El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general la reforma constitucional que elimina el llamado â??veto de bolsilloâ? presidencial a las leyes o decretos que emite el Congreso de la Unión.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro y con el respaldo de todas las bancadas, se aprobó con 337 votos la reforma a los artículos 7, 72 y 78 constitucionales, que puntualizan la obligación del presidente de la República a publicar en un tiempo limite las leyes
El secretario de Comercio de EU., Gary Locke, defendió hoy la aprobación del Dream Act, que permitiría regularizar el estatus migratorio de decenas de miles de jóvenes indocumentados, con el argumento de que, entre ellos, están algunos de los «futuros líderes» del país.
«Estos niños serán nuestros próximos doctores, profesores, científicos o emprendedores», afirmó Locke en una rueda de prensa telefónica, en la que estuvo acompañado por rectores de varias universidades de EU.
«Es un increíble talento que no puede ser desperdiciado», recalcó Locke.
Locke se unió así a los llamamientos de otros miembros del gabinete del presidente estadounidense, Barack Obama, como la secretaria de Seguridad, Janet Napolitano; la secretaria de Trabajo, Hilda Solis, o el secretario de Educación, Arne Duncan, para que el Dream Act sea aprobado.
Por su parte, el rector de Miami-Dade College, Eduardo Padrón, afirmó que la aprobación de la ley es «terriblemente importante» y calificó los argumentos en contra del Dream Act como «miopes, ya que los beneficios a largo plazo son inmensos».
«El Dream Act puede reducir en los próximos años el déficit, a través de la creación de oportunidades de trabajo y el pago de impuestos», agregó Padrón.
El consejero de la Universidad de California, Gene Block, respaldó igualmente la propuesta como «un imperativo moral y económico, y no una cuestión política».
«Es simplemente cuestión de hacer lo correcto», precisó Block.
Los republicanos, sin embargo, consideran que el Dream Act es un «plan de amnistía», que incidiría en el abultado déficit del país, ya que estos estudiantes podrían solicitar becas y ayudas estatales.
El senador republicano Jeff Sessions, de Alabama, calificó el texto presentado por los demócratas como «imprudente» al afirmar que los criterios de selección eran demasiado amplios.
El proyecto, que fue presentado por primera vez en el Congreso en 2001, fue bloqueado de nuevo en septiembre de este año.
El senador demócrata Harry Reid anunció esta semana que después de realizar algunas modificaciones en el texto para conseguir atraer el apoyo de algunos republicanos, tratará de someter de nuevo a votación el Dream Act .
Algo que, no obstante, parece improbable ya que este miércoles los 42 senadores republicanos firmaron una carta en la que prometieron bloquear cualquier votación hasta que el Gobierno aprobara la ley de gastos del presupuesto y se permitiera la extensión de los recortes fiscales a todos los contribuyentes.
Para el presidente del Partido Demócrata, Tim Kaine, «el Dream Act está basado en dos principios básicos: que los hijos de inmigrantes ilegales no pueden ser penalizados por las acciones de sus padres, y EE.UU. se ha hecho más fuerte gracias al trabajo de los inmigrantes que han luchado por tener una vida mejor».
Según el Migration Policy Institute (MPI), 2,1 millones de jóvenes inmigrantes ilegales podrían ser elegibles para solicitar el estatus bajo esta ley que está pendiente de aprobar en el Congreso, aunque calculan que sólo el 38 por ciento lo conseguiría.
Esta cifra representa que cerca de 825.000 jóvenes que llegaron a EE.UU. con sus padres inmigrantes indocumentado podrían tener un título universitario o alistarse en el Ejército de EE.UU.
Las condiciones para ser elegible son: haber entrado a EU. antes de los dieciséis años, tener al menos cinco de estancia en el país y haberse graduado de secundaria o su equivalente.
Unos 16 estudiantes y activistas de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) enfrentan cargos criminales por haber ingresado a la oficina de la senadora federal republicana Kay Bailey Hutchison, en apoyo a la iniciativa Dream Act.
Los estudiantes fueron detenidos la noche del lunes por agentes de la policía de San Antonio, y con excepción de uno, fueron liberados la mañana de este martes tras pagar fianzas de entre 800 y mil dólares.
La única persona que permanece detenida es la activista Lorenza Andrade Smith, de 41 años de edad.
Claudia Sánchez, del grupo â??DREAM Act NOW!â?, informó que Andrade Smith decidió permanecer en prisión hasta que el Congreso apruebe la Dream Act.
Entre los estudiantes detenidos se encuentran varios que mantienen una huelga de hambre desde el pasado 10 de noviembre, para demandar a la senadora Hutchinson y a otros legisladores federales a aprobar la iniciativa.
â??No deseamos más que contribuir a este país y es triste que tengamos que llegar a estas medidas extremas de huelga de hambre para obtener la atención de la senadora Hutchinsonâ?, dijo Lucina Martínez, estudiante de la UTSA que participa en la huelga de hambre.
La Dream Act o Ley para el Desarrollo, Asistencia y Educación para Menores Extranjeros crearía una vía a la ciudadanía para miles de estudiantes indocumentados en Estados Unidos.
La iniciativa permitiría a los estudiantes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir los 16 años y que tengan ya cinco años de permanencia en Estados Unidos.
Quienes califiquen recibirán una residencia temporal de seis años -en tanto cursan estudios universitarios-, que se volvería permanente siempre y cuando conserven durante toda su carrera un buen nivel académico y logren graduarse de la universidad.
A partir de la próxima semana, los usuarios de tarjetas de crédito que hayan sido víctimas de cargo indebidos por robo, extravío o clonación, contarán con la protección del banco que les otorgó el plástico.
Se trata de una obligación impuesta por el Banco de México a las instituciones financieras que emiten tarjetas, de devolver a más tardar en los cuatro días hábiles posteriores a la reclamación el monto total del cargo no reconocido por el cliente.
José Quijano León, director general de asuntos del sistema financiero del Banco de México, precisó que la regla también aplica para gastos que el usuario no realizó y que se registraron en establecimientos donde no les requieren firmar el comprobante de pago, así como por supuestas compras telefónicas o por internet.
â??Creemos que se incorpora en la regulación del Banco una medida de protección muy importante para los tarjetahabientesâ?, dijo en conferencia de prensa.
Y es que explicó que algunas instituciones financieras ya cuentan con esta protección pero se trata de seguros asociados a la tarjeta que se activan cuando se da un incidente de esta naturaleza, pero no es algo generalizado.
Indicó que lo que hace la nueva regulación es darle protección por lo menos durante 48 horas al tarjetahabiente, es decir, el tarjetahabiente una vez que detecte que le robaron el plástico o que la perdió, reporta al banco y el banco revisa 48 horas para atrás y cualquier cargo que se haya realizado de manera fraudulenta la emisora los debe de reembolsar.
Ese reembolso lo deben de hacer a más tardar el cuarto día hábil bancario.
â??Aquí sí es muy importante que cliente reporte de inmediato el robo o extravío porque si se pasan más de 48 horas y usan la tarjeta, el tarjetahabiente no va a estar protegidoâ?, aclaró.
No obstante, el funcionario advirtió que si el banco comprueba que el cliente sí realizó el consumo, puede hacer los cargos correspondientes.
Así, en caso de que el tarjetahabiente intente engañar al banco, éste lo puede incluso demandar por fraude.
Si un usuario de la banca fue víctima de robo, clonación o extravió su tarjeta, debe avisar a la institución a más tardar en las próximas 48 horas, ya que es el tiempo por el que el banco está obligado a responder.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene listo un candado de â??tercera generaciónâ? para evitar que candidatos o gobernantes involucrados al narcotráfico rindan protesta como representantes populares.
El titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, indicó que el objetivo es atacar â??desde todos los frentesâ? este flagelo para atenuar el peligro que representa la amenaza del narcotráfico en los comicios de 2011 y los presidenciales de 2012.
â??Creo que estamos todavía en una fase digamos previa, donde tenemos capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes populares claramente involucrados con ese tipo de actividades ilícitasâ?, comentó.
Refirió que â??blindarâ? las campañas y precampañas requiere la aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma penal electoral que permita sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier índole.
Otro objetivo, detalló el funcionario, es penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.
Vargas Valdez adelantó que con ese objetivo, durante el primer bimestre de 2011 el gobierno federal enviará la iniciativa de reforma al Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.
Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas políticas en las reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.
El titular de la Fepade aclaró que si los partidos no aprueban las nuevas reglas del juego, â??tendrán que asumir la responsabilidad de que quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la realidad que hoy nos preocupan a todosâ?.
De tal suerte que ellos â??tienen la última palabra, son el poder que les toca decidir la aprobación de leyes (â?¦) y en caso de que no se quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso electoral federal que sin duda va a ser muy competidoâ?, expresó.
A juicio del fiscal, el narcotráfico y el crimen organizado â??están trastocando el principio que deben tener los procesos electorales, que debe de ser el concepto de una fiesta cívicaâ?.
Para nadie es ajeno que en ciertas regiones del país â??hay preocupación por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y tenemos que atacarloâ?, puntualizó.
Vargas Valdez insistió en que â??estas cuestiones que estamos mencionando (narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la víctima un partido y el día de mañana, el otroâ?
Explicó que el objetivo de las reforma es que la Fepade conozca la eventual participación de la delincuencia organizada durante cualquier etapa de los procesos electorales locales y federales, así como contemplar el periodo de precampañas y ampliar penas y agravantes.
â??Se trata de reformar el Artículo 24 del Código Penal Federal relativo a los delitos electoralesâ?, expuso al mencionar que la revisión al marco legal vigente busca â??actualizarâ? el catálogo de delitos electorales contemplados en dicho Código, que data de 1996.
Ello, precisó, porque â??ha habido una sofisticación en la capacidad de delinquir en materia electoral; los partidos son cada vez entidades más complejas, más plurales y tienen prácticas mucho más complejas de lo que en ese entonces existía, esto es, de coacción de votoâ?.
Resaltó que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban previstos y que amenazan los procesos electorales y sobre todo que generan también desequilibrios â??tanto por miedo, como es el crimen organizado, como también que generan desequilibrios por apoyos indebidos que afectan la equidad en la contienda electoralâ?.
A pregunta expresa, José Luis Vargas comentó que durante el proceso electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155 denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104, es decir 67%, están en proceso de integración de la averiguación previa.
En tanto, de los 159 delitos electorales registrados, 54% corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto.
El funcionario de la PGR mencionó que 235 personas fueron denunciadas y de ellas 52 % corresponden a servidores públicos, 13% a funcionarios de partidos políticos, 18% a particulares y 17 % a quien resulte responsable.
En su opinión se requiere de hacer un cambio â??con lo que hoy está en nuestras posibilidades hacer respecto al marco legal que tenemos para actuarâ?.
Los ataques contra la inmigración ilegal en Estados Unidos ha creado nuevas divisiones entre los latinos, la minoría más numerosa en el país, según un informe del Centro Hispano Pew.
El 53 por ciento de los latinos considera que los indocumentados deben pagar una multa, pero no se les debe deportar, el 28 por ciento afirma que no se les debe castigar y el 13 por ciento indica que deben ser deportados.
Cuatro de cada cinco de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, son hispanos, indicó el reporte.
Con respecto al impacto de la inmigración ilegal entre los hispanos, el 29 por ciento indica que es positivo, el 31 por ciento afirma que es negativo y el 30 por ciento señala que no hay diferencia.
Esas divisiones contrastan con una encuesta en 2007, que indicó que el 50 por ciento consideraba el impacto como positivo y apenas el 20 por ciento como negativo.
En la actualidad, más de seis de cada diez latinos, el 61 por ciento, afirma que la discriminación a los hispanos es un «problema principal», por encima del 54 por ciento que afirmaba lo mismo en 2007.
En cuanto a las razones de la discriminación, el 36 por ciento mencionó el estatus migratorio, por encima del 23 por ciento que respondió lo mismo en 2007, año en que casi la mitad, el 46 por ciento, identificó el idioma como la principal causa de discriminación.
Los latinos nacidos en Estados Unidos, que representan el 47 por ciento del total y los latinos inmigrantes, que comprenden el 53 por ciento, también tienen diferencias sobre la discriminación.
El 70 por ciento de los latinos inmigrantes afirman que la discriminación es un gran problema para su comunidad, pero menos de la mitad, el 49 por ciento, de los latinos nacidos en Estados Unidos coincide con esa opinión.
Los 47 millones de latinos en Estados Unidos representan casi el 15 por ciento de la población del país, el 38 por ciento son inmigrantes y un 19 por ciento indocumentados.
El 86 por ciento de los latinos apoya el camino a la ciudadanía para los indocumentados si pagan multa, se someten a una revisión de antecedentes penales y tienen trabajo, en contraste con el 68 por ciento de la población en general.
La gran mayoría de los hispanos, el 79 por ciento, desaprueba la ley de Arizona que permite que la policía pregunte el estatus migratorio de una persona detenida si sospecha que es indocumentada, pero la mayoría de estadunidenses la aprueba.
Por otro lado, el 51 por ciento de los latinos confía en los demócratas sobre el tema de inmigración y apenas el 19 por ciento en los republicanos.
«Por otro lado, el tema de la inmigración ocupa el cuarto lugar en la lista de prioridades de los latinos, después de la educación, trabajos y atención médica».
El sondeo del Centro Hispano Pew incluyó entrevistas en inglés y español a mil 375 latinos, del 17 de agosto al 19 de septiembre y tiene un margen de error de 3.3 puntos porcentuales
El dignatario del Vaticano que se hizo cargo de los Legionarios de Cristo advirtió que la orden conservadora se encamina a un desastre, a menos que sus miembros y superiores zanjen las divisiones y desconfianza derivadas de las revelaciones de que su fundador llevaba una doble vida.
El arzobispo Velasio de Paolis también dijo en una reciente carta a la Legión que tomará tres años o más reformar la orden, frustrando las esperanzas de los superiores de la orden que deseaban una recuperación más rápida.
El papa Benedicto XVI designó al arzobispo De Paolis para hacerse cargo de la Legión, después que una investigación del Vaticano de ocho meses determinó que debía ser reformada exhaustivamente para deshacerse de la influencia de su difunto fundador, el prelado mexicano Marciel Maciel, quien tuvo tres hijos y abusó sexualmente de seminaristas
El presidente Felipe Calderón y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado acordaron relanzar la Reforma Política, revisar la autonomía de los órganos reguladores, y reunirse las veces necesarias para avanzar en estos y otros temas.
En la reunión privada de casi tres horas, el presidente Calderón informó a los legisladores que hoy, o a más tardar esta semana, enviará al Senado su iniciativa a las modificaciones del fuero militar, de acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Entrevistado al finalizar la reunión, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones informó que en el encuentro el presidente Calderón ofreció colaborar con el Senado.
Al mismo tiempo instruyó a los secretarios de Estado presentes seguir de cerca las discusiones de los legisladores para perfeccionar el sistema político.
El dirigente de los senadores priistas señaló que el Ejecutivo federal manifestó su apoyo absoluto a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, y por ello, en unas horas enviará la iniciativa sobre el fuero militar que cumple con el acuerdo de la CIDH.
A su vez el Senado, dijo Beltrones, manifestó su interés de dar las garantías necesarias a las fuerzas armadas para que su trabajo sea más eficaz en apoyo a las fuerzas policiacas que han sido incapaces de proporcionar la seguridad que se requiere.
El ex gobernador de Sonora reveló que también acordaron reunirse de manera más frecuente para tratar de aprobar las iniciativas pendientes antes de que termine el actual periodo o a principios del otro, como la del mando único policial y la de combate a â??lavadoâ?? de dinero.
El dirigente de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que en el encuentro quedó demostrado que hay voluntad política del Senado y del presidente Calderón para construir el país que requieren los mexicanos con más empleos y mayor seguridad.
Indicó que en la reunión también hablaron sobre la iniciativa presidencial de combate al â??lavadoâ?? de dinero que analiza el Senado y advirtió que ésta sufrirá modificaciones.
Beltrones Rivera precisó que en el encuentro vio en el presidente Calderón una «actitud positiva», y les ofreció que el gobierno seguirá con atención los acuerdos tomados en el encuentro.
A su vez, el presidente de la Jucopo, José González Morfín calificó la reunión como «muy productiva», y señaló que se establecieron los compromisos de relanzar la reforma política y modificar los órganos reguladores del Estado como la Cofetel, Cofeco y la Comisión Reguladora de Energía.
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que también se habló del mando único, y que el presidente Calderón se comprometió a enviar en breve las modificaciones del fuero militar.
Los secretarios de Gobernación José Francisco Blake; de Hacienda, Ernesto Cordero y el titular de la Procuraduría General de la República Arturo Chávez también asistieron al encuentro privado en Palacio Nacional.
En la reunión también estuvieron presentes los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, y de Convergencia Luis Maldonado.
Mientras que los coordinadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) Carlos Navarrete y Ricardo Monreal, cumplieron su promesa de no asistir.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) resolvió un conflicto de posesión irregular de tierras en el municipio de Palenque, luego de 16 años de disputa entre particulares e indígenas choles de esa región de la selva de Chiapas.
La dependencia federal informó que se consiguieron acuerdos con las partes involucradas en la controversia, que finalizaron el conflicto agrario del poblado » Unidad y Trabajo».
En un comunicado el delegado de la SRA, Cesáreo Hernández Santos, informó que el pasado viernes, las partes suscribieron un acuerdo notarial, en el cual la propietaria del predio San Fernando, Hilda Maribel Corzo Gordillo cedió los derechos de las tierras, mediante compraventa, al grupo de ocupantes.
El conflicto por el predio surgió en 1994, cuando 45 familias de la etnia chol, encabezadas por la organización campesina Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se apoderaron del predio rústico de más de 100 hectáreas, ubicado en la colonia agrícola y ganadera «Once de Julio», que desembocó en fricciones y riesgos de enfrentamientos entre las partes.
Para resolver el conflicto, siete años los campesinos y Reforma Agraria plantearon el asunto al programa Acuerdo Nacional para el Campo, el cual fue turnado a la Comisión de Elegibilidad, que en su trigésima cuarta sesión ordinaria del 2004, calificó la viabilidad sobre una superficie de 100 hectáreas.
La delegación de la SRA precisó que para dirimir el conflicto entre la propietaria de San Fernando y «Unidad y Trabajo» se tuvo la intervención de un grupo de atención especializada sobre el tema.