Un juez federal concedió la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
La medida fue otorgada por motivos de salud en el proceso penal que enfrenta por el caso Ayotzinapa. Sin embargo, Murillo Karam no se irá de inmediato a su casa porque tiene en curso un segundo proceso penal.
El juez dictó esta resolución anoche, en una audiencia de más de siete horas, e impuso al exprocurador el uso de un brazalete electrónico y le prohibió acercarse a los aeropuertos.
José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió la prisión domiciliaria al considerar que, por su edad avanzada y sus problemas de salud, Murillo Karam ya no acredita el riesgo de fuga.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó el lunes 14 de noviembre una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra Jesús Murillo Karam, el ex procurador General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).
Si de algo se distinguió el gobierno de EPN fue por la corrupción, el saqueó y el tráfico de influencias y el ejemplo más reciente es su allegado colaborador y ahora preso en el Reclusorio Norte, Murillo Karam el cual está siendo recientemente acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencias.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, emitió una nota informativa sobre los nuevos cargos que se le imputan al ex funcionario público.
Se descubrió que del 2013 al 2015 Murillo Karam “intercambio favores” con el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza (q.e.p.d) para hacer que una empresa fantasma de la cual Karam y su familia son socios recibiera pagos por licitaciones inexistentes a cambio de brindar al hijo de Gerardo un puesto como secretario dentro de la Procuraduría General de la República.
Además del caso de Ayotzinapa y estos recientes escándalos fiscales, el exfuncionario público tenía inversiones en el extranjero, en el 2017 recibió 2.8 millones de dólares por el retorno de inversiones en el extranjero y durante los años 2020 y 2021 invirtió 26.5 millones de pesos a sus cuentas propias en paraísos fiscales, cantidades que evidentemente no reportó al SAT.
A la UIF no le costó trabajo identificar la empresa fantasma que utilizó para lavar dinero, se dieron cuenta con facilidad que no tenían gastos o ventas proporcionales a su riqueza reportada.
La UIF no quiso publicar la razón social de la empresa ni los nombres de otros políticos involucrados, pero se sabe que llevan investigando al funcionario desde octubre del 2021.
