Ocho detenidos con armas largas y cortas y varios envoltorios de droga fue el saldo de un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la madrugada del viernes en la alcaldía de Milpa Alta.
Las primeras versiones señalan que en un patrullaje de rutina un elemento de la policía se percató de un hombre armado que custodiaba un inmueble en calles de la colonia San Antonio Tecómitl por lo que pidió el apoyo a sus compañeros.
Según los primeros reportes, en el interior de la vivienda ubicada en el 518 de la calle Mar Báltico, en la colonia La Aurora, los delincuentes tenían cautivas a una mujer y a su hija menor de edad, aunque no se especificó la fecha del plagio.
Los elementos ministeriales llegaron a las 18:30 horas al lugar y efectuaron un operativo en el que hubo intercambio de fuego.
Al final, los dos secuestradores, de identidad no revelada, cayeron muertos a tiros y las mujeres fueron liberadas ilesas.
Trascendió que en la acción varias personas fueron detenidas.
Vecinos señalaron que los presuntos plagiarios decían que eran policías federales, por lo que se les podía ver armados al entrar y salir de la casa donde escondían a sus víctimas.
Un total de cinco integrantes de un grupo delincuencial, entre ellos una mujer, que operaba en esta ciudad capital, y se dedicaban al delito de secuestro y halconeo fueron detenidos este pasado sábado 26 de diciembre por elementos de Fuerza Tamaulipas.
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, integrantes del grupo de Coordinación Tamaulipas atendieron una denuncia ciudadana, que señalaba a varias personas en actitud sospechosa, por lo que implementaron un operativo.
Esto permitió el aseguramiento de Marco Antonio Rueda Olazarán de 24 años de edad, Tania Guadalupe Santana Reyes de 22, Eduardo Javier Cedillo Ruiz de 21 años; Daniel Lira García de 23 y José Gilberto Rodríguez Rinconada quien cuenta con 44 años.
De acuerdo a la información del GCT la detención por parte de los policías estatales se concretó luego que la ciudadanía alertó sobre un automóvil Ford Focus color negro que se desplazaba sospechosamente sobre el 9 Boulevard Praxedis Balboa de esta localidad, con tres personas a bordo.
Al ubicar a los sospechosos, éstos emprendieron la huida al percatarse de la presencia de los elementos de Fuerza Tamaulipas, no obstante, fueron detectados en un domicilio ubicado en el número 1625 de la Calle Carpinteros del Fraccionamiento Fuego Nuevo.
De ese sitio, salieron dos hombres con armas de fuego, pero acabaron por entregarse junto con los tripulantes del vehículo Focus.
Los policías estatales aseguraron dos armas cortas, un arma larga, cargadores abastecidos de diversos calibres, cartuchos útiles sueltos, el automóvil Ford Focus 2002 negro sin placas y un deportivo Ford Mustang modelo 2002 blanco sin placas.
Tanto los detenidos, como las armas, cartuchos y vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal en turno para que se prosigan las investigaciones correspondientes. Las autoridades presentaron las fotografías de los presuntos delincuentes para que puedan ser identificados por otras víctimas y presenten las denuncias.
De nueva cuenta Tamaulipas se encuentra en los titulares de la prensa nacional y como siempre, en la nota roja. Tamaulipas ha sido el foco rojo que más tiempo ha durado en ser contrarrestado gracias a que los carteles del narcotrafico no dejan la plaza, no se les logra contrarrestar y es un acceso muy valioso del mercado norteamericano.
Seis personas murieron, entre ellas un militar, luego de un enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y elementos de la Sedena, quienes rescataron a una mujer privada de su libertad, en el municipio de Nuevo Laredo.
Mucho se ha hablado de que Tamaulipas esta poniéndose de nueva cuenta como foco rojo ya que hace apenas unos días se dio a conocer de que la ruta Nuevo León – Tamaulipas tiene presencia de gente armada que pide a los vehículos que vienen de Nuevo León, derecho de paso, hasta 200 dolares por el vehículo.
Esta practica daño mucho la economía de la zona ya que la gente comenzó a no sentirse seguro en caminos y calles por lo cual dejo de salir, ahora que viene la temporada de gastos como lo es el black friday y las vacaciones de diciembre, parece ser que se viene una escalada del crimen organizado. Ademas recordemos que Tamaulipas y Nuevo León tienen una serie de historias en las cuales los mismos carteles del narcotrafico se dedican a todo tipo de crímenes y en Nuevo León, hay gobernador nuevo.
Ahora es cuestión de ver que hace la federación con Tamaulipas
Por El Enigma
Esto es lo que muestra o solo la baja estima y respeto por la vida sino también que tipos de personas son los polleros.
Sabemos de antemano que un pollero es una persona que se le contacta para que pueda llevar a otra hasta estados unidos puesto que conoce las rutas para viajar y claro esta, donde cruzar en la frontera de la mejor y mas segura manera.
Algunos cobran entre 5 mil hasta 15 mil pesos por persona.
Se comenta que hay unos verdaderos caballeros que respetan tanto SU vida como la vida de quienes van confiando en el, más en los tiempos en los que sabemos que bandas delictivas están a la caza de migrantes para secuestrarlos, atacarlos, matarlos o engrosar las filas de sus carteles.
Hay quienes en mas de una ocasión han tenido que ver en la muerte de migrantes que en búsqueda del sueño de una vida mejor quedan abandonados a su suerte ya sea del lado mexicano o estadounidense, en medio del desierto o por ejemplo en alguna cañada.
Sabiendo todo esto la autoridad esta a la caza de estos polleros ya que casi casi podemos decir que son tratantes de personas, comercian con el tráfico de individuos pero si no contentos con ello, también destruyen torres de agua que están poniendo los integrantes del Instituto Mexicano de Migración para que los migrantes salven la vida en el desierto.
Así que los polleros son de la idea, sino es conmigo no será con nadie y atacan y destruyen estas torres de agua que en su interior tienen garrafones de agua limpia que es de consumo humano, usted sabe en quien confía si quiere emprender la travesía a la nación del norte.
En un trabajo conjunto pocas veces visto antes del proceso legislativo oficial, senadores del PAN, PRI y PRD construyeron con el gobierno federal la Ley de Migración, que obligará a la Secretaría de Gobernación a determinar las rutas seguras para los migrantes en tierra, mar y aire.
La iniciativa de ley, que está a discusión en las comisiones del Senado desde el 9 de diciembre, busca dar un seguimiento al ingreso, permanencia y salida de los migrantes en territorio nacional, a fin de evitar el abuso en contra de ellos y erradicar la corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM), a partir de medidas como la creación de la Policía Migratoria.
Se trata de un nuevo instrumento que fue construido por el Instituto Nacional de Migración (INM), con el respaldo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, que fue presentado oficialmente al Senado en noviembre, pero que los senadores Carlos Jiménez Macías, Humberto Andrade, Rosalinda López y Máximo García Zalvidea decidieron enriquecer antes de su ingreso oficial a las comisiones del Senado.
De esta forma, durante el mes de noviembre los senadores, a quienes se les sumaron Rubén Velázquez, Rubén Camarillo, Martha Sosa, Jesús Garibay y Francisco Herrera León, construyeron con el gobierno federal esta Ley de Migración, con el propósito de que su ruta en las comisiones del Senado sea lo más rápida posible, a fin de que esté en vigor el próximo año.
Esta ley tiene como objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio mexicano y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
Propone que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se coordinarán con la Secretaría de Gobernación para el para el diseño, coordinación, ejecución y seguimiento interinstitucional de la Política Migratoria.
De igual manera se promoverá la creación de mecanismos de cooperación con los países de origen, tránsito y destino del flujo migratorio no documentado, buscando establecer una política regional de protección de sus derechos humanos y laborales, y, en su caso, participa en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos que en esas materias son acordados en el ámbito internacional. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación, la aplicación de la Ley.
Establece que quedan exceptuados de la inspección migratoria los representantes y funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales que se internen al país en comisión oficial, sus familiares y los miembros del personal de servicio, así como las personas que, conforme a los tratados y convenios de los cuales sea parte el Estado mexicano, a las leyes y a las prácticas internacionales reconocidas por el Estado mexicano, gocen de inmunidades respecto de la jurisdicción territorial, atendiendo siempre a la reciprocidad internacional.
Será facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; de Salud; de Relaciones Exteriores; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, en su caso, de Marina. Asimismo, consultará a las dependencias que juzgue conveniente.
La Secretaría de Gobernación podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias, sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos.
Propone que los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.
La situación migratoria de una persona no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.
El Estado garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria
La organización México SOS, presidida por Alejandro Martí, hizo públicas las fotografías de los presuntos responsables del secuestro y homicidio de Fernando Martí, quienes se encuentran evadidos de la justicia.
A través de un boletín, la fundación señaló que â??las investigaciones demuestran que los secuestradores no aprendidos o que quedan en libertad, forman sus propias bandas, diversificándose en un amplio número, para seguir atentando contra la integridad de los ciudadanos y sus familiasâ?.
Las fotografías corresponden a los ex agentes judiciales del Distrito Federal, Oscar Morales Alvarado (a) El Alvinâ? o â??El Chiquitoâ?; Raúl Jaime Santamaría Méndez (a) â??El Santaâ? o â??â?El Pacholínâ?; el ex policía federal José Martín Jiménez Martínez (a) â??El Porroâ? o â??Vitorioâ?, y Luis Manuel Castillo Rentería (a) â??Brazos Cortosâ? o â??La Botargaâ?.
Para la captura de estos individuos se ha ofrecido por parte de la PGR una recompensa de 15 millones de pesos y se han puesto a disposición de la sociedad los teléfonos de denuncia: (55) 53 46 15 44 y (55) 53 46 00 00 ext. 4748 y el 01 800 831 31 96, así como el correo: denuncia@pgr.gob.mx
â??Los ciudadanos podemos hacer una importante contribución a través de la denuncia de actos ilícitos o actividades sospechosas que ocurran en nuestras colonias, porque de esa forma nos convertiremos en una poderosa fuerza que obligará a las autoridades a actuar con rapidezâ? dijo Alejandro Martí, presidente de México SOS.
Agregó que en el caso específico del homicidio de Fernando, se comprobó que muchos elementos de los cuerpos policiacos están coludidos con los secuestradores, a quienes avisan con anticipación de las investigaciones, por lo que es urgente que dé inicio la depuración de las policías y la implementación de estrictos proceso de control de confianza.
En los últimos cinco años, según datos oficiales, el número de secuestros denunciados en México creció 317%, aunque los casos de plagio podrían ser entre tres y 16 veces mayores, si se toman en cuenta estudios sobre la no denuncia del delito â??o â??cifra negraâ?â?? que diversas organizaciones han calculado.
â??En 2005 se denunciaron menos de un secuestro por día (0.89); durante los primeros seis meses de 2010 se han denunciado, diariamente, 3.72 delitos de este tipo. Esto siginifica un crecmiento de 317%â?, según un estudio realizado por la Cámara de Diputados, a partir de cifras oficiales y de diversas fuentes.
â??Sin embargo, las denuncias presentadas son sólo una parte de los delitos que padecen los ciudadanos. Para el periodo 2000-2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con base en un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, estimó que el secuestro tiene una tasa de no denuncia de 75%, lo cual significa que por cada secuestro denunciado existen otros tres que no lo sonâ?, apunta el informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
â??Existe otro cálculo, aún más pesimista. De acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), con base en una encuesta nacional de victimización, en 2007 se cometieron 6 mil 600 secuestros, lo que significaría que por cada uno de los que fueron denunciados, se cometieron otros 16â?.
El estudio Secuestro: impacto social y características del delito, revela que los secuestradores tienen, en general, un nivel considerable de integración social.
En el caso de los que delinquieron en el Distrito Federal y estado de México, se trata de personas â??en promedioâ?? de 31 años, con tres hijos, que un mes antes de privar de su libertad a una víctima, tenían un trabajo de asalariado, comerciante o burócrata; y se aliaron a una banda con familiares de tres y nueve integrantes.
Del total de secuestradores, 22% trabajó para las Fuerzas Armadas, la policías federal o corporaciones estatales.
De los que algún día fueron encargados de la seguridad y bienestar social, 59% afirmó que en caso de haber tenido dinero hubieran librado su detención.
â??En un estudio elaborado a partir del testimonio de diversos policías sentenciados por secuestro, permite identificar instituciones policiales con prácticas de arbitrariedad y en las cuales persisten grupos informales que controlan a un grupo indeterminado de agentes.
â??Y el roce constante con los delincuentes que otorga a los policías múltiples conocimientos sobre las formas de operación, personas involucradas y los espacios propicios para delinquir. Todo ello es posible en un contexto institucional en el cual no existen controles internos, escasa transparencia y un nulo desarrollo profesionalâ?, explica el CESOP.
En el caso del perfil de los secuestradores detenidos en el resto del país, hay coincidencia en la edad, pues tienen entre 22 y 35 años, eran en su mayoría choferes o del comercio informal.
â??Su carrera delictiva marca una espiral creciente de especialización y violencia, se iniciaron con robo, continuaron con asaltos bancarios o a transportes de valores y con secuestros. Este ciclo se puede cumplir en un año o año y medioâ?.
Se calcula que en 30% de los delitos de secuestro hubo participación de la delincuencia organizada; al menos así quedó registrado en 2008.
Con base en cifras de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), de los Informes de gobierno, de la CNDH, de consejos e instituciones ciudadanas en la materia, encuestas e investigaciones realizadas dentro y fuera del Centro de Estudios legislativos, se presentó también el perfil de las víctimas, en el que destaca que la mayoría son jóvenes. A nivel federal, 42% de los plagiados eran comerciantes o empresarios y tenían entre 16 y 30 años.
â??Una quinta parte de las víctimas eran (al momento del secuestro) estudiantes, y 16% empleados. No obstante, las víctimas suelen ser jóvenes, pues el grupo de edad más amplio y vulnerable se encuentra entre 16 y 30 años (37%), seguido del grupo de entre cero y 15 años (14%)â?.
Por esas víctimas, los secuestradores pretendieron obtener como rescate un promedio de 9.7 millones de pesos, de los cuales recibieron sólo 5%, equivalente a 485 mil pesos.
La cifra de los rescates sí presentó una reducción de 30% con respecto 2008, cuando se exigían hasta 14 millones de pesos por la liberación.
Según datos del estudio, en 5% de los casos de secuestro, la víctima falleció.
De 2007 a junio de este año, los secuestros se concentran en ocho estados de la República: Chihuahua (498), México (413), DF (380), Baja California (287), Michoacán (277), Guanajuato (145), Guerrero (143) y Tamaulipas (113).
â??Aunque el temor al secuestro está muy esparcido en todo el país, siete de cada 10 secuestros denunciados se concentraron en ocho entidades federativas.
â??Tres de ellas tienen en común una intensa actividad económica: estado de México, Distrito Federal y Guanajuato; dos de ellas históricamente han enfrentado grandes rezagos sociales y recientemente el crecimiento de bandas delictivas: Michoacán y Guerrero.
â??Finalmente, entre los estados con la mayor cantidad de secuestros denunciados se encuentran tres entidades fronterizas con crecimiento reciente de delincuencia organizada: Chihuahua, Baja California y Tamaulipasâ?.
En una segunda lista, con menos casos de secuestro, pero en línea creciente, están Coahuila, Durango, Morelos, Oaxaca y Puebla; en contraste, Yucatán ha registrado cero casos, mientras que Tlaxcala, Colima y Campeche tuvieron hasta seis casos en cinco años y medio.
En el informe el CESOP retoma el estudio De este delito por el que vengo: historias de vida de policías sentenciados por secuestro en la penitenciaria de Santa Martha Acatitla que da cuenta del comportamiento de 35 reclusos que pertenecieron a alguna institución policial. Ellos representan 14% del total de 259 sentenciados por secuestro en dicho penal.
â??El 33% de los entrevistados perteneció a la Policía Judicial del Distrito Federal, 32% a la Policía Preventiva de la misma entidad, y 26% a la Policía Judicial Federal o Agencia Federal de Investigación. De todos ellos, 72% eran originarios del Distrito Federal mientras que 28% había nacido en diferentes Estados de la República Mexicanaâ?, detalla el estudio.
De la información proporcionada por los presos, se deduce que las habilidades adquiridas como policías, tales como destrezas técnicas, métodos delictivos e información sobre sus víctimas, fueron utilizadas para planear y ejecutar el plagio.
Actualmente, 80% de los presos acusados del delito de privación de la libertad pagan penas por más de 17 años, y admiten que además de lo aprendido en la policía, su cercanía constante con grupos delictivos facilitó su incursión y liderazgo en la planeación y realización del secuestro.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara Baja recopiló también una serie de encuestas y entrevistas de instancias oficiales en las que se detalla el móvil del secuestro, y el secuestro exprés en México.
Según el documento Evaluación del desempeño en el combate contra el delito de secuestro 2007-2009 integrado a través de 355 denuncias anónimas entre marzo de 2008 y noviembre de 2009, en 97% de los casos, la víctima fue liberada por los delincuentes y en tan sólo en 3% la misma víctima escapó.
Casi el 50% de los delitos de este tipo se cometen en miércoles y jueves de agosto, septiembre y octubre, entre las 18 y 24 horas, con violencia extrema.
Al 62% de los secuestrados los interceptaron en un vehículo automotriz (53% de ellos en taxi), mientras que a un 16% los sometieron mientras abrían, estacionaban o cerraban sus automóviles
Un tribunal federal revocó las sentencias que se impusieron a cuatro integrantes de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace, al considerar que el delito cometido no es competencia de la normativa federal sino de la local.
La resolución del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del DF deja así sin efecto las sentencias que había dictaminado el Juzgado 16 de Distrito del Reclusorio Norte en contra de los probables responsables y ordenó que el caso sea estudiado nuevamente.
El 24 de diciembre del 2009, el titular del referido juzgado, Augusto Octavio Mejia Ojeda, impuso sentencias de 47 años de cárcel para Cesar Freyre Morales; 28 años para Juana Hilda González Lomelí, y 30 años para los hermanos Tony y Alberto Castillo Cruz.
Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima, promovió una apelación al considerar que dichas penas era «blandengues», y no correspondían a la gravedad del delito que se cometió. Exigió condenas que alcanzaran de los 86 a los 96 años de prisión.
La resolución de la causa penal fue turnada al Segundo Tribunal Unitario el cual, concluido su análisis, determinó revocar todas las sentencias impuestas, ya que las características del ilícito no se encuadran al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
«El secuestro por lo general no se comete en la hipótesis del delito federal; el delito de secuestro debía ser sancionado pero por la ley local, ya que en este caso los hechos sucedieron en el Distrito Federal», apuntó en su resolución el Magistrado del Segundo Tribunal, Ricardo Paredes Calderón.
En este contexto, se comunicó al Juzgado 16 de Distrito que las sentencias que impuso han quedado sin efecto, y se le otorgó un plazo de dos meses para que dicte una nueva resolución que se sustente en el Código Penal del DF
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, promulgó hoy una ley que bloquea las cuentas bancarias de los secuestrados y sus familiares y establece que sólo el Ministerio Público podrá negociar con los delincuentes en un eventual plagio.
La normativa fue planteada tras el último secuestro ocurrido en
este país sudamericano, cuya víctima fue el acaudalado ganadero Fidel
Zavala, por quien el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP), que le tuvo cautivo 94 días, cobró un millón de dólares.
A través de esta ley fueron modificados varios artículos del
Código Penal, siendo el principal cambio la restricción de disponer
de los bienes familiares de quien se encuentre secuestrado, limitando
las operaciones bancarias de las víctimas de plagios.
De acuerdo con el texto de la legislación, se otorga al Estado
la potestad exclusiva para coordinar las negociaciones con los
delincuentes y establecer los procedimientos a ser adoptados mientras
las víctimas permanezcan privadas de su libertad.
Una vez en conocimiento de un caso de secuestro, el Ministerio
Público podrá disponer de los bienes de la víctima para evitar el
pago del rescate y desalentar los hechos de este tipo, precisó una de
las fundamentaciones de la ley.
La nueva legislación también limita las sumas de las operaciones
bancarias de los familiares de los secuestrados y precisa que los
retiros de montos que no estén bajo custodia judicial deberán ser
informados por las entidades al Ministerio Público.
Se especificó que los bancos y financieras de Paraguay que no
proporcionen dichos datos deberán pagar al Estado una multa y que las
empresas de telefonía celular deberán adecuar sus equipos para
cooperar con las autoridades de esta nación