Etiqueta: republicanos

  • Llaman democratas a Bill Clinton

    Conforme avanzan los momentos y tiempos polí­ticos en Estados Unidos, la presión por las elecciones que tienen verificativas en ciertos estados de la unión, están a la vuelta de la esquina.

    Barack Obama si bien ha logrado magros resultados está haciendo lo correcto dentro del margen de lo permitido, siendo que tiene la mayorí­a en el congreso norteamericano.

    No olvidemos que la reforma de salud que en EU se aprobó este mismo año, le ha venido costando varios dolores de cabeza (y como decimos los analistas, trastornos de sueño) así­ como la enemistad de muchos.

    Propios y extraños, ven que la cruzada de la Casa Blanca por mantener aun el control de la polí­tica de la nación ante las urnas en unas semanas, esta complicada.

    Demasiados frentes de guerra abiertos, han logrado debilitar a Barack Obama ante la opinión pública de electores que no mostrando razón en su elección, podrí­an castigarle sin ton ni son.

    Los latinoamericanos están esperando una reforma que mitigue un poco la situación que guardan en EU, pero no se ve fácil una reforma integral que ciudadanice a 13 millones de inmigrantes.

    La economí­a es sin duda, una cuenta pendiente, el crecimiento del déficit, los rescates que se dieron al inicio de su administración así­ como los magros resultados que se vienen viendo en créditos, empleo y confianza, no son las mejores armas para pedir el voto de confianza en Obama.

    ¿Qué hacer?

    Llamar refuerzos, el ex presidente Bill Clinton, esposo de la senadora Hillary Clinton por el estado de Nueva York, llega a buscar apoyos y aparecer en medios de comunicación diciendo que â??EU va por buen caminoâ?.

    Debo reconocer que el ex presidente Clinton goza de un encanto entre propios y extraños, liberales y conservadores y esta con la tarea a cuestas de echar al partido adelante y evitar a toda costa, la perdida de la mayorí­a demócrata en el congreso norteamericano.

    ¿Lo lograra?

  • Republicanos desean la SB1070

    A sólo unas horas de que la juez Susan R. Bolton escuche en una corte de Phoenix los argumentos del gobierno federal para suspender la aplicación de la legislación antiinmigrante de Arizona, un bloque de 81 congresistas republicanos han presentado argumentos para tratar de â??matarâ? el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Departamento de Justicia.
    En un documento presentado como â??amigos de la corteâ? â??que han utilizado para solidarizarse con la gobernadora de Arizona, Jan Brewerâ??, los republicanos sostienen que la demanda del gobierno federal carece de mérito y que el estado de Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
    En su argumentación, de casi 10 páginas, el bloque de congresistas republicanos han querido así­ reforzar la postura de la gobernadora Jan Brewer ante la avalancha de mociones y argumentos presentados contra la SB1070 por organizaciones defensoras de los derechos civiles y por algunas entidades extranjeras, entre ellos el bloque de paí­ses de América Latina que encabeza México y al que se han sumado Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.
    En su alegato, el bloque republicano (que incluye a cinco senadores y a 76 representantes) sostiene que â??los principios constitucionales del federalismo y la separación de poderes se encuentran bajo amenaza por las demandas que han sido presentadas contra el estado de Arizonaâ?. Además, consideran que el Congreso de EU, que tiene plenos poderes para regular la presencia de inmigrantes o extranjeros en suelo estadounidense, â??ha alentado continuamente a los estados para que éstos apoyen el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
    â??Y la SB1070 es consistente con ese intentoâ? por cumplir las leyes de inmigración, por lo que â??se deberí­a negarâ? la petición presentada por el Departamento de Justicia para suspender la entrada en vigor de la polémica ley el próximo 29 de julio. Al justificar este intento por obstaculizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la administración Obama, el representante por California, Brian Bilbray, aseguró que â??el gobierno federal incumplió su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal en relación con la inmigración, y la ley de Arizona no está por encima de los estatutos federalesâ?.
    A los argumentos presentados por el bloque de 81 congresistas republicanos se sumará este jueves la demanda que interpondrá la Asociación Latina de Republicanos por Arizona (ALRA).
    La administración del presidente Barack Obama presentó el pasado 6 de junio ante una corte de Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la polémica legislación. El Departamento de Justicia argumenta que la ley de Arizona no sólo es violatoria de la ley de supremací­a de la Constitución en la medida que la migración es regulada por las leyes federales y no por la legislación estatal, sino que puede derivar en hostigamiento a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
    En caso de que la juez Susan R. Bolton no acepte la impugnación presentada por el gobierno de Obama antes del próximo dí­a 29, la SB1070 entrarí­a inmediatamente en vigor.
    La ley otorga poderes a las policí­as locales para pedir papeles a individuos que han sido detenidos en el estado y, en caso de ser indocumentados, entregarlos a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo para ser expulsados del paí­s.
    Entre tanto, el jefe de la Mesa Directiva del Senado de México, Carlos Navarrete Ruiz, anunció ayer en Ginebra el apoyo de los lí­deres de Parlamentos de 10 paí­ses y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa contra la ley SB1070 de Arizona

  • Barack Obama, republicanos y la economia

    El presidente Barack Obama fustigó a los senadores republicanos el sábado, acusándolos de obstaculizar por cálculo político las medidas que extenderían los pagos a desempleados y aumentarían los préstamos a pequeños negocios.

    En su alocución semanal por la radio y la internet, Obama dijo que la cúpula del partido opositor ha decidido »obstaculizar nuestra recuperación y nuestro progreso», al bloquear votaciones sobre medidas que el presidente dice ayudarían a reactivar la economía.

    »Estas medidas no son solamente las que necesitan las personas más afectadas por la recesión», dijo Obama. »Todos nosotros las necesitamos».

    El discurso fue grabado en la Casa Blanca antes de que Obama volase a Maine el viernes para vacaciones con su familia.

    Los legisladores han estado enfrascados en debates desde hace semanas sobre la extensión de los pagos por desempleo para trabajadores que han estado desocupados por largos períodos de tiempo. La última extensión expiró al final de mayo, dejando a 2,5 millones de personas sin pagos.

    La cámara baja ya aprobó un proyecto de ley para extender los pagos hasta noviembre, pero con la muerte del senador Robert Byrd, los demócratas no tienen los 60 votos necesarios para superar los procedimientos obstruccionistas republicanos. El Senado planea debatir la medida nuevamente el martes.

    Obama dijo que era la obligación moral y práctica de los legisladores extender los pagos, y citó a algunos economistas según los cuales extender el seguro de desempleo es una de las formas más eficientes de estimular la economía, porque coloca dinero en manos de personas que muy probablemente lo van a gastar de manera inmediata.

    Los 34 mil millones de dólares necesarios para extender los pagos se añadirían a la creciente deuda del país. Los republicanos han estado aprovechando la preocupación y la indignación del público por esa deuda, diciendo que solamente apoyarían la extensión si se encuentra una forma de pagar por la ley.

    Obama replicó en su discurso, diciendo que los republicanos están montando resistencia a expensas de los desempleados »luego de años que defender políticas que convirtieron un superávit récord en un déficit enorme».

    Obama llamó además a los legisladores a enviarle un paquete de exenciones fiscales y extensiones de créditos para pequeñas empresas. Los demócratas esperan forzar a los republicanos a votar sobre la propuesta de ley para pequeños negocios antes del receso del Congreso en agosto

  • Calderon Hinojosa reclama a EU

    La petición del presidente Felipe Calderón al Congreso de Estados Unidos para que vuelva a instaurar la prohibición a la venta de armas de asalto y las crí­ticas que hizo a la ley antiinmigrantes de Arizona generó entre polí­ticos conservadores un fuerte rechazo al mandatario mexicano.

    Al dirigirse en sesión solemne al Congreso General de Estados Unidos, Calderón se refirió al combate al crimen organizado que realiza su gobierno, lo que aprovechó para lanzar un llamado de cooperación:

    â??Existe un tema donde México necesita de su ayuda: detener el flujo de armas de alto poder y otro armamento legal a través de la fronteraâ?.

    Pidió a los congresistas reconsiderar la restitución de la prohibición a la venta de armas de asalto, que fue derogada en 2004. â??Entiendo que la Segunda Enmienda garantiza a todos los buenos ciudadanos americanos la capacidad de defenderse a sí­ mismos. Pero créanme que muchas de estas armas no están terminando en manos de americanos honestos (…) están terminando en manos de criminalesâ?, explicó.

    En el tema migratorio, ratificó su desacuerdo con la ley migratoria de Arizona.

    â??No sólo ignora una realidad que no puede borrar por decreto, sino que también introduce una terrible idea de usar los rasgos raciales como base para aplicar la leyâ?, dijo mientras recibí­a el aplauso sólo del ala demócrata. Se dijo convencido de la necesidad de una â??reforma migratoria integralâ?, para lograr una frontera común segura.

    En su intervención, de 36 minutos, el Presidente fue ovacionado al menos 27 veces. La fracción demócrata no regateó los aplausos ni la dirigente del PRI, Beatriz Paredes, o el senador Carlos Navarrete, del PRD.

    Al final de la sesión varios legisladores republicanos consideraron â??inapropiadoâ? e â??injerencistaâ? el discurso.

    El senador por Texas, John Cornyn, dijo que los estadounidenses no tienen que sacrificar sus libertades para resolver problemas de otras naciones.

    Orrin Hatch, de Utah, consideró inapropiado que un jefe de Estado cuestione leyes de su paí­s. Jeff Sessions, de Alabama, señaló que la solución es un muro fronterizo. â??Así­ no pasarí­an armas al sur ni indocumentados o drogas al norteâ?

  • Reforma migratoria en EU necesita de todos

    El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó ayer los festejos del 5 de mayo en los jardines de la Casa Blanca para repudiar públicamente la legislación antinmigrante de Arizona, así­ como para insistir en que se propone trabajar a partir de este mismo año con demócratas y republicanos para hacer realidad una reforma migratoria justa y comprensiva.

    Ante un selecto grupo de aproximadamente 300 personas que se congregaron en el jardí­n de las rosas de la Casa Blanca â??y entre quienes destacaban en primera fila el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y el embajador de México, Arturo Sarukhánâ??, el presidente Obama volvió a insistir en su intención de revisar los elementos constitucionales de una ley que amenaza con vulnerar los derechos civiles de cientos de miles de ciudadanos e inmigrantes de origen latino.

    â??No podemos permitir que se señale a la gente por su aspecto, por la forma en que habla o por su vestimenta. No podemos convertir a ciudadanos estadounidenses y a inmigrantes que respetan la ley en sujetos de sospecha y abusos. No podemos dividir al pueblo americano de esa forma. Esa no es la forma de ser de Estados Unidosâ?, aseguró Obama ante un auditorio que festejó su mensaje, en momentos en que el temor a una oleada antiinmigrante vuelve a preocupar a la comunidad latina en EU.

    El mensaje de Obama, un intento por aplacar las crí­ticas del caucus hispano que le ha criticado por su falta de resolución a la hora de impulsar un acuerdo bipartidista, ha querido así­ cauterizar las heridas de las fuerzas hispanas vivas en el Capitolio, y de una comunidad inmigrante que ha rechazado mediante marchas multitudinarias la promulgación de la legislación antiinmigrante SB1070 en Arizona.

    â??Por supuesto que será difí­cil. Pero se puede hacer, se necesita hacerâ?, insistió Obama en referencia a los contactos que deberá reiniciar para tratar de recomponer el consenso bipartidista que apenas la semana naufragaba, tras el anuncio de Lindsay Graham, el único senador republicano que se habí­a comprometido a apoyar un proyecto de reforma migratoria, de abandonar el barco de la negociación.

    El pronunciamiento de Obama contra la legislación antiinmigrante de Arizona deberá sortear el ambiente en contra que hoy se respira en el Congreso, donde la totalidad de los republicanos y un sector conservador del Partido Demócrata se han resistido a arrimar el hombro para impulsar una reforma migratoria que no es bien vista por los electores, cuando el í­ndice de desempleo se mantiene inamovible en 9.8%.

    A pesar de ello, el presidente Obama se ha arriesgado a empeñar su palabra durante los festejos del 5 de mayo que, en Estados Unidos, se han convertido en una forma de honrar el legado hispano que hoy más que nunca se encuentra en entredicho por los alcances de una legislación que, precisamente, intenta reducir a su mí­nima expresión la presencia demográfica y cultural de los inmigrantes hispanos en Arizona

  • Retiro de ciudadania a terroristas

    Líderes demócratas y republicanos del Congreso presentaron este jueves una medida bipartidista que, de aprobarse, retirará la ciudadanía estadounidense a personas vinculadas con grupos terroristas o que luchan contra Estados Unidos.

    El senador independiente Joe Lieberman presentó el proyecto de ley durante una rueda de prensa en la que explicó que «ser ciudadano estadounidense significa algo» y quien traiciona a Estados Unidos al tomar las armas en su contra «renuncia a su derecho de ser un ciudadano estadounidense» .

    El «Acta para la Expatriación de Terroristas», secundada por el senador Scott Brown y los legisladores Jason Altmire y Charlie Dent de la Cámara de Representantes, permitiría que el Departamento de Estado retire la ciudadanía a estadounidenses capturados en el exterior y que tienen lazos con grupos terroristas.

    Los detenidos también podrían ser procesados en un tribunal militar, según la iniciativa que busca ampliar y modernizar una ley federal de 1940 que estipula las categorías de actos sujetos a la «expatriación» .

    La legislación, de todas maneras, no tiene carácter retroactivo por lo que, aún si la aprueban ambas cámaras del Congreso, ésta no aplicaría en el caso contra Faisal Shahzad, el paquistaní naturalizado estadounidense acusado por el fallido atentado en Times Square el sábado pasado.

    La secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, explicó que su agencia ya tiene autoridad para expatriar a personas involucradas en actos terroristas pero se aplica principalmente a quienes «declaran algún tipo de alianza a un Estado extranjero» .

    «Creo que como ya tenemos esta autoridad y se ha utilizado en el pasado, tendremos que evaluar cuidadosamente (la iniciativa)» , agregó Clinton, quien recordó que la ciudadanía estadounidense «es un privilegio, no un derecho» .

    Clinton hizo esas declaraciones tras una reunión con el primer ministro de Lituania, Andrius Kubilius.

    Según explicaron los partidarios de la medida, el objetivo es impedir que los terroristas utilicen sus pasaportes para reingresar a suelo estadounidense.

    Sin embargo, la medida también ha generado escepticismo entre algunos legisladores y grupos defensores de los derechos civiles.

    El senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, dijo a la cadena Fox News que la medida «va demasiado lejos» y que «hay maneras de resguardar la seguridad sin abandonar algunos de los principios más fundamentales» de la nación.

    «Retirar la ciudadanía de alguien sin algún tipo de proceso judicial me parece un pasado demasiado lejos» , explicó Durbin.

    El senador republicano Lindsey Graham considera que esta medida eliminaría la posibilidad de que el Gobierno estadounidense procese a un estadounidense por cargos de traición.

    «No quiero que se elimine de la mesa la capacidad de acusar a alguien de traición, a un ciudadano estadounidense que esté ayudando a Al Qaida o a los talibanes» , precisó Graham.

    Mientras, Laura Murphy, directora de la oficina legal de Washington de la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU) , dijo en un comunicado que la legislación presentada hoy «es anticonstitucional e ineficaz» .

    La iniciativa, según la experta, es especialmente «atroz» porque se basaría en sospechas y «en la determinación potencialmente errónea» que hagan las autoridades del Departamento de Estado sobre la culpabilidad de las personas.

    «Este proyecto de ley pone de cabeza toda la noción del debido proceso» judicial en Estados Unidos, agregó Murphy.

    Según un dictamen del Tribunal Supremo de EU, aunque algunos actos pueden fundamentar la revocación de la ciudadanía estadounidense, la única forma de que un estadounidense pierda su ciudadanía es si renuncia a ella expresamente

  • Phoenix atacara tambien Ley Antiinmigrante de Arizona

    El alcalde de Phoenix, Phil Gordon, declaró hoy que este martes pedirá al cabildo de gobierno de la ciudad autorización para que el procurador de distrito local demande a la ley antiinmigrantes SB 1070 ante una corte estatal de Arizona.

    Gordon dijo a reporteros locales que tendría que solicitar el permiso mañana martes porque este lunes el consejo de gobierno tenía una agenda saturada de ocupaciones.

    El alcalde señaló que el procurador puede pedir a una corte una orden para que la legislación, conocida como la más severa contra los inmigrantes en Estados Unidos, quede sin efecto en tanto se determina si es constitucional y si de activarse no afectaría los derechos de las personas.

    Al mismo tiempo, Gordon solicitará al Departamento de Justicia que revise si la ley SB 1070 atenta contra los derechos civiles de los residentes y visitantes latinos a Phoenix

  • Barack Obama beneficia parejas homosexuales

    En un nuevo impulso a su agenda en materia de derechos civiles, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió ampliar los beneficios de las parejas gay y firmó un memorándum ejecutivo que obliga al sistema hospitalario que recibe fondos federales a poner fin a cualquier tipo de trato discriminatorio contra parejas del mismo sexo.

    La decisión de Obama, un nuevo gesto en favor de la comunidad gay en Estados Unidos, supone un nuevo intento por recuperar el apoyo de un electorado que le impulsó a la Casa Blanca y por terminar con la humillación y marginación de miles de parejas del mismo sexo que no son aceptadas legalmente como matrimonios y que suelen ser excluidas de las salas de cuidados intensivos o de los trámites para dar cumplimiento a la última voluntad de sus seres queridos.

    â??A menudo se impide a estas personas estar junto al lecho de sus parejas, con las cuales han compartido décadas de sus vidas, y tampoco pueden actuar como representantes legales si sus parejas han quedado incapacitadasâ?, dijo sin mayores rodeos el presidente de EU en un documento que fue distribuido por la Casa Blanca.

    Eso no es justo, añadió Obama, ya que â??pocos momentos hay en nuestra vida que exigen mayor compasión y compañí­a que cuando un ser querido es ingresado en un hospitalâ?.

    La sola emisión de este memorándum ejecutivo obligó a la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, a emitir nuevas reglas para corregir las prácticas discriminatorias de los centros hospitalarios por cuestiones de sexo o preferencias sexuales.

    Esta nueva polí­tica también aplicará a parejas heterosexuales que nunca se hayan unido legalmente en matrimonio. Las normas serán de obligado cumplimiento en aquellas instituciones hospitalarias que reciban fondos públicos de Medicaid y Medicare y que tendrán que respetar la voluntad de los pacientes a la hora de confeccionar las listas de las visitas que están autorizadas a visitarles y, en de ser necesario, a hacerse cargo de su última voluntad. Obama dijo que su decisión se inspiró en casos como el de Janice Langbehn, quien no pudo visitar o asistir a su pareja, Lisa Pond, fallecida en el hospital en septiembre pasado.

    Pero grupos conservadores manifestaron su rechazo por considerar que esta disposición presidencial amenaza con socavar â??la sacrosanta instituciónâ? del matrimonio entre hombre y mujer. â??Este memorándum supone además una intromisión inaceptable del gobierno en los más mí­nimos detalles del sistema sanitarioâ?, dijo Peter Sprigg, del Family Research Council

  • Arizona y ley antimigracion

    La aprobación en el estado de Arizona de una nueva ley que obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales, suscitó la indignación entre organizaciones de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos.

    Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad en caso de que tengan una «sospecha razonable» de que pueda ser un indocumentado.

    El senador republicano Russell Pearce, autor de la legislación, asegura que la medida está diseñada para detener «la espiral» del costo que implica la presencia en el estado de los inmigrantes indocumentados.

    Pero sus críticos indicaron que la nueva ley transformará a Arizona en un «estado policial».

    «Ya basta», le expresó el senador Pearce a BBC Mundo. «No existe ninguna evidencia de que eso es lo que va a suceder, son las mentiras de la izquierda».

    «Somos una nación de leyes y la ley es lo que importa», agregó el legislador republicano.

    Pearce dijo que le van «a quitar las esposas que atan a los policías y se las vamos a poner a los malos».

    Tras lograr el visto bueno de las dos cámaras legislativas, se espera que la gobernadora Jan Brewer, también republicana, estampe su firma en la ley la próxima semana y que entre en efecto 90 días después

    La legislación convierte en delito ser un inmigrante indocumentado en Arizona, así como cualquier actividad que implique ayudar a personas sin el estatus legal requerido para residir en el país.

    Actualmente, la policía sólo puede preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo si esa persona es sospechosa de haber cometido algún crimen.

    Bajo la nueva normativa S.B. 1070, los departamentos de la policía podrían ser demandados si no se dedican a perseguir indocumentados.

    El Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) calificó la medida de «alarmante e inconstitucional».

    «Esta ley es una afrenta a los derechos civiles y convertirá a todos los latinos en sospechosos en sus propias comunidades sin importar su estatus migratorio», declaró Janet Murguía, presidenta del NCLR.

    «Al jugar políticamente con la seguridad pública, la legislatura estatal de Arizona ha demostrado que no comprende la realidad, la tarea de la policía local y el papel crucial que tiene la confianza en la garantía de la seguridad pública», comentó Arturo Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento y director de la Iniciativa para el Compromiso de la Aplicación de la Ley (LEEI, por sus siglas en inglés).

    El senador Pearce le aseguró a BBC Mundo que la normativa cuenta con el apoyo de nueve de los 15 departamentos de policía de Arizona, además del 80% del público local.

    Sin embargo, decenas de personas se manifestaron este miércoles frente a la gobernación estatal para reclamar a la gobernadora Brewer que no promulgue la ley.

    «Nosotros no pensábamos que se podían poner peor las cosas aquí», le indicó a BBC Mundo Carlos García, uno de los organizadores de la protesta.

    «Esta ley es un paso más para crear una división de razas en Arizona. Cualquier hispano que vaya por la calle ahora podrá ser detenido para que le revisen sus documentos», agregó García, dirigente de la organización comunitaria Puente.

    El líder comunitario afirmó que la legislación «no sólo va a crear el terror entre los indocumentados sino entre todos los latinos».

  • Barack Obama habla del «tea party»

    El presidente Barack Obama midió sus palabras al referirse por vez primera al movimiento conservador conocido como «tea party», y reconocer que ese grupo plantea preocupaciones legítimas sobre el gasto y los límites federales.

    Sin embargo, Obama añadió que el núcleo de este grupo informal y antigubernamental sí se ha ido «a los extremos».

    El fenómeno político, surgido hace apenas un año, tiene inquietos a los líderes de ambos lados del espectro político.

    Los republicanos quieren aprovechar la pasión y los votos de los discípulos del movimiento, para quitar a los demócratas el control del Congreso en las elecciones legislativas de este año. En cuanto a los demócratas, se han enfocado principalmente en marginar o ignorar al «tea party».

    Por ejemplo, varios funcionarios demócratas dicen que no hay todavía una estrategia aparente en la Casa Blanca para combatir la creciente influencia de esta red.

    El «tea party» debe su nombre al «Motín del Té», ocurrido en el siglo XVIII, cuando los colonos arrojaron al mar los cargamentos de té procedentes de Gran Bretaña, un hecho que se considera precursor de la Guerra de Independencia. El movimiento de corte populista y conservador condena el aumento del déficit y de los impuestos, y se pronunció vehementemente contra la reforma de salud impulsada por Obama.

    Pero la coalición sin líderes, surgida en comunidades en distintas zonas del país poco después de que Obama asumió el poder, el año pasado, parece tener cierto poder real.

    Una encuesta realizada la semana anterior por el diario The Washington Post y la cadena ABC mostró que hay más simpatizantes que detractores del movimiento, y que 62% de la población considera que el «tea party» tiene mediana o suficiente influencia en el Partido Republicano.

    Además, los miembros de la coalición no se han vinculado con partido político alguno, y cuentan en sus filas con votantes independientes e incluso con demócratas moderados. El grupo es diverso, y está dividido casi en todo, salvo en su deseo de un gobierno limitado, que gaste menos y que ponga fin a las políticas de Obama.

    Todo ello se reflejó en el manejo diplomático dado por Obama al tema cuando se lo planteó el lunes un entrevistador en la televisión de la cadena NBC.

    El presidente dijo que el movimiento se construye en un «núcleo» de personas que dudan si él es un ciudadano estadounidense, y que lo consideran un socialista. Pero más allá de eso, reconoció que el movimiento involucra a personas con «preocupaciones generales, legítimas», sobre la deuda nacional, la expansión del gobierno y los gastos onerosos.

    «No quiero generalizar y decir que todos los que están involucrados o han ido a una concentración o encuentro del ‘tea party’ se han ido a los extremos», dijo Obama. «Sí creo que hay un círculo más amplio alrededor de ese núcleo de personas, y que ese círculo más amplio está legítimamente preocupado por el déficit, que es una inquietud legítima, y por el hecho de que el gobierno federal pueda meterse en demasiadas cosas»