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Desde el inicio del Gobierno de la Nueva Visión, la Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha dado a la tarea de identificar el funcionamiento y operación del sistema penitenciario, a fin de establecer las directrices normativas a efecto de recobrar la gobernabilidad de las cárceles, actuando siempre bajo los principios de legalidad y respeto irrestricto por los derechos humanos de la población interna y los familiares que acuden a visitarlos.
En días recientes, se han registrado serias situaciones que vulneran la seguridad interior de los centros penitenciarios y violentan el marco normativo, lo que ha derivado a implementar los mecanismos necesarios en beneficio del tratamiento técnico y de medidas de seguridad para la población interna, sus familias y personal que labora en estos.
Por ello, se está desarrollando una política de comunicación y sensibilización al interior de los diversos establecimientos penitenciarios, a efecto de normalizar el buen funcionamiento y vida institucional, en virtud de que una de las obligaciones de la autoridad es hacer de conocimiento de manera clara y oportuna a la población interna, sobre las medidas y disposiciones normativas que han de aplicarse tanto para acceder a un beneficio, estímulo o lo que resulta sancionable o prohibitivo de conformidad con la ley, para con ello, facilitar los medios de implementación.
En este sentido la autoridad penitenciaria conocedora de las atribuciones y obligaciones, y respetuosa de los derechos humanos de la población de conservar sus vínculos con el exterior de los establecimientos, pieza central para el apoyo del tratamiento de reinserción social, fomentamos que la población reclusa reciba sus visitas, las cuales según la normatividad vigente, son cualquier miembro de la familia y amigos siempre y cuando, los y las internas quieran recibirlos.
Lo anterior, se realiza mediante la solicitud para su registro, la cual se analiza y eventualmente se autoriza por el Consejo Técnico Interdisciplinario, órgano de consulta y asesoría que debe motivar y fundamentar sus resoluciones, siempre anteponiendo los mecanismos necesarios para preservar la aplicación del tratamiento indivualizado que propicie la reinserción social y la seguridad institucional sin que con ese pretexto, haya violaciones a los derechos humanos.
De tal manera que, la visita familiar se recibirá en las áreas específicamente dedicadas a ese fin, durante un lapso de horas suficientes para que las y los internos tengan tiempo de convivir realmente con sus visitantes y fomentar sus lazos afectivos, familiares y de apoyo.
Por otra parte, las y los internos tienen derecho a recibir la visita íntima, con su cónyuge o pareja estable, quedando esta autoridad imposibilitada de autorizar o permitir y fomentar visitas fortuitas que no abonen al tratamiento y fortalecimiento de los vínculos con el exterior, y que por la evidente irregularidad, motive prácticas cuestionables y sin el debido sustento jurídico.
El Consejo Técnico Interdisciplinario, es el encargado de verificar que exista el lazo estable entre las y los peticionarios y sus parejas, por lo cual, la visita íntima solamente estará condicionada a que tanto el visitado como su pareja se cumplan regularmente a los exámenes médicos y de laboratorio, así como a cubrir satisfactoriamente los requisitos establecidos que comprueben el vínculo jurídico y de estabilidad emocional, dando transparencia a esta autorización.
Ahora bien, es importante resaltar que la inconformidad surgida por algunas personas privadas de su libertad, que se han visto afectadas por estas medidas, son necesarias y basadas conforme a derecho, con el fin de recobrar el orden interior y legalidad que la ciudadanía nos exige como gobierno estatal.
Por tal motivo, se irán tomando todas las medidas que la propia ley obliga para el buen funcionamiento y gobernabilidad en los diversos establecimientos, para que de manera ordenada transitemos al camino de la legalidad, erradicando toda práctica fuera de la ley que permitían la corrupción y la impunidad.
Es menester enfatizar a la ciudadanía, a los visitantes y personas privadas de la libertad, que esta autoridad responsable de su función social, debe erradicar prácticas que posibiliten formas de autogobierno, impunidad, corrupción, malas conductas; así como de garantizar plenamente que el ejercicio y respeto a los derechos humanos de la población en todas sus vertientes y que no sufran menoscabo alguno.
De igual manera, se pretende garantizar la seguridad, legalidad, orden y disciplina en el interior de cada establecimiento penitenciario con la aplicación escrupulosa de la ley.
En este contexto, el Gobierno de la Nueva Visión a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informa que en este proceso para perfeccionar los sistemas de seguridad y la labor de todo el personal de Reinserción Social, 25 custodios fueron sancionados por dos horas al término de sus horas laborales, al incurrir en faltas administrativas al hacer mal uso de los sistemas de intercomunicación y vulnerar la seguridad interna.

Con el propósito de escuchar y atender las demandas y propuestas que coadyuven en la Estrategia de Paz y Reconciliación ciudadana emprendida por el Gobierno de la Nueva Visión, el Gobernador Graco Ramírez encabezó un encuentro con víctimas y familiares de víctimas de la violencia vivida en diferentes etapas en Morelos.
La reunión se realizó en Casa Morelos, donde por primera vez un Gobernador entabló un diálogo directo con hombres, mujeres y jóvenes víctimas de la delincuencia, quienes sin cortapisas expusieron su sentir con respecto al trato que han recibido en las instituciones de seguridad y de justicia.
Tras escuchar historias de angustia, miedo, sufrimiento y dolor, Graco Ramírez refrendó su compromiso de estar del lado de la sociedad en la lucha por garantizar la paz y la seguridad a los habitantes y visitantes del estado de Morelos, tal como lo ha hecho desde el día siguiente de haber tomado protesta al cargo, reuniéndose a diario con las autoridades de seguridad y justicia, estatal y federal.
El Gobernador resaltó que con apoyo de la Fundación Internacional “Baltasar Garzón”, se está trabajando en el rediseño de la Ley de Atención a Víctimas, en la que se garantizará la protección a quienes sufran algún daño por parte de la delincuencia. “Las víctimas no van a ser desamparadas (…); su caso, su asunto, su tema es mi tema y lo voy a atender”, expresó.
Máximo Alejandro Alejo y José Antonio Romero, cuyo hermano e hijos respectivamente, perdieron la vida junto con el joven Francisco Javier Sicilia, después de dar testimonio de cómo cambio esta tragedia sus vidas, reconocieron el interés y voluntad del Gobierno de la Nueva Visión, al escuchar a las víctimas de la violencia, sumándose desde sus trincheras a la Estrategia de Paz y Reconciliación ciudadana.
Héctor Sánchez, papá de Jethro Ramsés Sánchez, y José Alfredo Cerón, papá de Alan Cerón Moreno, cuyos hijos perdieron la vida en distintas circunstancias en las que se vieron involucrados elementos de seguridad pública y el ejército, en actos de tortura y abuso de autoridad, solicitaron el apoyo para que las autoridades de Procuración de Justicia, den seguimiento a las carpetas de investigación de sus casos y concluirlos, compromiso adquirido por el mandatario estatal.
Ante las víctimas, familiares de víctimas del delito y representantes de organizaciones civiles como la Red por la Paz con Justicia y Dignidad, Graco Ramírez resaltó que en la Estrategia de Paz y Reconciliación ciudadana, servirá para poner “orden” al interior de la Procuraduría General de Justicia, y contar con una policía debidamente certificada, y así garantizar una eficiente atención a la ciudadanía.
En este encuentro de diálogo participaron Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública estatal; el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén; los diputados Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo y Matías Nazario Morales, en representación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.
También estuvieron presentes la Magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez; la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor; el Consejero Jurídico, Ignacio Burgoa Llano; Adriana Flores Garza, secretaria de Finanzas; la directora del Instituto de la Mujer, Adriana Mujica Murias; e integrantes del Consejo Consultivo de la Ley Integral de Atención a Víctimas.
La reunión en la que se abordaron casos de hostigamiento sexual, secuestros, asaltos con violencia en casa habitación, supuesto suicidio, desaparición forzada y homicidio como el caso de Viridiana Morales Rodríguez estudiante de la UAEM, desaparecida mientras acampaba con su esposo Roberto Altamirano en Tepetixtla, Estado de México, donde fue encontrado muerto, fue moderada por la coordinadora de la Ley Integral de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, Nadxieli Carranco Lechuga.
A este encuentro también acudieron los papás del niño Carlos Esteva Lazos, Carlos Esteva Castillo y Lilia Lazos, a quienes Graco Ramírez garantizó que un seguimiento adecuado de su caso, iniciando por no permitir más cambios de fiscales en el caso, como se venía haciendo con regularidad en la Procuraduría de Justicia.
Graco Ramírez apeló a que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones, y los conminó a fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana. Por último expresó que el próximo 14 de noviembre se realizará la primera reunión ordinaria del Consejo Consultivo de la Ley Integral de Atención a Víctimas, en espera de tener avances de los casos hoy tratados.