Los directivos del Congreso decidieron el martes que antes de debatir la eventual reinstalación del presidente derrocado Manuel Zelaya, harán consultas al respecto con varios órganos de gobierno. El diputado Ramón Velásquez, uno de los secretarios del legislativo, informó a la AP que se consultará a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Procuraduría General y el Comisionado de Derechos Humanos antes de convocar a los legisladores para discutir el punto álgido del pacto alcanzado el jueves: el retorno o no de Zelaya a la presidencia.
«No hay un plazo dado a esas instancias para que den sus opiniones, pero esperamos que sea lo más pronto posible», manifestó Velásquez, del minoritario Partido Demócrata Cristiano y reticente a la reinstalación del gobernante depuesto. El diputado Erick Rodríguez, un liberal aliado a Zelaya que participó de la reunión de la junta directiva y los líderes de las bancadas, señaló a la prensa que no estuvo de acuerdo con esa resolución. «Si es un arreglo político, por qué elevarlo a la Corte Suprema», se preguntó.
Poco después que concluyera la reunión en el Congreso, arribaron a esta capital la secretaria de Trabajo de Estados Unidos Hilda Solís y el ex presidente chileno Ricardo Lagos, quienes trabajarán junto a un representante designado por Zelaya y otro por el presidente de facto Roberto Micheletti en la verificación del cumplimiento del pacto entre las partes. «Ojalá podamos poner todos los esfuerzos para sacar adelante el acuerdo», dijo Lagos al llegar al hotel, donde horas más tarde quedaba instalada la Comisión de Verificación, coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA). «Estamos confiados en que se puedan dar los pasos… se trata de trabajar en pro de la reconciliación», añadió.
Solís resaltó que la administración del presidente Barack Obama está «muy enfocada en este tema. Vengo a trabajar con ustedes y ver dónde y cómo vamos a encontrar una solución». El acuerdo firmado por las partes en conflicto establece que el Congreso debe retroceder la titularidad del poder ejecutivo a su estado previo al 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado de país por militares. El líder depuesto permanece refugiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa desde hace más de un mes.
Zelaya ha pedido al Congreso que resuelva su retorno al poder para antes del jueves, cuando según el acuerdo debe conformarse e instalarse el gobierno de reconciliación nacional, que velará por los comicios presidenciales del 29 de noviembre y debe entregar el poder al ganador el 27 de enero. Pero la medida de los directivos del Congreso pareció alimentar más la incertidumbre respecto a la fecha en que convocará al plenario para definir la suerte de Zelaya. A este órgano no se le establecieron términos para finiquitar el asunto, aunque los aliados de Zelaya consideran que el pronunciamiento legislativo debería ir al paso del calendario establecido en el acuerdo.
Es decir, que Zelaya debería encabezar desde el jueves el gobierno de unidad. Alrededor de un millar de simpatizantes de Zelaya se plantó a la entrada del Congreso para demandar el regreso del mandatario depuesto, en una caldeada manifestación en que se mostraron pancartas con mensajes a los legisladores como «De ustedes depende la paz de nuestro pueblo» y «Si no hay restitución, no hay elección».