El arresto de dos indígenas implicados en el reciente asesinato de un periodista en el sur del país supuestamente por un incidente de tránsito, comenzó a provocar dudas sobre la eficacia oficial para resolver ataques a la prensa en un México visto como el más peligroso en la región para el ejercicio periodístico.
Los detenidos declararon que el periodista Jorge Alberto Ochoa Martínez, director del semanario El Sol de la Costa, circulaba en sentido contrario y al no ceder el paso a un taxi se generó una discusión que llevó a que un tercero -aún prófugo- le disparara en una ocasión, informó el jueves el procurador estatal Albertico Guinto.
«Fue un hecho fortuito y circunstancial», aseguró Guinto sobre el crimen del 29 de enero. Fue el tercer periodista asesinado en el transcurso de 2010.
Agregó que los indígenas detenidos eran supuestos pasajeros del taxi e incitaron al chofer para que diera muerte al periodista.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras dijo el viernes en un comunicado que el supuesto móvil del crimen de Ochoa es «poco creíble». Afirmó que las explicaciones «están lejos de responder al reto que implica la lucha contra la impunidad y la protección de una prensa gravemente amenazada».
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido desde hace algunos años sobre los riesgos que enfrenta la prensa en diversas zonas del país, el cual enfrenta una creciente violencia del narcotráfico. Algunos crímenes de periodistas han sido directamente atribuidos a grupos del narcotráfico en represalia por su trabajo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado el asesinato de 60 periodistas desde el 2000 y ha dicho que la impunidad es el sello característico de las agresiones.
Carlos Lauria, del Comité para la Protección de Periodistas, dijo el viernes a la AP no contar con suficiente información para expresarse sobre las afirmaciones de la Procuraduría estatal sobre el caso Ochoa, aunque consideró que «lo cierto es que Guerrero se ha convertido en uno de los estados más letales en México».
Esta semana, las organizaciones internacionales han puesto especial atención en la ciudad fronteriza norteña de Reynosa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que ocho periodistas fueron secuestrados en Reynosa en un lapso de dos semanas, uno de los cuales habría muerto al parecer por tortura. Lauría dijo que la CPJ ha podido corroborar cinco secuestros de periodistas.
«La realidad es que México se ha convertido claramente en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, en América Latina sin duda, y uno de los más peligrosos en el mundo», señaló.