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El presidente francés Nicolas Sarkozy fue duramente atacado por la oposición el miércoles, el día después del severo revés que le asestó el Consejo Constitucional con la anulación de su proyecto emblemático, la tasa carbono, a dos días antes de su entrada en vigor.
Los franceses debían empezar el 1 de enero a pagar esta tasa destinada antes que nada a modificar sus hábitos de consumo, incitándoles a utilizar energías menos contaminantes. La medida debía traducirse, por ejemplo, en una subida de 4 céntimos por litro de gasolina.
Dos semanas después del fracaso de la cumbre de Copenhague, esta «revolución fiscal», según palabras de Sarkozy, pretendía ser la demostración de que Francia y su presidente están en primera línea del combate para reducir las emisiones de gas CO2.
La oposición socialista, que llevó el asunto al Consejo, se alegró de la censura de una tasa «particularmente injusta» y la calificó, como hizo su dirigente Martine Aubry, de «fiasco» personal para el presidente.
El líder centrista François Bayrou, por su parte, manifestó que este episodio ilustra a la perfección «el método Sarkozy». «Se gobierna por efectos de anuncio, sin pensar, de manera desordenada, sin tener en cuenta las consecuencias, ni el derecho», dijo el miércoles.
El gobierno hizo saber que presentará el próximo 20 de enero un nuevo texto, porque Nicolas Sarkozy sigue «muy determinado» a imponer la tasa carbono, indicó a AFP la secretaria de Estado de Ecología, Chantal Jouanno.
Pero lo particularmente severo para Sarkozy y su gobierno de esta decisión del Consejo constitucional, anunciada ayer por la noche, son los argumentos.
Los jueces consideraron que la nueva tasa comportaba demasiadas exenciones para algunos sectores energéticos. Estas exenciones son «contrarias al objetivo de lucha contra el calentamiento climático», dijeron.
Esta tasa carbono iba a afectar al consumo de gas, carbón y petróleo, pero no a la electricidad que, en Francia, es en su gran mayoría de origen nuclear. Aunque minoritaria, la electricidad suministrada por las centrales térmicas se salvaba del proyecto gubernamental.
El Consejo constitucional estimó que «menos de la mitad de las emisiones de gas de efecto invernadero habrían estado sometidas a la tasa carbono» y que «el 93% de las emisiones de origen industrial, salvo los carburantes» no habrían sido tasadas. Se trataría, dijo, de una ruptura del principio de igualdad ante el impuesto.
El objetivo de la tasa no era llenar las arcas del Estado, asegura el gobierno, ya que esta sería íntegramente restituida a las familias y a las empresas vía rebaja de impuestos o de una ayuda para los hogares que no pagan impuestos porque no ganan lo suficiente.
De este modo el sistema habría beneficiado a los que menos energías contaminantes hubieran utilizado, ya que habrían pagado menos tasa carbono.
El partido del presidente, UMP, lamentó esta censura constitucional, acusando a los socialistas de promover la anulación de una tasa «que significaba un progreso para nuestra sociedad» en un momento en que Francia iba a ser el ejemplo en el mundo».