El presidente Barack Obama se fue de la isla, decenas de corresponsales de prensa extranjera también partieron, los reflectores de las grandes cadenas se apagaron y las calles de la capital volvieron a la normalidad, pero los cubanos ahora se preparan para el próximo suceso: el VII Congreso del Partido Comunista.
A dos semanas del encuentro que tendrá un papel fundamental en el camino que tome el plan de reformas socioeconómicas emprendido por el presidente Raúl Castro hace cinco años, salieron a relucir una serie de inusuales críticas que se venían cociendo a fuego lento de parte de los propios militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Los reclamos se centran en que hasta ahora los miembros de base del PCC no pudieron leer los documentos y las propuestas que éstos contienen para la Cuba del futuro, al punto de que algunos están pidiendo una postergación del evento.
«La militancia de base está molesta y con razón», escribió el académico Esteban Morales en un blog. «Sin dudas porque hemos retrocedido en la democracia partidista, porque hemos desconocido a la militancia de base, que lucha y se enfrenta a nuestros problemas diarios».
Las críticas se volvieron tan inquietantes que esta semana Granma, órgano oficial del PCC, salió a defenderse con un largo artículo que a su vez obtuvo otra andanada de comentarios negativos.
Con una difícil situación económica, una población joven y educada con expectativas de migrar y salarios estatales de alrededor de unos 25 dólares equivalentes en la isla, el PCC enfrenta además el desafío de lidiar con la resistencia de muchos viejos dirigentes para realizar reformas en medio de un acercamiento con Estados Unidos, que cambió la situación geopolítica del país tras 50 años de enfrentamiento.
El artículo de Granma se publicó una semana después de la visita del presidente Obama a Cuba, en la que el gobernante pronunció un discurso en el que habló de una política no intervencionista de Estados Unidos hacía la isla, pidió olvidar el pasado y exhortó al gobierno de la nación caribeña a permitir el pluripartidismo, la libertad de expresión, la apertura a una prensa independiente y a una economía de mercado, conceptos que los líderes comunistas cubanos rechazaron históricamente.
Incluso en esta tesitura, muchos cubanos comunistas y no comunistas se expresaron escépticos de tener una economía abierta, prefieren ir con cuidado con respecto a Estados Unidos y su poderío, y no se imaginan una vida sin que la atención sanitaria o la educación sean gratuitas, garantías puestas en marcha por la revolución de 1959. Pero otros escucharon con algún interés las propuestas de Obama.
«La visita de Obama nos obliga en lo adelante a tener un trabajo de discusión y a defender el consenso social sobre la revolución», dijo a The Associated Press el militante comunista y periodista Francisco Rodríguez, para quien el discurso del mandatario norteamericano fue «hábil y emotivo» pero representa una suerte de «evangelio capitalista» que no comparte.
«Parte por ejemplo de considerar que la democracia y las libertades deben ser como las practican en Estados Unidos», criticó Rodríguez, también un reconocido activista de la comunidad gay y cercano colaborador de Mariela Castro, hija del presidente cubano y directora del Centro de Educación Sexual de la isla.
Rodríguez fue uno de los que propuso un aplazamiento, en su caso para julio, del congreso comunista para dar tiempo a un debate.
Estados Unidos impuso sanciones Cuba desde inicios de la década de 1960 para presionar por un cambio en el modelo político de la isla, que se fue endureciendo con los años hasta que Obama flexibilizó algunas medidas. Pero el embargo como tal, y todas sus amplias prohibiciones al comercio, sólo puede ser levantado por el Congreso estadounidense.
Rodríguez, Morales y los comunistas cubanos tienen como antecedentes el VI Congreso realizado en abril de 2011 y que fue precedido de meses de amplio debate popular en torno a los «Lineamientos», un documento que recogió más de un millón de opiniones de comunistas y de la población en general en miles de reuniones en centros de trabajo o barriadas a lo largo de toda la isla y que constituyó un hito en el camino a consensuar las reformas de Castro.
Los 313 «Lineamientos» u orientaciones constituyeron la base política de las transformaciones de la isla que busca modernizar su modelo sin perder su carácter de Estado socialista y recorren todos los sectores de la vida del país, desde la eliminación del subsidio a las empresas estatales, pasando por favorecer las inversiones extranjeras o lograr que el salario sea el parámetro del poder adquisitivo, hasta fortalecer al sistema educativo.
Creado en 1965, el PCC fue incluido en la constitución como la «vanguardia organizada» de la sociedad cubana y aunque su papel no es electoral pues no presenta candidatos a los comicios, sus decisiones señalan el camino que toma la isla.
Se estima que la membresía del PCC es de unas 700.000 personas y consta de un Comité Central de 114 personas encabezadas por un Buró Político actualmente regido por Castro y un Secretariado.
«Mi insatisfacción radica en la falta de discusión de sus documentos centrales -hasta hoy secretos-, tanto en las organizaciones de base del partido, como con el resto de la ciudadanía», dijo Rodríguez en una carta abierta dirigida al presidente y primer secretario del PCC, Raúl Castro, y publicada el domingo en su blog «Paquito el de Cuba».
Previsto entre el 16 y 19 de abril, el VII Congreso se desenvolverá luego de cinco años de desarrollo de la serie de reformas implementadas por Castro que buscaron actualizar el modelo para hacerlo eficiente en medio de una fuerte crisis de productividad.
Bajo el gobierno de Castro, y al calor del congreso precedente, se flexibilizó el trabajo independiente del Estado al permitir un pequeño espacio a la iniciativa privada, se abrió el mercado de bienes raíces y de compra y venta de automóviles, se entregó tierra en usufructo a particulares, se destrabó la política para el otorgamiento de créditos y se aprobaron modificaciones migratorias que ahora permiten a los cubanos viajar libremente.
Por ello, según Granma, dado que en realidad los lineamientos fueron aprobados en el anterior VI Congreso no es necesario «un nuevo proceso de debate a escala de toda la sociedad» sino continuar con el trabajo trazado.
El propio Granma indicó que en estos cinco años, entre un congreso y otro, sólo el 21% de los lineamientos fueron puestos en marcha como la creación de las cooperativas o una nueva ley tributaria; y el 77% está en proceso. El 2% restante no se ejecutó de ninguna manera.
«El VII Congreso dará continuidad al anterior…y permitirá delinear con mucha más exactitud el camino a recorrer para que nuestra nación, soberana y verdaderamente independiente desde el triunfo del 1 de enero de 1959, pueda construir un socialismo próspero y sostenible», agregó Granma.
Pero tanto para Rodríguez como para Morales y muchos de los otros que pusieron al pie del artículo de Granma en su edición digital sus comentarios, el argumento no es aceptable.
«Es uno de los últimos congresos dirigidos por la generación histórica», escribió una persona que se identificó como «Leandro», en relación a los dirigentes que acompañaron a Fidel y Raúl Castro en su revolución en 1959. «Sería, creo yo, un mal precedente para los futuros dirigentes, que se sentirían en el derecho de hacer congresos sin la participación popular».
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Llaman a mejorar fiscalia cubana …
El presidente cubano Raúl Castro llamó hoy a elevar el papel que corresponde a la Fiscalía, los Tribunales y la Contraloría en la lucha contra el delito y el fortalecimiento de la legalidad y la institucionalidad en el país.
El general Castro tomó juramento este viernes al nuevo Fiscal General de la República, el general de brigada Darío Delgado, quien sustituyó en marzo pasado a Juan Escalona, relevado por â??problemas de saludâ?, indicó una nota oficial.
La ceremonia se efectuó en el Palacio de la Revolución de La Habana, en presencia de otros altos dirigentes del gobierno y el Partido Comunista de Cuba.
Escalona, de 79 años, declaró que seguirá siendo fiel a â??Fidel (Castro), usted (Raúl), y cumpliré la misión que me encomendó con el mismo espíritu de soldado de la Revolución que ha impregnado mi vidaâ?.
Delgado se comprometió por su parte ante al mandatario a dedicar todos sus esfuerzos a â??cumplir con la tarea y no defraudarlo a usted, a Fidel y al Partido Comunistaâ?.
Escalona fue el fiscal del juicio celebrado en 1989 contra el general Arnaldo Ochoa y otros 13 acusados de narcotráfico que culminó con el fusilamiento del militar en La Habana junto al coronel Antonio De La Guardia, el capitán Jorge Martínez y Amado Padrón
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Elecciones en Chile, la izquierda chilena
Hay pocas dudas de que el representante de la oposición derechista, Sebastián Piñera, ganará la primera ronda de la elección presidencial el próximo domingo, ante lo cual el candidato oficialista Eduardo Frei parece enviar guiños a la izquierda para conquistar sus votos en la segunda vuelta y definitiva el 17 de enero. Frei, un ingeniero civil de 67 años, divulgó el sábado su programa en materia de derechos humanos, acompañado de la madre de la presidenta Michelle Bachelet, Angela Jeria, en el que se compromete a anular la ley de amnistía, legada por el pasado régimen militar.
La anulación o derogación de la ley de amnistía, que cubre el período septiembre de 1973 a abril de 1978 –época de los mayores abusos de la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet–, son un anhelo del Partido Comunista (PC), cuyo candidato presidencial, el ex ministro socialista Jorge Arrate, ha llamado a formar un frente político para evitar la llegada al poder de Piñera tras la segunda vuelta. Frei, senador demócrata cristiano y ex presidente (1994-2000), también prometió terminar con la Ley Antiterrorista, otro legado de la dictadura, que el gobierno de Bachelet ha aplicado contra los dirigentes mapuches encarcelados que luchan por la recuperación de sus tierras ancestrales. La norma permite largos períodos de incomunicación, testigos sin rostro y endurece las penas en hasta tres grados.
La anulación o derogación de ambas leyes son una aspiración frustrada de extensos sectores izquierdistas más allá del PC, y de las familias de los 3.197 opositores muertos por la dictadura, y de los 28.000 ex presos políticos, según cifras oficiales. La encuesta de noviembre del Centro de Estudios Públicos (CEP) da por ganador el domingo 13 al multimillonario Piñera, con un 36%, seguido de Frei, con 26%, y en tercer ubica al candidato independiente y ex socialista Marco Enríquez-Ominami, con 19% y Arrate, con 5%.
Para triunfar en primera vuelta se requiere un 50% más uno de los votos. En la segunda ronda Piñera ganaría a Frei por 43 a 37% según esa encuesta. Si el rival del empresario fuera Enríquez-Ominami, Piñera también ganaría con el 40% contra a 37%. El compromiso de Frei en temas de derechos humanos puede atraer a un porcentaje del electorado de Enríquez-Ominami, un díscolo diputado de 36 años que se lanzó a la carrera presidencial luego que su partido socialista le prohibió participar en las primarias que eligieron a Frei como el candidato oficialista.
Algunos analistas locales no descartan la sorpresa de que Enríquez, hijo de un líder guerrillero muerto en un enfrentamiento con militares en octubre de 1974, pase a la segunda vuelta. Para que Frei o Enríquez puedan enfrentar con éxito a Piñera, necesitan los votos de sus contendores izquierdistas.
Arrate está dispuesto a llamar a votar por cualquiera de los dos centroizquierdistas que deba medirse en enero con Piñera, pero Enríquez-Ominami se niega –hasta ahora– a pronunciarse si está dispuesto a apoyar a Frei, a quien a calificado como uno más de los personajes anquilosados en la política chilena.