El Ejército Mexicano realizó tres operativos en el municipio de Apatzingán, al descubrir y desmantelar tres casas de seguridad, donde fueron asegurados más de 50 kilogramos de droga sintética, marihuana, armas y equipo táctico.
En un informe, la 21 Zona Militar dio a conocer que en una bodega ubicada en la colonia Morelos, detectada gracias al detector molecular GT-200, fueron asegurados 44 recipientes de plástico que contenían un total de 43.750 kilogramos de ‘crystal’
Varios sujetos armados con fusiles de alto poder interceptaron y levantaron la noche del miércoles a cinco personas, entre ellas un menor de edad, en el municipio de Ecuandureo.
Los reportes de fuentes policiales de aquel municipio del Valle de Zamora revelan que el secuestro masivo fue alrededor de las 22:00 horas, en los linderos de la comunidad de Quiringuicharo.
Juan Manuel Moreno Vargas, Ramón Pérez Ávila, Martín Guerrero, Pedro Pérez Vázquez y el menor de edad Gonzalo Pérez Covarrubias viajaban por la zona en una camioneta de la marca Ford, tipo Pick up, negra, con placas MY73197.
Unos instantes después una camioneta pick up blanca, les cerró el paso y de la caja de la misma descendieron seis sujetos armados con fusiles de alto poder, quienes amagaron a las cinco personas y las subieron por la fuerza a la unidad.
Más adelante, según versiones de las fuentes consultadas, había por lo menos dos camionetas más en las que se repartieron a las víctimas y todos se dieron a la fuga.
En el lugar, tras conocerse los hechos, se inició un operativo conjunto de fuerzas policiales municipales, estatales y federales, para dar con el paradero de las víctimas y sus plagiarios, sin embargo, no se tuvieron resultados positivos.
Ecuandureo a últimas fechas, se ha convertido en una zona de alta incidencia de homicidios y levantones vinculados a la delincuencia organizada
Procuradores federales presentaron una decena de actas el jueves en las que acusaron a capos de los carteles mexicanos del narcotráfico de introducir enormes cantidades de drogas en Estados Unidos, encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leyva.
Las actas, divulgadas en Nueva York y Chicago, acusan a 10 capos de cárteles y decenas de sus cómplices. Muchos de los acusados ya eran buscados por autoridades estadounidenses y mexicanas.
Los nuevos documentos ponen al descubierto una vasta red de distribución que se remonta a por lo menos 20 años atrás, de acuerdo con investigaciones de la agencia antidrogas DEA, la agencia de inmigración y aduanas y el servicio impositivo.
Los investigadores y el secretario de Justicia Eric Holder anunciaron las acusaciones en Washington.
Tres sospechosos -Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada García y Arturo Beltrán Leyva- están acusados de ser los capos del cártel de Sinaloa, en la actualidad y en el pasado.
Los tres supuestamente supervisaron el envío de casi 200 toneladas de cocaína y enormes cantidades de heroína a Estados Unidos
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El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, afirmó que el Estado mexicano ha puesto en marcha estrategias claras y contundentes para combatir la delincuencia y recuperar los espacios públicos.
Durante la inauguración de la XXII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, destacó que al iniciar esta administración el presidente Felipe Calderón se comprometió a frenar la actuación de las organizaciones criminales y a construir condiciones de seguridad y tranquilidad.
Señaló que el diálogo respetuoso y franco entre los poderes, los órdenes de gobierno y la sociedad, es el camino más eficaz para garantizar la integridad de las personas y el funcionamiento óptimo de las instituciones democráticas para oponer un frente sólido y unido contra la delincuencia.
En esta reunión, precisó, se evaluarán los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; así como los adelantos en un tema medular como lo es la reforma al sistema de justicia penal.
Medina Mora apuntó que el combate al secuestro es un punto de mayor importancia para la ciudadanía y particularmente para quienes han sufrido las consecuencias de ese delito, por ello se trabaja con firmeza para combatirlo.
«Los resultados han sido significativos y están a la vista, pero el desafío complacencia, De ahí el énfasis que se ha puesto en el desarrollo de las Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro en los estados de la República», puntualizó.
En este sentido, señaló que un instrumento de mayor importancia para mejorar los resultados como lo espera la ciudadanía, será disponer a la brevedad de la ley específica que ordena la Constitución.
«Analizaremos las propuestas que se han recibido para emprender una campaña nacional de prevención del delito de secuestro que propicie una cultura ciudadana de la denuncia, lo cual es esencial para reducir este ilícito», afirmó.
El funcionario expresó que la coordinación entre policías y procuradurías para prevenir y combatir los delitos, encontrará un instrumento de utilidad en los Centros de Operaciones estratégicas que paulatinamente sustituirán a las unidades mixtas de atención al narcomenudeo.
Medina Mora mencionó que este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos y sobre todo a la Ley General de Salud en materia de narcomenudeo.
Comentó que a partir de la reforma se hará realidad jurídica y normativa la suma de capacidades en la investigación y el procesamiento judicial de este delito, el cual flagela a la sociedad y provoca la comisión de otros ilícitos.
El titular de la PGR refirió que otro tema sobre el que se reflexionará en la XXII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es el de la trata de personas, que actualmente es el tercer delito más lucrativo para el crimen organizado a escala mundial.
En el evento estuvieron presentes la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, y el procurador General de Justicia de esa entidad, Héctor José Cabrera Rivero, entre otras personalidades
Manlio Fabio Beltrones (PRI), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lamentó el asesinato de Armando Chavarría, presidente del Congreso de Guerrero.
«Es sumamente lamentable ver un acontecimiento de esta naturaleza, en donde nuevamente se presenta un acto de violencia en el cual pierde la vida un ser humano, pero en este caso se trata del presidente de la Junta de Coordinación Política, que allá tiene todavía carácter de Gran Comisión, y de un hombre que dentro de la izquierda mexicana se había significado en Guerrero, por su ejercicio libre e ideológicamente puro», dijo el priísta.
«Esto solamente marca una nueva exigencia para que el gobierno federal diseñe mejores políticas para el combate a la delincuencia, ya que la criminalidad está llegando a límites inadmisibles para los mexicanos en su conjunto», añadió Beltrones.
El senador del PRI dijo que no han pensado en pedir seguridad para los legisladores porque «no creo que existieran suficientes elementos de seguridad para estar salvaguardando a cada uno de los políticos o legisladores que lo desease».
«No hay que cuidar a uno solo, hay que cuidar a México en su conjunto», agregó.
– ¿Al Presidente Calderón se le ha salido de las manos este tema de la inseguridad?
– Por lo menos estos resultados no están hablando bien de la estrategia que se ha asumido, contestó
El presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero de México, Germán Castro Hernández, informó que en al menos mil 500 de los 3 mil 500 centros cambiarios del país hay evidencia de financiamiento del crimen organizado.
â??Lo que se ha detectado por parte de las autoridades son centros cambiarios que no están cumpliendo con las normatividades adecuadas.
â??En el país están registrados más de 3 mil 500 centros cambiarios y las cifras de los que se tienen identificados son mil 500, los cuales operan con recursos ilícitosâ?, expuso.
De visita en Culiacán, Castro Hernández aseguró que esta ciudad no se encuentra dentro de las 10 ciudades con mayor número de negocios vinculados con la delincuencia, a pesar de que las autoridades federales han detectado e incautado centros que son financiados por el crimen.
Lideran en el rubro de lavado de dinero en centros cambiarios Tijuana y Ciudad Juárez, además de las entidades de Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Durante 2008 fueron incautadas por el Ejército mexicano aproximadamente 35 casas de cambio ubicadas en el mercado Benito Juárez, en la capital de Sinaloa, las cuales presuntamente realizaban lavado de dinero
Mientras la policía analiza los detalles del asesinato de un lugarteniente del cartel de Juárez convertido en informante de las autoridades estadounidenses, surgió un dato sorprendente: el principal sospechoso también era un informante.
Los investigadores dijeron esta semana que el asesinato de José Daniel González Galeana, lugarteniente de ese cartel mexicano de narcotraficantes e informante de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue planeado y ejecutado por un miembro del mismo grupo delictivo que también trabajaba para el ICE.
No está claro si el hombre acusado en el asesinato llegó a saber si González también era informante del ICE.
Si todos hacen su trabajo adecuadamente, nadie fuera de un grupo muy pequeño de investigadores debe llegar a conocer la identidad de un informante, destacó Fred Burton, vicepresidente de antiterrorismo y seguridad corporativa de la firma Stratfor, de Austin.
«Las identidades son muy secretas; nadie las sabe, posiblemente ni siquiera dentro de la agencia», dijo Burton.
Sin embargo, otros ex funcionarios judiciales y expertos señalan que no les sorprende que un informante estadounidense haya matado a alguien.
«Esos informantes no son gente de altos valores éticos», destacó Robert Almonte, ex jefe policial de El Paso y director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de Narcóticos de Texas. «Se enteran de la actividad de los delincuentes porque ellos están involucrados en la actividad criminal, o han estado. Eso es lo que hace que sean buenos informantes».
Rubén Rodríguez Dorado, de 30 años, miembro del cartel de Juárez, fue arrestado el lunes junto con otros dos hombres acusados de homicidio sujeto a posible castigo con la pena capital. La policía acusó al soldado Michael Jackson Apodaca, de 18 años, de haber apretado el gatillo; a Christopher Durán, de 17, de conducir el automóvil en que se fugaron, y a un adolescente de 16 años de haber fungido como centinela la noche del asesinato de González, muerto de ocho balazos.
Los tres recibieron un pago de menos de 10.000 dólares, afirmó esta semana Greg Allen, jefe de la policía de El Paso.
Los adolescentes han sido acusados de homicidio sujeto a posible pena de muerte. Los tres adultos están detenidos en la prisión del condado El Paso y se les impuso el jueves una fianza de un millón de dólares.
También se emitió una orden de arresto contra un quinto hombre, el lugarteniente del cartel Jesús Aguayo Salas, que está acusado de homicidio que podría ser castigado con la pena máxima.
Allen dijo que Aguayo ordenó y pagó por el asesinato. González fue puesto en la mira del cartel de Juárez después de que desapareció de México tras el arresto de otro líder del cartel, Pedro «El Tigre» Sánchez Arras, y de una redada en una bodega del cartel en México, según ha dicho la policía
México y Estados Unidos firmaron hace unas horas un acuerdo de cooperación que incluye el intercambio de información sobre carteles de la droga a ambos lados de la frontera, durante una reunión entre el procurador general mexicano Eduardo Medina Mora y la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano.
Tras la firma del acuerdo, el más reciente intento por aplacar la violencia producto del narcotráfico, Washington también anunció que aumentará el número de agentes encargados de vigilar el contrabando de armas entre los dos países.
El director interino de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Kenneth Molson, quien participó junto a Napolitano y Medina Mora en el encuentro, dijo que Estados Unidos ha proporcionado a México equipos de imágenes balísticas que ayudarán a los agentes de seguridad a comparar los casquillos de las balas. Se espera que el año que viene las autoridades méxicanas pueden entrar en el sistema de la agencia y hacer comparaciones balísticas, dijo el funcionario.
El organismo también sumará 50 agentes para investigar la circulación ilegal de armas en Houston y McAllen, en Texas; Roswell, Nuevo México; Phoenix en Arizona; y El Centro, California. La agencia ha investigado la venta ilegal de armas por mucho tiempo, pero en esta oportunidad la principal misión de los equipos será controlar el contrabando.
Molson también dijo que los 100 agentes que la agencia añadió en abril para realizar inspecciones a vendedores de armas en Houston, como parte de su promesa de ayudar a México a controlar los carteles de la droga, han auditado a cerca de 1.000 comerciantes.
Los nuevos inspectores fueron asignados en abril, como parte de una iniciativa que terminará a finales de mes. Su tarea es asegurarse que los vendedores de armas cuentan con los documentos necesarios para rastrear las armas usadas en crímenes.
«Nunca hemos tenido inspectores como ahora, no en mucho tiempo», dijo Melson a diversos medios de comunicacion.
Las autoridades mexicanas han dicho en repetidas oportunidades que las armas usadas por los carteles provienen de Estados Unidos, donde es más fácil comprarlas.
La Fiscalía ocupó bienes avaluados en siete millones de dólares que asegura son propiedad de personas «conectadas con el Cartel de Sinaloa», organización mexicana dedicada al tráfico de drogas, informaron el viernes las autoridades.
En un boletín de prensa publicado en su página de internet, la Fiscalía precisó que son siete bienes, avaluados en siete de millones de dólares, y ubicados en tres ciudades del suroeste de Colombia –Cali, Bugalagrande y Calima–, así como en Puerto Boyacá, ubicado en el centro del país.
Entre los bienes figuran un hotel en Cali, así como fincas en los municipios citados.
Gladys Sánchez, jefa de la Unidad Nacional de Lavado de Activos de la Fiscalía, explicó en conversación telefónica que «este operativo es una adición al que se hizo hace tres semanas».
La funcionaria se refería a una ocupación que el 24 de julio realizaron las autoridades para incautar bienes por unos 25 millones de dólares y cuyos propietarios también tienen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el cartel colombiano del Norte del Valle es el que tiene vínculos con el de Sinaloa, que opera rutas en el Pacífico mexicano