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  • El PRI se reserva el derecho de replica…

    El precandidato a diputado federal por el 15 Distrito de Benito Juárez, Jorge Schiaffino, advirtió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reserva el derecho de replica para responder a «los ataques» de dirigentes y aspirantes panistas.

    Lo anterior, luego de las declaraciones del líder del Partido Acción Nacional (PAN) , Germán Martínez, y de César Nava, en el sentido de que el PRI no ha apoyado al gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico.

    Schiaffino Isunza consideró que esas posiciones reflejan que en el panismo se ha desatado la histeria ante las encuestas electorales que le vaticinan a ese partido un fracaso en las próximas elecciones.

    Por ello agregó que los panistas «asumen la ruta fácil de la descalificación, la rabieta y un infantilismo perverso en un intento inútil de ocultar su debate electoral» .

    Schiaffino Isunza opinó que el carácter mostrado por Martínez Cázares y Nava «no sólo evidencian su inseguridad y miedo sino que ha puesto en la ruta de colisión los acuerdos y consensos necesarios para enfrentar la crisis económica y la narcoviolencia»

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  • 147 millones de pesos por monitoreo de medios paga el IFE

    El Instituto Federal Electoral (IFE) ha pagado hasta el momento más de 147 millones de pesos, para un sistema de monitoreo de radio y televisión que no ha rendido los resultados esperados, según se desprende de documentos oficiales de dicho Instituto.

    Además tuvo que pagar más de 2 millones 79 mil pesos, por la variación del tipo de cambio tras el desplome del peso de principios de año, señalan dichos informes.

    Como se recordará, en noviembre del año pasado, el IFE otorgó una licitación pública internacional a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que presentó una propuesta económica de 25 millones 745 mil 560.69 dólares.

    De acuerdo con el informe de la Comisión Temporal del Consejo General del IFE para dar seguimiento al ejercicio de la ampliación presupuestal, se han cubierto ya dos facturas a dicha empresa, ambas por 5 millones 181 mil 294.09 dólares.

    Sin embargo, en moneda nacional el IFE pagó 69 millones 970 mil 786.04 pesos, por la factura 10245 y después pagó 77 millones 343 mil767.53 pesos por la factura 10303, que estaban tasadas en una misma cifra en dólares.

    La propia Comisión Temporal reporta que tuvo que pagar 2 millones 79 mil 253.32 pesos por la diferencia del tipo de cambio del primer pago de la factura 10245 que se cobró el 20 de enero pasado.

    Posiblemente el IFE tendrá que pagar también la diferencia por la variación del tipo de cambio con la factura 10303.

    Este sistema de verificación y monitoreo de los promocionales de campañas político-electorales en radio y televisión, supuestamente servirá para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión aprobadas por el propio Instituto.

    Ello contempla la instalación 150 Centros de Verificación y Monitoreo y un Centro Nacional de Control y Monitoreo, en las sedes de los órganos desconcentrados del IFE a nivel nacional.

    Estos centros presuntamente estarán conectados a un Centro Nacional de Control de Operaciones con una cobertura inicial de 2 mil 139 señales. Sin embargo, hasta el momento sólo están operando plenamente 5 de esos centros.

    Ello, pese a que el calendario original preveía que para este 31 de marzo deberían estar ya funcionando al menos 100 de estos centros. Sin embargo se ha modificado el calendario y quizá hasta fines de abril estén funcionando los 150 centros.

    En la última reunión del Comité de Radio y Televisión, trascendió que habrá problemas para integrar el informe sobre el porcentaje de incumplimientos de concesionarios y permisionarios de radio y televisión de las pautas de partidos y el IFE.

    Sin embargo, pese a la incapacidad que ha demostrado el IFE para monitorear los spot de los partidos y autoridades electorales, dicho Instituto pretende monitorear programas de radio y televisión que difunden noticias.

    Ello, para evaluar la forma en que cubren la información política y el tratamiento que los medios electrónicos darán a las campañas electorales federales de los candidatos a diputados al Congreso de la Unión.

    Este asunto será discutido por el pleno del Consejo General del IFE en su sesión de este miércoles, en la que se planteará la firma de un convenio con una Institución Pública de Educación Superior.

    De esta forma se medirán: tiempos de transmisión. Consiste en el tiempo que cada noticiario dedica a las campañas de los candidatos de cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes.

    Se registrará -dicen- el porcentaje de tiempo otorgado a cada partido o coalición con respecto del total otorgado a todos los partidos políticos; importancia de las noticias. Consiste en la jerarquización de la información considerando la ubicación de la nota al interior del noticiario

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  • Socialdemócracia contra la Iglesia por intrusa

    El Partido Socialdemócrata (PSD) presentó un decálogo laico, que entre sus puntos destaca, el llamar a la población a no asistir a misa de «cualquier ministro que defienda las ideas político-electorales difundidas por el semanario Desde la Fe», órgano de difusión de la Arquidiócesis Primada de México.

    «Te abstendrás de asistir a la misa de cualquier ministro que defienda las ideas político-electorales difundidas por el semanario Desde la Fe y lo denunciarás ante la comunidad y ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación y el IFE», señala el punto número dos de su decálogo.

    El partido estableció además que los ciudadano que lo deseen llevarán dentro un su Biblia una copia del artículo 130 Constitucional, «el cual citarás a todo aquel representante de la Iglesia que opine públicamente sobre temas políticos».

    «Insistirás en que la libertad de expresión para los representantes de la Iglesia, está acotada por nuestra Constitución, en lo concerniente a temas políticos y electorales, por lo que el proselitismo en favor del PAN, o de cualquier otro partido, está prohibido», reza este «manual» de diez principios laicos difundido el PSD para este periodo electoral.

    La semana pasada, el dirigente nacional del PSD Jorge Carlos Díaz Cuervo anunció este decálogo como parte de una campaña informativa que su partido realizará en los templos del país, luego del silencio de Gobernación para sancionar la presunta intervención de jerarcas católicos en temas político-electorales

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  • IFE abogara por encuestadoras

    El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, ofreció su intermediación «diplomática» para simplificar los trámites de publicación de encuestas político-electorales en algunas entidades del país.

    Ello, luego de que algunos Institutos Estatales Electorales, como los de San Luis, Nuevo León y Sonora, han dificultado la realización de este tipo de ejercicios para conocer las preferencias de cara a la renovación de sus gobiernos estatales.

    Valdés Zurita advirtió que las encuestas de preferencias electorales y de comportamiento político «son un ingrediente de nuestra vida democrática» y «llegaron para quedarse».

    Son instrumentos, dijo, que cuando están bien hechos, cuando se apegan a una metodología científica, aportan a la información de los ciudadanos tienen para poder tomar decisiones.

    Por ello ofreció sus «buenos oficios» y su labor «diplomática» para dialogar con las autoridades electorales locales a fin de facilitar la realización de dichos ejercicios, con pleno respeto a la autonomía de dichos institutos

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  • Cartas al blog «¿Que hacer con el PVEM que quiere la pena de muerte?»

    Me escribe la señora Margarita del norteño estado de Nuevo León, contándome una autentica tragedia familiar que por respeto, omito aquí pero, me pregunta «siendo que estos verdes quieren poner la pena de muerte en México, ¿que hago para que eso no ocurra?»
    Caray, la mayoría de las veces hacemos lo posible porque los diputados hagan su trabajo pero Doña Margarita aquí me cuestiona como hacer que estos legisladores del partido verde, no lo hagan ya que seria a su ver, un grave error.
    Bien, lo primero es que veo sumamente difícil el que se apruebe la pena de muerte por una serie de situaciones que debería salvar la propuesta para llegar a ser ley, por ejemplo, en México desde la década pasada se firmo un acuerdo internacional que habla de la abolición de la pena de muerte y el respeto a los derechos humanos; pero no fue sino hasta 2003 cuando el senado de la república ratifico el acuerdo tachando desde el 2004 en la carta magna el artículo que castigaba con la pena capital a ciertos delincuentes.
    Amen claro esta que salirse de acuerdos así de fácil, no lo es, así que el señalamiento mundial estaría a la orden del día y eso nos traería problemas en especial con la Unión Europea que, es primer defensor de los derechos humanos en el mundo y podrían castigarnos de alguna forma.
    Pero… quiero pensar que antes de todo lo mencionado ya, los legisladores verdes tendrían la tranquilidad de saber que el 35 por ciento de los ejecutados en el mundo (en especial de China, Estados Unidos, Irán y Afganistán) se ha mostrado eran inocentes… que es de las penas que necesitan, no exceda el 4 por ciento de corrupción en la nación, un sistema de leyes que incluyan mecanismos efectivos de readaptación social y por si fuera poco, una autentica educación jurídica que debe nacer desde las facultades de leyes.
    Y aun así, el 35 por ciento de los ejecutados, se ha comprobado tarde que temprano, eran inocentes… que no desciende el índice de criminalidad, cierto pero ojo, esta cifra no la manejan organizaciones no gubernamentales ni nada, pero por cada criminal ejecutado real, identificado, se evitan cerca de 33 crímenes mas y hasta 3 homicidios se evitan.
    Así que señora Margarita dudo llegue a ser ley ya que hasta reforma constitucional debe ser y por ende, no alcanzan los diputados y senadores ecologistas, ya que se necesita mayoría relativa de las cámaras que voten a favor (dos terceras partes y PRI y PAN no apoyarían) y que todos los congresos de los estados de la república, en mayoría simple (o sea, la mitad mas uno, 16 congresos locales) apoyen la reforma; pero de todos modos, entérese, investigue, escriba sobre la negativa a la pena de muerte, mándeme sus escritos aquí al blog y, además de publicarles aquí, también me encargare de enviárselo a medios de comunicación y su propio diputado.
    Gracias por escribirme y tenerme la confianza de contarme todo, y usted amigo lector si gusta y así lo desea escríbame a el.enigma@gmail.com donde con gusto, me encuentro a sus órdenes.
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  • Ahora va el PAN por ley antisecuestro

    El senador Guillermo Tamborrel (PAN) presentó hoy al pleno del Senado su iniciativa en materia antisecuestros. La iniciativa fue turnada a comisiones para su discusión.

    Tamborrel plantea que el empleado bancario que proporcione información sobre la situación financiera de la víctima al secuestrador será considerado coautor del delito de secuestro.
    También pugna por las penas vitalicias, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ni gozarán de beneficios de libertad bajo caución.

    Para servidores públicos pide sanción de 40 años a prisión vitalicia si de forma deliberada dificultan la captura de secuestradores, desvíe o dificulte las averiguaciones, además de que perderá todo derecho a recibir cualquier compensación una vez destituido.

    En cuanto a las medidas que deberán contemplarse durante la etapa del proceso, periodo en el cual los individuos detenidos estarán bajo prisión preventiva de máxima seguridad, así como en la reclusión, se establecen medidas especiales tendientes a sancionar el delito de secuestro.

    En primer término se prevé que los sujetos vinculados a proceso por los delitos descritos en la ley que ahora se presenta, no gozarán de los beneficios de la libertad provisional bajo caución.

    En el mismo sentido, se propone que los individuos sentenciados por los delitos aludidos con anterioridad no gozarán de los beneficios previstos en otras leyes penales en cuanto a la ejecución de sanciones, es el caso de Código Penal Federal, previendo que únicamente será por los casos que la ley en materia de secuestro previene.

    Es en ese mismo tenor que prohíbe la amnistía e indulto a los sentenciados por los delitos previstos en la presente ley.

    Esta propuesta se suma a la que presentó la semana pasada su compañero de bancada Felipe González

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  • No se debe alterar el calendario electoral…

    El sub secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Gerónimo Gutiérrez afirmó que no es prudente, ni existen las condiciones ni elementos para alterar el calendario electoral, aunque no descartó que se mantenga abierta la posibilidad de modificar el calendario para los comicios del próximo 5 de julio.

    Gutiérrez fue entrevistado luego de una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) donde explicó que a petición del presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Leonardo Valdés Zurita, la Secretaría de Salud (Ssa) entregará un «Protocolo específico», con medidas preventivas para evitar más contagios por el virus de la influenza porcina.

    «En esta reunión coincidimos en que no existe elemento alguno con respecto de que haya alguna alteración, aunque esa posibilidad no se puede descartar, pero por ahora no existen las condiciones para tomar esa decisión.

    «Entre todos que acudieron a la reunión, ha habido una coincidencia de que no existen condiciones ni elementos que nos hagan prudente o necesario tomar una decisión respecto al calendario electoral, porque vamos a tomar una serie de medida preventivas en materia de salud», apuntó Gutiérrez.

    El subsecretario asistió al encuentro que se llevó a cabo entre el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, el secretario de la Ssa José Ángel Córdova, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Marycarmen Alanís, el presidente consejero del IFE Leonardo Valdés, entre otros

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  • Encuestadoras quieren que se respeten sus derechos

    El próximo 5 de julio, además de las elecciones federales se celebrarán 11 comicios estatales. En México, los institutos electorales estatales determinan los requisitos para la elaboración y publicación de encuestas.

    Sin embargo, las regulaciones de tres de estos 11 institutos electorales, que los encuestadores de Consulta Mitofsky, Parametrí­a, Buendí­a y Laredo, Berumen y Asociados, Demotecnia y BGC consideraron excesivas y de imposible cumplimiento, llevaron a las empresas a unirse y a presentar en Casa Lamm un frente común contra las medidas.

    Los encuestadores destacaron que en Nuevo León, San Luis Potosí­ y Sonora los requisitos para autorizar su trabajo van más allá de lo que legal, moral y metodológicamente pueden comprometer. Además, la regulación excesiva y sin sentido viola derechos constitucionales como el derecho al trabajo y a la información, particularmente la exigencia de los organismos de Sonora y Nuevo León â??de entregar los resultados tres dí­as antes de su publicaciónâ??, viola el artí­culo séptimo constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aseguraron.

    Riesgos metodológicos

    Los encuestadores reunidos en este foro informaron que ante el instituto electoral de San Luis Potosí­ solicitarán de manera conjunta el registro para poder elaborar encuestas, pero dejando en claro que el â??plan de encuestasâ? no existe como tal, y que el detalle metodológico que exigen es impreciso en unos puntos, metodológicamente incorrecto en otros e improcedente en materia de encuestas electorales.

    En Sonora y Nuevo León harán constar que es imposible entregar los resultados tres dí­as antes de su publicación

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  • SCJN habla de nueva cuenta, temas ya pasados…

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revivió dos juicios relacionados con el conflicto poselectoral de 2006: uno vinculado con la apertura de los paquetes que contienen las boletas de la elección presidencial, y otro con los spots que difundió, en ese mismo proceso, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra el entonces aspirante a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

    La ministra Olga Sánchez Cordero analiza una petición que le hizo un tribunal federal para que atraiga un juicio de amparo del cual depende que se ordene o no al IFE la apertura de los paquetes de la elección.

    Mientras, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió a sus compañeros analizar la posibilidad de atraer un amparo que promovió el CCE con base en el cual pretende evadir el requerimiento que le hizo el IFE para que le informe sobre los spots que difundió para incidir en los comicios.

    En el primer caso, se trata del juicio de amparo que interpuso el académico Sergio Aguayo en contra del IFE por rechazar la petición que le hizo, en aras del acceso a la información que protege la Constitución, para tener acceso a las boletas, antes de que sean quemadas.

    Hace justo un año, en marzo de 2008, la Corte desechó un amparo similar promovido por la revista Proceso, por considerar que el juicio de amparo ni siquiera procedía contra cuestiones de tipo electoral.

    Pero ahora se estima que existe la posibilidad de que dicho criterio se revierta.

    En el segundo caso, precisamente el presidente de la Corte pidió a sus compañeros que ejerzan su facultad de atracción para revisar el juicio de amparo del CCE en contra de una orden que le giró el IFE

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  • Prorroga a partidos para que entreguen su lista de candidatos, ja, ni eso hacen bien

    El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó en las primeras horas de hoy, ampliar del 31 de marzo al 15 de abril el plazo para que los partidos políticos concluyan la designación de la totalidad de sus candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, para la elección federal 2009.

    Sin embargo, la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que este acuerdo es violatorio del artículo 41 constitucional y del 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), ya que viola los principios de certeza, objetividad e imparcialidad por los que debe velar dicho instituto.

    Rafael Hernández Estrada, representante del PRD, dijo que el IFE violó sus propios acuerdos, ya que previamente había fijado una fecha para la celebración de la asamblea electoral o de la jornada comicial interna de los partidos y ahora otorga a «ciertos partidos» una prórroga, en detrimento de los que sí cumplieron con el plazo del 31 de marzo, establecido con anterioridad.

    Se viola el principio de certeza y objetividad, dijo, porque se había fijado como fecha límite el 7 de abril para la presentación de los informes de precampaña y el 10 de abril los partidos tendrían que informar al IFE los nombres de los precandidatos que no presentaron sus informes respectivos.

    Además, se fijó el 14 de abril como fecha límite para que los partidos resuelvan los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, pero con la ampliación del plazo, no se podrán cumplir todas estas obligaciones que ya había acordado el IFE, señaló.

    Aún así, el pleno del Consejo General determinó modificar el plazo para que los partidos políticos concluyan la designación de la totalidad de sus candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, con base en consultas formuladas por representantes de partidos políticos ante el órgano directivo.

    El consejero Virgilio Andrade Martínez presentó el proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado por siete de los nueve consejeros electorales.

    De acuerdo con el documento correspondiente presentado al pleno por Andrade Martínez se establece que las designaciones pendientes de candidatos se harán conforme a lo dispuesto en los estatutos y convocatorias de los propios partidos.

    Dentro de este nuevo plazo, no podrá haber actos de proselitismo, de publicidad o propaganda en radio, televisión o medios impresos, así como de cualquier otra naturaleza distinta a la permitida a los partidos políticos.

    Toda conducta contraria al Acuerdo será considerada como acto anticipado de campaña, con los efectos que correspondan al caso.

    El máximo órgano directivo del Instituto planteó, también, que en la designación de candidaturas en su conjunto, los partidos políticos deberán vigilar el cumplimiento de las reglas respecto de la paridad de género establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

    Para ello, los institutos partidistas deberán informar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, con cuando menos 72 horas de anticipación, sobre las fechas, distritos, causas y condiciones en las que se llevará a cabo el procedimiento de designación respectivo

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