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Obligados a irse de la República Dominicana, Anise Germain y su familia levantaron una precaria carpa con mantas y cartones en un terreno rocoso del lado haitiano de la frontera.
Diez meses después, las cosas están mejorando. Germain, su esposo y sus tres hijos fueron reubicados en una casita de bloques de hormigón cerca de la localidad fronteriza Anse-a-Pitres. No tienen agua corriente ni electricidad, pero ya no están librados a su suerte en un campamento desolado para personas que escaparon o fueron obligadas a irse de la República Dominicana en medio de una campaña para deshacerse de haitianos que se encontraban en el país ilegalmente o que no tenían documentos.
«Creo que estaremos mejor aquí», dijo Germain mientras veía a sus hijas menores jugando en un patio en el que hay un par de árboles de bananos y papaya y suficiente espacio para una pequeña huerta.
Las autoridades reubicaron a la familia al enfrentar una nueva crisis: el surgimiento de campamentos escuálidos en la frontera, parecidos a los que el gobierno y las organizaciones de ayuda pasaron años tratando de disolver tras el devastador terremoto del 2010.
En el próximo mes las autoridades esperan reubicar 2.400 personas de media docena de campamentos, ofreciéndoles subsidios para que alquilen viviendas por un año en pueblos del sudeste de Haití. La Organización Internacional para la Migración está coordinando los esfuerzos con 2 millones de dólares de un fondo de emergencia de las Naciones Unidas.
«Haremos que se instalen en viviendas por un año para que tengan suficiente tiempo para encontrar oportunidades económicas y puedan mantenerse a sí mismos», dijo Fabien Sambussy, jefe de operaciones del organismo de la ONU en Haití.
En los campamentos de la frontera, con casuchas amontonadas y senderos polvorientos, que se asan bajo el sol y se inundan cuando llueve, habitan migrantes pobres que hablan una mezcla de creole y de español. La mitad aproximadamente son niños y las autoridades dicen que hay una creciente cantidad de casos de cólera y que temen que se produzca una epidemia.
Los primeros campamentos surgieron en junio del año pasado. Los haitianos que venían de la República Dominicana comprobaron que no tenían adónde ir en Haití porque llevaban tanto tiempo viviendo en el país vecino que habían perdido toda conexión con su tierra natal y no tenían las herramientas necesarias para sobrevivir en la parte más pobre de la isla La Española.
Germain, de 32 años y embarazada, encaja dentro de esa categoría. Sus padres se fueron a la República Dominicana para trabajar en el campo cuando ella tenía seis años y se instalaron en un barrio marginal cerca de La Ceiba.
«La vida es dura en Haití, pero era dura también en la Dominicana», afirmó.
Sus padres, que ya fallecieron, jamás les sacaron la residencia legal a sus hijos.
La República Dominicana, que siempre ha tenido una relación tensa con su vecino, mucho más pobre, ya no es tan hospitalaria con los inmigrantes, sobre todo los haitianos.
En los últimos años las autoridades dominicanas comenzaron a reforzar la vigilancia de la porosa frontera y a deportar a las personas que no tienen o no pueden comprobar su residencia legal.
En septiembre del 2013 el tribunal constitucional dominicano dictaminó que los niños nacidos en el país, hijos de personas que no son ciudadanas no pueden ser considerados dominicanos ya que sus padres estaban «en tránsito». La decisión fue retroactiva, con lo que mucha gente que pensaba que tenía un status legal se encontró con que no tenía estado, pues no era ni dominicana ni haitiana.
Ante las numerosas críticas internacionales, el gobierno dominicano creó un programa que permite a las personas nacidas en Haití recibir la residencia legal si pueden comprobar fehacientemente que estaban en el país desde antes de octubre del 2011.
Mucha gente no pudo comprobarlo y se va del país por voluntad propia, por temor a represalias. La Organización Internacional para la Migración dice que al menos 78.000 personas se fueron de la Dominicana a Haití.
«Me vine con mi familia a Haití porque tenía miedo de que nos matasen», afirmó Inez Celestin, una de muchas personas que dicen que tienen derecho a la residencia en la Dominicana pero de todos modos optaron por irse.
La mayor parte de la gente que vive en campamentos de refugiados en los alrededores de Anse-a-Pietres desea irse, aunque en el asentamiento conocido como «Water Head» abundan los que quieren quedarse. Dicen que allí las condiciones son mejores y que viven en casitas a lo largo de un pequeño río. Una iglesia abandonada fue reacondicionada y ofrece servicios religiosos.
La gente no sabe qué esperar de los esfuerzos por reubicarlos y quiere saber qué hará cuando se acabe el subsidio para alquileres dentro de un año.
La investigadora de Amnistía Internacional Chiara Ligouri dijo que la reubicación «podría no ser duradera» sin ayuda adicional.
Sambussy, no obstante, señaló que las agencias de ayuda hacen lo que pueden con los medios disponibles. «Al final del día, tenemos que ser pragmáticos porque los limitados fondos que hemos recibido solo alcanzan para la reubicación».
Los subsidios de un año para alquileres han sido un recurso frecuente en años recientes y han ayudado a levantar los campamentos donde se instalaron las víctimas del terremoto del 2010.
Germain dice que espera encontrar la forma de mantener a su familia en Haití, donde no abundan los trabajos estables.
Se exaspera al recordar cuando le dijeron que tenía que irse de la República Dominicana porque no tenía los papeles de la residencia. Fue arrestada por la policía cuando buscó asistencia médica para sus hijos, que tenían fiebre.
«Le dije a la policía que vivía allí desde los seis años, pero no me escucharon», expresó.
Las autoridades llevaron a Germain y a sus hijos enfermos a un cruce fronterizo próximo a Anse-a-Pietre. Su esposo y su hija mayor se les unieron posteriormente.
«Hemos sufrido un duro golpe pero tratamos de recuperarnos», declaró Germain, junto a las únicas pertenencias de la familia: baldes de plástico y tazas y cacerolas de lata.