El último día de su mandato, Felipe Calderón ratificó mediante una reforma la decisión de que él y su familia reciban seguridad militar vitalicia consistente en 425 activos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como servicios médicos exclusivos. Sin embargo no será tan fácil que Calderón siga lastimando el interés público al infinito. Veamos la historia de este abuso.
Primero. Desde el Acuerdo Presidencial 7637, del 25 de noviembre de 1976, los expresidentes de México gozan de pensiones y beneficios. Este documento jamás fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni firmado por el presidente de la República (Luis Echeverría Álvarez). Las rúbricas que aparecen son las de Hermenegildo Cuenca, secretario de la Defensa Nacional, y Luis M. Bravo, titular de Marina. Por lo tanto, nunca tuvo valor legal. Además, acusando ignorancia jurídica, el acuerdo de referencia fue publicado en la Gaceta de la Secretaría de la Presidencia por su oficial mayor, Tulio Patiño. Para esa fecha, el expresidente tenía asignados 78 militares y ayudantes civiles.
Once años después, el 31 de marzo de 1987, salió el Acuerdo Presidencial 2763 Bis, que tampoco fue firmado por el presidente Miguel de la Madrid ni publicado en el DOF, amén de haber sido rubricado sólo por el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. En este acuerdo se amplían las prebendas de los expresidentes de la República poniendo a su servicio otros 25 funcionarios públicos. De esta suerte, los “apoyos” pasan de 78 en 1976 a 103 en 1987 entre militares y civiles. A finales de 2011, en un acuerdo secreto, Calderón aumentó esa protección a 425 militares, como lo comenté en Proceso 1835, del 1 de enero de 2012. Si de por sí está mal que los expresidentes cuenten con 103 elementos, es gravísimo que esa cifra crezca 400%.
Segundo. En la experiencia comparada no hay parámetros que ayuden a explicar el despropósito mexicano. Por lo que se refiere a seguridad, cabe decir que en Italia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y el Reino Unido no hay servicios de seguridad pagados por el erario para sus exprimeros mandatarios. En Estados Unidos, a partir de George W. Bush, por razones de austeridad la pensión y los apoyos serán sólo por 10 años, no vitalicios como en México. Bush cuenta sólo con 15 elementos del servicio secreto para su seguridad diaria. Puede solicitar seguridad adicional para casos excepcionales, como las ocasiones en que hace visitas internacionales, previo dictamen de un órgano colegiado dispuesto para esos efectos. En Francia el exprimer mandatario tiene dos escoltas y cinco más para la protección de su hogar. ¿Alguien en su sano juicio cree que Felipe Calderón requiere más seguridad que George W. Bush, que tiene enemigos en los cinco continentes?
Por cuanto se refiere a atención médica, cabe apuntar que en Estados Unidos los servicios de ayuda y asistencia médica para los expresidentes no son gratuitos. Tienen un descuento en los hospitales militares que asciende a 40%. En Australia los servicios médicos de los exprimeros mandatarios son idénticos a los de cualquier funcionario que se atiende en la seguridad social. Este esquema es igual en Canadá, Chile, Costa Rica, Francia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros. En México, gracias a Calderón, él y su familia gozan de servicios médicos gratuitos en el Hospital Militar.
Tercero. Será muy difícil para la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, durante la discusión del Presupuesto de Egresos que se realizará los próximos días, justificar los ingresos de Calderón por ¡2 mil 677 salarios mínimos mensuales!, si se suman pensión y apoyos. Del lado progresista, los diputados Carlos Augusto Morales, Socorro Ceseñas Chapa, Carol Antonio Altamirano, Alberto Anaya, Tomás Torres Mercado, entre muchos más, tienen el deber cívico de detener esta afrenta. Estaremos pendientes de cómo se vota y quién vota de espaldas a la nación. Más todavía, en el numeral III de Acuerdos Presupuestales del “Pacto por México”, firmado por todos los partidos políticos, se establece: “El Presupuesto 2013 considerará un programa de austeridad y racionalidad en el gasto que permita reducir el gasto corriente e incrementar la inversión productiva”. ¿Cómo justificar las pensiones y apoyos a los expresidentes de la República como parte de la “austeridad y racionalidad”?
Un grupo de juristas daremos una batalla legal para combatir este último misil que Calderón ha enviado al pueblo de México. No existen palabras para calificar el hecho de que el último día de su mandato reformó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, que, entre otras cosas, dice: “Los expresidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y la de su familia con antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la autorización a que se refiere la fracción IX del artículo 11 del Reglamento”; es decir, que abre la puerta para requerir todavía más militares de protección. En su huida y a la carrera, Calderón, apoyado por su equipo jurídico, fue afortunadamente desaseado. Esas pifias son oro molido para darle viabilidad a este caso legal que no podría dejarse pasar.
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
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El autoregalito de Felipe Calderón
El autoregalito de Felipe Calderón -
Crea el IFE nuevas comisiones temporales
Con el propósito de que el Instituto Federal Electoral (IFE) no interrumpa sus tareas, hoy su Consejo General llevará a cabo una sesión extraordinaria para designar de manera provisional a los integrantes de tres comisiones y grupos de trabajo, que estarán vigentes hasta el próximo nombramiento de los nueve consejeros electorales.
La necesidad de esta decisión responde a que tres consejeros electorales salientes -Arturo Sánchez, Virgilio Andrade y Marco Gómez- integraban la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la cual depende el Comité de Radio y Televisión, que a su vez se encarga de la administración de los tiempos oficiales de los partidos y el gobierno.
Sánchez, Andrade y Gómez pertenecen además a las comisiones de Organización Electoral y al í?rgano Garante de Transparencia.
Los proyectos del acuerdo serán presentados al pleno por el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, y serán ratificados por los seis miembros que integran la mesa del Consejo General, informo el organismo electoral en un comunicado.
Para presidir el í?rgano Garante de Transparencia y Acceso a la Información se propone a la consejera electoral Macarita Elizondo Gasperín, quien ocuparía el lugar de Arturo Sánchez Gutiérrez, en caso de ser ratificada.
Este último, hasta hoy, formó parte del IFE por mandato legal.
Se propone a Macarita Elizondo Gasperín también para completar la Comisión de Organización Electoral, que preside el consejero Francisco Javier Guerrero Aguirre.
Además, el pleno votará la integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que debe estar conformada por tres consejeros electorales, quienes a su vez participarán en el Comité de Radio y Televisión.
«En espera de la decisión de la Cámara de Diputados respecto de la renovación escalonada de los integrantes del Consejo General, el IFE continúa con sus trabajos cotidianos y está atento al nombramiento de los tres nuevos consejeros electorales», detalla el comunicado.
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¿Quieren que les toque menos dinero a los partidos politicos?, hablen con diputados
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, señaló que los tres mil 335 millones 562 mil pesos que los partidos políticos recibirán como financiamiento público en 2011 son conforme a lo que la Constitución y el Cofipe establecen.
En entrevista conjunta con el consejero Alfredo Figueroa, indicó que una eventual reducción al monto de los recursos que las fuerzas políticas con registro reciben cada año es algo que no está en la facultad del IFE, sino en la de los legisladores con una eventual reforma a la fórmula establecida en la ley.
Valdés Zurita refirió que el monto es elaborado con base en la fórmula que la legislación electoral vigente y la misma Constitución establecen, y que fue estipulada en la última reforma electoral de 2007.
Dicha reforma, agregó, tuvo el objetivo de privilegiar el financiamiento público sobre el privado, con el fin de generar equidad y evitar el ingreso de dinero ilícito a las arcas de los partidos.
El consejero presidente del IFE refirió que es competencia del instituto electoral hacer la fiscalización de tales recursos públicos empleados por los partidos, para garantizar que ese capital lo empleen de acuerdo con la ley.
Al respecto, el consejero Alfredo Figueroa recordó que el órgano electoral ha sancionado en repetidas ocasiones a aquellas fuerzas políticas que ocupan esos recursos con unos fines distintos a los que la Constitución establece.
â??Cuando algún partido se ha desviado de este ejercicio, de este uso de recursos, esta autoridad ha establecido sanciones, incluso duplicando el monto ejercido por parte de los partidosâ?, comentó
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Vea en que se va el dinero del IFE
Los siete partidos políticos con registro en el país dispondrían de cuando menos tres mil 335 millones 562 mil pesos como financiamiento público para sus actividades durante 2011.
Así se prevé en la propuesta de presupuesto que el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó y que remitirá al Ejecutivo para su envío al Congreso de la Unión como parte del paquete presupuestal del año siguiente.
El monto representa un incremento de nueve por ciento con respecto a los recursos que los entonces ocho partidos con registro ante el IFE recibieron para sus actividades ordinarias y específicas de este año y que fue de dos mil 997 millones 358.8 pesos.
La cifra fue elaborada por el órgano electoral de acuerdo con la fórmula que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece desde la reforma electoral de 2007.
Mediante ella el financiamiento público de los partidos se establece a partir de la multiplicación del total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral a la fecha de corte de julio del año anterior, por el 65 por ciento del salario mínimo vigente en la ciudad de México.
De esta manera los siete partidos tendrán el siguiente año tres mil 176 millones 65 mil pesos sólo para sus actividades ordinarias permanentes, los cuales serán repartidos 30 por ciento de forma igualitaria entre las siete fuerzas.
Mientras el 70 por ciento restante considerando la votación nacional emitida a su favor en la última elección de diputados por mayoría relativa.
Es de destacar que en 2010 el monto para esas actividades que se repartió entre las entonces ocho fuerzas políticas con registro fue de dos mil 997 millones 358.8 pesos y fue el PRI el que más recursos recibió por ese concepto.
Las siete fuerzas políticas también dispondrán de 95 millones 282 mil pesos para sus actividades específicas dedicadas al fomento a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y tareas editoriales.
Cifra arriba en casi 10 por ciento de la que en el presente año recibieron los ocho partidos que fue de 87 millones 301 mil 713.61 pesos.
El 30 por ciento de esos recursos para 2011 se repartirá de forma igualitaria entre los siete partidos mientras que el 70 por ciento de acuerdo al porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata.
En este año las fuerzas políticas con registro prevén además que se les adjudique un monto mayor de recursos, pues la cantidad de financiamiento a diferencia de este año sólo será repartida entre siete partidos y no ocho como ocurrió en 2010.
Lo anterior ante la pérdida de registro del Partido Socialdemócrata (PSD) que no alcanzó el dos por ciento del total de votación emitida en la pasada elección federal.
A esos recursos se suma que se prevé otorgarle 63 millones 521 mil 300 pesos por concepto de franquicias postales, así como 693 mil 500 pesos por franquicias telegráficas, mismos que son repartidos entre el total de partidos.
Será en enero de 2011 cuando el Consejo General apruebe el monto de financiamiento definitivo ya con el ajuste de aumento de salario mínimo que se tenga
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70% de la mujeres en Mexico, han sufrido violencia
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó hoy que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido agresiones violentas y una de cada tres de ellas padece maltrato de su compañero íntimo.
Asimismo, la CNDH indicó que el 12.4 por ciento de las mujeres que trabajan han resentido al menos un acto de acoso y el 29.9 por ciento han padecido la violencia laboral, en tanto que el 19.2 por ciento reporta violencia física al interior de sus hogares.
«Un aspecto preocupante para esta Comisión Nacional es el trato discriminatorio que se da en el ámbito laboral a las mujeres en estado de gravidez», indicó la CNDH en un comunicado dado a conocer en relación con el Día Internacional de la Mujer, que cumplirá cien años mañana.
En la víspera del centenario de esta efeméride la CNDH afirmó que México mantiene una deuda con las mujeres y denunció que persisten en el país las conductas sexistas, excluyentes y discriminatorias que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos y prerrogativas.
Indicó que este aniversario del Día Internacional de la Mujer es una ocasión favorable para reflexionar sobre lo que aún falta por hacer en favor de quienes representan más de la mitad de la población del país.
En México, según proyecciones oficiales, la población asciendu a 108.4 millones de personas, de los cuales el 50.9 por ciento son mujeres y el 49.1 por ciento hombres, lo que significa que hay 96 hombres por cada cien mujeres en el país.
El 23 por ciento de los hogares mexicanos están dirigidos por mujeres y el 77 por ciento restante por hombres.
La CNDH convocó a la sociedad y al Estado a establecer políticas dirigidas a acabar con las explotación y el acoso sexual, la violencia familiar, la discriminación y la marginación.
Agregó que estos objetivos sólo se pueden lograr con el impulso de una cultura de la legalidad desde el nivel más elemental en la vida de los individuos.
Recordó que los casos de al menos 504 mujeres asesinadas y ultrajadas en Ciudad Juárez Chihuahua y el reporte de 76 desaparecidas son ejemplo de la deuda que México tiene con este sector.
Añadió que muchos de esos casos permanecen impunes y los responsables no han sido detenidos ni castigados.
«Mientras no se cumplan esos principios, estaremos en deuda con las mujeres en cuanto a la protección y defensa de sus derechos esenciales», indicó el organismo
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Lanzan «Ya bajenle!» reclamo ciudadano
La Asamblea Nacional Ciudadana anunció la campaña «!Ya bájenle! Menos dinero a los partidos» para exigir la reducción en 50% del financiamiento a los partidos en el Presupuesto de 2010.
El dirigente de Alianza Cívica, Rogelio Gómez-Hermosillo, y los intelectuales Denise Dresser y Sergio Aguayo, entre otros, calificaron como «excesivo y vergonzoso» que se pretenda asignar para el próximo año $2,012 millones a los partidos políticos con registro