La Corte Suprema de Justicia de Honduras garantizó a los diputados brasileños que el gobierno de facto no invadirá la sede diplomática del país sudamericano, donde se encuentra refugiado el depuesto presidente Manuel Zelaya desde el 21 de septiembre.
El legislador brasileño Raul Jungmann afirmó que el presidente del máximo tribunal hondureño, Jorge Rivera,aseguró la integridad de la embajada, de los diplomáticos y de los brasileños residentes en Honduras.
«Fue enfático. Dijo que no existe ninguna posibilidad de invasión. Afirmó que … podemos llevar a Brasil el mensaje de que la integridad de la comunidad brasileña en el país está garantizada», dijo a la estatal agencia de noticias Brasil.
Jungman y otros cinco diputados llegaron el miércoles por la noche a Honduras para verificar la situación de la embajada y los brasileños.
El también congresista brasileño Iván Valente dijo que esperan contribuir para solucionar la «compleja» situación hondureña. Opinó que Brasil «no tenia opción en dar asilo al presidente Zelaya, porque es el presidente constitucionalmente electo de Honduras».
Asimismo, apuntó que «la embajada fue agredida con gases tóxicos y esperamos que no vuelve a ocurrir… eso es muy grave», dijo.
Zelaya fue derrocado el 28 de junio por un golpe de estado militar, y el congreso designó como presidente a Roberto Micheletti.
El mandatario derrocado regresó hace nueve días sorpresivamente a Tegucigalpa y se refugió en la embajada brasileña donde aguarda ser reinstalado en el cargo por gestiones de la comunidad internacional, que lo respaldan.
El líder del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, Juan Barahona, rechazó el jueves la propuesta lanzada la víspera por la iglesia católica de conformar una mesa de diálogo en un esfuerzo por encontrar una salida a la crisis.
El obispo Juan José Pineda dijo que la iniciativa consiste en que Micheletti y Zelaya nombren cada uno a dos o tres representantes y con la participación de dos mediadores, uno de Honduras y otro que a su juicio puede ser el canciller y vicepresidente panameño Juan Carlos Varela, busquen una salida a la crisis.
Barahona acusó a la iglesia católica de «estar aliada a los golpistas».
Reiteró que los partidarios de Zelaya establecen «dos condiciones fundamentales» no negociables para que haya un diálogo en favor de la paz hondureña: la restitución inmediata de su líder y la convocatoria al pueblo a una Constituyente para reformar la ley fundamental del país.
Cesar Cáceres de la oficina de prensa de la presidencia dijo que de momento no ha habido una reacción de Micheletti en torno a la propuesta de la iglesia.
Numerosos sectores sociales continuaron el jueves presionando al presidente de facto a levantar una serie de restricciones a las libertades públicas que impuso el sábado bajo el pretexto de garantizar la paz y seguridad en el territorio nacional.
«Hemos recibido 14 amparos (de los zelayistas) contra el toque de queda, que rechazamos, y cinco contra las medidas de excepción que aplica el gobierno, las que admitimos y analizamos», afirmó el jueves en rueda de prensa el magistrado de la Corte Constitucional, Gustavo Bustillo.
Las disposiciones prohiben reuniones de más de 20 personas y manifestaciones callejeras sin permiso, permiten a la policía mantener arrestados a las personas por más de 24 horas y allanar la morada de sospechosos de participar en actos de violencia pública contra el Estado.
Honduras también se prepara para recibir el viernes una misión de avanzada de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la finalidad de preparar la posterior visita de una comitiva de cancilleres y el secretario general de la organización, José Miguel Insulza.