La prohibición de llevar velo integral en todos los espacios públicos de Francia quedó hoy definitivamente plasmada en ley, después de que los senadores aprobaran un texto que ha levantado gran polémica en el país.
La ley ya había recibido el respaldo de la Cámara de Diputados en julio y ahora debe pasar el examen del Consejo Constitucional, a cuyo dictamen la sometió el propio presidente de la Asamblea Nacional, Bernard Accoyer, para eliminar cualquier incertidumbre.
El Constitucional dispone ahora de un mes para pronunciarse sobre la ley que, de pasar este último trámite, puede entrar en vigor en la primavera de 2011, tras medio año de periodo de información.
Las dudas jurídicas sobre la prohibición del burka son las únicas que han generado división entre la clase política francesa, masivamente favorable a prohibir un vestido que va contra los principios de la República.
Por esa razón, la polvareda que ha levantado este texto en la calle no se corresponde con la unanimidad que tuvo en las cámaras, donde ha sido aprobada casi sin oposición.
En el Senado votaron a favor 246 parlamentarios y uno solo lo hizo en contra. Hace dos meses, 335 diputados votaron a favor y sólo uno rompió la unanimidad. En ambas cámaras votaron a favor los parlamentarios de la mayoría, los conservadores de la UMP y los centristas.
La mayor parte de los parlamentarios de izquierda boicotearon el voto como forma de mostrar su acuerdo con el fondo de la ley, pero dejar constatación de las dudas que presenta su constitucionalidad.
La ley prevé multas de 150 euros para las personas que vayan por la calle o por cualquier otro espacio público con el rostro cubierto, aunque establece excepciones en casos específicos como los cascos de moto o los testigos que precisen del anonimato en los tribunales.
Antes de que las sanciones comiencen a ser efectivas habrá un periodo de seis meses, con el objetivo de dar tiempo a que sea explicada a las mujeres que actualmente portan de forma voluntaria el velo integral en Francia.
Las organizaciones musulmanas ya han indicado que comenzarán a contactar con las mujeres que portan el burka para informarles de que el Corán no exige llevar esa prenda y de que, a partir de ahora, además, están fuera de la ley.
Tras ese periodo de prueba, se impondrán las primeras multas por llevar esta prenda musulmana que, según diversos estudios, unas 2 mil mujeres visten regularmente en el país.
En caso de que se nieguen a quitarse el burka, las mujeres también pueden ser obligadas a pasar un «curso de ciudadanía».
Mayores son las sanciones para aquellos que obliguen a las mujeres a llevar esa prenda, a quienes se castigará con hasta un año de cárcel y multas de 30 mil euros.
Las asociaciones islámicas más moderadas están dispuestas a colaborar con las autoridades, pese a que se oponen a una ley que, a su juicio, contribuye a estigmatizar más a su religión y que alentará a los más radicales.
Una opinión que comparten algunos mandatarios de países musulmanes, que mostraron su oposición al texto francés, y que ya han hecho saber que se opondrán a la aplicación de la ley, lo que amenaza con crear problemas de orden público y enfrentamientos con las autoridades.
Por el momento, diversas investigaciones indican que el número de mujeres que portan el burka puede haber crecido en Francia en los últimos meses como reacción al debate suscitado por la ley que lo prohíbe.
El texto cuenta también con la oposición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de Amnistía Internacional, que consideran que supone una violación de la libertad religiosa de las mujeres
