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  • En SLP dicen que «desarrollo a criterio del gobernador»

    De gira por el Altiplano, Juan Ramiro Robledo señaló que â??el desarrollo de San Luís Potosí no puede quedar al criterio personal o a las ocurrencias del gobernador en turnoâ?.
    Por eso, dijo, una de sus propuestas más importantes es la de destinar el doble de recursos a los ayuntamientos y que estos mismos decidan, en consulta directa a la ciudadanía y por medio de urnas, las obras que quieran se ejecuten en sus lugares de origen.
    El candidato a gobernador aseguró que ese incremento es posible con las partidas económicas que tiene hoy el gobierno del estado. Durante un recorrido por los municipios de Venado, Charcas, y Villa de Guadalupe, el representante de cuatro partidos a la gubernatura agregó que en su propuesta de la autonomía regional se encuentran contempladas las cuatro zonas de la entidad.
    â??En concreto, es una propuesta que va para el altiplano, la huasteca, zona media y el área metropolitanaâ?, precisó. Dijo que este planteamiento consiste â??en la posibilidad de que se asocien los municipios de una determinada región para que puedan tener la capacidad de planear el desarrollo regional y determinar las obras que quieran realizarâ?.
    Junto con lo anterior, señaló el ex senador, se permitiría que algunas de tales obras -las que por sus condiciones así lo permitan- las realicen los pobladores de los mismos ayuntamientos, con el fin de generar más fuentes de empleo.
    Reconoció que â??la idea implicaría una modificación de las leyes locales para permitir que estos municipios, como lo prevé la Constitución federal, se asocien formando una instancia de resoluciónâ?.
    â??Sería una especie de cabildo colectivo regional, formado por algún representante de cada ayuntamiento, que podría ser el primer regidor de cada uno de los municipiosâ?, indicó.
    Agregó que el gobierno del estado, a través del congreso, tendría que disponer del doble de las participaciones para los municipios. â??He calculado esta propuesta y cabe perfectamente en las partidas presupuestales del gobierno del estado, ya que ahora los municipios no reciben ni siquiera el diez por ciento del total de su presupuestoâ?.
    Y afirmó además â??esto forma parte de una gran línea de proyecto político que estoy planteando, que consiste en reducir el presidencialismo del esquema del gobierno de San Luis Potosíâ?.

    Aseguró que el gobernador tiene un cumulo de facultades hasta ahora casi sin control y que el ejercicio del gasto se hace sin que la ley del presupuesto establezca los límites necesarios. Las leyes deben decir en qué sí puede gastar el gobierno y en que no, subrayó.
    â??El desarrollo de San Luis Potosí no puede quedar al criterio personal o a las ocurrencias del gobernador en turnoâ?, remarcó. Su propuesta es modificar la Constitución y â??determinar las prioridades regionales de San Luis Potosí y a partir de ello la Ley del Presupuestoâ?
    Con esos cambios constitucionales el gobierno y los ayuntamientos podrán gastar en determinados proyectos y no podrán hacerlo en otros, â??en eso consiste esencialmente la idea de la autonomía regional de los municipiosâ?

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  • Elías la combatirá la corrupción

    Nogales, Son. Es necesario generar confianza en la sociedad y en los inversionistas para crecer en la generación de empleos, dijo Alfonso Elías Serrano al comprometerse a implementar un programa de combate a la corrupción e impunidad en las instituciones encargadas de proteger la seguridad de los sonorenses.

    En el â??Foro Seguridad y Justicia en Sonoraâ?, el candidato a la gubernatura por la Alianza PRI Sonora, Nueva Alianza y Verde Ecologista, destacó que este tema es primordial para lograr la competitividad y la tranquilidad de las familias sonorenses.

    Tras recibir las propuestas que académicos, empresarios y servidores públicos plantearon durante este foro realizado en Nogales y coordinado por Manuel Robles Linares, el abanderado priísta dijo que para combatir la impunidad es necesaria la confianza en las instituciones.

    â??Sin la seguridad y sin justicia no hay confianza, si no tenemos seguridad y justicia no tenemos confianza entre nosotros, no tenemos confianza en nuestras instituciones, no tenemos confianza en el gobierno, y si no tenemos confianza no tendremos inversiones, si no hay inversiones no hay empleos, si no hay empleos no estamos cumpliendo con la exigencia de la sociedadâ?.

    El coordinador del â??Foro Seguridad y Justicia en Sonoraâ?, Manuel Robles Linares, destacó que los 200 especialistas en el tema que participaron están seguros que su esfuerzo se verá reflejado en las acciones de Elías Serrano, ya que coinciden que sus propuestas formarán parte de su proyecto de gobierno.

    Acompañado de la fórmula priista local, encabezada por el candidato a la presidencia municipal, Abraham Zaied y los candidatos a diputados locales y federal Jorge Freig, Miguel Tapia y Miguel Pompa, Alfonso Elías indicó que se deben sumar acciones para otorgarle seguridad al estado y principalmente para blindar a Sonora de la delincuencia organizada.

    Por su parte el director de la Universidad La Salle, Héctor Leyva Vega describió que para contar con seguridad e impartición de justicia en Sonora, hace falta la creación de unidades especializadas y refugios para víctimas de violencia, así como la modernización de los agentes públicos y la creación de centros que brinden atención psicológica y legal a víctimas.

    Alternativas de solución a la problemática de seguridad que impera en el País, con las que Alfonso Elías Serrano coincidió y declaró serán tomadas en cuenta y puestas en marcha para mejorar la calidad de vida de los nogalenses y los sonorenses.

    Durante la visita del candidato con más preferencia en el electorado sonorense, a esta ciudad fronteriza se reunió con empleados y directivos de la empresa Chamberlain quienes le plantearon ideas, propuestas y las necesidades para seguir creciendo.

    Otro de los sectores con los que se reunió fueron los vendedores ambulantes, a quienes les dio su palabra de sonorense y se comprometió a luchar para que cuenten con la oportunidad de tener una vivienda digna, seguridad social y el mayor programas de becas.

    Alfonso Elías estuvo acompañado durante su gira por Nogales por el empresario Noé Munguía, José Manuel Estrada, presidente de prestadores de servicios, entre otras personalidades

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  • Dicen que con Elías Serrano seguiran atropellos e impunidad

    Caborca.- El gobierno de Eduardo Bours Castelo, ha privilegiado a un grupo familiar y de casa y, en cambio, ha castigado a las organizaciones del sector social, afirmó Álvaro López Ríos.

    El secretario general del comité nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, sostuvo una reunión con el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías.

    â??No tenemos compromisos con nadie y con plena libertad decidimos apoyar a Padrés Elías, porque es el proyecto más apegado y comprometido con el sector socialâ?, dijo el líder.

    López Ríos aseguró que en Sonora la Unta aglutina a unos tres mil afiliados y puntualizó que â??aunque no somos una organización dictatorialâ?, han decidido apoyar al candidato del PAN.

    â??Sencillamente porque de parte del candidato oficial nunca tuvimos contacto y en cambio el equipo de Padres Elías se nos acerco y decidimos apoyarlosâ?, expuso.

    Sobre el gobierno del ingeniero Eduardo Bours Castelo, el dirigente sostuvo que a lo largo del sexenio â??Eduardo y su familia se han beneficiado de la obra de gobiernoâ?.

    â??Es del dominio público, no es novedad, el gobierno de Bours se ha beneficiado y un gobierno de las mismas características no se puede sostener en Sonoraâ?, refirió.

    Consideró que un eventual gobierno de Alfonso Elías â??mantendría la exclusión hacia el sector social, lo cual no sería conveniente, salvo para el grupo íntimo de Boursâ?.

    â??Con Elías Serrano se mantendrían los atropellos y la impunidadâ?, puntualizó el líder social

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  • La OPINION de Jairo Calixto Albarran

    Estoy en campaña en contra del Voto Nulo. Digo, me parece muy respetable que, en nombre de la cultura democrática la gente se sacrifique, vaya hasta la casilla, cumpla con las formalidades, saque su credencial y, luego de todo el numerito que es de flojera, vaya y anule su voto, pero me parece una pérdida de tiempo. Es como ir al estadio con todo lo que eso significa (las multitudes, las lluvias, el sol, el desmadre) y, ya cuando estás en el umbral, rompes tu boleto y mejor ves el partido por la tele. O sea, ¿sólo para demostrar que perteneces a la sociedad civil? No chinguen.

    En ese sentido me parece mucho más honorable aquel compatriota que, decepcionado de la vida política nacional, harto de que lo timen los candidatos, los funcionarios y los burócratas electorales, mejor ni se apersona por la zona de votación y mejor se rasca la barriga frente a la tele en espera del Apocalipsis, al ritmo de si no hay expectativas, no hay decepciones.

    Por supuesto, como todo mexicano bien nacido que está hasta el queque de las campañas y de la demagogia que impera en la patria, sin olvidar la naturaleza tediosa del 90% de los candidotes, he pensado en no votar.

    Anular no porque, como ya he dicho, me gana la fatiga.

    Sin embargo, aunque es tentadora la idea de mandar a la cooltura democrática para que la nueva Banda TimbirIFE se ponga a chillar como Godoy frente a Gómez Mont, pienso que no se puede desaprovechar la oportunidad de hacer de las urnas terciopelo.

    Así como una vez propuse que para madrear al narco teníamos que convocar al patriotismo de los consumidores de estupefacientes para que dejaran de comprar drogas, ahora propongo votar para joder.

    Por ejemplo yo. Como me zurra en lo fundamental la manera en que el PAN ha manejado la
    Delegación en la que vivo (Benito Juárez, en el DF, donde cualquier terreno baldío de 2 x 2 se convierte en Torre Mayor), y sabiendo que con mi voto nulo seguirán reinando impunemente, mejor votare en su contra. Aunque seguramente ganará Acción Nacional, que sea como rayarle su blanquiazulina carrocería, arrancarles las molduras, o bajarles los tapones.

    Ni modo que dejar que los partidos y los colores que te parecen odiosos, se salgan así nomas con la suya.

    Nomas eso nos faltaba, carajo.

    No anules, vota por joder

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  • La OPINION de Ciro Murayama

    La prohibición de la compra-venta de publicidad electoral en radio y televisión, que fue el núcleo de la reforma constitucional de 2007, se ha visto vulnerada en los hechos a lo largo del actual proceso electoral para contento de las empresas televisivas e intereses afectados por el nuevo modelo de acceso de los partidos y candidatos a los medios de comunicación.

    Con la complacencia de diversas autoridades y con la participación directa de algún actor político (gobernador, jefe de gobierno, diputado, candidato o partido), las dos principales empresas de televisión han incurrido en conductas que van contra el espíritu e incluso contra la propia ley constitucional. La alteración de las pautas de difusión de los anuncios del IFE y los partidos durante las precampañas, la venta de publicidad a los diputados del Partido Verde o las gacetillas pagadas disfrazadas de información con las actividades de distintos gobernantes locales, son muestra de lo anterior.

    Estos días, sin embargo, a la embestida contra la reforma electoral se sumó el fallo de un juzgado de distrito en beneficio de un grupo empresarial. La juez Florinda López Hernández, titular del Séptimo Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, en Puebla, concedió un amparo definitivo a favor de la Asociación de Empresarios e Industriales de Morelos, afiliada a la Coparmex, contra la reforma al artículo 41 constitucional.

    El que un juez de distrito pueda declarar inconstitucional nada más y nada menos que una reforma constitucional, se debe a una resolución de la Suprema Corte adoptada en octubre de 2008. Con su resolución, los ministros del máximo tribunal definieron un mecanismo de control constitucional que, en todo caso, debería ser fruto de una decisión del propio constituyente.

    Una vez que la Corte otorgó tal poder a los jueces, ¿qué hizo la jueza López Hernández? Ante un amparo contra nueve artículos constitucionales (6º, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134), otorgó el amparo porque en su criterio no se respetó el proceso fijado en la Constitución para modificar la propia Carta Magna. Pero con el detalle de que todos los artículos modificados se cambiaron en el mismo procedimiento y ella sólo otorgó el amparo en uno, el 41, el que prohíbe la contratación de publicidad electoral en radio y TV.

    Como reseñó Lorenzo Córdova hace dos días (El Universal, 27-05-09), los argumentos de la jueza para determinar la existencia de irregularidades en el proceso legislativo terminan por reflejar que no hubo tales problemas. A la jueza, por ejemplo, le pareció grave no saber a qué hora terminó la sesión del Senado cuando se votó la reforma; o no supo si las dos terceras partes de las cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la reforma, aunque en su sentencia consta que hubo 110 votos a favor en el Senado â??de 128 posiblesâ?? y 361 â??de 500â?? en los diputados (la jueza no supo que eso da una razón de 85% y de 72%, respectivamente, superando el 66.6% requerido); asimismo, no le bastó con saber que 30 congresos locales aprobaron la reforma â??de 16 necesariosâ??, sino que objetó que en el dictamen de una de las cámaras no se asentara que una legislación local votó en contra. Como se ve, nada de fondo y en cambio los reparos de la jueza evidencian un interés por conceder el amparo a toda costa.

    La decisión de la jueza mereció un comunicado público de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), cuya versión íntegra puede consultarse en www.amedi.org.mx en donde se considera que â??la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda políticaâ?.

    Otro acto, diferente, que estos días significa una nueva afrenta a la prohibición de publicidad electoral en los medios, salvo la que corre con cargo a los tiempos oficiales que administra el IFE, es la aparición de Demetrio Sodi en la pantalla de Televisa en plena semifinal del futbol, hablando de sus propuestas de gobierno para la delegación Miguel Hidalgo, cargo al que aspira como candidato del PAN.

    Según Sodi, ni él ni su partido hicieron algún pago a la televisora por tan inusual presencia y se trató de una mera entrevista. Pero hay que recordar que el Código Electoral prohíbe cualquier donación, en dinero o en especie, de las empresas mercantiles a partidos y candidatos. Aun si Sodi no pagó, no puede estar recibiendo espacios de promoción electoral gratuitos de una televisora privada. Ni las administraciones públicas ni las iglesias ni personas desde el extranjero, y tampoco las empresas mercantiles, pueden hacerles regalos a los candidatos. En este último caso, la ley tiene un objetivo: evitar el tráfico de influencias.

    Ahora bien, el argumento de que fue una entrevista fortuita se cae por donde se mire. Para empezar, la agenda de actividades del candidato, distribuida ante la prensa, incluía su presencia en Televisa durante la transmisión de la semifinal Pumas-Puebla. Así que nada de casualidad. Ahora, ¿se trató de una entrevista como la que se hace a cualquier candidato? No, porque se insertó en un recuadro durante un partido de futbol y todos los recuadros insertados en esa televisora â??y en cualquier otraâ?? durante todos los eventos deportivos son publicidad â??cervezas, alimentos, teléfonos celularesâ??. Es decir, no apareció en un espacio noticioso, sino que usó un espacio publicitario.

    En la violación a la ley incurrieron tanto Sodi â??y por ende su partidoâ?? como la televisora. Este acto deberá ser atendido por las autoridades. Mientras tanto cabe preguntarse: ¿Dónde quedó el compromiso, tan cacareado, del partido gobernante con el Estado de derecho?

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  • Narcotrafico ¿poder electoral?

    Ya no sorprende escuchar a los políticos negarse a â??meter las manos al fuegoâ? por sus colegas. Todos admiten que el narcotráfico influye en las elecciones y el próximo 5 de julio no será la excepción. Pero el riesgo va más allá del desvío de algunas â??ovejas negrasâ?; implica el apropiamiento del poder público en manos del más peligroso de los poderes fácticos: el crimen organizado.

    ¿Qué hacer? Igual que pasa con el arresto de los grandes capos, detener a políticos involucrados servirá poco en la medida en que las estructuras que permiten a éstos operar sigan intactas. Sea como sea que termine el proceso penal contra los alcaldes arrestados el martes en Michoacán, los cárteles continuarán financiando campañas, acarreando electores, comprando votos y hostigando a los candidatos que no les sean afines, como consta en los informes de inteligencia gubernamentales que difunde hoy este diario.

    Con tal revelación, la peor pesadilla antidemocrática queda frente a nosotros. Demostraría una conspiración contra el poder del pueblo cuyo éxito sería posible â??paradójicamenteâ?? a través de las vías del voto universal.

    Al igual que la estructura electoral paralela del magisterio que dirige Elba Esther Gordillo, cómplice del PAN, las clientelas de presupuestos asistenciales del PRD o los sindicatos vetustos del PRI, el cártel de La Familia se propone a sí mismo como un actor corrupto más que puede acceder al poder público.

    Todo lo anterior, ante la ingenuidad de los líderes políticos que piensan que firmando acuerdos ante las cámaras nos convencen de que esta tragedia no será posible. Mientras, del otro lado, las autoridades electorales aseguran que los mecanismos considerados en las normas existentes son más que suficientes para evitar que esa tragedia ocurra.

    Los narcotraficantes confían en su éxito político porque las otras clientelas han tenido éxito también. Nada se los impedirá mientras ganar elecciones sea lo único que importe

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  • Beatriz reta a debate… y Germán acepta

    La presidenta del PRI, Beatriz Paredes, propuso un debate al líder nacional del PAN, Germán Martínez, y expresó su disposición para que participen dirigentes de otros partidos.

    Por su parte, el panista decidió salir ante los medios de comunicación para aceptar el debate, pero puso una condición: â??que participe sólo el PAN y el PRI para contrastar y debatir de cara a la naciónâ?.

    Por la noche, Paredes informó que nombrará un enlace para negociar con el PAN las condiciones del debate y que definirá si únicamente participan ella y Martínez o si invitan a participar todos los partidos.

    Manifestó su beneplácito de que el líder nacional panista haya aceptado su invitación a debatir y expresó que a la brevedad se discutirán las condiciones y el lugar del encuentro.

    En conferencia de prensa por la mañana, la priista señaló que la sobreactuación del PAN â??lo único que pretende es polarizar, irritar a otras fuerzas políticas, provocarlas, sin darse cuenta que el país no puede poner en riesgo la gobernabilidadâ?, y consideró que tensionar a la sociedad â??es un error estratégico, no sólo político, sino históricoâ?.

    â??Polarizar las elecciones lo que hace es deteriorar la democracia, y suponer que este principio maximalista de que si no se está con uno, se está contra uno, habla de etapas de autoritarismo que han sido muy delicadas en otras latitudes y que no deben presentarse en Méxicoâ?, planteó.

    La presidenta del PRI dijo que su partido tiene una estrategia consistente y por etapas, siempre con propuestas, y no participa en videos que se difunden en medios alternativos.

    â??La crítica profunda no significa la ofensa o la vulgaridad, quizá esa sea la diferencia de estrategia, que no nos gusta lo vulgarâ?, expuso.

    Beatriz Paredes también se refirió a los ex presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, sobre quienes el PAN ha centrado sus baterías de debate, como elemento distractor de los verdaderos temas que interesan a la ciudadanía.

    â??Son dos personalidades que han sido juzgadas por la historia de manera contundenteâ?, señaló.

    Dijo que ese debate no se enfoca la gravedad de la problemática del país: pérdida de empleo diario, una crisis severísima de la industria automotriz, un proceso de retraso en el ejercicio de los presupuestos y â??el golpeâ? que por circunstancias o falta de previsión se le dio al turismo, entre otros.

    Paredes consideró también que â??no deja de generar suspicaciasâ? el operativo que hasta ahora desplegaron fueras federales en Michoacán contra funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, porque ocurrió a unas semanas de las elecciones del 5 de julio próximo, ya que desde 2006 hay elementos de corporaciones y del Ejército en esa entidad.

    En sus oficinas de Coyoacán, el panista aseguró: â??Qué bueno que ya pasó la presidenta del PRI de las descalificaciones, de los lloriqueos, de los insultos; esperemos que también pase ya de las denuncias en el IFE a aceptar finalmente debatir.

    â??Que participe sólo el PRI y el PAN para contrastar y debatir de cara a la Nación y que no haya temas vedados, porque el PRI luego quiere silenciar, callar o censurar temas. Sin límite de temas, que estén todos los medios de comunicación, (pero) que sea PRI y PAN.

    â??Y, qué bueno que finalmente aceptó quien decía que no había niveles para debatir. Finalmente, siempre reta a debate quien se siente debajo de las encuestasâ?.

    â?¢ Paredes recordó que cuando los priistas asistieron al Congreso a la toma de protesta de Felipe Calderón, â??entonces éramos políticos responsablesâ?, y ahora el líder del PAN los descalifica, en lo cual observó una total incongruencia.

    â?¢ Aseguró que la mayoría de encuestas a escala nacional mantienen al PRI por encima del PAN en la intención del voto, por seis puntos en las más recientes, por lo que no se corresponden los ataques recibidos con esos resultados.

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  • César Duarte acusa al PAN de enrarecer el ambiente electoral

    El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, acusó al PAN de enrarecer el ambiente con su campaña electoral, la cual, aseguró, no es sólo contra el PRI, sino contra México.

    Al advertir que polarizar posiciones en una coyuntura de desempleo y crisis no es adecuado, el diputado priista reiteró su llamado al líder panista Germán Martínez y le recordó que es presidente del partido del gobierno y no parte de la secretaría de elecciones de la administración federal.

    â??No contra el PRI, a mí me parece que la campaña del PAN es contra México. Están enrareciendo el ambiente, estar confrontando a los mexicanos, estar llevando a un ambiente difícil con el desempleo, con la crisis económica, con la falta de oportunidades… naturalmente la carestía y la falta de ingresos de las familias no es un ambiente adecuadoâ?.

    El diputado expresó su esperanza de que en el PAN entiendan que ocupan una posición de poder desde la Federación. â??Yo ya he hecho muchos llamados a (Martínez)que se dé cuenta que es presidente del partido en el gobierno y que no es la secretaría de elecciones del gobierno federal, eso es un tema fundamental, ojalá y lo entiendanâ?.

    Sobre el caso de las detenciones de funcionarios en Michoacán y la denuncia del gobernador Leonel Godoy respecto de que no fue informado del operativo, el chihuahuense exigió transparencia en el manejo de la justicia y dijo que el mandatario local encabeza a las instituciones en la entidad y puede exigir el cumplimiento de sus derechos. â??Yo creo que la autoridad tiene la doble responsabilidad en momento electoral de ser muy pulcra en su manejoâ?, dijo

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  • IFE pide investigar al clero

    El IFE abrirá una investigación para determinar si algunas acciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Iglesia católica han afectado a los partidos en el proceso electoral en curso y, en su caso, tomar las medidas correspondientes.

    Así se establece en un acuerdo que conocerá hoy el Consejo General y en el cual se plantea hacer un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus funciones, conmine a la Iglesia católica, a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a otras similares, a ajustar sus actividades a lo establecido en la Constitución.

    Lo anterior, luego de que el Partido Socialdemócrata interpuso cinco quejas contra diversas asociaciones religiosas, entre ellas contra el obispo de Cuernavaca por la publicación de un Decálogo de los Pecados Electorales, y de que los asuntos fueran remitidos a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, para iniciar las investigaciones por considerar que dichas acciones afectan â??de manera grave sus derechos como partidoâ?.

    En el informe â??que será sometido a aprobación del Consejo Generalâ?? se establece que los partidos son entidades de interés público y, como tales, tienen la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al poder público, tal y como se establece en el artículo 41 constitucional, por lo que se instruye a la Junta General para que realice las indagaciones correspondientes.

    â??El resultado del proceso de investigación deberá ser presentado a la consideración del Consejo General a la brevedad, para que, en el caso de que exista alguna afectación a los derechos de algún partido o al proceso federal electoral en general, se tomen las medidas pertinentes para el efecto de hacer cesar las irregularidades y contribuir al correcto desarrollo de la contienda electoralâ?, se precisa en el documento de seis cuartillas.

    El IFE señala que si bien es cierto que las asociaciones religiosas, en su carácter de ministros de culto, están regulados por el artículo 355 párrafo cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), también detentan la categoría de personas morales, y como tales, son susceptibles de estar sujetas a indagación por el posible incumplimiento a normas electorales.

    Asimismo, se conocerá el resultado del convenio entre el IFE y Gobernación en cuanto a las acciones para blindar el proceso electoral del ingreso de dinero del narcotráfico, entre lo que se destaca la entrega por parte del instituto de un documento con las â??secciones de atención especialâ?, que por su naturaleza obstaculizan el avance en la integración de las mesas directivas de casilla.

    Entre las situaciones encontradas, el IFE dio cuenta de mil 609 secciones de todo el país afectadas por la inseguridad pública

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  • Ebrad pide coordinacion a gobierno federal

    Los operativos contra el crimen organizado deben hacerse de manera coordinada entre autoridades federales y estatales, demandó Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), tras rechazar que el Acuerdo Nacional por la Seguridad esté en riesgo.

    Al referirse al operativo realizado en Michoacán, en el que fueron detenidos 28 funcionarios, insistió en que las autoridades federales debieron informar con antelación al gobernador de esa entidad, Leonel Godoy, así como lo hicieron hace un par de semanas con su homólogo de Morelos, el panista Marco Adame Castillo.

    Ebrard dio el respaldo del GDF a toda acción federal dirigida contra el crimen, sea organizado o no, pero «deben hacerlo de manera coordinada con las autoridades estatales. Hay un acuerdo nacional entre los tres niveles de gobierno».

    El operativo generó diversos comentarios y demandas muy específicas al gobierno de Felipe Calderón, desde «transparentar» esa acción emprendida este martes hasta aclarar ante el pueblo de México el manejo que se hace de la justicia en un contexto electoral.

    La presidenta nacional priísta, Beatriz Paredes, advirtió que «no deja de generar suspicacias» que el referido operativo se dé a unas semanas de las elecciones.

    Planteó que mezclar con el proceso electoral el tema de la lucha contra el narco y la detención de autoridades de esa entidad «puede redundar en el desprestigio de las instituciones y en la desconfianza de la sociedad».

    Subrayó que si había indicios de irregularidades desde el 11 de diciembre de 2006, «nos parece que pudieron actuar con mayor pertinencia y oportunidad, incluso con antelación».

    Ante la sospecha, demandó que se actúe con estricto apego a la legalidad, se investigue en profundidad y se respeten las garantías individuales.

    A su vez, el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, César Duarte, demandó al gobierno de Felipe Calderón definir cuál es su posición ante el pueblo: ganar elecciones o resolver los problemas de inseguridad

    En San Lázaro, advirtió que a Acción Nacional «se le ha olvidado que una de las aportaciones elementales en la responsabilidad de gobernar es aportar mejores condiciones de convivencia política».

    En la Secretaría de Salud, a donde asistió a la presentación que hizo Calderón de un programa para abatir las muertes maternas, Duarte demandó transparentar el operativo militar-policiaco, en Michoacán para que no existan prejuicios y suspicacias respecto al manejo de la justicia en tiempo electoral.

    Si bien el priísmo está al lado del combate a la delincuencia organizada, agregó, no se pueden generar márgenes en que se cuestione la actitud de la autoridad. Tras calificar el tema de «muy delicado», sostuvo que el gobernador Leonel Godoy, «en uso de sus atribuciones y por ser precisamente quien encabeza a las instituciones en el estado de Michoacán, debe hacer valer sus derechos, si fueron violados».

    Por su parte, la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación (Cepcom) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que las redes del narcotrafico, «una vez más han infiltrado esferas de gobierno, lo que pone en evidencia la calidad moral y de servicio» de algunos servidores públicos.

    Esto, expresó en alusión al operativo en Michoacán, «no es más que una prueba de la gran debilidad de las estructuras de seguridad, no sólo de esa entidad, sino de la mayoría de los gobiernos estatales del país».

    La postura de la CEM, expuesta en la página del Cepcom, advierte que los hechos recientes «nos dan una clara muestra del poderío y gran capacidad que el crimen organizado tiene para penetrar cualquier nivel de gobierno»

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