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Buscan en la Cámara de Diputados federal blindar las elecciones del 5 de de julio, para lo cual fue creada una comisión que pondrá ‘marca personal’ a los gobernadores de los estados para evitar que estos impongan y apoyen con recursos públicos a candidatos, en particular a los mandatarios priístas de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Tabasco.

Dicha instancia, denominada Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto uso de los Recursos Públicos Federales, Estatales, y Municipales en el Proceso Electoral Federal del 2009, está encabezada por el legislador perredista Antonio Soto Sánchez, en breve recorrerá todo el territorio nacional.

En ésta van a participar algunos representantes populares por Tabasco, quienes pondrán especial énfasis en los comicios de la entidad.

— ¿Qué facultades va a tener esta instancia legislativa?

— En caso de conocer alguna irregularidad en el uso de recursos públicos, tenemos la facultad de denunciar tanto política, judicial, penal, económica y administrativamente a cualquier funcionario, gobernador, o presidente municipal que desvíe recursos a favor de cualquier candidato. Vigilaremos que los recursos federales que se manejan en esos estados no se hagan a beneficio de candidatos de ciertos partidos políticos.

— En estos casos ¿puede intervenir la Auditoria Superior de la Federación?

— Claro, si se usan o desvían recursos públicos, a petición de esta Comisión, puede la ASF hacer una investigación, aunque los resultados no serían antes del proceso electoral del 5 de julio y, entonces, se va a castigar a los culpables una vez que hayan hecho el daño y que hayan impuesto a algún diputado o diputada.

— En lo que se refiere a programas federales ¿Cuáles van a vigilar?

— Los de desarrollo social, de Sagarpa que maneja todos los programas que son para el campo, los cuales son muy dados a que se utilicen con fines electorales en el sector agropecuario; los de desarrollo social; de Salud, el Seguro Popular, que lo manejan en los estados pero que es coordinado por el Gobierno Federal; los programas de carreteras rurales que usan mucho con fines electorales; programas del DIF nacional y de los estatales y municipales.

— ¿Qué tipo de prácticas son las más comunes que se pueden detectar?

— El reparto indiscriminado de despensas, dinero en efectivo, en casos como Tabasco, la entrega de bicicletas, computadoras, utilización de vehículos asignados a las instancias gubernamentales, en fin todo lo que podamos comprobar

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De pronto, temprano, San Lázaro se convirtió en la casa de las especulaciones, las inquietudes, las versiones sobre los nuevos cambios en el gabinete presidencial.

Todo, después de que el secretario de la Función Pública, Salvador Vega, se encerró con quienes integran el grupo parlamentario del PAN. El motivo formal era que él les explicara diversos aspectos de las iniciativas que envió recientemente el presidente Felipe Calderón en materia de adquisiciones, eliminación de trámites y mayores sanciones a las prácticas de corrupción.

Sin embargo, de ellas y ellos mismos, de quienes participaron en la reunión surgieron las interpretaciones: dijeron que Vega acudió a despedirse en su carácter de secretario, o fue al Palacio Legislativo a apartar ya su curul, pues será de quienes renuncien a su cargo para ser candidato a diputado federal por el PAN.

El, en todo caso, aún secretario de la Función Pública fue también a dialogar con los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Les explicó que las iniciativas buscan solucionar un problema que se podría resumir en una situación: el exceso de burocratismo ha llegado a amarrar las manos al propio gobierno que se ve imposibilitado de agilizar la realización de obras y programas.

Mientras tanto, la inquietud continuaba. De la misma fracción brotaban frases como: â??Benjamín González Roaro ya no podrá llegar a secretario, será una mujer la que se integre al gabineteâ?.

Y ante todo ello, integrantes del primer círculo de Salvador Vega se movilizaron, hicieron llegar el mensaje de que él no será candidato, aseguraron que ya les dijo que seguirán en la secretaría, y que precisamente por ello personalmente está empujando y negociando las iniciativas.

Una jornada intensa, antes de que los diputados se fueran de vacaciones, estuvieron activos en distintos foros. Algunos se reunieron con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien al salir de la misma soltó una lapidaria frase: â??Se está prostituyendo la políticaâ?, y acusó a los partidos políticos de dedicarse más a pleitos de vecindad o de lavadero en lugar de hacer propuestas.

La respuesta no tardó en llegarle. En otra entrevista, el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, le dijo a Soberanes que debería buscar que se establezca un discurso institucional y una comunicación seria, que es lo que merece el pueblo de México.

Una sesión en la que con dificultad se aprobó la reforma que federaliza los delitos contra la actividad periodística. Cuando se puso a votación el proyecto, faltaban varios legisladores. Y ya estaba por agotarse el tiempo, pero no se completaba el número necesario para cumplir con ese trámite. Finalmente, hubo carreras de quienes estaban fuera, gritos, bromas, pero quedó aprobado.

Después, todos se fueron. Las vacaciones habían comenzado

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La federalización de los delitos contra periodistas fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados, a fin de proteger el ejercicio de la libertad de expresión y garantizar la investigación de agresiones contra los informadores y medios de comunicación, impunes, las más de las veces.

El decreto aprobado por los diputados fue turnado al Senado para su revisión y votación, y con ello se alcanza una meta de más de 20 años de esfuerzo por parte de organizaciones gremiales, que han pugnado por fortalecer la libertad de expresión.

Ayer, el pleno de los diputados aprobó adiciones al Código Penal Federal que imponen penas de uno a cinco años de prisión adicionales a las sanciones que se fijan para los delitos penales ya establecidos.

â??Las mafias locales ya no podrán detener investigaciones por delitos cometidos contra periodistasâ?, dijo en tribuna el presidente de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego.

Subrayó que México ha sido declarado como el segundo país más riesgoso para ejercer el periodismo, después de Irak, con una impunidad casi absoluta de parte de los agresores, que en la mayoría de las veces ostentan cargos públicos locales. Esa fuente de ataque a la prensa gana el primer lugar al crimen organizado, anotó en entrevista.

Las adiciones al Código Penal Federal ordenan que será de competencia federal el caso de un delito que se cometa â??con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodísticaâ?.

En el mismo artículo 430 del ordenamiento legal se establece, por agredir a un periodista o medio de comunicación, la pena adicional de uno a cinco años al castigo por un ilícito del fuero común. Habrá multas de 100 a 500 días. En caso de que los culpables sean servidores públicos, las sanciones aumentarán una mitad.

Para dar claridad a la federalización de los delitos contra periodistas, se incluye una definición de actividad periodística y se protege la tarea de informar profesionalmente, como la esporádica y no remunerada.

Las bancadas plantearon su posición sobre esta legislación, que se obtiene por consenso de las bancadas, en un marco de violencia del crimen organizado que ha cobrado la vida o desaparición de periodistas, así como ataques a instalaciones de periódicos, estaciones de radio y televisión, con violencia extrema caracterizada por el uso de granadas y armas de asalto.

â??Los ataques a la libertad de expresión atentan contra los periodistas y contra los derechos de la sociedad, en un intento de negar el acceso público a cierta información, es decir, se vulnera nuestro derecho de ser una sociedad informadaâ?, expresó el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI).

Claudia Lilia Cruz Santiago (PRD) se pronunció por dar instrumentos jurídicos a la investigación de delitos contra los periodistas, a fin de que se fortalezca la actividad periodística y su servicio de informar a la sociedad.

César Duarte (PRI), presidente de la Cámara de Diputados, dijo que en la lucha contra la delincuencia organizada es elemental generar mayores condiciones de seguridad al ejercicio libre del periodismo.

â??Es importante que esta Legislatura envíe un mensaje de fortaleza a este oficio que corre riesgos día con día, sobre todo en donde se encuentra la lucha de la delincuencia organizada de manera permanente queriéndose imponer en regiones del país por encima de la autoridad constituidaâ?, dijo Duarte.

La llamada federalización de los delitos contra periodistas resul-tó del análisis de iniciativas del diputado Jesús de León Tello (PAN), Ruth Zavaleta, Alliet Bautista Bravo y Victorio Montalvo (PRD), y de una tercera, de la Comisión Especial Para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, presidida por Gerardo Priego

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De pronto, el pleno del Senado se convirtió en un ring cualquiera. Gritos y hasta empujones coronaron el último día de trabajo de nuestros legisladores antes de Semana Santa.

El duelo: PRI vs. PAN, con un espectador, el PRD, y en medio la Ley de Extinción de Dominio, como rehén de la lucha electoral.

«No me estés tocando, cállate… nos vemos allá afuera si quieres», encaró el panista Alejandro González Alcocer a Manuel Velasco, del PVEM; el panista fue al «Bronx» del PRI a garantizar acuerdos y pedir calma.

«¡Pues cuando quieras cabrón!», le reviró el joven verde en el «Bronx» priísta, para entonces ya desencajado, envuelto en empujones, gritos e insultos.

«Rijosos», los llamaría el líder petista Ricardo Monreal.

Ring side. En una esquina, la priísta tamaulipeca Amira Gómez Tueme grita a González Alcocer; denunciaba una estrategia del PAN para retrasar la aprobación de la ley, para pegarle al priísmo electoralmente.

Cual buen second, apareció Velasco. No arrojó la toalla, más bien tomó del brazo a González Alcocer -para pedirle respeto al dirigirse a los priístas, diría Velasco; para pedirme que no le gritara a Jesús Murillo Karam, senador del PRI, diría el panista- y en respuesta recibió ese golpe cruzado rumbo al pecho con el antebrazo.

Ya era tarde para el respeto, pues elespectáculo ya estaba dado.

Segundo round. Más tarde, despeinado, Velasco pidió revancha, subirse al cuadrilátero: «Dile que no le tengo miedo, que si quiere lo arreglamos afuera o donde quiera».

Un cierre sui géneris antes de Semana Santa, por la Ley de Extinción de Dominio.

Temprano, a los priístas ofendidos porque no se incluyó el dictamen en la agenda, se les pidió que al salón de plenos fueran con «pintura de guerra».

Round de sombra. A las 12:22 inició la sesión. Discutían la reforma para regular a bancos, que no pasó; Monreal hablaba, cuando vino la andanada priísta para reclamar el dictamen.

Argumentaban «mano» de Germán Martínez, presidente del PAN, en la campaña de desprestigio.

«Mentiroso» gritaban al panista Gustavo Madero, presidente del Senado.

«¡Receso, receso!», soltó furiosa la marea roja priísta encabezada por Manlio Fabio Beltrones.

El priísta Fernando Castro gritaba y agitaba en alto el dictamen, escena inusual de senadores descompuestos lejos de la tradicional figura impecable, y que al final hizo que Madero -nervioso- decretara receso para incluir el texto, aprobado por unanimidad.

¿Y la afición? «Yo siempre les dije que ese matrimonio un día iba a acabar a golpes», ironizó Tomás Torres, del PRD.

«Se acabó la familia feliz», completó Graco Ramírez, también del PRD.

Fin de la pelea. En el empate por decisión, Velasco fue felicitado por priístas, y aceptó el reconocimiento, nació así el nuevo «muchachito pendenciero» del Senado, reviraron panistas… el nuevo kid bóxer del PRI

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A unas horas de que Gabriela Cuevas dejara el cargo como jefa delegacional en Miguel Hidalgo, las autoridades capitalinas ofrecieron una conferencia de prensa para acusar a la ex delegada de haber obstaculizado inversiones privadas en esa demarcación por 15 mil millones de pesos, por haber presentado una controversia constitucional contra el programa de Desarrollo Urbano de esa jurisdicción.

En la conferencia, Arturo Aispuro, secretario de Desarrollo Urbano local, y la Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, enumeraron los impactos negativos que tuvo esa controversia, promovida por Gabriela Cuevas en el desarrollo económico e inmobiliario.

Explicaron que cuanto Cuevas interpuso la controversia, se suspendió temporalmente la aplicación del programa delegacional de desarrollo, lo que también suspendió todos los trámites de inversiones y usos de suelo.

Explicaron que así se impidió en su momento el inicio de 25 proyectos de inversión que habrían generado 30 mil empleos directos.

Además, la ciudad dejó de recaudar 120 millones de pesos por esos 25 proyectos suspendidos. Casi tres mil 500 solicitudes de trámites relacionados con obras, usos de suelo e inversiones también quedaron suspendidos.

En el Registro Público de la Propiedad interrumpieron más de 600 trámites de esa demarcación.

Sin embargo, la consejera Leticia Bonifaz dio a conocer que el miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión provisional contra el Programa de Desarrollo Delegacional, lo que permitirá reactivar las inversiones y trámites suspendidos.

A fin de actuar contra el rezago que dejó es suspensión, se creará una ventanilla especial que permanecerá abierta incluso en las próximas vacaciones de Semana Santa para atender todas las gestiones que quedaron pendientes.

Durante la conferencia, Arturo Aispuro dijo que hechos como este no deben repetirse en la ciudad, pues quedó claro cuáles son los efectos negativos de una actitud personal y política en detrimento del desarrollo de la ciudad.

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Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, llamó a acabar con las irresponsabilidades y el juego pernicioso de carácter electorero.

Recordó la crisis política suscita en el 2006 por las elecciones presidenciales y el papel asumido por el PRI para superar esa etapa.

El legislador manifestó su deseo de que hoy se apruebe en el pleno de la Cámara Alta la Ley de Extinción de Dominio «sin regateos».

El senador dijo que ha habido un debate sumamente intenso en torno a las iniciativas para Extinción de Dominio, narcomenudeo y una ley antisecuestro, pero «todo procurando que sean verdaderos instrumentos del Estado al servicio de la población y no en demérito de ella».
Beltrones añadió: «Por cierto, estas reformas espero que el día de hoy las concluyamos sin regateo alguno».

Enseguida enlistó una serie de iniciativas en materia energética y económica que han sido aprobadas en el Congreso.

Dijo que hoy se puede mirar acercarse un primero de septiembre sin expectativas de que se auspicie un nuevo escándalo sino una nueva oportunidad para que aparezca la transparencia en las acciones de gobierno.

Recordó la crisis política suscitada en el 2006 por las elecciones presidenciales.

Sin embargo, añadió que «no es la hora de las irresponsabilidades, del juego pernicioso de carácter electorero. Es la hora de ponerle todavía mayor atención a la responsabilidad legislativa que nos debe de acompañar, después de haber tenido el privilegio de tener la confianza de los electores en situaciones en las cuales todos estaban pensando e un México mejor, un México más próspero y un México más justo».

El llamado de Beltrones a aprobar sin regateos el dictamen de la Ley de Extinción de Dominio sucede justo cuando entre senadores del PRI y del PRD comenzó a correr la versión de que el PAN se opone a que el dictamen sea aprobado en el pleno, porque tiene reservas al respecto.

Beltrones habló durante la inauguración del V Encuentro de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas, en el patio central del Senado

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Gustavo Madero (PAN), presidente del Senado, respondió a Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores del PRI, que no hay ninguna deuda con ellos por lo ocurrido en el 2006 y aseguró que no hay regateos en la aprobación de leyes.

«La deuda no es de un partido a otro, nunca, ni de un poder a otro» aseguró Madero en un nuevo episodio de la confrontación entre PRI con el PAN y el gobierno.

Esta mañana Beltrones Rivera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, llamó a acabar con las irresponsabilidades y el juego pernicioso de carácter electorero.

Recordó la crisis política suscitada en el 2006 por las elecciones presidenciales y el papel asumido por el PRI para la toma de posesión del presidente Felipe Calderón.

El legislador manifestó su deseo de que hoy se apruebe en el pleno de la Cámara Alta la Ley de Extinción de Dominio «sin regateos».

El llamado de Beltrones a aprobar sin regateos el dictamen de la Ley de Extinción de Dominio sucede justo cuando entre senadores del PRI y del PRD comenzó a correr la versión de que el PAN se opone a que el dictamen sea aprobado en el pleno, porque tiene reservas al respecto.

Madero respondió que no hay ningún regateo y confió que en la Ley de Extinción de Dominio salga adelante.

Y en el tema de la deuda del presidente Calderón y del PAN por lo ocurrido en el 2006, a insistencia de los reporteros, Madero contestó:

«Nosotros estamos obligados siempre a cumplir con la ley y esto es algo que reconocemos que es una obligación, una obligación de todos poslegisladores que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad frente a los ciudadanos.

La deuda no es de un partido a otro, nunca, ni de un poder a otro. Es de los legisladores frente a su electorado y el próximo 5 de julio va a ser la gran oportunidad que tengan todos los ciudadanos para evaluar cuáles partidos, cuáles legisladores han cumplido con su responsabilidad en este momento», afirmó

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Senadores del PRD presentaron una iniciativa de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, que promueve la no discriminación y prevé combatir la censura.

La iniciativa suscrita por los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Yeidckol Polevnsky, Lázaro Mazón, José Luis Máximo García, Antonio Mejía Haro y Rubén Velázquez se publica hoy en la Gaceta del Senado.

«En nuestro país, el avance ha sido muy evidente. Todas las universidades públicas poseen acceso masivo a los miembros de sus comunidades, los hogares mexicanos acceden cada vez más a los servicios de la red, a paso veloz», artgumentaron.

«En la actualidad cerca del 30% de las familias mexicanas tienen acceso a Internet mediante diversos servicios, aún cuando la mayor parte de los usuarios acceden desde los servicios públicos, fundamentalmente desde los llamados ciber, que cubre las inequidades derivadas de la situación socioeconómico en muchas regiones del país; una gran parte de las comunicaciones financieras, se realizan a través de Internet y de manera creciente la actividad económica se desplaza a través de las comunicaciones que conlleva la red».

Sin embargo, los senadores advirtieron que «se presentan nuevos riesgos para los usuarios de estas tecnologías así como zonas de penumbra en su seguridad jurídica, que crean incertidumbre y fomentan la comisión de conductas nocivas para la sociedad en distintos aspectos de la vida cotidiana».

Recordaron que de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hasta diciembre de 2008, existen en México alrededor de 23 millones de usuarios de la Internet.

«Dicha cifra representa una penetración del veintitrés por ciento, es decir que, de cada cien mexicanos únicamente veintitrés tienen acceso a la Internet en cualquiera de sus modos, público o privado, personal o corporativo».

El Plan Nacional de Desarrollo para el período 2007-2012 planteó como meta para el gobierno incrementar la penetración de la conectividad a niveles superiores al sesenta por ciento de la población.

«La Iniciativa de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet , que hoy se presenta a esta soberanía, se ocupa no sólo de estos temas que ya causan perjuicios a los ciudadanos, sino que, además, por primera vez en la historia de nuestro país, crea un ordenamiento coherente y adecuado para el universo virtual, comenzando por el establecimiento de un lenguaje común que elimine la diferencia de criterios e interpretaciones en la ley y en las prácticas comerciales habituales».

En el artículo 3 fija la definición para los principales términos de uso común en el entorno digital, estableciendo la unidad de criterios que resulta en un solo concepto para cada término.

El capítulo segundo se centra en garantizar la neutralidad en la prestación de los servicios de Internet y de hospedaje de sitios de Internet.

«La Internet es una plataforma cuya naturaleza y funcionamiento, hasta nuestros días, se caracterizan por ser libres, neutrales y sin controles centralizados, lo cual resulta no sólo deseable sino también indispensable para su ulterior desarrollo, resultando imprescindible que el usuario tenga garantizado, por disposición de la ley, que las comunicaciones de todo tipo que se lleven a cabo a través de la Internet o valiéndose de la misma, permanezcan libres de intervención, censura o discriminación de cualquier tipo».

No obstante, «bajo los pretextos de seguridad nacional, moral y salud pública y aún como mecanismos de control político y social, en algunos países, los proveedores de servicios de Internet o las autoridades reguladoras de las telecomunicaciones, han lesionado las libertades ciudadanas a través del bloqueo de contenidos y sitios de todo tipo».

Aunque las razones esgrimidas «pueden atender a aspectos comerciales y de infraestructura, y en ciertos casos de censura y privación del derecho a la libre manifestación de las ideas, el hecho es que las restricciones así impuestas no han sido útiles como medidas de seguridad y, en cambio, ofenden la dignidad y derechos del ciudadano, siendo, además, violatorias del orden constitucional y de las sanas prácticas democráticas».

Los legisladores precisaron que «un marco jurídico adecuado es el mejor camino para alcanzar este objetivo».

La legislación que se propone «contempla la prohibición para que los prestadores de servicios de Internet lleven a cabo prácticas de discriminación de contenidos o sitios, evitando de esta manera el acceso preferencial o con disminución de ancho de banda según corresponda a los intereses del proveedor de los servicios de Internet de que se trate en perjuicio de los usuarios»

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