Etiqueta: penal

  • Diputados bolivianos, permiten niños tengan sexo

    El Congreso boliviano, dominado por el partido del presidente Evo Morales, aprobó una ley que incluye un aparte que consiente las relaciones sexuales consensuadas entre niños de 12 años o más, denunciaron hoy parlamentarios opositores.

    La diputada opositora Norma Piérola dijo a los medios que uno de los artículos indica que se castigará penalmente con 20 y 25 años de prisión a quien tenga relaciones sexuales con menores de 14 años.

    «Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres años entre ambos y no se haya producido violencia ni intimidación«, indica el aparte del artículo cuestionado.

    A juicio de Piérola, este párrafo da «libertad» a los niños de esa edad para que tengan relaciones sexuales, por lo que lamentó que el oficialismo no haya tenido en cuenta las críticas y recomendaciones de la oposición para modificar la norma.

    El diputado oficialista Juan Carlos Sejas replicó que un artículo similar al criticado por la oposición está vigente desde 1999 en el Código Penal para proteger a los menores de 16 años que «no son sujetos de sanción penal».

    Negó que con la norma se fomenten las relaciones sexuales entre niños de 12 años e insistió en que el artículo se aplica «en casos excepcionales».

    El proyecto de ley fue propuesto por el presidente de la cámara baja, el oficialista Héctor Arce, para reformar el Código Penal boliviano con el fin de proteger a los niños y adolescentes de las agresiones sexuales.

    La norma también fija sanciones de 10 a 15 años de cárcel a quien contagie el sida a niños y de un mes a tres años de prisión a las personas que transmitan cualquier enfermedad venérea a menores.

    El rapto de mujeres menores de 15 años, incluso bajo su consentimiento, será sancionado con uno a tres años de prisión.

  • Cárcel a estudiante que amenazó con sable a compañeros

    La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitó acción penal en contra del estudiante Eder Giovanni López Moran, detenido tras haber amenazado con un sable tipo katana y otros objetos a sus compañeros en el Colegio de Bachilleres 20.

    Autoridades de la PGJDF confirmaron que el joven fue consignado al juzgado penal en turno del Reclusorio Preventivo Oriente, acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

    El ilícito que se imputa al probable responsable está tipificado como grave en el Código Penal del Distrito Federal, por lo que en caso de que se dicte auto de formal prisión, Giovanni López no alcanzará beneficio de libertad bajo caución y tendrá que enfrentar el juicio en reclusión.

    El estudiante de 19 años de edad, fue aprehendido el pasado miércoles por elementos de la policía capitalina tras haber amagado y retenido a compañeros suyos en el referido centro escolar, al parecer por motivos de orden sentimental.

    Al joven se le aseguró un sable tipo katana, una daga corta, y cuatro estrellas tipo Ninja, además de otros objetos personales, que de acuerdo con la indagatoria ministerial, fueron utilizados para amenazar al menos a una de las estudiantes, ex novia del ahora consignado.

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  • Salen 15 detenidos culpados por Acteal

    Quince indígenas que purgaban condenas de 36 años por la muerte de 45 personas hace trece años en el sureño estado mexicano de Chiapas alcanzaron la «libertad anticipada» por buena conducta, informó hoy el abogado de los liberados.

    Por la «masacre de Acteal» unos 70 indígenas fueron sentenciados a prisión, pero el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 de ellos por irregularidades en el proceso y pidió examinar los expedientes del resto del grupo.

    Este miércoles quedó en libertad un segundo grupo, compuesto por de 15 indígenas, quienes cumplían penas de 36 años de cárcel en el penal El Amate (Chiapas) por la muerte de otros 45 indígenas, informó hoy su abogado, Sergió Nataren Gutiérrez.

    El abogado detalló que, después de la recomendación de la Corte, a este grupo de 15 tzotziles se les redujo a la mitad la condena y que por buena conducta alcanzaron la libertad anticipada.

    Agregó que en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) continuarán la defensa por la libertad de los indígenas aún presos y que fueron sentenciados a 36 años de cárcel.

    Los 15 liberados ayer, al igual que sus 20 compañeros excarcelados el año pasado, se comprometieron con el gobierno de Chiapas a no retornar a sus comunidades de origen en el municipio de Chenalho para evitar «confrontaciones» y reubicarse en otro sitio con sus familias apoyados por las autoridades.

    El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que rezaba en la comunidad de Acteal fue atacado por presuntos paramilitares, también indígenas, que mataron a 45 miembros de la comunidad de «Las Abejas» -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos-.

    La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro.

    Nueve personas fueron arrestadas por la masacre el mismo mes de diciembre de 1997, y en junio de 1999 las autoridades informaron de que ya habían sido detenidas cien personas, varias de las cuales fueron liberadas después.

  • Jueza colombiana habla y compara a México

    Mireya González Preciado Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en Bogotá, Colombia, afirmó que el contexto de â??tristezaâ? que vive México, por los cárteles de la droga, es similar al que presentaba su paí­s durante la década de â??los 80 y 90â?.
    Durante la inauguración del diplomado Sistemas Adversarial y Juicios Orales, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la juez aseguró que a pesar de que se esta llevando acabo la lucha adecuada contra los cárteles de la droga, si no se depura a los cuerpos de seguridad no se tendrán avances en el corto plazo.
    â??La depuración del sistema, de los miembros de la policí­a judicial es el primero de los aspectos que habrí­a que mirar, quizás sólo se produce al exterior, cuando al interior hemos visto las huellas cuando no se hace trabajo y equipoâ?.
    La juez reconoció que aunque su paí­s no ha logrado atacar correctamente el problema del narcotráfico, es necesario mantener una colaboración no sólo entre ambas naciones sino con los paí­ses de Centroamérica, toda vez que la corrupción ha infiltrado a las autoridades.
    â??Las bandas criminales lo que están mostrando no es un aspecto que tenga un paí­s a su favor, nosotros somos tristemente célebres por la cocaí­na colombiana, pero nos muestra que para que eso pueda llegar a su destino, pasa por otros escenarios y estamos hablando de lí­neas de transporte, mecanismos que hagan menos riesgosa la intervención policial, lo que muestra es que la criminalidad trasciende los ámbitos nacionales y busca apoyo en los paí­ses de puente pasoâ?.
    En comparación a México, la juez colombiana señaló que la forma de operar de los cárteles mexicanos, se basa en una lucha territorial que busca mostrar su poder como fue el caso del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria

  • Greenpeace revisa ley de biodiversidad

    Incumplimiento de métodos de bioseguridad y monitoreo, falta de registro de las acciones de control y seguimiento experimental, conflicto de interés y no incineración del maíz transgénico cultivado son algunas de las violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y al Código Penal Federal (CPF) que denunció la organización ambientalista Greenpeace en las primeras siembras experimentales de maíz transgénico en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

    El colectivo presentó este día un documento, que dijo le fue remitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se expone «la existencia de presuntas anomalías en 123 puntos inspeccionados, sólo en el estado de Sinaloa».

    En conferencia de prensa, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, detalló que esta situación resulta aún «más alarmante» si consideramos, dijo, que no existe un programa de verificación a nivel nacional de los 24 permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado (GM) emitidos por la Secretaría de Agricultura.

    Explicó que la organización ambientalista presentó una denuncia ante la Profepa, en la que Greenpeace México exigió el inicio de un proceso de investigación, además de la cancelación de los permisos emitidos para sembrar maíz transgénico.

    Por otra parte, agregó, en respuesta a solicitudes de información realizadas por la organización a través de la Ley Federal de Transparencia: el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) proporcionaron la siguiente información:

    «Senasica reportó que las siembras solicitadas por la empresa Pioneer-PHI México, no se efectuaron en el predio destinado para tal fin», dijo Aleira Lara.

    En tanto, el Inifap dio a conocer, dijo Greenpeace México, que no participó en las siembras autorizadas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, «a pesar de que en las solicitudes de las empresas y los dictámenes de los permisos señalan que la siembra experimental se realizará en los campos del instituto».

    Explicó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recomendó que la experimentación, «sin excepción alguna», debía realizarse dentro de terrenos responsabilidad de las instituciones públicas de investigación agrícola de México.

    Lo anterior con el propósito de que el gobierno mexicano «asuma la total responsabilidad respecto a las liberaciones y a su desempeño seguro».

    Greenpeace informó que las siembras se llevaron a cabo en terrenos privados de agricultores cooperantes de las empresas.

    Además denunció que las empresas Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México, tomaron la determinación de violar la condicionante al permiso otorgado relativa a destruir en el mismo predio por medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación, y en su lugar, trituraron y enterraron los materiales.

    «Ante tantas anomalías los resultados de esta etapa no son confiables ni pueden darse por válidos como referencia de la inexistencia de riesgos o de los beneficios de este tipo de cultivos, como pretenden hacer creer las empresas», explicó María Colín, asesora legal de Greenpeace.

    «Cualquier solicitud que presenten las empresas debe ser denegada en estos momentos ante la falta de certidumbre jurídica que impera en materia de bioseguridad para el centro de origen y diversidad de dicho cultivo», agregó la litigante del grupo ecologista

  • Le Monde quiere un tribunal internacional para la RDC

    Los crí­menes de proporciones históricas cometidos en la República Democrática del Congo (RDC) requieren la creación de un tribunal penal especial para impedir que continúe la impunidad y el sufrimiento de miles de congoleños, urgió hoy Le Monde.

    El periódico francés comentó este viernes en su editorial los â??innegables crí­menes y masacresâ? cometidos en ese paí­s africano, tras conocerse el borrador del informe de las Naciones Unidas que refiere un posible genocidio en la RDC entre 1993 y 2003.

    Si bien el reporte final den la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) -que será publicado en los próximos dí­as- se centra en una década, la impunidad no ha cesado y los congoleños siguen siendo torturados, afirmó el diario.

    â??¿Qué se necesita para que esta tragedia movilice a lo que se describe como la â??comunidad internacionalâ?? -ONU y sus organismos especializados, así­ como a las grandes potencias que a menudo son los primeros en explotar las riquezas la RDC?â?, se preguntó.

    Recordó el genocidio contra los tutsis en la vecina Ruanda en 1994 y el establecimiento del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPI-R), con sede en Arusha, Tanzania; las atrocidades en Sierra Leona y su corte especial; así­ como los casos de la ex Yugoslavia y Camboya.

    En ese sentido, subrayó la necesidad de crear un tribunal para la RDC, al asegurar que aunque el TPI-R está lleno de imperfecciones, â??es mejor que se haga justicia de alguna manera en Arusha, a que la injusticia se mantenga de forma permanente para las ví­ctimas congoleñasâ?.

    Para Le Monde, la experiencia de los conflictos recientes muestra que no hay retorno a la paz sin un camino de justicia.

    â??Ya es hora de tomar en cuenta el crimen de proporciones históricas perpetrado en la RDC. El informe de ACNUDH puede ser la base para establecer un tribunal que haga justicia a miles de congoleñosâ?, concluyó

  • Sigue calvario de mujeres que abortaron en Guanajuato

    â??En el Cereso sí­ hay represión y mucha. Cuando va Derechos Humanos a visitarnos las custodias no se nos despegan. Te escuchan en todo momento y te sientes presionada; y si dices por qué estás ahí­ te ponen pies y manos donde no van [tergiversan todo] y aunque no te amenazan directamente, sí­ te advierten: oye, si sigues con las entrevistas te puede afectar en tu casoâ?¦â?

    Habla Alma Yareli Salazar Saldaña, trabajadora doméstica de 26 años de edad, recién liberada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Guanajuato, donde purgó tres años de una sentencia de 27, a la que fue condenada como responsable de homicidio en razón de parentesco por haber sufrido un aborto espontáneo en octubre de 2007 en esta ciudad.

    Declarada inocente por el magistrado Miguel Valadez Reyes, del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Alma Yareli es la única integrante de un grupo de siete jóvenes sentenciadas a largas penas de encierro que ha recuperado su libertad. En una entrevista concedida a La Jornada aquí­ esta mañana, pidió para sus compañeras que permanecen tras las rejas:

    Justicia, que las liberen pronto. Y al preguntarle qué opina sobre el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramí­rez, según el cual aquí­ no hay mujeres presas por abortar, afirma: Para él, ellas son un cero a la izquierda.

    Al relatar su pesadilla en la cárcel, recuerda que la mañana del 21 de octubre de 2007 â??desperté con dolores y sangrado; fui al baño y se me rompió la fuente. Y no supe más. Perdí­ el conocimiento. Cuando desperté, como a los 15 minutos, el producto estaba sin vida, no respiraba. Y como no podí­a faltar al trabajo, me lo llevé a la zapaterí­a, para ver si reaccionaba, pero noâ?¦ Y en la noche, cuando salí­, lo envolví­ en una sudadera y lo dejé en la calle [del Calvario]. Sé que fue un graví­simo errorâ?.

    Después de varios dí­as, la Policí­a Ministerial la localizó. â??Cuando me detienen preguntan por otra persona, nunca me dijeron de qué me acusaban. Me suben a la camioneta y me iban pegando todo el camino; me insultaban: â??hija de tu puta madre di la verdad, no te hagas pendejaâ??; pero repito, nunca me dijeron de qué estaba acusada, sólo me preguntaban â??di con quién ibas cuando dejaste a la bebéâ??â?

    Sin pruebas concluyentes para inculparla por homicidio, el Ministerio Público la consignó al juez Carlos Alberto Llamas y éste la condenó a partir de un dictamen de autopsia dogmático, y por lo tanto irrelevante, según la resolución absolutoria que emitió el magistrado Valadez Reyes, ex procurador de Justicia estatal, al admitir el recurso de apelación interpuesto por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a favor de Alma Yareli.

    Para los peritos de la Procuradurí­a estatal, la joven abandonó a su niña viva en la calle, donde, según ellos, murió de frí­o, pues al levantar el cadáver éste presentaba la misma temperatura que las piedras de la calle Calvario (sic). Sin embargo, un perito en discordia demostró que Alma Yareli no recibió atención médica durante la expulsión del producto y ofreció como evidencia el hecho de que al ser localizado el cuerpo en la ví­a pública, el cordón umbilical del producto no contení­a restos de sangre, señal inequí­voca de que ya habí­a expirado cuando la joven lo abandonó por temor a tener problemas familiares, lo que ahora reconoce como un graví­simo error.

    Sin atención médica, ni educación reproductiva, fue condenada en primera instancia a 27 años de prisión. ¿Qué sentiste en ese momento?, le pregunta La Jornada. Se me cayó el mundo encima. 27 años y medido se dicen fácil, pero pensar que uno va a vivirlos encerrada entre cuatro paredes, es algo que no se puede describir. Sólo pensé, qué voy a hacer, mis hijos van a crecer, no van a venir a verme, me van a abandonar. Me voy a quedar sola en el olvido.

    Madre de tres menores â??un niño de 10, una niña de seis años y una bebé de año tres meses, que concibió en el penalâ??, ahora que dejó atrás el Cereso, Alma Yareli se declara â??contenta, feliz, libre. Pero recuperar a tu familia no es fácil. En esos tres años que perdí­ allá adentro, mis hijos se adaptaron con mi mamá y mi ex suegra. Y me dicen â??te quiero mucho, pero me quedo con mi abuelaâ??. Ellos no entienden la realidad ni el porqué. A veces mi hija me dice Yareli, y a veces mamáâ?.

    ¿Qué es lo que te da más miedo cuando estás presa? Que te trasladen a otra cárcel. Eso es lo que más angustia ahorita a mis compañeras, porque serí­a más difí­cil para sus familias visitarlas. Por eso entiendo por qué firmaron las cartas en que dizque ya no quieren entrevistas con la prensa. Y es que cada vez que haces algo por tu bien, puede venir un traslado porque dicen que alteras el orden dentro del Cereso.

  • Mark Zuckerberg podria ser ejecutado

    El co fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg fue acusado en Pakistán de blasfemia, por lo cual podrí­a ser condenado a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.

    Zuckerberg es investigado por blasfemia después de que una usuaria alemana que se hací­a conocer bajo el seudónimo de «Andy» convocara un concurso de dibujo sobre Mahoma, el dí­a 19 de mayo.

    Esta invitación fue retirada a fines del mes pasado luego de que el acceso de la página fuera bloqueado por autoridades paquistaní­es.

    Tras la desaparición del concurso, un juez del Tribunal Supremo de Pakistán recibió un primer informe en el cual se acusaban a los dueños de Facebook por cometer un delito grave, al violar el artí­culo 295-C del código Penal de Pakistán.

    Concretamente el apartado 295-C del Código Penal pakistaní­ dice â??El uso de comentarios despectivos, en relación con el Santo Profeta, por medio de palabras, ya sean habladas o escritas, o mediante la representación visible, ya sea directa o indirectamente, que profanen el sagrado nombre del Profeta Muhammad Santo, serán castigados con la muerte, o prisión de por vida, y también con el pago de una multaâ?.

    El abogado activista , Azhar Muhammad Sidiqque, dijo estar esperando ponerse en contacto con la Interpol para los preparativos necesarios para la detención de los propietarios de Facebook y «Andy». Parece que incluso se ha pedido elevar la cuestión a la Asamblea General de la ONU

  • Cuots escolares, ¿a tela de discusion en Qro?

    El diputado local José Luis Aguilera Rico se pronunció por discutir la iniciativa de ley de su autoría, a fin de reformar el Código Penal estatal y castigar con prisión a quien obligue a los padres de familia a cubrir una cuota escolar.

    El presidente de la Junta de Concertación Política dijo que ese compromiso lo hace en respuesta a las quejas de los padres de familia, que se ven obligados a cubrir las cuotas en escuelas públicas con el argumento de que si no lo hacen no les entregarán documentos a sus hijos.

    Recordó que se trata de adicionar un capítulo al Código Penal estatal, donde se establece una pena de uno a seis años de prisión y de 20 a 200 días de multa a quien por cualquier medio obligue a cubrir las aportaciones o cuotas de padres de familia, consideradas como voluntarias por las leyes en la materia.

    El también coordinador de la fracción del partido Convergencia en el Congreso estatal manifestó su preocupación por esa situación ya que esas conductas son recurrentes en los periodos de inscripción y reinscripción en las escuelas públicas de la entidad.

    «Es necesario que este tema no sólo se discuta en una comisión ordinaria del Congreso del estado, sino que también se invite a la sociedad afectada para que abiertamente opine sobre las cuotas escolares», enfatizó.

    Señaló que se ha detectado que las asociaciones de padres de familia cobran cuotas escolares a nombre de las instituciones educativas y abren cuentas en bancos y cajas populares, las cuales manejan de acuerdo a intereses particulares.

    Ante eso, confirmó su interés por que sea tomada en cuenta su propuesta de adicionar un nuevo tipo penal al Código en la materia, ya que con ello se busca apoyar a los padres de familia más vulnerables, que sólo pueden acceder a la educación pública gratuita para sus hijos