La coalición que apoya al recién electo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pondrá esta semana a prueba su unidad con la conformación de las mesas directivas del Congreso, tema que ya generó las primeras fisuras.
El opositor Partido Liberal, que abandonó ocho años de oposición al gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez para apoyar a Santos, anunció este lunes que luchará por conseguir la Presidencia de la Cámara de Representantes.
â??Lo importante para nosotros es que en estas negociaciones recibamos de parte de los partidos mayoritarios el principio de la igualdad y equidad a la hora de conformar las mesas directivasâ?, dijo el congresista liberal Simón Gaviria.
El Partido Conservador, que hace parte también de la coalición que apoya a Santos, dijo la semana pasada que no permitirá que los liberales se queden con la Presidencia de la Cámara Baja y que lucharán por ella.
El legislador Heriberto Sanabria anunció a la prensa que evitarán por todos los medios que la colectividad roja fije las reglas del juego en la elección de mesas directivas, porque â??nosotros somos la base de la coaliciónâ?.
Para el legislador es claro que el Partido de La U, del cual Santos es su líder y aliado -el Conservador- han conformado las mayorías legislativas desde el gobierno de Uribe Vélez, lo cual se debe respetar.
Los liberales aceptaron que Armando Benedetti, de La U, asuma la Presidencia del Senado a partir del 20 de julio próximo y esperan un apoyo recíproco al nombre de Simón Gaviria, para la Cámara Baja.
Los politólogos consideran que las consultas entre las fuerzas que integran la coalición serán una prueba de fuego para el propósito de Santos de fortalecer su propuesta de â??gobierno de unidad nacionalâ?.
De mantenerse las fisuras por la conformación de mesas directivas, la bancada oficialista podría enfrentar su primer desafío de garantizar la unidad, a mes y medio de la posesión del nuevo gobernante
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Manuel Santos con apoyo colombiano
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1era legislatura de Honduras, nueva era
El nuevo Congreso hondureño instaló el lunes la primera de las cuatro legislaturas anuales con una ceremonia marcada por la presencia del mandatario electo, Porfirio Lobo, que tomará posesión el próximo miércoles, y la ausencia del presidente de facto, Roberto Micheletti.
Micheletti, quien se retiró el pasado 21 de enero de las «funciones públicas» para evitar «una distracción en el proceso de alterabilidad en el poder», fue hospitalizado el domingo a causa de una alteración en los niveles de azúcar.
«Razones de fuerza mayor como ser la hospitalización de emergencia me impiden estar presente en tan importante y solemne instalación», explicó Micheletti en una carta leída en el Congreso, cuyos diputados le tributaron un sonoro y extenso aplauso.
Micheletti, de 63 años, «está aún en observación por los médicos» del Hospital Militar de Tegucigalpa e «iba a ser dado de alta esta tarde (lunes), pero si no sale hoy sale mañana (martes), ya está estable», dijo a la AFP César Cáceres, portavoz del gobierno de facto.
También recibió sonoros aplausos el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, que junto a Micheletti y los tribunales encabezaron el golpe de Estado que depuso al presidente (2006-2010) Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.
El Congreso hondureño está integrado por 128 diputados, 71 de ellos del Partido Nacional (PN, derecha) de Lobo; 45 del Partido Liberal (PL, de derecha que con Zelaya giró a la izquierda); 5 de la Democracia Cristiana (DC, social cristiano); 4 de Unificación Democrática (UD, izquierda), y 3 del Partido Innovación y Unidad (PINU, social demócrata).
En el discurso de instalación, el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, llamó a los diputados «a forjar la unidad, la reconciliación y el perdón» entre todos los hondureños «erradicando las causas que nos han polarizado».
«Debemos todos sentarnos a trabajar en las reformas que (…) nos aseguren una mejor distribución de la riqueza dándole a cada quien lo suyo sin dañar a nadie», subrayó
Lobo, del opositor PN asumirá el próximo miércoles la presidencia con el reto de unir a los hondureños, divididos por el golpe de Estado que depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya el pasado 28 de junio, y mejorar las condiciones de vida de población.
Solamente Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Panamá y Perú han avalado los resultados de los comicios, celebrados bajo el gobierno de facto.
Honduras es uno de los cuatro países más pobres del continente, junto al devastado Haití, Bolivia y Nicaragua y con una profunda desigualdad social.
Según el cardenal Oscar Rodríguez, el 80% de los hondureños recibe el 20% de la riqueza y el 20% de la población posee el 80% de la riqueza.
El futuro presidente se ha comprometido a garantizar la salida de Zelaya de la embajada de Brasil para que pueda viajar a República Dominicana, el mismo miércoles.Mientras tanto, Zelaya recibió el apoyo de unos 150 manifestantes que encendieron velas en el pavimento de una calle que conduce a la legación brasileña, ante la mirada de los soldados que mantienen sitiada la sede diplomática desde que se refugió en ella tras volver del exilio, el 21 de setiembre.
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¿La reeleccion de Alvaro Uribe?, nadie dice nada
La campaña para los comicios presidenciales de mayo en Colombia sigue girando alrededor de las intenciones electorales del mandatario saliente Alvaro Uribe, mientras cada vez son más las voces que reclaman la falta de equidad entre los candidatos y piden un debate de fondo.
La pregunta sobre si el presidente conservador Alvaro Uribe, quien llegó a la presidencia por primera vez en 2002 y fue reelecto en 2006 tras una reforma constitucional, podría ser nuevamente candidato copa las discusiones.
A diario, la prensa se entrega a toda clase de elucubraciones, en particular sobre si la Corte Constitucional validará una ley de referéndum sobre la posibilidad de un tercer mandato presidencial consecutivo, y sobre si esta consulta podrá realizarse antes de la elección, prevista para el 30 de mayo.
Y si este abogado de 57 años que cuenta con una popularidad de más del 60% pudiese ser candidato, la pregunta que surge es si lo desea realmente.
Desde que sus partidarios propusieron en 2008 organizar ese referéndum, el presidente ha eludido expresar claramente su intención, diciendo que su respuesta dependerá de «la Corte Constitucional, el pueblo y Dios», e incluso confesando que sufre una «encrucijada del alma».
Sin embargo, esta semana anunció que el canal institucional (televisión estatal) dejará de difundir los consejos comunales que realiza cada sábado para respetar la equidad necesaria en caso de que optase por un tercer mandato.
«Uribe es candidato desde el momento en que le dio apoyo en el Congreso al referéndum», dijo a la AFP Rafael Pardo, postulado a la presidencial por el opositor Partido Liberal, de centro-izquierda.
La decisión de suspender la transmisión de los consejos comunales «es sólo una muestra más de que así es», subrayó.
Para Pardo, el cese de esas emisiones es insuficiente. «El respeto a la ley de garantías electorales sería que diga abiertamente que es candidato, y que suspendiera los giros de plata a sus aliados, que dejara de usar el presupuesto de acción social para sostener a sus aliados», aseveró.
También el candidato Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, denuncia que «Uribe usa el presupuesto público para la campaña», sostiene que la «Constitución prohíbe su candidatura» y asegura que el país «sufre un inmenso quiebre democrático».
«La Constitución prohíbe a un presidente ser candidato después de dos mandatos. El tenía que haber esperado la reforma constitucional para ser candidato», insistió Petro a la AFP.
En su propio campo, la candidata conservadora Noemí Sanín, sin criticarlo abiertamente, señala que el problema no es si se transmitirán los consejos comunales, sino que todos los aspirantes tengan un acceso igualitario a la televisión.
El ex-secretario de prensa de la presidencia Ricardo Galán, en cambio, considera que el debate es estéril, simplemente porque según dijo a la radio RCN, «la ley de garantías no rige porque el presidente no es candidato».
Y por encima de estas consideraciones, ningún debate parece desarrollarse realmente en cuanto a las opciones que se presentarán: continuación de una política económica liberal y de la estrategia militar para enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas, con entre 6.000 y 10.000 combatientes) o una ruptura con esas orientaciones.
«Colombia ocupa desde el año pasado el primer lugar de desigualdad social en América Latina, y de esa desigualdad mayúscula derivan los problemas de violencia y narcotráfico», apuntó Petro. «La sociedad debería estar discutiendo este tipo de problemas, pero estamos discutiendo la reelección», lamentó.