En la década de los ochenta, el dominio territorial de Jalisco para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos era indiscutible del Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, y Rafael Caro Quintero.
En esa época este grupo prácticamente no tuvo competencia, por lo que no se tuvo que enfrentar con otros por las rutas del trasiego de drogas, como ocurrió posteriormente.
De su desintegración, a consecuencia de la captura de los líderes del Cártel de Guadalajara se fueron creando otros grupos, como el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix; del Pacífico de Ismael Zambada García, El Mayo Zambada, y Joaquín El Chapo Guzmán, y posteriormente los cárteles de El Golfo y de Juárez.
De acuerdo con reportes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad jalisciense se fueron gestando el Cártel del Milenio, de los hermanos Valencia, y más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con la recomposición de los grupos de narcotraficantes en el país, Ignacio Nacho Coronel, siempre cercano a El Chapo Guzmán, dominaba en la zona y era considerado el operador financiero del Cártel del Pacífico; después de que lo abatieran las Fuerzas Armadas en 2010, la disputa fue ganada poco a poco por otro de los aliados de El Chapo y Nacho Coronel, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien terminó fundando el Cártel Jalisco Nueva Generación con una mezcla de fuerzas entre Sinaloa y Jalisco, así como algunos otros aliados regionales, que lo llegaron a convertir en uno de los grupos del narcotráfico más poderosos y mejor organizados del país, contando además con armamento altamente sofisticado.
El rápido ascenso del grupo sólo reflejaría que tenía una red de distribución con contactos heredados y además, la protección de autoridades civiles.
“Es mayor la capacidad de violencia que mantienen los grupos criminales, mayor capacidad económica y de corrupción. Como siempre no sería una industria el crimen organizado sino hubiera una alta dosis de contubernio con la autoridad y la impunidad”, lamentó el analista y director de Jurimetría, Guillermo Zepeda Lecuona.
A la mitad de la administración de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, y de Jorge Aristóteles Sandoval como gobernador del Estado, pareció registrarse una cruenta ruptura organizacional que comenzó a evidenciarse a partir del 1 de Mayo de 2015, al desafiar el CJNG a las autoridades federales con ataques a helicópteros militares (Cougar EC725) usando granadas propulsadas por cohetes, diversas emboscadas contra policías estatales y soldados, al igual que los narco-bloqueos en símbolos emblemáticos de Guadalajara y en carreteras estratégicas de Jalisco, entonces se consideró al CJNG como el enemigo número uno del gobierno de México.
“Fue un parteaguas. Un delito de alto impacto. Un desafío abierto del crimen organizado”, recordó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso.
Desde entonces, el desmantelamiento del CJNG es el objetivo prioritario del gobierno federal.
“El objetivo es lograr que los integrantes de los grupos delictivos sean capturados y rindan cuentas ante la ley, que las estructuras del crimen sean desmanteladas… Lo haremos con la certeza de que en territorio nacional no hay fuerza más poderosa que la del Estado mexicano”, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong cuando en mayo del 2015 visitó Jalisco y encomendó al general Miguel Gustavo González Cruz, la coordinación del Operativo Jalisco.
Sin embargo, el CJNG mantiene su actividad criminal que incluye ataques directos a la autoridad en los distintos niveles de gobierno, y, contrario a otros grupos delictivos que exclusivamente se dedican al narcotráfico, éste se alimenta financieramente con otras actividades ilícitas como son el robo de combustible y secuestros.
Autoridades estatales señalaron en abril pasado que El Mencho estuvo a punto de ser detenido en la Sierra de Amula pero escapó.
El dominio del CJNG vuelve a ser evidente con la privación ilegal de la libertad perpetrada en contra de Jesús Alfredo Guzmán Salazar (hijo de Joaquín Guzmán Loera) y cinco personas más, el pasado lunes en el restaurante La Leche ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta.
La afrenta directa contra la familia de Joaquín El Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa significaría una escalada sin precedente en el nivel de poderío del CJNG en el país y en el mundo criminal.
En paralelo, las autoridades mexicanas también indagan sobre con qué tipo de protección se cuenta para que un convoy fuertemente armado opere en contra de otro grupo criminal y escape impunemente sin que hasta el momento se conozca el paradero de las víctimas ni de los victimarios.
Hoy el poderío del CJNG se ha reducido por los embates del gobierno federal, al igual que de los ataques perpetrados por sus adversarios. De hecho, trascienden versiones de que es un propósito institucional y delincuencial su desaparición, luego de la poderosa influencia que logró obtener el CJNG, que incluso fue utilizado con éxito para pulverizar al otrora poderoso grupo de Los Zetas.
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Así nació el Cartel Jalisco Nueva Generación
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Marina asegura 800 kilos de cocaína en Colima
Un cargamento de más de 800 kilogramos de cocaína asegurado, así como seis personas detenidas, tres mexicanos, dos ecuatorianos y un colombiano, fue el saldo de una operación de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) frente a las costas de Colima.
En las acciones participó personal de la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, con el apoyo de dos aeronaves King Air, dos buques de patrulla oceánica y dos patrullas interceptoras.
La dependencia detalló que la droga fue localizada en el interior de una embarcación menor tipo Go-Fast, con el nombre “Starwalker”, el pasado viernes 19 de agosto.
La Semar detalló, en un comunicado, que a partir de trabajos de inteligencia naval se obtuvo información relacionada con la navegación de una embarcación frente a las costas de Michoacán y Colima, relacionada con actividades ilícitas.
Con los datos obtenidos se ordenó el apoyo de los aviones King Air de la Armada, realizándose la localización de la embarcación sospechosa en un punto a 93 millas náuticas, 170.19 kilómetros, al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.
El Centro de Mando y Control de la Armada de México, en coordinación con la Sala Táctica de la Sexta Región Naval, direccionaron a las patrullas interceptoras hacía el punto donde navegaba la embarcación menor, para realizarle una inspección.
De acuerdo con el reporte de la dependencia, el personal de Armada detectó en el interior de la nave 24 bultos, conteniendo 713 paquetes de polvo blanco con las características propias de la cocaína.
Ante esta situación se procedió a la detención de los seis tripulantes, que resultaron ser tres personas de nacionalidad mexicana, dos ecuatorianos y un colombiano.
Las seis personas vinculadas con estos hechos, la embarcación y la carga ilícita asegurada, fueron entregadas a una patrulla oceánica, la cual realizó el traslado al muelle de la Sexta Región Naval en Manzanillo.
Durante la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal se estableció que los 713 paquetes de droga arrojaron un peso bruto de 806.05 kilogramos de cocaína, lo que se asentó en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
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Como es La Leche en Puerto Vallarta
Conocido entre sus amigos, políticos, artistas y deportistas como don Nacho, asegura que no había visto ni conoce a Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, plagiado el lunes en su restaurante por un grupo armado.
Se trata —dice— de un caso aislado, quiere darle vuelta a la hoja, retomar su vida y seguir deleitando a los comensales con su toque en los platillos y salsas que él mismo hace.
Ignacio Cadena es dueño del almacén Gourmet La Leche, un lugar en el que la madrugada del lunes Alfredo Guzmán Salazar y otras cinco personas que lo acompañaban, fueron privados de la libertad.
Quien visita Puerto Vallarta y no come en La Leche, es como no haber estado en el sitio turístico; y así lo hizo el hijo del líder del “Cártel de Sinaloa”, quien festejaba su cumpleaños en Nayarit y habló a La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, para reservar y continuar la fiesta con el grupo que lo acompañaba.
Entre las amistades de don Nacho se encuentran el ex gobernador de Jalisco, Emilio González; Alejandro Fernández (que por cierto tiene ya varios meses que no va al restaurante) y Andrea Legarreta, entre otros que visitan el establecimiento; pero asegura que no conocía a Alfredo Guzmán y no recuerda haberlo atendido antes.
Incluso, ese día ya no se encontraba en el restaurante, pues estaban por cerrar y ya no había comensales.
Tras el secuestro del hijo de uno de los capos más importantes en la historia del narcotráfico en México, don Nacho señala que no ha recibido amenazas e insiste en que buscan a La Leche porque es un concepto minimalista que gusta.
“Soy un chingón para cocinar; yo preparo las salsas, le doy el concepto al lugar, a la comida, tengo contacto directo con los clientes”, dice, pero insiste en que no conocía a Alfredo Guzmán Salazar.
Desde su restaurante del cual también es chef, pide no satanizar La Leche; “no es culpa de nadie que me busquen por el servicio que ofrezco”.
Acompañado de empresarios que le expresan su apoyo, el chef Cadena pide “borrón y cuenta nueva, olvidar lo de la madrugada del lunes y recobrar la normalidad en su vida”.
Por seguridad de sus empleados, no suelta quiénes fueron los que estaban aquella noche, lo único que deja claro es que La Leche recibe a todos sin importar quiénes sean.
Don Nacho ofrece el menú, tras 72 horas de tener el lugar cerrado: sopa de nada, pollito al grill y para rematar una leche Duck, el clásico de La Leche.
“Ya estábamos por cerrar, no hay mucha historia qué contar —en referencia al plagio de Alfredo— yo no estaba ahí”.
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Hallan auto de cura levantado
El vehículo propiedad del sacerdote José Alfredo López Guillén desaparecido desde el pasado 19 de septiembre, en Janamuato, municipio de Puruándiro, Michoacán, fue localizado en Quiroga, demarcación ubicada a casi 100 kilómetros de distancia de donde fue ubicada por última vez la unidad y el cura.
El automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, color blanco, con placas de circulación del estado de Guanajuato GUF-53-33, fue ubicado por las autoridades ministeriales en un corralón en la salida de Quiroga con dirección a Morelia.
Sin embargo, según la información recabada, policías locales de Quiroga localizaron la unidad el pasado 20 de septiembre, un día después de que se registrara la desaparición del sacerdote. El automóvil estaba abandonado y volcado en la desviación que comunica a la población de Santa Fe de la Laguna.
Los uniformados de Quiroga sólo encontraron la unidad, sin mayores indicios sobre la identidad de su dueño, por lo que procedieron, con ayuda de una grúa, a trasladarlo a el corralón de la comunidad, donde fue ubicado por las autoridades ministeriales y relacionado con el caso del sacerdote desaparecido.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó, a través de un comunicado, que continúan con el desarrollo de las indagatorias sobre la desaparición del sacerdote José Alfredo López Guillén y confirmó que localizó el vehículo que presuntamente desapareció junto con el clérigo.
Mencionó también personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realiza diligencias en el automóvil.
Sobre este caso, ayer circularon en medios locales electrónicos imágenes de video donde presuntamente aparece el padre José Alfredo López Guillén, ingresando a un hotel y detrás de él un menor de edad; las autoridades no se han pronunciado al respecto.
El cardenal Suárez Inda aseguró que no daría entrevistas y mantuvo su postura de que el religioso fue secuestrado.
Por la noche circuló un video en el que Suárez Inda advirtió que se había difundido información sin sustento y falsa: “lo único que podemos asegurar es que el lunes 19 en la noche todavía estuvo en la casa parroquial con algunas personas cuyos nombres desconozco.”
Agradeció las muestras de solidaridad y pidió orar por el bienestar del padre José Alfredo.
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Casos como Tanhuato, venganzas de fuerzas federales
El periodista Ioan Grillo, autor del libro Caudillos del Crimen, consideró, en entrevista con Quadratín México, que lo ocurrido en Tanhuato, Michoacán, donde el 22 de mayo del año pasado 22 personas murieron de manera arbitraria a manos de la Policía Federal (PF), es sólo la punta del iceberg de lo que ocurre en México por la guerra contra el narcotráfico.
“Los casos son la punta del iceberg. Si vemos, en 10 años de narco guerra en México, las fuerzas federales han estado involucradas en distintas acciones judiciales”, dijo el reportero, quien tiene una experiencia de 10 años en cobertura de narcotráfico en México, especialmente en Michoacán.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el 18 de agosto un informe sobre el operativo realizado en Tanhuato, el 22 de mayo de 2015, y reveló que además de las ejecuciones arbitrarias, se modificó la escena para hacer aparecer armadas a personas que no lo estaban y a quienes quedaron vivos se les torturó. Grillo, en su libro de reciente aparición y editado por Grijalbo, recopiló el testimonio de un policía federal que le compartió cómo la tortura fue empleada como una forma de obtener información, especialmente en el periodo comprendido entre 2010 y 2011 en Michoacán.
Un elemento a tomar en cuenta para explicar la brutalidad con que la policía federal y otras corporaciones federales reaccionan es que buscan venganza, luego de los ataques brutales que sufren de parte de la delincuencia y que les ha causado dos mil bajas, añadió.
“Han sido muchos policías federales muertos, desaparecidos, ellos sienten y también cómo los emboscan y entonces buscan venganza”, agregó. En su trabajo reporteril, policías federales le han dicho que en Tamaulipas también ha sido brutal. Cuestionado sobre si considera que los ataques puedan ser cometidos con la aprobación de mandos superiores, fue cauto y aseguró no tener pruebas, pero por el número de casos, no lo descarta. “No tengo la prueba para decir que se cometen estos casos así, pero la evidencia es que son prácticas muy comunes”.
Refirió que distintas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de tortura cometidos por fuerzas federales y de ello, también, hablan de manera frecuente delincuentes que están presos. La violencia y las amenazas de la delincuencia organizada se extienden no sólo a los policías federales, sino también a abogados de los elementos policiacos, según le contó uno de ellos. “Hay muchos policías federales con un trabajo difícil y hablas con sus abogados y dicen que tenían o estaban en riesgo”.
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Ciudad de México con más focos rojos que todo el país
Un total de 23 colonias de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc concentran la mayor incidencia en el delito de homicidio doloso, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Las estadísticas señalan que de enero de 2015 a julio pasado ocurrieron 302 asesinatos en Iztapalapa, siendo las colonias Paraíso, Ejército de Oriente, Buenavista, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Reclusorio Oriente, Cerro de la Estrella, Lomas de San Lorenzo, San Lucas, San Ignacio y San Pedro las que más casos concentraron. En esta demarcación se registran 0.9 homicidios diarios en promedio, casi uno por jornada.
En la delegación Gustavo A. Madero hubo 237 asesinatos en el mismo periodo, con las colonias Ampliación Benito Juárez, La Pastora, San Juan, Guadalupe Ticomán, Barrio Candelaria Ticomán, Ampliación Gabriel Hernández, Vallejo, Guadalupe Petrolera y Ampliación Guadalupe Petrolera como los puntos con más casos. La incidencia diaria de homicidios en promedio fue de 0.41.
En tanto, en la delegación Cuauhtémoc, en el año y medio que comprenden los datos, ocurrieron 182 asesinatos principalmente en las colonias Morelos, Centro, Doctores y Guerrero. La tasa de asesinato en promedio al día en esta demarcación es de 0.31.
Estos números revelan que los homicidios cometidos en estas tres demarcaciones representan más de la mitad de los que se cometen diariamente en la capital del país, con 1.6 asesinatos en promedio.
El martes en conferencia de prensa, Rodolfo Ríos Garza, titular de la PGJDF, dio a conocer que el delito de homicidio representa la comisión de 2.4 eventos en promedio diario.
Sin embargo, el funcionario destacó que con esta tasa actualmente la Ciudad de México se ubica en la posición número 19 a nivel nacional en la comisión de este ilícito por cada cien mil habitantes.
En lo que va de este año, en la capital se han cometido 541 homicidios, de los cuales 234 fueron en riña, 188 por represalias personales, 69 derivados de robos y 50 casos por otros móviles, como intereses económicos, pasionales y diferencias familiares.
La PGJDF sostiene que más de 80 por ciento de los homicidios se suscitan entre personas que se conocen entre sí y ocurren principalmente los días viernes, sábados y domingos, jornadas en las que es propicia la convivencia con bebidas alcohólicas y otras sustancias de abuso.
Durante este 2016 la Fiscalía de Homicidios consignó ante los tribunales 166 indagatorias que involucran a un total de 228 personas detenidas, cumplimentando 115 órdenes de aprehensión y obteniendo 102 sentencias condenatorias.
Algunos de los crímenes con mayor impacto ocurridos en el año y medio al que se refieren las estadísticas oficiales son el del departamento de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, donde el 31 de julio de 2015 cinco personas murieron. Hasta la fecha hay tres hombres procesados por este delito quienes no han sido sentenciados.
El 19 de octubre de ese año fue encontrado colgado del puente de La Concordia, en Iztapalapa, un hombre identificado como Alfredo Jiménez. Dos días después fue hallado un ejecutado con un mensaje que advertía una guerra de bandas dentro del Reclusorio Oriente.
El 27 de julio pasado un asalto a un camión de transporte público en la delegación Tláhuac dejó como saldo un muerto y ocho lesionados. Ese mismo día por la noche, en otro asalto a pasajeros en Iztapalapa, dos hombres murieron y otro más resultó lesionado.
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La historia de Ecuandureo, ejecución, tortura y crimen
Las siete capillas fúnebres de esta cabecera municipal trabajaron a toda su capacidad entre los días lunes 25 y miércoles 27 de mayo: en ellas tuvieron lugar las velaciones de 34 jóvenes oriundos de este municipio, quienes murieron en Ecuandureo, Michoacán, a manos de la Policía Federal (PF)
En los velatorios la indignación y la rabia de familiares y amigos de las víctimas son más fuertes que el llanto y el dolor. Los asistentes coinciden: los federales usaron fuerza desmedida para asesinar a los jóvenes, sin darles oportunidad de defenderse.
Si fuera verdad que hubo un enfrentamiento entre federales y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como dijo el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, entonces no hubieran tenido oportunidad de torturarlos, razonan los familiares. A algunos los quemaron; les rompieron los dientes; les fracturaron los brazos; les mutilaron manos, piernas o testículos y algunos hasta recibieron el tiro de gracia.
Ocotlán aún no terminaba de asimilar el enfrentamiento entre la PF y el CJNG del pasado 19 de marzo –en el que murieron cinco federales, cuatro civiles y dos sicarios–, cuando una tragedia mayor se sumó a la historia de violencia que asuela a esta región jalisciense limítrofe con Michoacán, debido a la lucha que grupos de la delincuencia organizada libran por el control de la zona.
Así, del lunes 25 al miércoles 27, las siete capillas de velación recibieron los cuerpos de 34 jóvenes fallecidos el viernes 22 en el Rancho del Sol, en Ecuandureo, donde según la versión oficial murieron en “enfrentamiento” 43 personas, 42 de ellas presuntos integrantes del CJNG.
Esos días los dos cementerios municipales de Ocotlán vieron las mismas escenas: con bandas de música, globos blancos y camionetas con música a todo volumen –como se acostumbra aquí cuando alguien muere con violencia–, los 34 de Ecuandureo fueron enterrados.
Y en uno de los cementerios municipales, ese martes un hombre robusto, de tez morena, con los ojos enrojecidos por el llanto y una botella de whisky en la mano, gritó: “¡Viva El Pollo, cabrones! ¡Chingue a su puta madre el gobierno!”. Luego vació el licor dentro del ataúd de madera donde, guardados en una bolsa de plástico negro, estaban los restos de su hijo, una de las víctimas de la matanza. Un mariachi tocaba “El muchacho alegre”.
En los dos panteones municipales de Ocotlán trabajan 12 personas que tuvieron que hacer hasta dobles turnos para enterrar en esos días a 34 de las víctimas de la matanza. De ellas, 11 habitaban la colonia Infonavit 5, en esta cabecera. Por instrucciones de los familiares no hubo una sola cremación. Todos los cadáveres fueron sepultados.
Cada noche, a las 20:00 horas, en un altar de la calle Libra en la colonia Infonavit 5 se reza el novenario. “Al finalizar vamos a traer música y tocarles las canciones que les gustaban a los muchachos”, dice Carito, una de las vecinas.
Pero campea la incertidumbre: “Estas 42 muertes van a traer consecuencias. Más sangre. Va a morir más gente, no nos vamos a quedar así; estamos muy adoloridos. Yo veo a los federales y me dan ganas de matarlos”, espeta Gerardo García Pineda, hermano de una de las víctimas.
De acuerdo con los testimonios de los ocotlanenses que fueron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia a identificar a sus familiares, no se trató de un enfrentamiento, pues había cadáveres sin dedos, sin dientes y hasta uno sin manos, piernas ni testículos; además, señalan, fueron violados con objetos.
“Eso no fue un enfrentamiento, fue una masacre”, dice a este semanario Víctor Hugo Reynoso, hermano de Luis Alberto, una de las víctimas. “Hasta un niño de 14 años fue abatido. ¡Qué animales!
“Uno había perdido un ojo, otro tenía golpes en el rostro, uno más con los dientes sumidos por el impacto de un objeto y otro más tenía un tiro en la cabeza”, agrega.
“En las fotografías que circularon en las redes sociales se demuestra que primero los cuerpos aparecen sin armas, y luego portan fundas y carrilleras. Las imágenes muestran a los abatidos descalzos y hay sangre en las camas, en las colchonetas”, precisa, y agrega: “Los agarraron dormidos. No hubo tal enfrentamiento; con la cantidad de armas que supuestamente tenían, y si dicen que son presuntos miembros del crimen organizado, capacitados y entrenados para tirar, fácil hubieran matado a muchos federales y no a uno. ¡Qué mala puntería tenían!”
“¡El gobierno los mató a todos para no dejar testigos! Agarró parejo: trabajadores del rancho, cocineros, afanadores, sicarios… mató a todos”, tercia, indignada, Rocío Robles, también familiar de una víctima.
“Mi primo –cuenta Gloria, pariente de otro asesinado– tenía 28 años, era carpintero y no era mala persona. Pero los mataron como animales. Si hicieron algo mal, los hubieran detenido y encerrado.”
Los parientes de las víctimas narran a Proceso que éstas cada mes mandaban dinero a sus casas y tenían distintos oficios: carpinteros, albañiles, plomeros o jardineros; los menos eran expertos en desmalezar las carreteras.
Y para ciudadanos que de la sobreexposición a la violencia han aprendido a examinar los detalles de las escenas del crimen, las armas y municiones fotografiados cerca de los cuerpos parecían haber sido plantados después del hecho.
“El cadáver de un joven en una de las fotos se encuentra boca arriba, un rifle de alta potencia, de asalto, descansando horizontalmente a través de su torso. Otra víctima sin vida yace sobre su espalda con un cinturón de cartuchos bajo su mano izquierda; en una foto distinta del mismo cadáver, la cartuchera no está por ningún lado”, explica Fernando, otro familiar de una víctima, mientras, para corroborar su dicho, muestra las imágenes guardadas en su celular.
Un luchador
“Hay muchas dudas. Ni el gobierno ni derechos humanos, nadie ha venido a vernos. Mi hijo era gladiador, luchaba en Ocotlán, Guadalajara, Zamora, La Piedad y a veces en la Triple A. Lo conocían como El Draco. Varias veces se lo llevo el luchador Psicosis a la Ciudad de México, a luchar allá”, dice Graciela Pineda Téllez, madre de otra víctima.
Se llamaba Martín Felipe García Pineda, de 21 años, quien antes era guardia de seguridad y luego se empleó en una gasolinera de Ocotlán; fue a Michoacán porque supo que había trabajo en los campos de fresas y hortalizas y se ganaba más que en su pueblo.
Graciela Pineda cuenta su sorpresa al ver que su hijo estaba entre los muertos. “En la foto que vimos en internet, dice, se ve bien, y ya me lo entregaron quemado como con ácido”. Ella no sabía que su hijo estaba en el Rancho del Sol; hacía dos meses que no iba a Ocotlán. Pero un día antes de la matanza le telefoneó a su esposa, embarazada, para decirle que estaba bien.
“El hijo de Chela”, dice Emma, vecina de Ocotlán, “era como como mi hijo. Aquí se criaron todos los difuntitos, desde el kínder, primaria y la secundaria; luego ya cada quien agarró su rumbo, pero se juntaban ahí en la esquina, donde está el altar”.
Carito, de 21 años, vecina del barrio, muestra fotos donde se ve el cadáver de uno de los jóvenes que vivía en la colonia Infonavit 5, a quien apodaban El Chicua (Héctor de Jesús), sin dientes y sin impactos de bala, le sacaron un ojo y en sus brazos rotos se aprecian huellas de llantas.
Tercia iracundo Gerardo García Pineda: “Así aparece en la foto, sin dientes y marcas de ruedas. Lo entregaron sin brazos, piernas y sin sus partes nobles. Él era también de aquí, del barrio. Y a mi hermano me lo entregan quemado”.
–¿Cómo se fueron a trabajar al rancho? –se le pregunta a Carlos, de 22 años y vecino de Ocotlán.
–Primero se fue uno y luego se corrió la voz y se comenzaron a ir otros. El que más tiempo tenía era como año y medio; los que menos, tres meses. Aquí se paga poco, 600 pesos a la semana sin prestaciones. Yo la tengo que hacer de quesero, albañil… en lo que se gane más.
–¿Cuál era la chamba ahí?
–No sé. Sólo sé que ganaban lo suficiente para mantener a su familia. No una fortuna; pero sí para vivir bien.
“Varios de los muertitos dejaron a sus esposas embarazadas; por ejemplo la de Felipe, el luchador, el día del funeral se puso mal y se le reventó la fuente. La llevaron al hospital”, cuenta Charito, vecina de Ocotlán.
–¿Cómo supieron que eran sus familiares? –se le pregunta.
–Por las fotos de internet. El viernes, sábado y domingo estaba llena de gente esta calle de Libra (en la colonia Infonavit 5), ávidos de noticias. Da tristeza porque los chamacos se fueron en busca de mejores condiciones de vida. Aquí no las hay. Ni becas para estudiar, trabajos mal pagados de sol a sol, como albañil, por 700 pesos a la semana, y con eso hay que pagar renta, comida, escuela, ropa… no alcanza.
El trato hacia los deudos de las víctimas en el Semefo de Morelia fue cruel y despectivo, informa la madre de El Draco. Refiere que estuvo dos días a la intemperie, soportando la lluvia y sin probar alimentos porque no llevaba dinero para comprar comida; escuchó también las burlas de los federales que se solazaban con el asesinato de sus hijos.
Añade que a su hijo lo quemaron y apenas pudo identificarlo. Trae en las manos un cuadro con el retrato del luchador, al cual le dirige unas palabras.
“¿Verdad que tú no eras…? Si ni con tus hermanos peleabas. Mírelo”, dice a los reporteros, “todo sonriente. Era deportista, no consumía drogas ni nada de eso”.
Érika Eunice Hurtado, hermana de otro de los abatidos, asegura que cuando estaba dando su declaración para solicitar el cuerpo de su hermano, agentes de la PF “a mis espaldas se estaban burlando, estaban diciendo que ‘los agarraron como pajaritos, dormidos en su nido a los cabrones’”.
“A Martina, otra vecina del Infonavit 5, le dijeron: ‘¿Quieres el cuerpo de tu hijo? Híncate delante de él’. Y lo tuvo que hacer, yo lo oí”, dice Rocío Robles.
“¿Es así como el gobierno defiende a la gente? Queremos que vea eso Peña Nieto. Si ya los tenían rodeados, ¿por qué los mataron? ¿Por qué no los detuvieron? Hay muchas formas de hacer justicia y una de ellas es la captura. Muchos tienen huellas de rodadas. Los vimos en el Semefo de Morelia en la identificación.”
–¿Les dieron copia de la autopsia? –se le pregunta a Gerardo García.
–Nada. No nos los querían entregar. Ya olían mal. Sellaron los ataúdes para que no los viéramos. ¡Es indignante! Fueran lo que fueran, también son seres humanos y hay leyes que los protegen. Según eso, están para proteger… No son autoridades, son “asesinos con licencia”.
–¿Crees que la saña con la que actuaron fue en venganza por los 11 federales abatidos en Ocotlán en marzo?
–Creo que sí, porque (los muertos) eran de Jalisco y la mayoría de Ocotlán. No sé por qué salen con esas armas (en las fotografías); aquí no hay tantas como en Michoacán. Siempre hemos tenido mala experiencia con la policía. La gente les tiene mucho miedo porque ellos creen que todos somos sicarios.
Según la Dirección del Servicio Municipal de Cementerios, que encabeza Ricardo Murillo Cárdenas, cada día se hacen en promedio 1.6 entierros; entre el lunes 25 y el miércoles 27, la cifra se multiplicó a más de 30 inhumaciones.
En una de las criptas velaron a César Mora, de 24 años, quien según sus amistades se dedicaba a brindar protección personal. No ofrecieron más detalles. En un extremo de su tumba se escuchó decir a alguien: “A lo mejor sí eran (del CJNG) o no, pero no se vale que los hayan asesinado así”.
Al parecer el cuerpo de César era uno de los más golpeados. Uno de sus amigos comentó que tenía fracturas en ambos brazos y la dentadura destrozada. A punto de sepultar a los jóvenes, algunas familias, como la de Jesús Ernesto Salazar, de 21 años, tuvieron que regresar a Morelia por el acta de defunción para concluir el trámite. Jacqueline, hermana del joven, señala que no lo había visto desde hacía tres años y tampoco sabía a qué se dedicaba.
La noche del lunes 25 seguían llegando cuerpos a las capillas de velación. En una de ellas velaron a Omar Hurtado Martínez, de 31 años. Su padre, Pablo Hurtado Ramírez, dice que su hijo vivía con él y se dedicaba a construir muebles de sala. En las últimas semanas, expone, lo contrataron para “arreglar casas” de gente adinerada y le informó que iría a un rancho. Comenta que no supo más y, como otros padres, por las noticias supo que su hijo había muerto en un supuesto enfrentamiento.
“¡Me importa madre que vengan sobre mí, cualquier autoridad! Si creen que era un delincuente, por qué no lo apresaron, por qué tuvieron que martirizarlo y ejecutarlo. Son una bola de embusteros los del gobierno; estoy en contra de todo ese salvajismo”, recalca.
Resalta que a Omar le cortaron los testículos, lo ahorcaron y le dieron un tiro en la frente. El joven estaba casado y tenía tres hijas, una de ellas de apenas 22 días de nacida.
La mañana del lunes 25, los Montaño Zúñiga estaban en la capilla El Ángel, donde despidieron a su hijo, Carlos Octavio Montaño Zúñiga, de 19 años.
Francisco Montaño, padre del muchacho, relata que, la tarde del jueves 21, el joven salió de su casa sin avisar a dónde iba y sólo volvieron a tener noticia de él cuando había muerto.
“Fue como una cubetada de agua fría”, menciona el padre, quien resalta que su hijo le fue entregado en una bolsa que le llegaba hasta el cuello.
Por el alto grado de descomposición que presentaban los jóvenes ocotlenses, los familiares no pudieron velarlos mucho tiempo y los llevaron casi de inmediato a enterrar.
En una de las salas de velación, la familia Reynoso Tejeda despidió a su hijo Víctor Hugo, de 29 años. Su madre, Teresa Tejeda, dice que Víctor se fue a la cosecha de jitomate a la región donde ocurrió el supuesto enfrentamiento y luego perdió comunicación con él.
Después se enteró del fallecimiento por la televisión. Comenta que cuando fue al Semefo de Morelia a recoger el cuerpo de su hijo, notó que además de las perforaciones de bala tenía huellas de tortura.
Para Graciela Pineda la desgracia en Ocotlán la instituyó el presidente Enrique Peña Nieto cuando decidió enviar a la Gendarmería Nacional (división de la PF) para custodiar sus calles. Dice que los uniformados sólo llegaron a extorsionar y matar a la gente; golpean y les quitan sus pertenencias a los ciudadanos. Menciona que hace tres meses vio por última vez a Martín, aunque tenían comunicación constante por teléfono. Éste le dijo que iría a Michoacán, sin darle explicaciones, y después se enteró de su fallecimiento.
“Cuando no había gobierno, como ahora”, coinciden varios testimonios, “no nos faltaban al respeto los malandros o sicarios, como les dicen; no había robos ni asaltos. Ahora ‘los negros’ (los efectivos de la PF) lo ven a uno en la calle y le quitan todo: celulares, dinero, relojes, esclavas, anillos. Se meten a las tiendas y no pagan la mercancía. No pasaba eso con los sicarios.”
“Qué necesidad hay de tener miedo hasta para ir a trabajar”, afirma Rocío Robles, y añade: “Los sicarios patrullaban, ayudaban a la gente; si alguien estaba enfermo o sin trabajo, le daban dinero. Ya no están y la policía no nos deja en paz. En Navidad el gobierno regalaba pelotas y las aventaba a ver a quien le tocaba. Los del CJNG llegaban con cinco camionetas a cada colonia, con todo tipo de juguetes… hasta bicicletas. Eran algo así como las autodefensas de Michoacán, cuidaban a su pueblo.”
Al cierre de ésta edición trascendió que en el Rancho del Sol se encontró una chamarra de la Dirección de Seguridad de Pública de Ocotlán, lo cual hizo pensar que efectivos de esa corporación participaron en la matanza; sin embargo, el titular del organismo, Diego Cervantes Maldonado, se apresuró a declarar a un medio local que el uniforme encontrado no está vigente, es falso y por ende sus policías no estuvieron en Ecuandureo.
“Es un uniforme bordado en hilo. Quiero recalcar esta parte: A partir de esta administración municipal, de 2012 a la fecha, los uniformes que se han proporcionado a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública tienen en la espalda un material que se llama tránsfer, un material plástico, de vinil, que refleja la luz. No tenemos uniformes de esas características o con ese material. En esta administración hemos solamente entregado uniformes con tránsfer”, dijo.
No obstante, un efectivo de la dependencia –quien pidió el anonimato– asevera a Proceso que en el Rancho del Sol murieron tres expolicías municipales que habían sido despedidos en noviembre de 2013 porque no acreditaron el examen de control y confianza. Cervantes replica que uno de ellos renunció voluntariamente y le perdió la pista.
En la colonia Infonavit 5, al cruce de las calles Libra y Tauro, un grupo de cinco jóvenes levantó un altar con fotografías de los caídos en el Rancho del Sol.
En una imagen se aprecia el retrato de un chico empuñando un arma de alto poder y en otra se ve un joven sosteniendo lo que parece una metralleta. En el centro del altar hay un cuadro con la figura de San Judas Tadeo, patrono de las causas perdidas, y los nombres de todos los abatidos de Ecuandureo junto con sus apodos. Coronas de muerto que dicen, por ejemplo, “Para los Guerreros de la 5”, botellas de tequila vacías y latas de cerveza colocadas disimuladamente entre veladoras.
Infonavit 5 está en el oeste del municipio, muy cerca de la colonia Mascota, donde el 19 de marzo ocurrió el enfrentamiento entre federales y sicarios del CJNG. En la esquina de Libra y Tauro hay un muro que separa a la colonia de la zona de tolerancia.
Afuera el grupo de jóvenes que montó el altar vigila atentamente a quienes llegan, los observan con desconfianza y preguntan quiénes son. A estos reporteros les solicitan identificaciones. Satisfecho el trámite, los jóvenes empiezan a hablar. Uno de ellos comenta que 11 de los asesinados en Ecuandureo crecieron en la colonia Infonavit 5.
Quien habla tiene unos 35 años; no da su nombre, pero asegura que los conoció a todos. El resto expresa su indignación por la forma en la cual fueron asesinados. Uno de ellos muestra la edición del diario Página 24 Jalisco que tiene en portada la imagen de un joven tirado en el suelo con el cuerpo repleto de sangre, sin dientes y con los brazos rotos.
–El gobierno se pasó de lanza. ¡Crees que si hubiera sido enfrentamiento, los agarran sin pechera! –exclama.
–¡No! Los agarraron dormidos y no les dieron oportunidad para que se defendieran –interviene uno de sus amigos.
Las calles de Ocotlán están repletas de propaganda política de quienes, desde diferentes partidos, aspiran a ocupar la presidencia municipal o diputaciones locales y federales. Destacan el priista Eduardo González, abarrotero que quiere ser alcalde, y el panista Absalón García Ochoa, quien ya fue alcalde y ahora busca una diputación federal.
Ninguno de ellos se asoma en estos días aciagos para continuar su proselitismo. Tampoco lo hace el alcalde Enrique Robledo, a quien se buscó para obtener su versión. No se le pudo localizar.
En la parroquia tampoco está el sacerdote responsable de ella; el personal a su cargo dice que él es el único autorizado para hablar del tema. Su sustituto menciona que no es oriundo del lugar y sólo puede ofrecerle a los deudos un mensaje de paz. Parece tener prisa en despedir a los reporteros.
La matanza de Ecuandureo volvió a poner a Ocotlán en la mira nacional. Pero la gente no se quedó en silencio, expresó su opinión en las redes sociales.
Así, en Facebook y Twitter se difundió un mensaje sin firma: “Ocotlán NO (sic) está de luto, los que murieron en Tanhuato eran delincuentes. Estarán de luto sus familiares y amigos, quienes no pueden negar su parentesco o amistad, pero tampoco pueden negar que sus hijos, padres o hermanos que murieron al enfrentarse con la policía, en vida robaban, golpeaban, secuestraban y mataban a otros que también eran padres, hijos o hermanos”.
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Van fuerzas federales por el CJNG
Un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Policía Ministerial y Estatal, dejó un saldo de un muert y ocho detenidos, en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México.
Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), agentes de Investigación detuvieron al presunto líder del grupo delincuencuencial, tras un operativo derivado de diversas indagatorias realizadas por esa dependencia, por diversos homicidios registrados en esta región de la entidad.
Tras el aseguramiento del presunto delincuente, el personal de la Procuraduría estatal logró ubicar un domicilio en las calles Teopacantitlán y Gabriel Ramos Millán, en el barrio San Isidro, donde los agentes de Investigación fueron atacados con armas de fuego y repelieron la agresión, lo que dio pie a un enfrentamiento que duró varios minutos y culminó con la detención de otros siete integrantes de ese grupo criminal.
En el lugar fueron encontrados: cinco armas de fuego cortas y una larga, dos chalecos antibalas, tres teléfonos celulares, cinco lámparas de mano, un par de botas tácticas, una bolsa con hierba verde con las características de la mariguana (en proceso de cuantificación), así como plantas de mariguana en la azotea del domicilio y estrobos y códigos policíacos.
Añadió que en el interior del domicilio fue localizado el cuerpo de un individuo, por lo que se inició una investigación para determinar su identidad y las causas del deceso.
Los ocho detenidos y artículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de esa institución para integrar la investigación correspondiente y resolver su situación legal.
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Sergio Kurt Schmidt Sandoval fue detenido en Zapopan
La madrugada del 18 de agosto, elementos de las fuerzas federales detuvieron a Sergio Kurt Schmidt Sandoval, identificado como operador financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal.
Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, informó que con esta detención se prevé “afectará significativamente la estructura operativa y financiera de esta organización delictiva”.
En conferencia de prensa, explicó que el miembro de esta organización delictiva fue detenido en el fraccionamiento Las Bugambilias, en Zapopan, Jalisco, luego de que un juez federal otorgó una orden de cateo.
Reportes de investigaciones abiertas indican que era el operador financiero de una organización delictiva en Jalisco”, además de que “la PGR cuenta con dos indagatorias abiertas contra Sergio por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud”.
El titular de la CNS aclaró que esta detención no tiene ningún vínculo con el secuestro del hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en Puerto Vallarta y sobre este tema en particular, apuntó que al estar las investigaciones abiertas no puede proporcionar más información de lo que se ha dado a conocer.
Por lo que hace al asunto del secuestro de esta persona, les puedo decir que la investigación está en curso y de un secuestro en curso no se proporciona mayor información, no hay más información de momento que la que tiene ustedes”, puntualizó.
No obstante, comentó que Joaquín Guzmán Loera se enteró de esta noticia por parte de su concubina, quien le informó sobre el secuestro de su hijo en Puerto Vallarta.
Sales Heredia también comentó sobre este secuestro que “las fuerzas federales no se pueden dar abasto para cuidar parques, plazas, calles y jardines” porque eso le compete a las policías municipales.
De modo que en Puerto Vallarta lo que se vio es que “no hay suficiente Policía Municipal y hay que corresponsabilizar a las autoridades municipales en su función y lo que es su labor”, porque “las faltas administrativas que no se atienden oportunamente también se convierten en delitos”.
Por tanto, pidió a las autoridades municipales de Puerto Vallarta que pongan atención en lo que le corresponde y pongan más Policía Municipal en las calles de ese puerto.
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Incineran en Coahuila millones de pesos en droga
Autoridades de Coahuila, incineraron droga y destruyeron objetos del delito cuyo valor acumulado al 2016, es de más de 628 millones de pesos, cantidad que supera la suma de los presupuestos de los municipios de Ramos Arizpe, con 390 millones de pesos y Monclova, 237.9 millones de pesos.
La actual administración estatal realiza una estrategia integral de combate al crimen organizado que supera el presupuesto de más de 20 municipios y la mitad del que se asigna a la Universidad Autónoma de Coahuila.
En este 2016 se han destruido 16 toneladas 693 kilos de mariguana.
También se destruyeron 7 mil 760 kilos de peyote y 59 mil 9454 kilos de metanfetaminas.
En el acto encabezado por el gobernador Rubén Moreira Valdés, se destruyó el equivalente a 177 millones 213 mil 188 pesos en cuatro toneladas 586 mil 790 kilos de mariguana.
Además de 295 kilos de heroína, 2 mil 649 kilos de cocaína y 39 mil 588 kilos de metanfetaminas.