La Secretaría de Salud y legisladores del PAN advirtieron que no hay condiciones para cumplir la reforma que exige a las escuelas dedicar 30 minutos de ejercicio diario como medida contra la obesidad.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, dijo que acatar la medida significaría que los niños ocupen hasta 20% del horario escolar a hacer ejercicio, lo que â??tendría impacto sobre la calidad educativaâ?.
Para el senador del PAN, Ricardo Torres Origel, integrante de la Comisión de Salud, la aprobación de la iniciativa, el pasado martes, refleja â??la absoluta ignoranciaâ? de los diputados.
La propuesta está actualmente en el Senado para su eventual ratificación.
Desde la perspectiva del panista, la reforma no se va a avalar, a menos que se corrijan â??todas las inconsistenciasâ?.
Dijo que la infraestructura escolar tampoco permitirá cumplir lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El subsecretario Mauricio Hernández mencionó que México tiene una de las jornadas de clases más cortas, a diferencia de otros países con cinco o seis horas de clase y con suficiente espacio para realizar ejercicio sin problemas.
En Ciudad Juárez, el secretario de Salud, José íngel Córdova Villalobos, consideró que las escuelas no necesitan tener canchas de futbol para realizar actividades físicas. â??Lo importante es incidir en el espíritu de niños y jóvenes para que realicen ejercicioâ?, afirmó.
De acuerdo con cifras oficiales, México ocupa el segundo lugar en el mundo en obesidad en adultos y en los niños va en crecimiento. Datos del gobierno federal señalan un incremento â??alarmanteâ? de 77% en el número de niños entre cinco y 11 años de edad que padecen obesidad.
De seguir la tendencia, en 2015 la obesidad representará una carga financiera de 100 mil millones de pesos, de ellos, 70 mil corresponderían a gastos médicos
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Sera imposible cumplir ley antiobesidad
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Senado da mayor peso a CNDH
El Senado aprobó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el dictamen para elevar a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, que incluye la modificación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pase la facultad de investigar violaciones â??gravesâ? a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Una vez aprobada esta reforma, las instituciones estarán imposibilitadas para negar información al organismo bajo el argumento de datos confidenciales. Pero a cambio, la CNDH deberá mantener reservados los datos para no afectar a terceros.
En el dictamen, los integrantes de las comisiones modifican â??sustancialmenteâ? el artículo 102 constitucional para establecer que el presidente de la CNDH y los titulares de los organismos de protección de derechos humanos de los estados se elijan a partir de una consulta pública.
Con esta reforma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar â??los hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanosâ? por oficio o cuando lo solicite el Ejecutivo Federal, el Legislativo, los gobernadores, el Jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.
Se establece que las entidades y el DF garantizarán la â??autonomíaâ? de los organismos de protección a los derechos.
El presidente de la Comisión, Pedro Joaquín Coldwell (PRI), resaltó que las modificaciones avaladas en comisiones forman parte de la reforma política que se discute en el Senado.
Estado de emergencia
El dictamen también adiciona el artículo 29 constitucional como un primer piso del entramado jurídico hacia la aprobación del estado de emergencia para fortalecer al Estado en la lucha contra el narco y el crimen organizado.
Los senadores debatieron por casi dos horas el tema, y acordaron que â??la restricción o suspensión de derechos y garantías debe ser proporcional al peligro a que se hace frenteâ?.
Los secretarios de Estado y la PGR, con aval del Congreso, podrán restringir en el país o una zona el ejercicio de los derechos y las garantías â??que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero por un tiempo limitadoâ?.
El Congreso de la Unión será el encargado de revocar la suspensión de garantías, y el Ejecutivo no podrá hacer observaciones