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  • La violencia es por narcos en Guanajuato

    La aprehensión de dos lí­deres del grupo delictivo La Familia Michoacana ocasionó el repunte de la violencia y la afrenta directa de sicarios contra agentes y bases policiales en Guanajuato. Este desafí­o a las Fuerzas Armadas ha dejado al menos 19 ataques a cuarteles de seguridad y 30 bajas de policí­as acribillados a sangre frí­a desde 2007.

    Tras la captura de Arnoldo Rueda Medina El Minsa, en julio pasado, ocurrió un ataque a los edificios de la Policí­a Federal de Celaya y León. La noche del pasado jueves, la detención de Cristóbal Altamirano Piñón, La Gí¼era o La Rubia, desencadenó una serie de atentados a cinco bases de Celaya y Villagrán.

    El procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, atribuye los hechos a la venganza de organizaciones criminales por las detenciones de delincuentes y decomisos de droga y armamento. En los diferentes ataques, algunos en acciones simultáneas, se ha identificado la participación de La Familia Michoacana y sicarios de Los Zetas.

    Apenas unas horas después de los atentados a cinco bases de seguridad en Celaya y Villagrán, el fiscal del estado culpó de su autorí­a a La Familia Michoacana como parte de una reacción violenta por la captura de Cristóbal Altamirano Piñón, presunto fundador o lí­der del cártel de La Familia en la entidad.

    En el reto a las fuerzas de seguridad la delincuencia ha echado mano de artefactos explosivos y armas de alto poder, y ha irrumpido en acciones repetidas en las sedes policiales de Jerécuaro, Celaya, Salvatierra, Acámbaro, Villagrán, Cuerámaro, León, Ciudad Manuel Doblado y San Francisco del Rincón.

    Han sorprendido a policí­as y mandos en esas ciudades y en los municipios de Valle de Santiago, Moroleón y Uriangato. El procurador, a casi dos años de la violencia permanente, insiste en que ésta es una revancha del crimen organizado por las acciones del Estado.

    De enero a noviembre fueron detenidos 164 delincuentes (280 en los últimos tres años) y 17 han muerto al enfrentarse con la policí­a, han asegurado 121 armas largas, 95 cortas, 39 granadas y 28 vehí­culos blindados.

    Recuento de atentados

    La cadena de ataques inició el 21 de marzo de 2008 cuando un grupo armado ingresó al edificio del Ministerio Público en Jerécuaro y asesinó a cinco funcionarios. El mismo dí­a dos elementos de la policí­a ministerial de Guanajuato fueron levantados y siguen desaparecidos.

    El 26 de agosto de 2008 sicarios, identificados por la autoridad como zetas, arrojaron granadas y se enfrentaron a balazos con soldados en el acceso al cuartel militar habilitado en las instalaciones de la feria de San Francisco del Rincón. El miércoles 10 de septiembre un grupo de hombres usó granadas y disparó contra policí­as en León.

    El delegado de la Procuradurí­a General de la República (PGR), Martí­n Levario Reyes, ha dicho que el origen de la violencia es el enfrentamiento de los grupos de narcotraficantes del cártel del Golfo y La Familia, que se disputan el dominio de esta plaza y el control del mercado de las drogas.

    El pasado 10 de mayo, el procurador Zamarripa Aguirre declaró por primera ocasión la â??alerta permanenteâ? en todos los edificios de seguridad pública y se incrementaron las medidas de control. Sin embargo, la medida no ha logrado frenar los atentados y ejecuciones de uniformados. El viernes pasado, unas horas después de los ataques en Celaya y Villagrán, el fiscal reiteró el alertamiento para toda la entidad.

    Las ejecuciones

    El 8 de noviembre pasado, el comandante Juan Calderón Huerta, de la policí­a municipal de Moroleón, murió a manos de un comando en pleno centro del municipio de Uriangato.

    En Cuerámaro, el 16 de octubre una banda criminal acribilló al director de la policí­a, el capitán Refugio Pedroza Barrón, junto con su hijo, quien fungí­a como su asesor. Antes fue asesinado el secretario de Seguridad Pública de Villagrán, Alberto Bolaños Galván.

    El 5 de agosto sicarios rafaguearon y detonaron granadas en la Subprocuradurí­a de Justicia de Irapuato y en las instalaciones de la Policí­a Ministerial de Silao, con un saldo de dos muertos: un civil y un agente del Ministerio Público.

    Las acciones de los sicarios que más han llamado la atención ocurrieron el 11 de julio de 2009, cuando los edificios de la Policí­a Federal de Celaya y León, así­ como una patrulla de la corporación, fueron baleadas por grupos de gatilleros, tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, El Minsa, supuesto operador de La Familia Michoacana.

    Dos dí­as después ocurrió una nueva agresión a las instalaciones de la PF en León. Ese 13 de julio, un grupo de presuntos sicarios de La Familia Michoacana mataron a balazos al comandante Eladio Romero Durán.

    El 10 de mayo el crimen organizado lanzó granadas de fragmentación a la sede del Ministerio Público de Jerécuaro, a la cárcel de Villagrán y a las oficinas de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) de Celaya.

    El mismo dí­a, un grupo disparó con fusiles de asalto al vehí­culo de un escolta del secretario de Seguridad Pública estatal, Baltasar Vilches Hinojosa

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  • Llega la corrupcion al centro nacional de arraigo

    Desde bombones y chocolates para la Miss Sinaloa hasta servicios de prostitutas por 20 mil pesos se podí­an adquirir en lo que fue el Centro Nacional de Arraigo de la Procuradurí­a General de la República (PGR), actualmente denominado Centro de Investigaciones Federales.

    Ni la llamada Operación Limpieza del año pasado detuvo a los policí­as federales para aceptar, por lo menos hasta abril pasado, los sobornos y compra de favores de los capos del narcotráfico que llegaron ahí­ para cumplir su arraigo e incluso planear su fuga.

    Un testigo protegido de la PGR y cuya clave es Guadalupe reveló que cuando fue trasladado en un vehí­culo al centro de arraigo, un agente federal se le acercó para proponerle: â??Si se te ofrece comida de la calle, cigarros, una llamada por celular o lo que sea, aví­same a mí­ o al jefe del piso de donde estoy, que es el terceroâ?. El colaborador de las autoridades aseguró que a él no se le ofreció nada ni compró favores, â??pero podí­a ver que otros arraigados como el novio de la Miss Sinaloa mandaba pedir para ella dulces, palomitas, chocolates, paletas, chicles y por eso pagaba una cantidad que nunca supe cuánto eraâ?.

    Otro testigo protegido, identificado como Conde, dijo a los fiscales que cuando compartió en el Centro Nacional de Arraigo la habitación 306 con Gerardo González Benavides, Tony la mentira o La Bitch, le avisó que habí­a forma de ingresar teléfonos celulares o radios Nextel si pagaba una cuota de 20 mil pesos. Incluso, el primo hermano de í?dgar Valdés Villarreal, La Barbie, explicó al ahora colaborador de la PGR que existí­an tarifas para ingresar cualquier objeto a ese lugar, según consta en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/144/2009 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

    Los precios fijados a cada artí­culo que era introducido ilegalmente variaban y sólo estaban disponibles para los arraigados con poder económico. Por ejemplo, si se querí­a que la visita de los familiares fuera fluida o para acelerarla se pagaba una cuota de mil pesos a los agentes que recibí­an las identificaciones en el puesto de acceso a ese centro. Así­, según le dirí­a el cómplice de los Beltrán Leyva a Conde, la familia no batalla en ingresar y pueden entrar entre los primeros para alcanzar sillas en la sala de espera.

    Para meter alimentos como el pollo Kentucky, hamburguesas de McDonaldâ??s, refrescos o hasta tacos de arrachera cada vez que se querí­a, los precios que pedí­an los comandantes o Ecos, como también se les identificaba a los jefes de cada piso, variaba de 12 mil a 20 mil pesos. â??Todo era según el platilloâ?, le explicó a Conde el cómplice de los hermanos Beltrán Leyva, quien fue detenido en el Centro Comercial Santa Fe, luego de ser identificado como quien controlaba la venta de droga para ese grupo criminal en plazas del estado de México.

    Mujeres y alcohol, con horario

    La compra fuerte de â??favoresâ? a los agentes federales estaba con el ingreso de bebidas alcohólicas y mujeres, para lo cual incluso se habí­an fijado horarios. Por pasar una botella de licor se pagaban 5 mil pesos y para sostener relaciones sexuales la cuota era de 20 mil pesos, lo cual se podí­a realizar entre las 22:00 horas y la medianoche.

    Las mujeres y las botellas se ingresaban hasta la habitación de quien hizo el â??arregloâ?, según el testigo Conde.

    Para no caer en indiscreciones o provocar alguna fuga de información, los mismos agentes que metí­an las bebidas alcohólicas en bolsas de plástico, a la hora que terminaban las reuniones, también retiraban la basura del lugar, dijo el testigo. Incluso, tení­an una zona VIP en el cuarto piso que no se utilizaba para arraigados, pero si se presentaba la ocasión y se querí­a privacidad, se podí­a acceder con el pago de 20 mil pesos.

    Así­ y aún cuando no se pasaba el efecto de la investigación llamada Operación Limpieza, la cual provocó en octubre de 2008 uno de los mayores escándalos de corrupción al poner al descubierto la infiltración del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), nuevamente se puso en evidencia que el Centro Nacional de Arraigo tení­a el mismo mal.

    La corrupción llegó a tal punto que en ese mismo sitio se planeó la fuga que pretendió realizar Gerónimo Gámez Garcí­a, El Primo, familiar de los hermanos Beltrán Leyva y operador logí­stico y financiero de ese grupo criminal en el que desarrollaba funciones de trasiego de droga de Colombia hacia México y a Estados Unidos. Del plan para liberarlo supo el colaborador de la PGR unas horas antes del 18 de abril, cuando se le trasladó y se frustró su rescate en Nayarit, acción en la que murieron ocho servidores públicos, dos estatales y seis de nivel federal.

    Acción frustrada

    â??Cerca de la medianoche del 17 de abril, Gerardo González Benavides se me acercó y me comentó en voz baja que al dí­a siguiente iban a trasladar al penal de Tepic a El Primo y a su banda, pero que él sabí­a que ya todo estaba arreglado para poder sacarlo en Nayaritâ?.

    â??¿Sacarlo, de dónde? â??preguntó el testigo Conde.

    â??Ya están arreglados los de los traslados â??respondió lacónico La Bitch.

    Pero al dí­a siguiente, después de la visita, nuevamente González Benavides se le acercó y le dijo en tono grave:

    â??Valió madre todo, todo fracasó. Hay un chingo de muertos tanto federales como afis.

    â??¿Todo estaba arreglado desde aquí­? â??preguntó Conde.

    â??Sí­, y ahora los que van a valer madre son los de abajo, los que estaban encargados de informar debidamente de la operación â??advirtió Gerardo.

    Esa es parte de las evidencias con las que cuenta la Procuradurí­a General de la República para inculpar a ex miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), entre ellos al encargado del desaparecido Centro Nacional de Arraigo, el comandante Arturo Negrete, quien fue detenido tras ese intento de fuga de El Primo, cuando se realizaban su traslado junto con ocho cómplices más de la ciudad de México al penal de El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit.

    Ese dí­a, cuando el convoy de traslado del capo salí­a del aeropuerto de Tepic fue agredido por un grupo armado a bordo de tres camionetas.

    En medio de la balacera y repeliendo la agresión, el convoy logró continuar con el traslado de los nueve cómplices de los hermanos Beltrán Leyva hasta el penal, pero en el camino, ocho servidores públicos fueron asesinados por los sicarios del grupo criminal.

    Finalmente, los acusados í?scar Zito Rodrí­guez González, Gerónimo Gámez Garcí­a, Pablo Emilio Robles Hoyo, Fernando Roldán Dow, Ediberto Cuevas Garcí­a, Rogelio Garza Jiménez, Juan Carlos Ramí­rez Alaní­s, José Daniel Patiño Cuevas y Gosta Engberg Cuevas fueron ingresados a la cárcel.

    Actualmente militares custodian las inmediaciones y las puertas del ahora llamado Centro de Investigaciones Federales, bautizado así­ para tratar de olvidar los actos de corrupción que hubo en ese lugar

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  • Ricardo Martinelli traia dinero del narcotrafico

    Un primo segundo del presidente panameño, Ricardo Martinelli, que fue detenido el viernes en Ciudad de México, está acusado de pertenecer a un grupo que transportaba dinero de un cártel mexicano entre ambos países, informó este sábado la fiscalía mexicana. Ramón Ricardo Martinelli Corro y otros siete arrestados son «presuntos integrantes de una célula dedicada al transporte de dólares americanos de México a Panamá», reportó la Procuraduría General de la República en un comunicado.

    Los dólares «pertenecen a la organización criminal de los ‘Beltrán Leyva’ y son enviados para el pago de droga y lavado de dinero», añadió el organismo. A partir de la captura, en fecha no determinada por la fiscalía, de cuatro miembros de la célula en el aeropuerto internacional de la capital mexicana con 409.000 dólares en su poder, se pudo localizar el viernes en varios hoteles a otros cuatro elementos del grupo, todos de nacionalidad panameña, entre los cuales se encontraba Martinelli.

    La fiscalía añade que en Panamá también existen investigaciones sobre esta célula del cártel de los hermanos ‘Beltrán Leyva’, uno de los más poderosos de México. Esta organización es encabezada por cinco hermanos que han sido señalados como ex cabecillas del cártel de Sinaloa, organización de la que se separaron en enero de 2008.

    La vocera del gobierno panameño, Judy Meana, informó el viernes de la detención de Martinelli Corro y lo identificó como primo segundo del presidente panameño. El mandatario, sin embargo, mantiene «su compromiso de lucha frontal contra el crimen organizado», sin importar «quienes sean las personas que estén involucradas», dijo Meana a los medios.

    El gobierno mexicano mantiene desplegados a casi 50.000 militares y miles de policías contra los cárteles narcotraficantes mexicanos, a los que responsabiliza de más de 14.000 homicidios en los últimos tres años en el país

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  • Mexico desarrolla estrategia social contra drogas

    México lanzará en las siguientes semanas una serie de programas sociales para enfrentar con un nuevo enfoque la violencia que afecta a la fronteriza Ciudad Juárez, una de las localidades del país más afectadas por el narcotráfico, anunció el viernes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Dijo en encuentro con la prensa extranjera que el gobierno busca lograr la «reconstrucción del tejido social» en Ciudad Juárez, donde aseguró que en los últimos años diversos sectores sociales llegaron a mantener relaciones de «cooperación lícita» con grupos del crimen organizado que ahora se han vuelto en contra de ellos mismos.

    «La sociedad se dio cuenta de que había abierto las puertas a personas que hoy amenazan sus propios hogares», dijo Gómez Mont. No dio detalles del plan social, y sólo comentó que «en las próximas semanas se estará dando una iniciativa de reconstrucción comunitaria en Juárez, tendiente a incrementar la variable social en el ejercicio de la seguridad»

    En Ciudad Juárez, fronteriza con Texas, la violencia atribuida al crimen organizado ha dejado más de 2.000 asesinados en lo que va del 2009, lo que la ha vuelto una de las localidades con los índices de homicidios más altos del mundo. El gobierno ha desplegado miles de soldados y policías federales para contener la violencia. Gómez Mont dijo que se busca reforzar la parte social debido a los miles de jóvenes en áreas marginales, pandillas con «una vocación natural al narcomenudeo» y sectores que «llegaron a tener relaciones de negocios lícitas… actos de cooperación lícita con ellos que no se percibía como un acto indebido de colaboración con las organizaciones criminales».

    Afirmó que hoy la violencia en ciudad fronterizas mexicanas, como Juárez, tienen vinculación con fenómenos sociales que ocurren en las localidades de Estados Unidos con las que colindan. La violencia del narcotráfico y el crimen organizado ha dejado más de 13.500 muertos desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.

    Apenas la noche del jueves, cuatro oficinas y puestos de seguridad en el estado central de Guanajuato fueron atacados simultáneamente con granadas y disparos, en acciones que dejaron un herido y fue atribuida por las autoridades a un cartel del narcotráfico. Los sucesos motivaron el despliegue del ejército para labores de vigilancia y la cancelación de un desfile en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, así como de las clases en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles -incluyendo guarderías y universidades- en la ciudad de Celaya y pueblos circundantes, informó el procurador de justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

    Los ataques fueron uno contra las oficinas de la Procuraduría General de la República, dos en instalaciones de la policía municipal y uno adicional a unidades de policía estatal. También hubo otros dos ataques solo con armas de fuego en lugares no detallados.
    El procurador dijo que era «muy probable» que haya sido una represalia por el arresto de Cristóbal Altamirano Piñón, alias «La Rubia», señalado como un importante miembro del cartel de La Familia. El hombre fue arrestado el miércoles bajo sospecha de cometer cuatro homicidios y dos secuestros.

    La Familia Michoacana tiene la reputación de haber dominado el mercado de las metanfetaminas y usar sin contemplaciones la violencia contra otros que rivalizan por las rutas para traficar drogas y contra las autoridades a las que ha dirigido varios ataques.

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  • Toma de decisiones por ataques en Celaya

    Grupos de delincuentes perpetraron anoche ocho ataques continuos a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y a las bases de la Policía municipal de Celaya y del municipio de Villagrán con el saldo de un civil lesionado y daños materiales a edificios y vehículos oficiales.

    Los atentados registrados en un lapso de tres minutos con granadas de fragmentación y armas de alto poder, se atribuyen a la reacción del crimen organizado por la captura de Cristóbal Altamirano Piñón «La Rubia», «La Güera» o «El Tribi», presunto líder de La Familia guanajuatense la noche del miércoles, informó el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa.

    La alcaldesa Laura Ruby López Silva ordenó la cancelación del desfile conmemorativo del 20 de noviembre y anunció la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles y el servicio de guardería, a causa de la violencia, a su vez el titular de Protección Civil, Hiram Castillo, recomendó a la población abstenerse de acudir a los antros y bares.

    Elementos del Ejército, policías federales, agentes de la policía ministerial del estado y policía municipal custodian los accesos a la ciudad y las instalaciones de las corporaciones de seguridad.

    A las 22.30 horas de este jueves un comando lanzó tres granadas de fragmentación al interior de las oficinas del Ministerio Público Federal de la subdelegación de la PGR en la colonia Arboledas, tres de estas explotaron en el patio y un artefacto más se quedó sin detonar bajo una camioneta oficial en el exterior de la dependencia.

    El edificio de la PGR y tres vehículos sufrieron daños, en tanto el equipo antibombas del Ejército maniobraron por cuatro horas en la detonación controlada de la granada de fragmentación.

    La violencia se extendió a la caseta de policía de la Colonia San Juanico, localizada en avenida Causarina y Torres Landa, con un civil lesionado por esquilas de granada, informó el procurador de Justicia.

    Casi en forma simultánea un grupo armado rafagueó el edificio del Instituto de Formación Policía (Infopol) por personas que iban a bordo de una motocicleta y hubo ataques en el estacionamiento de la plaza parque Celaya y en las instalaciones de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo.

    En la calle Francisco Quintanilla del Barrio de San Juan se encontró una granada sin activar en el interior de una camioneta Ram gris y en otro artefacto automóvil de la colonia Misión San José.
    Javier Gasca, director de la policía de Villagrán, confirmó que sujetos en una camioneta aventaron una granada a las instalaciones de la corporación que provocó daños materiales.

    Consideró que fue una acción distractora de grupos delictivos que huían después de realizar los ataques en Celaya.

    Militares, Policía Federal, Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Ministerial y Policía Municipal implementaron operativos de localización de los responsables, sin que hasta ahora haya detenidos

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  • Mujeres mueren por narcotrafico

    Una descarga de cuerno de chivo (rifles AK 47) y las vidas de Rosana, María y Linda, de 23, 22 y 10 años, se terminó dentro de una camioneta Ram 1500 que circulaba por una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, Chihuahua, conducida por un hombre desconocido que también falleció a principios de octubre.

    Justo un mes antes, Adriana Ruiz Muñiz, una guapa edecán de 30 años, fue raptada cuando se dirigía a su casa, ubicada al sur de la fronteriza Tijuana, y apareció dos días después en un basurero decapitada y con huellas de tortura.

    Por la zona, también tres muchachas de menos de 20 años fueron disueltas en ácido el 2 de abril pasado en la ciudad de Mexicali, en Baja California, por el sicario y narcotraficante Antonio Grajeda Mendoza, «El Negro», quien confesó al Ejercito sobre el paradero de las jóvenes desaparecidas en agosto de 2008.

    La Secretaría de la Defensa Nacional reportó que en los últimos tres años han sido asesinadas en promedio 165 mujeres por asuntos relacionados con el narcotráfico como la venta, transportación y cruce de droga a Estados Unidos; robo de autos, distribución de pagos a integrantes del crimen organizado o por suplir a sus parejas.

    La prensa local del norteño estado de Chihuahua, que concentra el 40% de las más de 14 mil ejecuciones registradas en México desde 2007, contabiliza cifras más estremecedoras: sólo en este año documentó 121 homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

    De estos casos, al menos 95 perdieron la vida por impactos de bala y en 71 se estableció como principal línea de investigación la delincuencia organizada y el narcotráfico, a diferencia de otros tiempos cuando el homicidio de féminas era por causas sexuales o por violencia intrafamiliar Un informe de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua señala que tales víctimas fueron asesinadas con armas calibre .9 milímetros o fusiles AK-47 o calibre .50 conocidas como «matapolicías».

    «Las mujeres están siendo involucradas por sus parejas o por familiares, quienes en otros tiempos se oponían a que la mujer tuviera un papel activo», dice Leonel Aguirre, de la organización Derechos Cívicos de Sinaloa, entidad donde al menos 60 mujeres han muerto a balazos, quemadas o degolladas en 2009.

    Entre las más recientes ejecuciones con este perfil en el estado sureño de Guerrero se suman cinco mujeres de entre 20 y 35 años de edad encontradas el pasado 23 de septiembre en Guerrero, apilados al borde de la carretera estatal que une a los balnearios de Acapulco y Zihuatanejo.

    Estaban rodeadas de casquillos cerca de una de las playas más hermosas del país

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  • Incautan arsenal en Nicaragua

    Un arsenal de armas de guerra decomisado ayer en la provincia de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, pertenecía a una célula del cartel del narcotráfico mexicano de Sinaloa, informaron hoy las autoridades nicaragüenses.

    La Policía Nacional indicó hoy en un comunicado que el arsenal, compuesto por 53 fusiles de asalto AK 47, cuatro M-16, un Galil, una M-79, dos lanza morteros, diez granadas, 20 cartuchos de TNT de 200 gramos y otros 10 de 400 gramos, 19.236 cartuchos para fusiles AK 47 y 80 cartuchos para M-16, «eran transportadas por miembros del cártel de Sinaloa» en una camioneta con matrícula nicaragüense.

    Ese cargamento de armas y municiones fue confiscado el domingo en la provincia de Matagalpa en una operación conjunta de la Policía y el Ejército, señaló la fuente.

    El arsenal fue hallado en la camioneta en la que viajaban los presuntos miembros del cartel de Sinaloa, que la dejaron abandonada tras mantener un tiroteo con la Policía, que los perseguía.

    Los ocupantes de la camioneta, que fue confiscada junto a las armas, lograron huir.

    La Policía Nacional informó que están allanando varias viviendas en diferentes puntos de Managua, donde se sospecha que tuvieron almacenadas las armas.

    Agregó, además, que están tras la búsqueda del mexicano Roberto Bedolla Corona, alias «El Ingeniero», considerado como el principal cabecilla del grupo que transportaba las armas y quien hace un mes residía en una vivienda en Managua, que alquilaba

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  • Narcomensaje en Zacatecas

    En el municipio de Jerez se encontraron dos cuerpos que presentaban signos de violencia, a los que se les colocó un narcomensaje para amedrentar a la población, ya que se advertía que eso les ocurriría a quienes realicen denuncias anónimas.

    Por medio del comunicado 1399, el gobierno estatal confirmó el hallazgo de los cadáveres en pleno centro de esta cabecera municipal, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital, en la plaza Tacuba frente a una mueblería, aproximadamente a las 05:30 horas del domingo.

    Hasta el momento, los cuerpos se encuentran en calidad de desconocidos. En el boletín se precisa que uno de los occisos presentaba dos disparos en la cabeza y el segundo cuerpo tenía siete disparos en el tórax y dos más en la cabeza, además de mencionar que en el lugar se encontraron tres casquillos de calibre .2.23 y el tercero calibre .40.

    De manera extraoficial se ha vertido que en la madrugada se escucharon los disparos, pero fue hasta el amanecer que se percataron de los dos cuerpos que yacían desangrados en el piso.

    Al lugar acudieron elementos de la 11 Zona Militar, así como de las corporaciones estatales. Por el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha informado que se encuentra investigando los hechos para el esclarecimiento del doble asesinato

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  • Economia de carteles de la droga, intacta

    La estrategia implementada por el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada tiene una falla de origen: no ataca la estructura financiera de los cárteles y por ello es predecible que aumente el número de ví­ctimas y los casos de corrupción, coincidieron expertos en materia de seguridad, tanto nacionales como extranjeros.

    Urgieron a la administración de Felipe Calderón a iniciar el combate a los cárteles mexicanos mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras y aplicar la Convención de Palermo para atacarlos económica, judicial, polí­tica y socialmente.

    Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economí­a del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico, dijo que en México 78% de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados, ni por la Secretarí­a de Hacienda (SHCP), ni por la Secretarí­a de la Función Pública (SFP).

    â??La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretarí­a de Hacienda no tiene la capacidad para enfrentar estos temas, pero el gobierno cuenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); yo le recomendarí­a al secretario de Seguridad Pública Federal que en vez de preocuparse por tener más helicópteros se ocupe en alimentar investigaciones para el desmantelamiento patrimonial del hampaâ?.

    Para Buscaglia, el gobierno mexicano no tiene estrategia cuando bastarí­a implementar la Convención de Palermo adecuadamente.

    La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional rubricó en diciembre de 2000 en Palermo un convenio para prevenir y combatir de manera más eficaz a los cárteles. Con 147 paí­ses firmantes, entre ellos México, la Convención de Palermo consigna 41 artí­culos en los que establece tipos penales comunes para todas las naciones y esquemas de cooperación, entre ellos procedimientos de extradición y asistencia jurí­dica mutua.

    Maureen Meyer, asociada para México de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que para la comunidad internacional es momento de repensar la estrategia instrumentada contra el narco y que resulta fallida.

    â??La lucha se ha centrado en producir detenciones y no en promover e implementar las reformas estructurales necesarias para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en México; después de tres años de guerra, la violencia no ha disminuido y las drogas siguen fluyendoâ?

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  • SEDENA decomisa reactivos (cristal)

    Peritos y químicos de la Procuraduría General de la República certifican que la droga sintética, decomisada en un sofisticado narcolaboratorio, asciende a mil 718 kilos, con 35 gramos, con un valor en el mercado negro de 687 millones de pesos.

    En un comunicado emitido por la vocería del operativo conjunto Culiacán Navolato, se dio a conocer que el pasado miércoles 11 de noviembre, elementos del Ejército descubrieron en una extensión de un kilómetro cubierto con árboles y lonas camufladas, un moderno laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas.

    El laboratorio, localizado por elementos del 94 Batallón de Infantería, en las inmediaciones de los poblados Los Duarte y El Naranjo, en la sindicatura de Sanalona, en el estado de Sinaloa.

    Ayer, los soldados desmantelaron la estructura para procesar la droga y trasladaron las evidencias a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en ocho camiones con capacidad de seis toneladas cada uno.

    Una parte de la extensión del terreno, ubicado en el poblado, denominado Los Duarte, estaba acondicionada, con ocho campamentos, veinte tiendas de campaña, una larga mesa y refrigeradores, abastecidos con alimentos.

    La droga, sintética, denominada cristal, en estado sólido y líquido que fue asegurada en ese lugar, ascendió a mil 718 kilos, con 35 gramos, cantidad suficiente para elaborar tres millones 4 436 mil 700 dosis, cuyo valor en el mercado negro y ascendería a 687 millones 340 mil pesos.

    La información proporcionada, en el laboratorio se encontraron 52 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, los cuales contenían productos químicos para procesar la droga sintética, tres hieleras, 30 costales con droga, 49 más de sosa cáustica, 27 botes, con acetona y 59 tanques de gas de uso doméstico

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