Senadores del PRD presentaron una iniciativa de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, que promueve la no discriminación y prevé combatir la censura.
La iniciativa suscrita por los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky, Lázaro Mazón, José Luis Máximo García, Antonio Mejía Haro y Rubén Velázquez se publica hoy en la Gaceta del Senado.
«En nuestro país, el avance ha sido muy evidente. Todas las universidades públicas poseen acceso masivo a los miembros de sus comunidades, los hogares mexicanos acceden cada vez más a los servicios de la red, a paso veloz», artgumentaron.
«En la actualidad cerca del 30% de las familias mexicanas tienen acceso a Internet mediante diversos servicios, aún cuando la mayor parte de los usuarios acceden desde los servicios públicos, fundamentalmente desde los llamados ciber, que cubre las inequidades derivadas de la situación socioeconómico en muchas regiones del país; una gran parte de las comunicaciones financieras, se realizan a través de Internet y de manera creciente la actividad económica se desplaza a través de las comunicaciones que conlleva la red».
Sin embargo, los senadores advirtieron que «se presentan nuevos riesgos para los usuarios de estas tecnologías así como zonas de penumbra en su seguridad jurídica, que crean incertidumbre y fomentan la comisión de conductas nocivas para la sociedad en distintos aspectos de la vida cotidiana».
Recordaron que de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hasta diciembre de 2008, existen en México alrededor de 23 millones de usuarios de la Internet.
«Dicha cifra representa una penetración del veintitrés por ciento, es decir que, de cada cien mexicanos únicamente veintitrés tienen acceso a la Internet en cualquiera de sus modos, público o privado, personal o corporativo».
El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2007-2012 planteó como meta para el gobierno incrementar la penetración de la conectividad a niveles superiores al sesenta por ciento de la población.
«La Iniciativa de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet , que hoy se presenta a esta soberanía, se ocupa no sólo de estos temas que ya causan perjuicios a los ciudadanos, sino que, además, por primera vez en la historia de nuestro país, crea un ordenamiento coherente y adecuado para el universo virtual, comenzando por el establecimiento de un lenguaje común que elimine la diferencia de criterios e interpretaciones en la ley y en las prácticas comerciales habituales».
En el artículo 3 fija la definición para los principales términos de uso común en el entorno digital, estableciendo la unidad de criterios que resulta en un solo concepto para cada término.
El capítulo segundo se centra en garantizar la neutralidad en la prestación de los servicios de Internet y de hospedaje de sitios de Internet.
«La Internet es una plataforma cuya naturaleza y funcionamiento, hasta nuestros días, se caracterizan por ser libres, neutrales y sin controles centralizados, lo cual resulta no sólo deseable sino también indispensable para su ulterior desarrollo, resultando imprescindible que el usuario tenga garantizado, por disposición de la ley, que las comunicaciones de todo tipo que se lleven a cabo a través de la Internet o valiéndose de la misma, permanezcan libres de intervención, censura o discriminación de cualquier tipo».
No obstante, «bajo los pretextos de seguridad nacional, moral y salud pública y aún como mecanismos de control político y social, en algunos países, los proveedores de servicios de Internet o las autoridades reguladoras de las telecomunicaciones, han lesionado las libertades ciudadanas a través del bloqueo de contenidos y sitios de todo tipo».
Aunque las razones esgrimidas «pueden atender a aspectos comerciales y de infraestructura, y en ciertos casos de censura y privación del derecho a la libre manifestación de las ideas, el hecho es que las restricciones así impuestas no han sido útiles como medidas de seguridad y, en cambio, ofenden la dignidad y derechos del ciudadano, siendo, además, violatorias del orden constitucional y de las sanas prácticas democráticas».
Los legisladores precisaron que «un marco jurídico adecuado es el mejor camino para alcanzar este objetivo».
La legislación que se propone «contempla la prohibición para que los prestadores de servicios de Internet lleven a cabo prácticas de discriminación de contenidos o sitios, evitando de esta manera el acceso preferencial o con disminución de ancho de banda según corresponda a los intereses del proveedor de los servicios de Internet de que se trate en perjuicio de los usuarios»
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