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Sucede en todo el país: Repentinamente se levantan imponentes desarrollos de lujo cuyos dueños, cuando aparecen, son personajes que de la nada se transforman en potentados. Y son, en realidad, lavadores de dinero cuyo origen es producto de actividades criminales, como el narcotráfico, el saqueo al erario o el cobro de “moches”.
En un país donde la impunidad es política de Estado, con una arquitectura jurídica para que no se castigue la alta corrupción política y empresarial, el lavado de dinero prospera a las narices de la autoridad, que a menudo lo auspician porque forman parte de él.
Son al menos 20 mil millones de pesos los que se “lavan” en México, apenas 10% de la utilidad del tráfico de drogas, según los organismos oficiales, pero por eso hay manera de brincarse controles, sobre todo cuando los interesados están en la cúspide del poder político, empresarial y financiero.
En Puebla hay una zona muy cara, de altísima plusvalía, en San Andrés Cholula, municipio conurbado a la capital del estado, donde se levantan los más exclusivos fraccionamientos que habitan los millonarios locales, entre ellos el opulento Distrito Sonata.
Se trata de un lujoso complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos, habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Ya lo publicó alguna vez Proceso: Ahí está en marcha una maquinaria empresarial para lavar dinero del narcotráfico en desarrollos inmobiliarios, según la Procuraduría General de la República (PGR), justo cuando inició el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, en 2011.
Es una zona de concepto walking distance (a poca distancia) que por su exclusividad es comparado a menudo con Miami. Ahí se levantan Sonata Towers, inmensas torres de departamentos, y Luxory Corner, también habitacional, junto a Plaza Jazz y STW Plaza, donde se venden las marcas más costosas del mundo.
Todos estos desarrollos han sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28 de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto “My Residence”, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El gobernador panista Moreno Valle colocó la primera piedra de ese proyecto de Blueicon, que a cambio de la inversión se quedó como dueño de los seis mil metros cuadrados del terreno que fue donado al CCE, en 2004, por el exmandatario priista Melquiades Morales, cuando el actual era secretario de Finanzas.
“Les agradezco que estén invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My Residence”, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya prosperidad se cimenta, como ya se dijo, en actividades criminales, según la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Blueicon Technology, S. A de C.V. –que ya incursionó también en la realización de películas con Blueicon Films– es sólo una de las al menos 12 empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico, según las investigaciones de la PGR y la SHCP, cuyos principales accionistas son Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez.
Conforme a la indagatoria C.I./PGR/UEAF/0001/2015-04, a la que Proceso tuvo acceso, ambos personajes comenzaron en una inaudita expansión en el ramo de la construcción en la zona más exclusiva de la Angelópolis, localizada en el municipio de San Andrés Cholula, gobernado por el PAN desde hace 20 años.
La súbita prosperidad de ambos empresarios coincide con el inicio del gobierno de Moreno Valle, en febrero e 2011 –ahora aspirante presidencial–, cuyo primer secretario de Infraestructura fue Antonio Gali Fayad, gobernador electo y cuya riqueza súbita siempre ha estado bajo sospecha.
Tamaña prosperidad, en un país y en un estado a la baja, ya encendieron la alerta en Estados Unidos y en Europa. El asunto –mientras Moreno Valle calla– da para más…