la violencia era esporádica. Resultaban más preocupantes los movimientos sociales disidentes que el narcotráfico. Fue fundamental, para ello, la actuación de Carlos Acosta Viques, como Procurador de Justicia del Estado, y del Mayor Mario Arturo Acosta Chaparro, como Director de Policía y Tránsito de Acapulco.
Y así se mantuvieron las cosas, incluso tras la licencia forzada que tuvo que pedir el Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, hijo del anterior, tras la Masacre de Aguas Blancas (1995).
Quedó al frente del Estado el muy habilidoso Ángel Aguirre Rivero, un político hecho por completo en la escuela de los Figueroa. Ya con el emblema del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aguirre Rivero regresó a la gubernatura del Estado entre 2011 y 2014, año en el que tuvo que dejar el cargo tras los aciagos sucesos de Iguala-Ayotzinapa.
Desde la salida de Aguirre Rivero, el narcotráfico ha descontrolado y desquiciado al Estado de Guerrero, como nunca antes. El actual mandatario priista, Héctor Astudillo Flores, se cansa de pedir apoyo al Gobierno Federal y, simplemente, nada pasa.
Como nunca antes, el narcotráfico se ha enseñoreado en el Estado de Guerrero. Se ha perdido toda la capacidad de control y contención que habían logrado los gobiernos estatales del eje Figueroa-Aguirre.
Hay que decirlo directo y simple: el eje Figueroa-Aguirre logró hacer del gobierno estatal el fiel de la balanza de todos los poderes, legales y fácticos, de Guerrero. Por ello, esta entidad federativa podía vivir en relativa calma, pese a la pobreza aguda y a las actividades ilícitas que tienen lugar en territorio guerrerense.
Hoy, eso se ha perdido, y no hay fecha para su recuperación.
Y el panorama se agrava por la marcada pobreza que sigue afectando estructuralmente al Estado: la carencia y la marginación de Guerrero apenas son superadas por las de Oaxaca y Chiapas. En estas circunstancias, y sin un pacto local de gobernabilidad, el crimen organizado es uno de los grandes empleadores de la entidad.
El crimen organizado ofrece ganancias fáciles y prontas, así como un plan de ascensos sin comparación. ¿Riesgos? Por supuesto, pero poco relevantes para quienes tienen mucha hambre y poca esperanza.
Los sucesos violentos que se han venido presentando a lo largo de este año, son una clara expresión de la guerra incontrolable por las plazas. La ambición personal y la pobreza social se han juntado con los armamentos de altos calibres y las pingües ganancias.
¿El pronóstico? Sencillo: más y más violencia. Imparable, de tal suerte que consideraremos que la prensa miente, u oculta la realidad, cuando dejemos de leer noticias sobre matazones, levantones y fosas clandestinas en el Estado de Guerrero.
Y peor aún porque, a nivel nacional, el gobierno y el pueblo de México siguen empecinados en mantener el estúpido modelo prohibicionista-punitivo con respecto a la producción, la comercialización y el consumo de drogas.
La “guerra contra las drogas” está perdida de antemano. Ha quedado demostrado que esta estrategia no sólo no beneficia, en nada, la salud pública, sino que también le otorga demasiado poder al narcotráfico, verdadero mandamás de muchas localidades de nuestra geografía nacional.
Sigamos cometiendo los mismos errores, pero luego no nos quejemos de obtener los mismos resultados.