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En la sierra de Guerrero, entre la Costa Grande y la Tierra Caliente, decenas de poblados y núcleos ejidales se encuentran abandonados o en poder de la delincuencia organizada. Están prácticamente deshabitados, salvo por los pobladores que aceptaron o fueron obligados a trabajar para los criminales. Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), con sede en Chilapa, Guerrero, describe la situación con elocuencia.
Señala que detrás de esta condición están los intereses de las empresas mineras, tanto trasnacionales como nacionales. La delincuencia organizada opera como brazo paramilitar de ellas. Aunque no existe un registro completo de los afectados, se trata de centenares de familias en circunstancias trágicas, muchas de ellas dispersas en la entidad, el resto del país o en Estados Unidos.
En la llamada región Sierra de Guerrero hay comunidades deshabitadas por completo, en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Coyuca de Catalán, refiere Olivares. La Laguna, por ejemplo, se encuentra deshabitada desde 2011. Lo mismo en las partes serranas de la Costa Grande, en los municipios de Petatlán, Coyuca de Benítez y otros.
Entrevistado por La Jornada, Olivares destaca sin ironía alguna: Casualmente, en todas esas localidades existen varias concesiones mineras que no se habían podido instalar a causa de los ejidos y poblados que se resistían. Casi todos los ejidos que actualmente sufren ocupación de la delincuencia organizada se habían negado a titular sus parcelas con los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y el de Certificación de Derechos Comunales (Procecom) del gobierno.
Para las mineras resulta más sencillo operar en tierras despobladas que lidiar con asambleas ejidales y comunitarias, así que los ejidos fueron dispersados. Comisariados y delegados ejidales han huido con sus familias, al igual que los demás ejidatarios o comuneros. Muchas veces dejan atrás la documentación del territorio que tienen. En los hechos se volvieron tierras desocupadas, algunas hace más de cinco años. De acuerdo con la ley, si nadie las habita ni trabaja, se consideran abandonadas.
Un caso: Guajes de Ayala. Salieron casi todos, incluidas sus autoridades. Ahora no tienen documentos que prueben su calidad de ejidatarios. Pero “no toda la gente dejó los anexos. De 16 mil hectáreas, sólo 5 mil están sin dueño. En las otras, la gente que se quedó paga ‘impuesto’ o trabaja para las organizaciones criminales”, agrega el director del Centro Morelos, el cual lleva decenas de casos de desaparición en la región, todos en el contexto de la invasión de la delincuencia organizada. Las familias que buscan a sus hijas e hijos suman decenas.
“Las mujeres son un verdadero botín de guerra. Ahí ve uno a las muchachitas viviendo con los narcos. Las mujeres y los niños son los que más sufren; no queda ningún código de honor, ningún derecho. Los hombres y jóvenes sirven para el sicariato, cultivan amapola o mariguana, les trabajan”.
Olivares expone que otro factor de esta situación desesperada es “la lucha entre las organizaciones criminales por el control de territorio y la ‘necesidad’ que tienen de mayores extensiones de tierra. Y como también requieren mano de obra, incorporan la población al grupo o le exigen recursos económicos. Por eso tantos se van; es insoportable”.
La dispersión de las comunidades llega ser total. Algunas decenas de familias se han refugiado en otros municipios de Guerrero. Pero son incontables las familias que migraron a Michoacán, Jalisco, Baja California o Estados Unidos, y ahora son jornaleros. El Centro Morelos trabaja ahora con grupos de nueve, 16 o 34 familias desplazadas en la misma entidad, que reclaman sus tierras y el derecho a vivirlas y trabajarlas.
A la pregunta de si se trata de comunidades indígenas, Manuel Olivares responde terminante: No lo son. Los lugares abandonados estaban habitados por campesinos mestizos o pueblos que dejaron sus lenguas y costumbres hace tiempo. Resulta más fácil que ellos abandonen sus ejidos. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión diferente respecto de la tierra y la oposición a las minas y la delincuencia organizada. En las comunidades indígenas de la Montaña, la Sierra y la Costa se han formado policías comunitarias para contener la delincuencia y la minería.
Así, las comunidades indígenas se defienden y no abandonan tan fácil sus lugares en estas y otras regiones de Guerrero, también asoladas por la delincuencia y codiciadas por las mineras.