Durante muchos años, y hasta los 80 del siglo pasado, los ciudadanos de este paÃs atestiguaban con resignación la contradicción existente entre nuestros ordenamientos legales y lo que realmente se daba en la vÃa de los hechos.
Se llegó a decir, incluso, que éramos un paÃs del tercer mundo con leyes del primer mundo, situación contradictoria que por sà misma impedÃa su aplicación y efectividad.
Fuimos un paÃs, en el que no existÃa la separación de poderes. Un paÃs, en el cual nadie creÃa en las elecciones. Un paÃs, en el que prácticamente cada elección era motivo de un conflicto post-electoral.
También advertÃamos, con temor, cómo muchos medios de comunicación, escritos y electrónicos, estaban supeditados a los gobiernos locales o al gobierno central. Mención aparte merecen los medios, que a lo largo de nuestra historia han existido siempre con una actitud crÃtica e independiente.
Ese México, que no pretendo describir en unas cuantas lÃneas, ya no regresará, sin embargo tenemos muchas asignaturas pendientes que a nadie parecen interesarle.
Afortunadamente muchas cosas han cambiado, pero no ha sido producto de movilizaciones ciudadanas o de las propuestas de los legisladores, sino de la coyuntura o de las circunstancias polÃticas del paÃs.
Lo importante, es que hoy somos una ciudadanÃa crÃtica y demandante, que se enfrenta a un Congreso y a un gobierno que no entienden que el paÃs ha cambiado.
El gobierno, en todos sus niveles, maneja los asuntos que son de su responsabilidad como si fueran cuestiones personales, sin compromiso alguno con los ciudadanos, y un Congreso que pareciera que su función es discutir y entorpecer lo que nos beneficia, y solo protegen sus propios intereses.
Hoy contamos con un Poder Judicial verdaderamente autónomo, que se inició en el gobierno del presidente José López Portillo, cuando se modificó un artÃculo donde expresamente autorizaba a este Poder, a elaborar su propio presupuesto para ser presentado directamente a la Cámara de Diputados.
Estas medidas, sin duda, fueron de la mayor trascendencia, independientemente de que quienes integran el Poder Judicial, en sus diferentes etapas, han decidido fortalecerlo a través de diversas reformas, contando con la aprobación del Ejecutivo Federal en turno.
Durante la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari, con el consenso de todos los partidos, el 11 de octubre de 1990 se conformó, por primera vez, un órgano electoral autónomo, que entre otros resultados, logro que a partir de 1997 pudiéramos contar con un Congreso plural e independiente del Poder Ejecutivo.
Por decisión propia, los medios de comunicación se han fortalecido. Los ciudadanos contamos con una prensa independiente, que se ha convertido en un sólido contrapeso para los tres poderes de la Unión.
En suma, hemos tenido avances sustantivos, pero ninguno de éstos obedece a la â??presiónâ? ciudadana o son producto de movilizaciones para lograr estos cambios que hoy valoramos y apreciamos.
En cuanto a los partidos polÃticos, parecen no entender que la ciudadanÃa demanda contar con partidos verdaderamente reales, auténticos, que se encuentren del lado de los ciudadanos, y que no se conviertan, como son la mayor parte de ellos, en cotos de poder para beneficio de unos cuantos.
Los partidos polÃticos cada dÃa pierden simpatÃa y confianza de los ciudadanos. No ven en ellos a sus representantes populares para realizar las reformas importantes que el paÃs requiere.
Los ciudadanos, con impotencia, advierten que los partidos polÃticos solamente defienden sus propios intereses. No es casual que en las encuestas que se realizan, la policÃa, siempre tan cuestionada, se encuentre mejor calificada en la percepción ciudadana.
Está próxima una nueva elección de diputados federales y elecciones en cinco Entidades Federativas. Nadie debe sorprenderse que la ciudadanÃa, en esta ocasión, no se presente a votar y que se cuente con un alto Ãndice de abstencionismo.
Hay periodistas y analistas polÃticos que, incluso, han llamado a no votar o, por lo menos, a tachar toda la boleta para anular el voto, lo que ha traÃdo como consecuencia que se les quiera cuestionar por ir en contra de supuestos avances democráticos.
Lo cierto es que quienes escriben esto, solamente transmiten el sentir de una ciudadanÃa que ya no tiene confianza y no cree en los partidos polÃticos.
En la medida en que los propios legisladores, que por supuesto pertenecen a algún partido polÃtico, no tomen la decisión de modificar radicalmente su actuación y cambiar toda la legislación relacionada con la vida de los partidos, los ciudadanos no podemos esperar que pase absolutamente nada.
Los legisladores deberÃan empezar, por lo pronto, por presentar una iniciativa de Ley de Partidos PolÃticos, que los obligue a rendir cuentas a los ciudadanos y a sus propios militantes, y a transparentar de manera pública y obligatoria, los considerables recursos que manejan.
¡Qué contradicción! Un paÃs con 60 millones de pobres y ocho partidos polÃticos que manejan verdaderas fortunas â??equiparables, al 50% del presupuesto de muchos paÃses centroamericanosâ?? y sin rendirle cuentas a nadie