El presidente López Obrador ha declarado como una «cláusula irrenunciable» el someter a votación popular la selección de ministros de la SCJN, magistrados y jueces. Esto es una bomba de tiempo de proporciones mayúsculas. Mas allá de sus argumentos y de sus buenas intenciones, el daño puede ser descomunal.
Si en las elecciones de alcaldes y autoridades municipales la delincuencia organizada metió mano, bloqueando candidatos, amenazando a unos para que abandonasen la contienda, asesinando a otros, e impulsando a unos más, así como presionando a la población en las zonas donde los grupos delictivos tienen control, para que votasen a favor de sus protegidos, esta cláusula a la que hace referencia el Presidente se convertiría en la «caja de Pandora».
Que urge realizar una reforma judicial, es inaplazable. Sin embargo, el cómo y con qué cambios es donde radica la diferencia.
Si aún hoy no podemos dimensionar la cantidad de dinero sucio que pudo haber sido invertido por la delincuencia para apoyar a sus candidatos afines —en las pasadas elecciones del dos de junio—… Entonces, ¿qué podría suceder en una campaña organizada para designar ministros, magistrados y jueces?
Nuestro actual sistema innegablemente es imperfecto y proclive a las injusticias y la corrupción. Sin embargo, con voluntad política firme y la colaboración de los mismos miembros del Poder Judicial, es factible darle un vuelco y sanearlo, para convertirlo en lo que debe ser.
Una encuesta dirigida al «pueblo» significa capitalizar los agravios que el ciudadano viene arrastrando y el resentimiento por las injusticias, las cuales existen desde siempre y se viven hasta hoy.
La reforma no debe ser consultada con el pueblo, sino con los expertos en derecho de las universidades y de las organizaciones civiles que representan a los profesionales. Además, se deben analizar los intentos realizados en otros países del mismo nivel del nuestro.
En una consulta abierta y popular, el pueblo dará un respaldo emocional a la iniciativa presidencial. En contraste, los profesionales del derecho ofrecerán respuestas constitucionales y con propuestas de beneficio colectivo.
El mayor riesgo lo representa la altísima probabilidad de que el crimen organizado patrocine las campañas de ministros, magistrados y jueces, para controlarlos, como ha sucedido en muchas regiones con la elección de alcaldes y quizá otros cargos más importantes aún. Éste es un riesgo de «seguridad nacional» que aún no se ha dimensionado.
Los organismos conformados por profesionales del derecho, así como universidades, deben manifestarse a partir de estos escenarios.
Empoderar al pueblo como guía en la aplicación de la justicia traería aparejada consigo una nueva cultura jurídica de tipo popular, que generará pérdida de autoridad para el Estado Mexicano y el incremento de actos de barbarie aplicados como justicia colectiva. Se incrementarían los actos justicieros de turbas enardecidas que en muchas ocasiones culminan en linchamientos con crueldad extrema.
Sin embargo, el peor escenario será dejar en manos del crimen organizado —a través de sus jueces apadrinados y patrocinados— la aplicación de la justicia. La mesura y el análisis profundo a la luz del derecho, debe aplicarse en este tema tan peligroso para el futuro del país y no responder a intereses políticos.
Dos pesos y dos medidas
Cuando se investigó la corrupción del Poder Judicial en la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, con testimonios de jueces que denunciaron haber sido amenazados e intimidados por Carlos Antonio Alpízar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, no sucedió nada y no prosperaron las denuncias. En cambio, por una cena organizada por la ministra Piña -simplemente para conciliar de buena fe los conflictos internos del Tribunal Federal Electoral-, el presidente López Obrador armó un escándalo y a partir de ello pretende desacreditar al Poder Judicial para poder someterlo a una reforma agresiva.
Dos pesos y dos medidas. ¿A usted qué le parece?
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