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El PRD en el Senado impulsa un decreto para reducir los salarios de los funcionarios públicos.

En medio del escándalo del aumento frustrado de sueldo de consejeros del IFE, el senador Pablo Gómez enlistó este martes una propuesta de decreto para reducir en 15% el sueldo de los servidores públicos, a partir de los subsecretarios.

El dinero que se ahorre, será destinado un Fondo Federal de inversiones Públicas que se crearía para enfrentar la crisis económica mundial.

El Congreso tendrá la facultad entonces de decretar el fin de la crisis.

El artículo uno del decreto señala:

«Se decreta la reducción en un quince por ciento a las remuneraciones que perciben los servidores públicos con cargo al erario público establecidas presupuestalmente a partir de los subsecretarios del poder Ejecutivo y las equivalentes encontrables en los otros dos poderes de la unión».

Se espera que en la sesión de este martes, la iniciativa de Pablo Gómez sea presentada ante el pleno del Senado

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En 2006, el Instituto Federal Electoral (IFE) intentó abiertamente ocultar su incapacidad para frenar la guerra sucia y los ataques difamatorios entre partidos en todo el paí­s.

De acuerdo con un expediente que podrí­a ser discutido este lunes en el pleno del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del IFE pidió ocultar información de hechos ocurridos en Sinaloa.

El caso ocurrió el 22 de junio de 2006, cuando empezó a difundirse en la estación de radio La Mexicana, XESA, frecuencia 1260 AM, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un spot con propaganda â??denostativaâ? contra tres sujetos especí­ficos.

â??Fue diputada y actualmente es senadora pero en todo este tiempo no ha hecho nada por los sinaloenses, que no te engañen con falsas promesas, un voto por Martha Tanayo, es un voto por el PRI de la mentira, el PRI de Roberto Madrazo.â?

El promocional era un mensaje anónimo con un contenido denigrante, admite el IFE en el proyecto en estudio.

La estación de radio La Mexicana no fue monitoreada por el IFE, razón por la que inicialmente ese instituto habí­a rechazado atender la queja de la coalición Por el Bien de México (PRI- PVEM).

En noviembre de 2006, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polí­ticos del IFE, abiertamente pidió a la Secretarí­a Ejecutiva no dar a conocer la causa de la imposibilidad de sancionar: â??â?¦ si bien la ciudad de Culiacán, Sinaloa, fue objeto del monitoreo de los promocionales en radio y televisión que publiciten mensajes de los partidos polí­ticos nacionales, coaliciones y/o grupos de ciudadanos, durante el periodo correspondiente al proceso electoral federal 2005- 2006, ordenado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Polí­ticas, la estación de radio denominada La Mexicana XESA frecuencia 1260 AM no fue monitoreada, por lo que no es posible atender su solicitudâ?.

Aun así­ pidió abiertamente ocultar los hechos para no hacer pública su incapacidad de monitorear todos los spots.

â??â?¦es menester mencionar que el hecho de que la referida estación de radio no fue monitoreada no puede hacerse del conocimiento público, ya que se podrí­a causar un serio perjuicio a las actividades de verificación y fiscalización que lleva a cabo el instituto, pues el monitoreo de medios ordenado por la Comisión de Fiscalización fue muestral.

â??Por lo anterior, dicha circunstancia no podrá asentarse en el expediente que refiere ni podrá mencionarse en la resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, tampoco podrá hacerse del conocimiento de las partes ni de cualquier tercero, pues la difusión de la información en comento implicarí­a una merma en la capacidad de supervisión y cotejo respecto de la información que presentaron los partidos polí­ticos y coalicionesâ?.

Ahora, a casi tres años de ocurrido, el IFE analiza aplicar una nueva multa de 137 mil pesos a la otrora coalición Por el Bien de Todos, por esos spots difamatorios difundidos en 2006, contra Martha Tamayo, Roberto Madrazo y contra el PRI

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El Instituto Federal Electoral echará mano de la estructura operativa del gabinete de Seguridad Nacional, de la Cancillerí­a y del cuerpo de inteligencia de las autoridades hacendarias del paí­s para vigilar a partidos, candidatos y aportantes a las campañas electorales de este año.

El organismo ciudadano solicitará a la Secretarí­a de Gobernación â??en un marco de intercambio de datosâ?? información actualizada sobre zonas y situaciones de riesgo antes, durante y después del proceso electoral.

Además, Gobernación será â??la puerta únicaâ? del IFE para solicitar información que generen las secretarí­as de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Comunicaciones, como responsables de la seguridad de la elección.

Ayer, la Secretarí­a Ejecutiva del IFE presentó al Consejo General del IFE un informe sobre los convenios firmados para blindar la elección 2009, el cual hace notar que el IFE entregará información a la PGR cuando haya sospecha de financiamiento ilí­cito.

También reportará a la SHCP los nombres y los montos de todos los aportantes a las campañas de los partidos, así­ como la lista de las personas que se encuentren dentro de la definición de â??personas polí­ticamente expuestas, relacionadas con la materia electoralâ?.

Con la Secretarí­a de Hacienda se acordará en breve facilitar el intercambio de información sobre el origen y destino de los recursos que reciben los partidos polí­ticos.

Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del IFE, indicó que en toda la República se despliegan con normalidad y sin incidentes que provoquen la intervención de la autoridad electoral, los distintos procesos de selección interna de candidatos de los ocho partidos polí­ticos.

Así­, el organismo ciudadano tendrá intercambio de información con las secretarí­as de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Comunicaciones, Seguridad Pública, PGR, Fepade, Consejo Nacional de Seguridad Pública, Consejo de Seguridad Nacional y gobiernos locales y municipales.

Además, el IFE reforzó los mecanismos de fiscalización en campañas, al aprobar reformas y adiciones a cinco artí­culos del â??Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos que formen Coalicionesâ?.

Con ello se obliga a los partidos coaligados a incorporar en el informe preliminar un reporte sobre las colectas públicas que pretendan realizar durante la campaña proselitista.

Asimismo, se ordena que en todos los casos en los que se realicen espectáculos y eventos culturales, la coalición deberá avisar, con al menos 72 horas de anticipación, para que la Unidad de Fiscalización pueda enviar, si así­ lo considera conveniente, auditores

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MANZANILLO, Col.â?? El diputado federal Nabor Ochoa López renunció al PAN debido al maltrato y la falta del cumplimiento de los compromisos por parte del dirigente nacional, Germán Martí­nez, y del estatal, Fernando Antero Valle.

El ex panista aspiraba a obtener la candidatura al gobierno del estado, que se disputará el 5 de julio, pero el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN designó la semana pasada en forma directa a Martha Sosa Govea â??alcaldesa de Manzanilllo 1997-2000â?? como su abanderada.

â??Hoy, tomo la decisión de renunciar al PAN después de una serie de acusaciones difamatorias, sin que nadie del PAN haya puesto remedio. Lo hago porque tenemos un dirigente nacional que no respeta ni sus propios compromisos. Y en Colima, la dirigencia estatal se ha dedicado a agredir a mis compañerosâ?, anunció en conferencia en el puerto de Manzanillo.

Con él también renuncian la legisladora local Martha Meza y los regidores del ayuntamiento porteño, Miguel Salazar y Roberto Barbosa, y varios miembros del grupo Manzanillo 2000.

Quien fue uno de los aspirantes más fuertes para obtener la candidatura para competir para gobernador en la entidad por Acción Nacional, dijo que el martes se presentará en la Cámara Baja como diputado independiente.

Además, hizo evidente su molestia porque no hubo un proceso democrático para elegir al abanderado de ese partido para la gubernatura de Colima.

â??Como aspirante del PAN propusimos elección abierta para que saliera un candidato ampliamente reconocido, pero se tomó la decisión de designar no solo la candidatura a gobernador, sino todos los cargosâ?

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Chihuahuaâ?? La Procuradurí­a General de la República (PGR) y el Instituto Federal Electoral (IFE) revisarán de cerca el proceder de los partidos polí­ticos, así­ como de sus precandidatos y candidatos durante la contienda electoral de este año, a fin de evitar que dinero del crimen organizado sea manejado por los aspirantes o las fuerzas polí­ticas.

Para ello ambas instancias firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo busca evitar que ingrese a las arcas de los partidos dinero ilegal durante el proceso electoral de este año, informó el vocal ejecutivo del consejo local del IFE, Eduardo Rodrí­guez Montes.

El vocal ejecutivo del IFE enfatizó que el órgano electoral realizará sus propias investigaciones, y al detectar cualquier irregularidad turnarán de inmediato el caso a la Procuradurí­a General de la República.

â??La Unidad de Fiscalización del IFE estará muy atenta a los movimientos que realicen los candidatosâ?, señaló.

Indicó que incluso ya está permitido el acceso a las cuentas bancarias, fiscalización y áreas fiduciarias, para que exista el transporte legal del proceso.

Aseguró que el IFE realizará sus investigaciones con base en los gastos y topes que hay en materia de campañas electorales.

Indicó que al detectar alguna anomalí­a que consideren como movimientos ilegales del dinero darán vista a la PGR para que ésta realice los trabajos de investigación a fondo.

El convenio lo signó el órgano electoral con la Procuradurí­a General de la República, tras el interés de esta última instancia por erradicar el posible ingreso de recursos económicos del narcotráfico a los partidos polí­ticos.

Eduardo Rodrí­guez Montes dijo que estas acciones ayudarán a que las contiendas de este año y las futuras sean llevadas a cabo en el completo marco de la legalidad

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HERMOSILLO, Son.â?? El senador con licencia Alfonso Elí­as Serrano se perfilaba como ganador del proceso de elección de candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anoche al cierre de esta edición.

En el estado de Sonora se renueva la gubernatura el próximo 5 de julio.

Información extraoficial sobre la contabilización de 193 casillas, de 513 instaladas en Sonora, para que en ellas votaran ciudadanos con credencial de elector, arrojó que Elí­as Serrano obtuvo 57 mil 845 sufragios, mientras que el alcalde con licencia de esta capital, Ernesto Gándara Camou, habí­a obtenido 22 mil 169 votos.

Ernesto Zataraí­n llevaba 551 votos, mientras que mil 322 habí­an sido declarados nulos.

Se esperaba que poco antes de las 21:00 horas (tiempo de Sonora), el dirigente estatal del PRI, Roberto Ruibal Astiazarán, diera un resultado parcial con la mayorí­a de las casillas computadas.

Además de Elí­as Serrano y Gándara Camou, contendieron por la candidatura prií­sta el ex diputado federal Julio César Córdoba Martí­nez y el diputado federal con licencia Ernesto Zataraí­n González, aunque este último declinó públicamente para ofrecer su respaldo a Gándara.

Durante la mañana, la mayorí­a de las casillas registraron una alta participación, pero ésta disminuyó conforme avanzó el dí­a.

Poco más de 465 mil boletas fueron distribuidas en los 72 municipios de Sonora.

El ganador de esta contienda competirá en los comicios constitucionales del 5 de julio, en el que también se disputarán las 72 alcaldí­as y 21 diputaciones locales.

Un vocero del equipo de Gándara dijo que los resultados estaban muy cerrados.

Gándara Camou dijo que compitió en este proceso en condiciones de desigualdad y explicó tras emitir su voto, que ante esta situación, lo más importante fue la participación ciudadana

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La Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el acuerdo del IFE que emite normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos.

El Instituto Federal Electoral (IFE) detalló diversas conductas que todos los delegados federales o servidores públicos de cualquier ente público deben evitar llevar a cabo en cualquier tiempo hasta el 5 de julio de 2009.

Indica que se prohíbe condicionar la entrega de recursos de programas públicos federales, locales o municipales, y la provisión de servicios o la realización de obras públicas a la promesa o demostración del voto a favor de algún precandidato, candidato, partido o coalición.

También entregar o prometer recursos en dinero o en especie, dádivas o cualquier recompensa a cambio de promesas o recoger la credencial para votar con fotografía sin causa prevista por ley o amenazar con ello a cambio de entrega o mantenimiento de bienes o servicios en general.

Además obtener o solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que mediante amenaza o promesa de pago o dádiva intentar comprometer el voto del elector a favor o en contra de determinado partido político.

Agrega que el presidente de la República, los gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los jefes delegacionales deberán abstenerse en días hábiles de ir a mítines o actos de apoyo a partidos, precandidatos o candidatos, así como emitir en cualquier tiempo expresiones a favor o en contra.

Respecto a los eventos oficiales de gobierno, los precandidatos y candidatos deberán abstenerse de asistir a los mismos, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral.

El IFE también publicó el acuerdo que emite normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a partir del inicio de las campañas para el proceso electoral federal de este año, las cuales comienzan el 3 de mayo de 2009.

Se permitirá como publicidad vinculada a la salud la propaganda que para la asistencia pública emitan la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública, así como las campañas de protección civil en casos de emergencia, las cuales no tendrán logotipos o referencias de gobierno.

Respecto de la propaganda en materia de salud, educación o de protección civil, no será permitido que se haga referencia a obras o logros, por lo que sólo podrá emitirse propaganda con fines informativos sobre servicios, centros de atención o emergencias.

Ambos acuerdos fueron aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General del IFE celebrada el 29 de enero de 2009

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El 12 de julio de 2002, los 25 diputados de la 17 Legislatura de Baja California aprobaron reformas al artí­culo 42 de la Constitución del estado, para evitar que quienes detenten un cargo de elección popular se postulen para otro cargo similar, sin antes concluir aquél. En la entidad se le conoce como â??ley antichapulí­nâ?.

La reforma impide a diputados locales, alcaldes, sí­ndicos procurador y regidores, ser candidatos mientras no concluyan el cargo de elección que ostenten.

Aunque está vigente el artí­culo 42, abogados constitucionalistas lo consideran inútil, pues en el proceso electoral local de 2007, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que violaba los derechos a votar y ser votados de los individuos representados en el artí­culo 35 de la Constitución mexicana.

Debido a ello, en 2007, el organismo electoral federal le restituyó la candidatura a la gubernatura al prií­sta Jorge Hank Rhon (alcalde en turno de Tijuana). Esta determinación creó jurisprudencia, por lo que cualquier aspirante que se encuentre impedido por el artí­culo 42 de la Constitución estatal, puede recurrir al TEPJF

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Chiapas. En sesión pública, la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chiapas, recabar y entregar información al precandidato Hernán de Jesús Orantes López sobre los consejeros políticos y delegados que elegirán candidato a diputado federal de este partido, en el distrito II.

El proyecto presentado por la Magistrado Yolli García Álvarez, declaró fundado el agravio presentado por Orantes López, quien solicitó información al CDE priísta, que omitió darle respuesta.

Del estudio de caso se determinó que la argumentación presentada por ese órgano intrapartidista, en el sentido de no ser el órgano competente, no era impedimento para respetar el derecho de solicitud de información de Orantes López, toda vez que el artículo octavo institucional avala su petición

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Ya en el último periodo ordinario de sesiones de la Legislatura de San Luis Potosí, buena parte de los diputados locales están al pendiente de sus aspiraciones a otros cargos de elección y tienen pendiente un rezago de 121 iniciativas, algunas desde 2006.

De acuerdo con el documento de Iniciativas Recibidas del 15 de septiembre de 2006 al 1 de marzo de 2009, que aparece en el apartado de transparencia del Congreso del estado, respecto de las obligaciones de información de oficio según el artículo 21 fracción IX, hasta el momento se han aprobado 179 iniciativas.

De 2006 hay 4 iniciativas pendientes; de 2007, 35; de 2008, 71, y de 2009, 11.

Para abatir ese rezago, los diputados tienen su último periodo ordinario de sesiones, que inició el 1 de marzo y concluye el 30 de junio.

Al término del periodo, se instalará la diputación permanente y, de ser necesario, se convocará a periodos extraordinarios.

La iniciativa con más tiempo en rezago, es la promovida por mujeres ambientalistas que propusieron la creación de un fideicomiso para la formación del sistema integral de separación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. Esa iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología el 9 de noviembre de 2006.

En los cuatro meses que restan de periodo ordinario, se estarían realizando 20 sesiones, pues se convoca al pleno una vez por semana, aunque en ocasiones se cita en dos ocasiones.

Además, deberán atender asuntos obligatorios con límite legal de tiempo, como la aprobación o rechazo de los dictámenes de las cuentas 2008 de ayuntamientos, los tres poderes del Estado y organismos descentralizados que envíe la Auditoría Superior del Estado.

A su vez, la 55 Legislatura de Querétaro tiene pendientes por analizar 37 iniciativas de ley, las cuales, según afirmó su presidente, Miguel Martínez Peñaloza, serán estudiadas en los próximos meses. En su informe, dijo que en los tres años de ejercicio recibieron mil 182 iniciativas, y aprobaron mil 69

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