La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) acordó con representantes de los centros de Verificación Vehicular sostener una mesa de trabajo técnica, para asesorarlos en la modernización del equipo que marca la nueva Norma Oficial de Emergencia.
Ante la suspensión temporal del Programa de Verificación Vehicular en Morelos, el titular de la SDS, Topiltzin Contreras MacBeath, encabezó este martes una reunión de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial y representantes de los centros de Verificación Vehicular.
Ahí, les expuso el contexto que llevó a tomar las decisiones para dar cumplimiento de la Norma Oficial de Emergencia que entró en vigor el 1 de julio, así como la modernización del equipo para continuar con la operación.
“Acordamos vincularlos con la Secretaría de Economía para buscar programas de apoyos a los empresarios y sus trabajadores que están siendo afectados; un tercer acuerdo, la inclusión de la representación del Consejo Coordinador Empresarial en la contraloría social que va a estar vigilando el proceso de renovación de las autorizaciones para los nuevos verificentros”, informó Contreras MacBeath.
Por su parte, Joel Chávez Olascoaga, representante de los verificentros comentó que el gremio que representa está abierto al diálogo con la SDS para modernizarse.
“Estamos conscientes que nuestro negocio tiene que ver con cambios tecnológicos, sabemos que debemos apostar por modernizarnos y ver más adelante, simplemente pedimos que se concedan los derechos adquiridos para continuar con nuestro empleo”, manifestó.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores del Estado de Morelos (AMDA), Asociación de México de Control Automático (AMCA), representantes legales y personal de apoyo de los verificentros del estado.
El Gobierno de Visión Morelos sostiene que el decreto de suspensión permanece y refrenda su compromiso para dar cumplimiento con la norma vigente, así como impulsar políticas públicas para la protección de la salud de los ciudadanos y la regulación de las emisiones del medio ambiente.
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Dialoga SDS con verificentros de Morelos
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Uno de los sentidos teleológicos del Derecho es buscar el bien común o, como afirmaba el doctor Héctor González Uribe, el bien público temporal.
Asimismo la ciencia jurídica asume la regulación de la conducta externa de las personas y, ante la dificultad o imposibilidad de evitar los conflictos, da solución a los que así se lleguen a presentar.
Para ello es necesario el establecimiento de órganos encargados de administrar justicia. Al efecto son creados los llamados órganos jurisdiccionales. Particularmente hablamos de la autoridad judicial la que constituye uno de los tres poderes en que se divide el ejercicio de competencias estatales.
La administración de justicia se materializa en los tribunales creados por el Estado y cuya misión es â??decir el derechoâ?, es decir, interpretar y aplicar las normas jurídicas a los casos concretos.
En otras palabras, cuando al juez se le presenta un hecho en el cual se plantea un conflicto de intereses, el titular del juzgado debe entrar al estudio del caso y, consecuentemente, resolver respecto del mismo. Para ello superpone el caso específico al supuesto o hipótesis normativa para, de esta forma, desprender la disposición o consecuencia jurídica que resuelve dicho caso concreto.
En esta tesitura, la actuación de los juzgadores es particularizar la norma general a un caso concreto generándose, así, la norma jurídica individualizada, en la especie, una sentencia.
En el caso de nuestro país, debemos considerar que existen diversas clases de tribunales, ello en atención a diversos criterios como pueden ser territorio, materia, cuantía, grado y asimismo, en cuanto a la calidad de la â??justiciaâ? que es impartida: jueces civiles, penales, del Distrito Federal, de otros Estados, de paz, salas, juzgados de distrito, corte, tribunales militares, tribunales eclesiásticos, etc.
La naturaleza jurídica de las normas impone el ambiente en que debe desenvolverse un proceso o, como coloquialmente se dice, un juicio.
En todos los casos los jueces, magistrados y ministros encargados de conocer de los litigios tienen la obligación, en la esfera de sus competencias, de resolver el asunto que se les plantea, todo de conformidad al principio de legalidad cuya lectura nos señala tanto la obligación de que la autoridad siga lo que señala la ley y que aquella sólo puede hacer lo que esta le permite.
A través de la hermenéutica jurídica los juzgadores interpretan las normas jurídicas tratando de dilucidar el sentido que el legislador intentó plasmar en la ley. Es de señalar que ante las â??lagunas de la leyâ? el administrador de justicia dispone de recursos ya que, si bien la ley puede tener â??huecosâ?, no sucede así con el Derecho, el cual establece diversos métodos y recursos para dar solución legal a lo que se les plantea, por ejemplo, a través de la integración.
* Carin es amante de los números, estudioso de la filosofía, abogado y amigo de El Enigma. Columnista de Solo-Opiniones
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Posible subsidio a televisiones digitales
Los mecanismos de distribución de las subvenciones es facultad de la Secretaría de Economía, misma que además deberá revisar la Norma Oficial Mexicana en materia de fabricación de equipos y de la importación
El adelanto del â??apagón analógicoâ? contempla subsidios directos por mil 600 millones de dólares para lograr que en los siguientes cinco años todos los hogares mexicanos cuenten con receptores de la señal digital de televisión, informó Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
El jueves pasado, el gobierno del presidente Felipe Calderón, anunció la aceleración del proceso de digitalización de la señales de televisión, entre los años 2011 y 2015, lo que significa que dentro de cinco años las televisora deberán dejar de emitir señales analógicas y, por tanto, todos los hogares deberán contar con un receptor de la señal digital.
En entrevista con Excélsior agregó que se estima un subsidio directo por hogar de 60 dólares, lo que arroja alrededor de mil 400 millones de dólares, pero además se contempla un costo de 200 millones de dólares para la operación de todo este proceso de ayuda.
Mony de Swaan destacó que el monto puede parecer muy grande y que â??en efecto, lo esâ?, pero que está plenamente justificado dado que la liberación del espectro del canal analógico, junto con las porciones disponibles de este insumo, asociadas a la banda de 700 megahertz, y su consecuente licitación podrían arrojar para el Estado alrededor de 10 mil millones de dólares.
Recordó que en el país hay 21 canales de televisión abierta y a todas se les entregó un canal espejo en forma previa, lo que implica además un reacomodo de espectro, que generará, conforme a la ley, el otorgamiento de autorizaciones para la oferta de servicios adicionales.
Sin embargo, advirtió que estos canales â??deberán devolver el espectro relacionado con el canal analógicoâ?, lo que permitirá la limpieza de esa banda y contar con la liberación de 120 megahertz, que junto con la porción disponible en la banda de 700 megahertz, implica una disponibilidad de este insumo.
â??Es una de la bandas del espectro más apetitosas. Esta medida junto con el dividendo digital a largo plazo van a compensar por mucho cualquier subsidio asociado con esta políticaâ?, dijo.
Las inversiones, vía subsidios al televidente, por mil 600 millones de dólares para la adquisición de equipos digitales es independientemente a los recursos que las empresas televisoras ya han destinado a este proceso de transición de la televisión analógica a la digital, específicamente para la transmisión de señales.
De Swaan reconoció que â??el esfuerzo que se necesita para ello no es fácil pues es necesario hacer en sólo cuatro o cinco años lo que no se logró en los seis años que van desde que, en 2004, se emitió el acuerdo de transición a la televisión digital terrestreâ?.
Consideró que la política emitida en 2004 careció de tales subvenciones, por lo que en los seis años anteriores únicamente se logró que hubiera una penetración de 13 por ciento de televisores digitales en todo el país, lo que implica alrededor de tres millones contra los 24.3 millones de hogares que existen en México.
Explió que lograr la cobertura que exige poner a México en el camino de esta tendencia global â??sería imposible sin un subsidio, y estimamos que con este apoyo de 60 dólares será posible avanzar de manera importante en la penetración de las señales digitales y sus respectivos receptoresâ?.
De Swaan precisó que los mecanismos de distribución de tales subvenciones es facultad de la Secretaría de Economía, misma que además deberá revisar la Norma Oficial Mexicana (NOM) en materia de fabricación de equipos receptores.
Informó que conforme al decreto respectivo, la Secretaría de Economía cuenta con 180 días para revisar la normatividad