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La fiscalía de Chihuahua, estado fronterizo con Texas, informó este fin de semana que un grupo de niños de 11 a 15 años secuestraron, torturaron, matan y sepultaron a otro menor, este de 6 años, cuando «estaban jugando».
Las autoridades consideraron el suceso como un ejemplo preocupante de «descomposición social» y expertos en infancia corresponsabilizan al gobierno de esta situación y urgen a presentar una «estrategia nacional» contra todas las formas de violencia hacia los menores.
La fiscalía estatal, en un comunicado emitido a última hora del sábado, explicó que los sucesos tuvieron lugar la tarde noche del jueves en un barrio marginal de la ciudad de Chihuahua, cuando dos niñas de 13 años, un niño de 11 años y dos adolescentes de 15, «todos vecinos y conocidos entre sí, estuvieron jugando» con Cristopher Raymundo Márquez, de 6 años.
«Lo amarraron y le pusieron una vara en el cuello con el que lo semi-asfixiaron y cuando el menor cayó al suelo le arrojaron piedras, le encajaron una navaja en la espalda y asi lo matan, una vez sin vida lo arrastraron hasta donde depositan el cuerpo», indica la nota.
Según el testimonio de los menores, que confesaron su crimen, una vez que lo matan, hicieron una «excavación superficial» en el «cauce de un sinuoso arroyo ubicado en la colonia Laderas de San Guillermo» -una zona de la ciudad limítrofe con la prisión estatal- cubrieron el cadáver con tierra y colocaron encima «maleza y un animal muerto para que no llamara la atención».
La madre de la víctima denunció la desaparición de su hijo el viernes y fue entonces cuando las autoridades iniciaron su búsqueda y ubicaron a los menores agresores que después de entrar en varias contradicciones sobre lo sucedido confesaron el crimen. El cadáver fue localizado el sábado.
Después de rendir declaración, se presentaron cargos penales contra los dos niños de 15 mientras que los otros tres de 11 y 13 años fueron dejados en manos de la procuraduría correspondiente y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, encargados de dar tutela pública a los menores «por la omisión de cuidados» de sus respectivas familias.
La fiscalía mostró también su «gran preocupación» ante un homicidio que «constituye más que un problema policiaco, un factor de descomposición social» y de «ausencia de valores».
Expertos y psicólogos mexicanos llevan años alertando de los peligros y los efectos psicológicos que tiene en los menores vivir inmersos desde hace años en la violencia desmedida generada en varios puntos del país desde que el ex presidente Felipe Calderón inició la guerra frontal contra el narcotráfico en 2006.
Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia, una coalición de 75 organizaciones mexicanas, explicó que este suceso evidencia que hay una «reproducción cultural de la violencia» por parte de los niños y adolescentes en lugares con altos índices de criminalidad vinculada a la delincuencia organizada, como es el caso de Chihuahua.
«Se ha normalizado la violencia, incorporándola a los juegos infantiles y esto no es nuevo, ha habido muchos señalamientos de niños que juegan a ser narcos, a los secuestros», señaló.
Sin embargo, las autoridades nunca se han preocupado de esta situación, denunció el experto. «Desde 2006 ha habido más de 100.000 asesinatos vinculados al crimen organizado, todas esas personas tenían familias pero no ha habido ninguna campaña nacional para atender a los menores que dejaron atrás».
Eso, unido a las carencias del sistema de justicia, «porque hay una ley para adolescentes pero no está plenamente implementada por falta de recursos», ha originado situaciones como la actual, añadió Pérez García.
Un informe de marzo del ombudsman mexicano alertaba de la situación de los centros de internamiento de menores, lugares donde se detectaron casos de tortura, de tratos «crueles, inhumanos y denigrantes», insalubridad de las instalaciones o hacinamiento.
De ahí que Pérez subrayara la urgencia de «tener una estrategia nacional que permita prevenir e identificar todas las formas de violencia contra la infancia» y pidió a las autoridades ser cautelosos a la hora de informar de estos temas y que no sugieran que los menores van a quedar impunes porque la legislación mexicana actual permite que sean castigados por las vías apropiadas y respetuosas con sus derechos pero también reinsertados a la sociedad.