l reciente diferendo entre el presidente López Obrador y los embajadores de Estados Unidos y Canadá, por haberse pronunciado éstos en contra de algunos planteamientos de la iniciativa de reforma judicial —como lo son la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN—, muestra o ignorancia de nuestro Presidente respecto a los procedimientos y protocolos de la diplomacia, o un ingenuo intento demagógico de disfrazar el conflicto culpando al mensajero.
Sin embargo, es inviable no reconocer lo evidente: todo embajador es el vocero oficial del gobierno de su país y jamás vierte opiniones personales que no estén respaldadas por su gobierno.
Nuestro Presidente cree que puede cambiar el significado de los hechos con narrativas y pretende convertir este diferendo en un problema personal con el embajador Ken Salazar y decir que la pausa es con la embajada y no con el gobierno del presidente Biden.
Sin embargo, detrás de este ingenuo planteamiento presidencial —que podríamos calificar como una tormenta en un vaso de agua— pareciera estarse aprovechando la oportunidad que ofrece este diferendo diplomático para sentar las bases futuras de nuestra política exterior frente a posibles problemas que pudiesen generarse con el próximo presidente de Estados Unidos, ya sea este Kamala Harris o Donald Trump.
Por ello el presidente López Obrador utiliza un tono patriotero que rescata el tradicional rechazo de nuestro país a la política exterior injerencista del gobierno norteamericano y capitaliza los arquetipos intervencionistas atribuidos a ese país.
Es evidente que los abusos de la 4T, que ponen en riesgo a nuestra frágil democracia y al estado de derecho, como lo son la reforma judicial y el posible intento de desaparición de los organismos autónomos —como el INAI y todos aquellos que generan contrapesos al Poder Ejecutivo— traen muy preocupados a los políticos estadounidenses y ello pudiese predisponer al próximo presidente de ese país a endurecer sus políticas en contra de la pasividad del gobierno mexicano frente a los cárteles de la droga.
Seguramente las noticias que llegan de Estados Unidos respecto a la actual estrategia de ese gobierno de convertir en testigos protegidos a líderes de la delincuencia organizada mexicana presos en su territorio —y poseedores de información privilegiada— pone nerviosos a muchos funcionarios de este gobierno que pronto perderán impunidad al dejar sus cargos.
Frente a estos escenarios inciertos y de alto riesgo, blindarse con el discurso patriotero pareciera ser una estrategia populista y de alto impacto emocional que permitiría al gobierno que está por iniciar el primero de octubre, salir en defensa de cualquier funcionario de la actual administración que pudiese ser cuestionado por el gobierno norteamericano. A final de cuentas las narrativas construyen percepciones públicas poderosas.
La izquierda latinoamericana se divide
No hay una sola izquierda latinoamericana y el conflicto e insultos entre Gustavo Petro y Daniel Ortega, porque el nicaragüense calificó a él y a Lula como títeres del gobierno norteamericano por no reconocer a Nicolás Maduro como ganador de las pasadas elecciones, pone en evidencia esta fractura. Gabriel Boric, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro, presidentes de Chile, Brasil y Colombia, empiezan a distanciarse de los dictadores tradicionales —insertados en el Foro de Sao Paulo— a partir de su rechazo al robo de las elecciones venezolanas por parte de Nicolás Maduro. Esto marca un nuevo contexto político en la región y una nueva esperanza para la democracia, al margen de las posturas ideológicas.
Brecha
Cada vez más crece la brecha entre la administración pública y la política. El político finca su fortaleza en la demagogia, pero el administrador público debe dar resultados y efectividad. La nueva Reforma Judicial pretende convertir a la administración de la justicia en una actividad de ocurrencias jurídicas y compromisos políticos.
¿A usted qué le parece?
Ricardo Homs
X: @homsricardo