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Etiqueta: organizaciones

  • Explotacón infantil. Por Priscila Montano Torres

    Todas las personas tenemos derecho a gozar de una infancia alegre y sana, sin embargo, en la actualidad muchos niños no cuentan con esta posibilidad. Debido a la pobreza que existe en varios países, según la OIT, se estima que alrededor de 400 millones de infantes, entre 5 y 14 años, sufren de explotación laboral en todo el mundo, pues se ven en la necesidad de trabajar para poder sobrevivir.

    Dichos niños trabajan largas jornadas a un salario mínimo y mucho menor que el de un adulto. Por esta razón las empresas prefieren contratar a niños, ya que los costos de producción se ven disminuidos. Sin embargo la falta de ética es evidente en estas organizaciones, ya que no buscan el bienestar social, sino el bien propio, el cual es incrementar sus ganancias y reducir costos, sin importarles las consecuencias secundarias ni las personas afectadas por dichas acciones.

    Los sectores en donde existe un mayor número de niños explotados son en el agrícola, servicio doméstico, minería, pesca, construcción, pirotecnia, carbón vegetal, cerámica, material deportivo y calzado, entre otros. Muchos de estos trabajos ponen en riesgo la vida de los niños, ya que son labores altamente peligrosos. Sin embargo, la pobreza en la que viven estos infantes, los obliga a participar en dichas actividades a costa de su vida y salud.

    Está comprobado que el trabajo infantil afecta y genera una gran cantidad de desventajas en los niños, ya que las largas jornadas laborales les limitan el acceso a la educación, los agota físicamente e intelectualmente y les impide jugar y gozar de su infancia. Dichas razones repercuten altamente en su salud, dignidad humana y autoestima. Por otro lado, el trabajo infantil provoca graves efectos socioeconómicos, como el aumento del desempleo en la población activa, pues estos menores ocupan el puesto de trabajo de la población adulta.

    La relación entre los niños y la fuerza de trabajo lleva consigo una alta tasa de mortalidad, incentiva una mayor natalidad y alimenta la pobreza. Por otro lado, las naciones heredan una nueva generación de trabajadores con bajos ingresos, sin especialización, analfabetos, tal vez enfermos o inválidos. Por lo que es fácil darnos cuenta que la explotación infantil no es una actividad viable que beneficie la economía de los países, sino al contrario, en vez de conseguir reducir la pobreza la agrava.

    Las organizaciones deben tener y seguir un código de ética que guie y oriente su conducta, para evitar que situaciones como estas sigan incrementando, pues las repercusiones que tiene el contratar a niños menores de edad en nuestra sociedad son muy graves. Hay que recodar la filosofía de la â??persona prudenteâ?, la cual dice que es prudente aquel que no sólo piensa en los resultados del momento sino en los del futuro. El permitir contratar a infantes para reducir costos de producción en una empresa, a la alarga nos afectará a todos, pues dichos niños crecerán sin una educación, con muy baja autoestima y tendrán un envejecimiento precoz.

    Es necesaria la movilización para promover nuevas actitudes sociales orientadas a presionar a los gobiernos para cumplir con los derechos y las leyes que regulan el trabajo infantil. La presión comunitaria debería ser utilizada para provocar la defensa de los derechos y el respeto de las leyes de protección de los niños. Debemos de tomar conciencia y velar por el bienestar de los niños que sufren dicha explotación, ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad, y si no les permitimos una adecuada educación y desarrollo, las repercusiones que habrá en nuestra sociedad se harán notar en poco tiempo.

    bibliografía:

    http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/lang–es/index.htm

  • Organizaciones civiles contra la SB1070

    Una coalición de seis organizaciones civiles anunció hoy que el mes próximo pedirá a una Corte de Apelaciones mantener restricciones parciales a la ley SB1070 de Arizona y determinar si es constitucional.

    La Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) informó que la coalición se presentará ante la Corte de Apelaciones de San Francisco, California, para respaldar una demanda colectiva contra la ley SB1070 que interpuso en un tribunal federal en mayo pasado.

    La coalición se presentará ante el tribunal de apelaciones el 1 de noviembre, cuando el Departamento de Justicia tiene también previsto pedir a la Corte de Apelaciones que mantenga sin vigor las partes más controversiales de la ley antiinmigrante de Arizona.

    Entre otras secciones, el Departamento de Justicia pide que se queden sin vigor partes como la que permite a policías hacer trabajo de agentes de migración al solicitar documentos a cualquier persona con base en su aspecto, color de piel o acento.

    La ACLU informó que la demanda colectiva representa tanto a individuos como a grupos.

    En la coalición participan el Fondo México Americano para la Defensa Legal y la Educación (Maldef) y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).

    Así como la ACLU de Arizona, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el Centro Legal Asia Pacífico Americano (APALC) y la Red Nacional de Jornaleros (DNLON).

    La ley de Arizona SB1070 entró en vigor el pasado 29 de julio, pero la jueza federal Susan Bolton bloqueó las partes de esa legislación que permitirían a los policías solicitar documentos de migración.

    Desde entonces, el gobierno de Arizona presentó una apelación en la corte en San Francisco y ha pedido a ese tribunal que deseche las demandas de la coalición de organizaciones civiles y del Departamento de Justicia.

  • ¿Desea convertirse en judio?, ¿juraria lealtad a Israel?

    El gobierno israelí aprobó hoy llevar al Parlamento una polémica enmienda por la que cualquier persona que se nacionalice israelí y no tenga al menos un abuelo judío debe jurar lealtad al país como «Estado judío y democrático».

    La iniciativa fue aprobada en la sesión semanal del consejo de ministros por 22 votos a favor y 8 en contra: los seis del Partido Laborista, más Dan Meridor y Beni Begin, del derechista Likud.

    La enmienda está promovida por el ministro de Exteriores, el ultraderechista Avigdor Lieberman, y fue apadrinada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien pidió al gabinete un voto favorable a una medida que, dijo, representa «la esencia del sionismo».

    «No hay otra democracia en Oriente Medio y no hay otro Estado judío en todo el mundo. Esta es la base de nuestra existencia y todo aquel que quiera ser parte de nosotros debe reconocerlo», afirmó Netanyahu al inicio de la reunión.

    En su presentación de la llamada «Enmienda a la Ley de Nacionalización», el jefe del Ejecutivo advirtió de que «nadie puede darnos lecciones morales sobre democracia e ilustración», y remitió a los escritos de figuras básicas del sionismo, como Theodor Herzl y David Ben Gurión, para justificar el carácter «judío y democrático» del Estado de Israel, establecido en 1948.

    El cambio, que aún precisa la luz verde del Legislativo, implica que toda persona que solicite en el futuro la ciudadanía israelí deberá jurar lealtad al país «como Estado judío y democrático».

    Quedarán fuera la inmensa mayoría de solicitantes, es decir, quienes se acogen a la Ley del Retorno, que permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo con al menos un abuelo judío establecerse en Israel y obtener la ciudadanía.

    La enmienda afectará así a varias decenas de miles de personas al año, la mitad de ellos palestinos de Cisjordania y Gaza que contraigan matrimonio con aquellos palestinos, o sus descendientes, que se quedaron dentro de las fronteras reconocidas de Israel a partir de 1948 y tienen por tanto ciudadanía israelí.

    Conocido por sus iniciativas para minimizar la presencia árabe en Israel, que presentó abiertamente ante la Asamblea de la ONU hace nueve días, Lieberman dijo antes de entrar en la reunión que su propuesta «es sólo el comienzo».

    En la misma línea, el líder del partido ultra-ortodoxo sefardí Shas y ministro del Interior, Eli Yishai, reveló que ya tiene preparado otro proyecto de ley para despojar de la ciudadanía y de cualquier derecho a los «traidores» que «colaboren con organizaciones terroristas como (la palestina) Hamás y (la libanesa) Hizbulá».

    Más allá fue el diputado ultraderechista Michael Ben-Ari, quien interpretó el resultado de la votación de hoy como un reconocimiento por parte del Likud de que el asesinado rabino Meir Kahane, cuyo partido («Kaj») fue ilegalizado en Israel en los años ochenta por el contenido racista de su programa, «tenía razón».

    Los diputados árabes en el Parlamento israelí no escatimaron críticas a la propuesta, que el diario liberal â??Haaretzâ?? tildaba hoy en un editorial de «provocadora, discriminatoria y quizás hasta inconstitucional».

    El legislador Ahmed Tibi, ex asesor del histórico líder palestino Yaser Arafat, acusó al Ejecutivo de haberse convertido en un «secuaz» de las «políticas fascistas» de Israel Beitenu, el partido ultranacionalista que preside Lieberman.

    «No hay ningún otro país en el mundo que fuerce a sus ciudadanos a jurar fidelidad a una ideología sectaria. Israel ha probado que no es igualitario, sino más bien democrático sólo para los judíos y judío para los árabes», agregó.

    Por su parte, el dirigente del partido árabe-judío de izquierdas Hadash, Mohamed Barakeh, señaló al «verdadero Netanyahu» como autor del «disparo inicial de una legislación megarracista» y al ministro de Defensa, Ehud Barak, como «pleno responsable» de que Israel se sitúe como «en lo más alto de la lista de los regímenes más racistas del mundo moderno».

    Tzipi Livni, la líder del principal partido de la oposición, Kadima (centro-derecha), se sumó a las críticas al asegurar que la propuesta causará «conflictos internos» y «dañará» la imagen de Israel en el mundo.

    La enmienda, argumento, «no contribuye en nada» a «mantener el estatus del país como un Estado judío con iguales derechos para todos sus ciudadanos».

    El resultado de la votación es visto por los principales comentaristas como un «caramelo» a Lieberman en momentos en que Netanyahu necesita su apoyo para una nueva moratoria en la construcción en las colonias judías en Cisjordania que frene el desplome del diálogo de paz con los palestinos que inició el 2 de septiembre.

    La medida ha abierto, en cambio, una nueva crisis en el seno del Laborismo, entre el ala progresista y la conservadora, próxima a Barak, quien zigzagueó toda la semana sobre su postura final ante el texto.

  • Organizaciones preparan campaña contra feminicidios

    Organizaciones defensoras de los derechos civiles de las mujeres dijeron estar más preocupadas por la exigencia de justicia de los feminicidios â??que no han sido resueltos-, así como el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la sentencia presentados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que de las mujeres asesinadas en un contexto de violencia familiar o que presumiblemente estaban ligadas a las actividades del narcotráfico.

    El próximo 16 de noviembre se cumple un año de la sentencia dictada en contra del estado mexicano por parte de la Corte Interamericana y las agrupaciones preparan una â??amplía campañaâ? de difusión, a fin de presionar para que otros casos, sigan la misma ruta de los tres específicos que fueron denunciados ante la Corte: el de Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González, mejor conocidos como los asesinatos del campo algodonero.

    En medio del reporte cotidiano de los asesinatos de mujeres que presenta la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, â??siguen dándose los feminicidiosâ?, pero no están siendo atendidos. â??Muy pocos casos han sido resueltosâ?, dijo Liliana Chaparro, de la Red Mesa de Mujeres.

    Agregó que el estado mexicano debe cumplir la sentencia, que incluye modificaciones de tipo estructural, así como el esclarecimiento de los asesinatos y la indemnización a familiares de las víctimas, que han hecho gastos durante el proceso legal.

    De hecho, las agrupaciones que encabezarán la campaña difundirán masivamente un libro denominado: Campo Algodonero de más de 90 páginas, que contiene de manera sintetizada, la información de los tres casos que llevó a la Corte a fallar a favor de las denuncias que fueron presentadas en el tribunal internacional.

    El caso de la joven de 15 años, identificada como Ana Karen Santillana, que fue asesinada y violentada sexualmente, fue tomado por las agrupaciones de Casa Amiga, Mesa de Mujeres y otras organizaciones que forman parte de la Red de Prevención de la Violencia contra la Familia, como un caso típico de asesinatos que encuadran en los ocurridos a partir de 1993 en esta ciudad fronteriza.

    Ese caso registrado el 3 de agosto pasado, fue sumado al expediente de 144 casos más de crímenes durante 2010, donde las mujeres fueron objeto de abuso y violencia, antes de encontrar la muerte.

    Finalmente, Liliana Chaparro, colaboradora en el Colegio de la Frontera Norte, pero integrante activa de la Red Mesa de Mujeres, dijo que el estado mexicano tiene una sentencia por los casos del campo algodonero

  • Diputados desmantelaran organizaciones priistas en Oaxaca

    Los 25 diputados electos de los cuatro partidos que ganaron la gubernatura con la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, acordaron formalmente seguir juntos en la próxima legislatura local para emprender el desmantelamiento de las instituciones priístas.

    En conferencia de prensa, Carol Antonio Altamirano, próximo coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que se buscará rescatar el equilibrio de poderes en Oaxaca y acabar con la sumisión del Legislativo al Ejecutivo, así como sentar las bases para el cambio democrático que exigieron los oaxaqueños en la elección del 4 de julio.

    Acompañado de Amador Jara, dirigente estatal del sol azteca, Altamirano dijo que el acuerdo con el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo fue buscar un acuerdo de gobernabilidad, que pasa necesariamente por un entendimiento con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

    Iván Mendoza, líder de la fracción panista, y Carlos Moreno, dirigente estatal de Acción Nacional (PAN), consideraron que si se rompe la coalición no podrán hacerse los cambios que ofrecieron a los oaxaqueños.

    Ita Ortiz, diputada electa del Partido del Trabajo (PT) y el dirigente estatal, Daniel Juárez; así como Margarita García, legisladora de Convergencia, y Mario Mendoza, líder de ese partido en Oaxaca, coincidieron en que buscan arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la mayoría en la 61 Legislatura.

    La llamada Coalición Legislativa por la Transición Democrática estará formada por 25 diputados: 11 del PAN, nueve del PRD, tres de Convergencia y dos del PT, contra 16 del PRI y uno de Unidad Popular, de registro estatal. Los aliados anunciaron que a partir del 13 de noviembre impulsarán una agenda legislativa común.

    Por lo pronto, acordaron trabajar en una línea estratégica de 10 puntos, que incluye, entre otras, reformas para la transición democrática, contra la pobreza y la marginación, para lograr justicia y seguridad, y para institucionalizar políticas públicas con enfoque de género y garantizar salud y educación.

    Dejarán fuera temas polémicos como el aborto, la eutanasia y las sociedades de convivencia

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  • Emilio Gamboa llega a la CNOP

    Emilio Gamboa asumirá â??con el respaldo de gobernadores, candidatos, legisladores y líderes clave del priísmo nacional como Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltronesâ?? el liderazgo del Sector Popular del Partido Revolucionario Institucional.

    Este sábado mil 700 delegados de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), de todo el país, votarán por Gamboa Patrón para designarlo como el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de este organismo.

    Durante las últimas tres semanas, Gamboa Patrón recorrió 18 entidades federativas, entre ellas las 12 donde se elegirá gobernador, además de Chiapas, Baja California y Yucatán.

    Emilio Gamboa llega a esta Asamblea Nacional, que se desarrollará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, de la ciudad de Querétaro, como candidato único al proceso de renovación de la dirigencia nacional de la CNOP.

    En las visitas a las 18 entidades, detalló el equipo de Gamboa, el virtual líder del Sector Popular del PRI sostuvo un encuentro directo con la dirigencia y delegados electos a la Asamblea Nacional de las 32 entidades de la República ante quienes manifestó su compromiso con reactivar y dinamizar este sector.

    Gamboa Patrón reiteró la necesidad de reactivar, dinamizar y dar un nuevo impulso al sector popular, para ello, insistió, se requiere de la decidida e insustituible participación de los dirigentes en los estados, así como de los integrantes de cada una de las organizaciones y movimientos.

    Destacó que en la CNOP los dueños de pequeños comercios que se instalan en el patio de una casa, transportistas, taxistas, profesionales, técnicos, cibernautas, jóvenes, mujeres, las comunidades urbanas, las agrupaciones productivas y de servicios, migrantes, jubilados y pensionados, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, tendrán un espacio.

    A la Asamblea Nacional a celebrarse en Querétaro asistirán los delegados electos en asambleas estatales de las 32 entidades federativas y de los movimientos nacionales, que son la columna vertebral del sector popular, y como invitados especiales la dirigencia nacional del PRI que encabezan Beatriz Paredes y Jesús Murillo Karam, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, varios gobernadores y algunos candidatos del PRI a gobernador, diputados y senadores.

    â??La CNOP quiere una nueva sociedad con cohesión social, dinámica y creciente. La diversidad de agrupaciones con distintas demandas implican un compromiso de conciencia social, de promoción activa, con propuestas específicas para el establecimiento de políticas y acciones que atiendan estas demandasâ?

  • A Barack Obama le piden no dejar pasar Ley Arizona

    La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones en América pidieron hoy al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que interceda para evitar la aplicación de la ley de inmigración de Arizona, porque criminaliza a los indocumentados e instala métodos de control racistas.

    «La ley criminaliza al inmigrante indocumentado, lo cual resulta inaceptable y contrario a los estándares internacionales», subrayaron en un comunicado la FIDH y sus asociados, que se quejaron además de que «instaura un método altamente discriminatorio y racista para su aplicación».

    Una referencia directa al hecho de que el texto legislativo del estado de Arizona faculta a los policías para detener e interrogar a personas «sospechosas» de carecer de permiso para estar en Estados Unidos sobre la base de su apariencia.

    «De esta detención arbitraria (…) se derivarán sin la menor duda mayores vulneraciones de derechos humanos», más allá del «principio penal esencial que es la presunción de inocencia», argumentó la FIDH y sus organismos asociados de México, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Canadá y Panamá.

    Todas estas organizaciones manifestaron «satisfacción» por el hecho de que las autoridades mexicanas hayan mostrado un «repudio generalizado» por la ley de Arizona, pero esperan que «más allá de las declaraciones tomen medidas eficaces para proteger a sus emigrantes en el exterior».

    En esa línea, recordaron que México debe respetar los derechos de los emigrantes en su propio territorio, y pidieron a sus autoridades que desmantelen «lo antes posible las organizaciones criminales que contando con la complicidad de funcionarios públicos, han creado unas redes de secuestros, extorsión, torturas y asesinatos de emigrantes que intentan pasar sus fronteras hacia EEUU».

    Los responsables del estado de Arizona han defendido la ley, que debe entrar en vigor en agosto, con el argumento de que es necesaria para proteger la porosidad fronteriza y reducir las tasas de criminalidad.

  • Arizona y ley antimigracion

    La aprobación en el estado de Arizona de una nueva ley que obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales, suscitó la indignación entre organizaciones de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos.

    Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad en caso de que tengan una «sospecha razonable» de que pueda ser un indocumentado.

    El senador republicano Russell Pearce, autor de la legislación, asegura que la medida está diseñada para detener «la espiral» del costo que implica la presencia en el estado de los inmigrantes indocumentados.

    Pero sus críticos indicaron que la nueva ley transformará a Arizona en un «estado policial».

    «Ya basta», le expresó el senador Pearce a BBC Mundo. «No existe ninguna evidencia de que eso es lo que va a suceder, son las mentiras de la izquierda».

    «Somos una nación de leyes y la ley es lo que importa», agregó el legislador republicano.

    Pearce dijo que le van «a quitar las esposas que atan a los policías y se las vamos a poner a los malos».

    Tras lograr el visto bueno de las dos cámaras legislativas, se espera que la gobernadora Jan Brewer, también republicana, estampe su firma en la ley la próxima semana y que entre en efecto 90 días después

    La legislación convierte en delito ser un inmigrante indocumentado en Arizona, así como cualquier actividad que implique ayudar a personas sin el estatus legal requerido para residir en el país.

    Actualmente, la policía sólo puede preguntar sobre el estatus migratorio de un individuo si esa persona es sospechosa de haber cometido algún crimen.

    Bajo la nueva normativa S.B. 1070, los departamentos de la policía podrían ser demandados si no se dedican a perseguir indocumentados.

    El Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés) calificó la medida de «alarmante e inconstitucional».

    «Esta ley es una afrenta a los derechos civiles y convertirá a todos los latinos en sospechosos en sus propias comunidades sin importar su estatus migratorio», declaró Janet Murguía, presidenta del NCLR.

    «Al jugar políticamente con la seguridad pública, la legislatura estatal de Arizona ha demostrado que no comprende la realidad, la tarea de la policía local y el papel crucial que tiene la confianza en la garantía de la seguridad pública», comentó Arturo Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento y director de la Iniciativa para el Compromiso de la Aplicación de la Ley (LEEI, por sus siglas en inglés).

    El senador Pearce le aseguró a BBC Mundo que la normativa cuenta con el apoyo de nueve de los 15 departamentos de policía de Arizona, además del 80% del público local.

    Sin embargo, decenas de personas se manifestaron este miércoles frente a la gobernación estatal para reclamar a la gobernadora Brewer que no promulgue la ley.

    «Nosotros no pensábamos que se podían poner peor las cosas aquí», le indicó a BBC Mundo Carlos García, uno de los organizadores de la protesta.

    «Esta ley es un paso más para crear una división de razas en Arizona. Cualquier hispano que vaya por la calle ahora podrá ser detenido para que le revisen sus documentos», agregó García, dirigente de la organización comunitaria Puente.

    El líder comunitario afirmó que la legislación «no sólo va a crear el terror entre los indocumentados sino entre todos los latinos».

  • Marchan migrantes en EU por reforma

    Organizaciones pro inmigrantes de Estados Unidos realizaron ayer marchas en varias ciudades estadounidenses para solicitar la aprobación de una reforma migratoria.

    Estaba previsto que congresistas y senadores de diferentes estados se sumarán a las manifestaciones.

    El Foro Nacional de Inmigración, la Campaña de Reforma Migratoria PRO América y la Coalición por los Derechos Humanos de los inmigrantes de Los Ángeles (Chirla) anunciaron las movilizaciones el viernes con las que quieren recordar al presidente, Barack Obama, su compromiso con los inmigrantes.

    Cientos de personas, en su mayoría jóvenes estudiantes, marcharon en San Diego, California, en demanda de una reforma migratoria integral y humana, en el marco del 91 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

    Miembros de una docena de organizaciones comunitarias partieron del Parque Chicano en el barrio latino Logan, cerca del centro de San Diego, detrás de danzantes prehispánicos.

    Durante la marcha, los manifestantes ondearon banderas de EU, México, Colombia, Brasil, Venezuela, El Salvador y Guatemala, además de que portaban fotografías del héroe de la Revolución Mexicana con la leyenda â??la lucha sigueâ?.

    Los manifestantes en Texas se reunieron en el campus de El Paso, de la Universidad de Texas, para reclamar a los senadores republicanos John Cornyn y Kay Bailey Hutchinson que apoyen a las comunidades inmigrantes y nuevas leyes de migración.

    El centro histórico de Filadelfia (Pensilvania) acogió otra de estas marchas en las que los organizadores esperaban la presencia de Linda Holtzman, de la sinagoga Mishkan Shalom; Valeska Garay, de la organización Juntos, y Siobhan Lyons, del Centro Irlandés de Inmigración, entre otros.

    Estaba previsto que el representante por el Estado de Washington, Jim McDermott, participara en el acto que se celebró en Seattle, en el que además intervendrían, vía video, el representante de California, Mike Honda, y las senadoras de Washington, Patty Murray y Maria Cantwell.

    Después de la marcha que tuvo lugar en la capital estadounidense el pasado 21 de marzo, que congregó a más de 100 mil personas, los activistas buscan presionar para que comience a debatirse un proyecto bipartidista de reforma migratoria en el Senado.

    El pasado mes de marzo el senador demócrata Charles Schumer y el republicano Lyndsey Graham, presentaron una propuesta marco.

    En Nevada participaron el senador demócrata Harry Reid, y los representantes Luis Gutiérrez, Shelley Berkley y Dina Titus. En Chicago, los manifestantes se concentraron en pedir al senador demócrata Richard Durbin que use su liderazgo en su partido para promover una reforma migratoria integral.

    En Nueva York, los manifestantes se reunieron para rezar por una reforma frente a la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, en el condado de Brooklyn

  • Arrestos por asesinar periodistas, sospechosas

    El arresto de dos indígenas implicados en el reciente asesinato de un periodista en el sur del país supuestamente por un incidente de tránsito, comenzó a provocar dudas sobre la eficacia oficial para resolver ataques a la prensa en un México visto como el más peligroso en la región para el ejercicio periodístico.

    Los detenidos declararon que el periodista Jorge Alberto Ochoa Martínez, director del semanario El Sol de la Costa, circulaba en sentido contrario y al no ceder el paso a un taxi se generó una discusión que llevó a que un tercero -aún prófugo- le disparara en una ocasión, informó el jueves el procurador estatal Albertico Guinto.

    «Fue un hecho fortuito y circunstancial», aseguró Guinto sobre el crimen del 29 de enero. Fue el tercer periodista asesinado en el transcurso de 2010.

    Agregó que los indígenas detenidos eran supuestos pasajeros del taxi e incitaron al chofer para que diera muerte al periodista.

    La organización internacional Reporteros Sin Fronteras dijo el viernes en un comunicado que el supuesto móvil del crimen de Ochoa es «poco creíble». Afirmó que las explicaciones «están lejos de responder al reto que implica la lucha contra la impunidad y la protección de una prensa gravemente amenazada».

    Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido desde hace algunos años sobre los riesgos que enfrenta la prensa en diversas zonas del país, el cual enfrenta una creciente violencia del narcotráfico. Algunos crímenes de periodistas han sido directamente atribuidos a grupos del narcotráfico en represalia por su trabajo.

    La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado el asesinato de 60 periodistas desde el 2000 y ha dicho que la impunidad es el sello característico de las agresiones.

    Carlos Lauria, del Comité para la Protección de Periodistas, dijo el viernes a la AP no contar con suficiente información para expresarse sobre las afirmaciones de la Procuraduría estatal sobre el caso Ochoa, aunque consideró que «lo cierto es que Guerrero se ha convertido en uno de los estados más letales en México».

    Esta semana, las organizaciones internacionales han puesto especial atención en la ciudad fronteriza norteña de Reynosa.

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que ocho periodistas fueron secuestrados en Reynosa en un lapso de dos semanas, uno de los cuales habría muerto al parecer por tortura. Lauría dijo que la CPJ ha podido corroborar cinco secuestros de periodistas.

    «La realidad es que México se ha convertido claramente en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, en América Latina sin duda, y uno de los más peligrosos en el mundo», señaló.