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Morelos, sin tregua en el fortalecimiento de la seguridad. Gabinete de Seguridad detalla a diputados los avances concretos en disminución del delito. Se destaca la inversión en capital humano e infraestructura.
Con mejor infraestructura y capital humano, Morelos avanza sin tregua en el fortalecimiento de la seguridad. La inversión aplicada de manera transparente y eficaz permitió mejoras contundentes en capacitación e infraestructura que ya se refleja en la disminución de los delitos de alto impacto, secuestro y extorsión.
De esta manera, el gabinete de Seguridad atendió el llamado de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad Pública y Protección Civil para ampliar la información presentada en el Tercer Informe de Gobierno.
En el Salón de Comisiones del Congreso del Estado, previo a las exposiciones, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina reiteró la disposición del Poder Ejecutivo de compartir los datos que forman parte del informe y, particularmente, escuchar las reflexiones de los legisladores.
“Hago presente a cada uno de ustedes, pero sobre todo a la soberanía de este Poder Legislativo, un saludo muy respetuoso del licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador Constitucional de nuestro estado”.
Equipamiento, tecnologías e infraestructura
El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Omar Darío De Lassé Cañas inició su presentación y expuso que durante el ejercicio fiscal 2015, el estado de Morelos concertó recursos dentro del Ramo 33, en específico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados y el Distrito Federal, por la cantidad de 235 millones 837 mil 722 pesos.
Esos recursos, dijo, se destinaron a la capacitación y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, equipamiento y tecnologías e infraestructura, con el objetivo de disminuir los índices delictivos y combatir la delincuencia organizada.
Las áreas donde se aplicó dicha inversión fueron: la CES, la Fiscalía General del Estado (FGJ), el Centro de Evaluación y Control de Confianza, el Tribunal Superior de Justicia, Coordinación Estatal de Reinserción Social (CERS) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).
Con énfasis se impulsó la implementación del nuevo sistema de justicia penal. De esta manera, con una inversión de 102 millones 683 mil 582 pesos –y con la aportación de otra cantidad igual de recursos federales- se iniciaron proyectos de infraestructura como la construcción del edificio común de las Unidades de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos y Adolescentes, construcción del edificio para el Cuartel de Custodios Acreditables, construcción del edificio del Instituto de la Defensoría Pública, la FGJ, Dirección General de Servicios Periciales y la conclusión del edificio del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).
Prevención del delito con capital humano
y participación ciudadana
El titular de la Comisión de Seguridad Pública (CES), Alberto Capella Ibarra expresó que la prevención de la violencia es el tema más importante por desarrollar.
“El inhibir que estás conductas delictivas se den nos evita todo un proceso difícil, complicado de tener que perseguir delincuentes, iniciar un proceso de la administración de justicia, reinsertar, readaptar delincuentes y lo más importante resarcir el daño que se genera en contra de las víctimas”.
Por ello, agregó, el trabajo que se ha realizado en materia de prevención social de la violencia y delincuencia tiene una activa participación ciudadana a través de los 88 Comités de Vigilancia Vecinal del Programa Comunidad Segura instalados en 21 municipios y que integran a 6 mil 850 ciudadanos.
Adicionalmente, se llevó a cabo el rescate de cinco espacios públicos que estaban deteriorados, abandonados o inseguros. Para ello se invirtieron 16 millones de pesos, beneficiando a más de 39 mil habitantes.
El Mando Único (MU) sigue siendo la estrategia para la construcción pública y colectiva de seguridad en la entidad por lo que, para crear entornos propicios, el comisionado señaló que hoy se cuenta con 5 mil 184 policías mejor capacitados, homologados, dignificados, confiables y equipados cuya labor se refleja en una reducción de los delitos, mayor gobernabilidad estatal y legitimidad institucional.
Aclaró que la profesionalización de los elementos del MU continuará con la relación interinstitucional con la embajada de Estados Unidos (Sección de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la International Narcotics and Law Enforcement Affaires (INL, por sus siglas en inglés), Policía de Los Ángeles, FBI y la Policía Nacional de Colombia.
Los proyectos estratégicos de inversión han permitido equipar al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, y Cómputo (C5) de la más alta tecnología en red de telecomunicaciones y sistemas de información lo que lo convierte en una herramienta esencial para el despliegue operativo; además se cuenta con cámaras de videovigilancia interconectadas, radios de comunicación y alarmas vecinales.
El equipo táctico complementa las tareas de prevención y persecución del delito; por ello, 338 patrullas, la unidad móvil de comando ZEUS, la tanqueta tiburón, dos helicópteros, un equipo de operaciones, seis drones y cuatro trimotos eléctricas lo conforman.
La correcta aplicación de estos recursos materiales y el fortalecimiento de los policías del MU -que han recibido más de 6 mil 017 capacitaciones- tuvo como consecuencia que, al comparar 2015 con el 2014, en el estado se haya reducido en un 74.5 por ciento el delito de secuestro, mientras que la extorsión en un 50.9 por ciento. El comisionado resaltó que, en este 2016 la tendencia continúa a la baja con una disminución del 71.1 por ciento en comparación con la media.
Expresó que a pesar de que en Morelos, se han hecho enormes esfuerzos para revertir la circunstancia que, hace poco más de tres años, el Gobierno del Estado recibiera en materia de violencia se tiene que recocer que aún hay trabajo pendiente.
“A pesar de grandes avances, todavía no hay un espíritu de satisfacción en relación a lo que se ha desarrollado, falta mucho por hacer”, expresó.
Sin embargo, aseguró que con el apoyo del gobierno federal y la corresponsabilidad el resultado que se tendrá mes con mes, año con año, será cada vez más satisfactorio en beneficio de la paz y tranquilidad de Morelos.
Sistema penitenciario: fin al autogobierno
El coordinador de la CERS, Lucio Hernández Gutiérrez agradeció que los legisladores voltearan a ver la labor que realiza su área y resaltó que uno de los resultados más sobresalientes del trabajo realizado el año anterior es el control y orden de los penales de la entidad.
Hernández explicó a los legisladores que se desarticularon distintos liderazgos que por años mantuvieron en Atlacholoaya los llamados autogobiernos. El traslado de reos de alta peligrosidad con procesos por delitos del fuero federal, a penales federales fuera del estado, significó un avance importante para recuperar el orden.
Paralelamente, la detección de otros liderazgos y su neutralización al ser reubicados en áreas de alta seguridad representó que sean hoy las autoridades las que lleven el control de los penales. Esto se logró, principalmente, tras la reclasificación y reubicación de la población interna, según criterios como tipo de delito, edad, perfil, vulnerabilidad, adicciones, estado de salud, entre otros. Estas acciones permitieron que en 2015 no se registrara ningún homicidio y ningún suicidio.
Programas de educación también fueron aplicados para coadyuvar en el proceso de readaptación de los internos. Por ejemplo, se ofreció atención educativa a través de los programas de estudio en los diferentes niveles de alfabetización, primaria, secundaria y medio superior a 946 personas, para lo que se contó con el importante apoyo del Instituto Estatal de Educación para el Adulto, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta.
Atendiendo al derecho a la salud de la población interna, se proporcionaron 18 mil 319 consultas médicas, las cuales consistieron en medicina preventiva, curativa y quirúrgica, así como asistencia dental y psiquiátrica.
El coordinador destacó la remodelación que se realizó en el área de cocina cuya operación le valió el reconocimiento del distintivo “H”, elemento estratégico de la Secretaría de Turismo y que garantiza la calidad, higiene e inocuidad de los alimentos que se ofrecen.
Añadió que se dio un impulso a una verdadera actividad productiva para el desarrollo integral de los internos a través de capacitación y certificación al trabajo penitenciario, que les permite un proyecto de vida y facilita su reinserción a la sociedad.
Hernández Gutiérrez hizo especial mención a que, en virtud de la ejecución de estos y otros tratamientos técnicos, grupales o individuales y progresivos, el grado de reincidencia se redujo 12 por ciento.
De relevancia fueron las medidas aplicadas en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de Libertad Para Adolescentes (Cempla). A fin de desarrollar la reinserción de los menores en conflicto con la ley, en conjunto con diversas dependencias gubernamentales, se realizaron actividades deportivas, educativas, culturales y laborales.
La atención a la situación de los 624 custodios también fue destacada: se fortaleció la profesionalización de los cuerpos de seguridad y custodia sumando 197 custodios acreditables. El salario de los custodios en el periodo 2006-2012 era de 7 mil 400 pesos. Hoy es de 11 mil 500, lo que demuestra el interés por mejorar las condiciones de este tipo de personal.
Se invirtieron 10 millones 282 mil 726 pesos con 29 centavos en la adquisición de armas y equipo de protección para personal operativo, a fin de salvaguardar la integridad física dentro de los centros penitenciarios.
Se reforzaron los niveles de seguridad en los establecimientos penitenciarios, con lo cual hubo 971 operativos de revisión en los centros de reclusión, 10 operativos con la CES, la FGJ, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la 24ª Zona Militar.
Se construye una fiscalía más humana y justa
En su exposición ante los diputados, el fiscal Javier Pérez Durón destacó las acciones en capacitación en perspectiva de género, la implementación de leyes para el fortalecimiento de la procuración de justicia y la capacitación permanente en la operación del nuevo sistema de justicia penal, entre otras.
En 2015, por medio de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión se ha conseguido una persecución estratégica de delitos de alto impacto; de esta manera, se obtuvieron 42 sentencias condenatorias por el delito de secuestro y 11 sentencias condenatorias por el delito de extorsión; asimismo, se desarticularon 19 bandas de secuestradores y extorsionadores, liberando a 23 víctimas de secuestro, 14 por negociación.
Pérez Durón destacó la entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales, en armonización con la ley orgánica de la Fiscalía: se emitió la Ley en Materia de Bienes Asegurados, para resguardar, controlar y conservar los bienes muebles relacionados con delitos y ofrecer a la población certeza en la adquisición de vehículos. Con la Ley de Extinción de Dominio, hubo 40 procedimientos iniciados por delitos diversos tipificados como graves, con lo que se coadyuva a desarticular el poder financiero de los delincuentes y reparar el daño patrimonial ocasionado a las víctimas.
La infraestructura y equipamiento también fue un tema principal a través de la creación de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, la construcción del Centro de Justicia para Mujeres (CJM), remodelación de las instalaciones de la fiscalía regional oriente, acondicionamiento de la fiscalía regional sur poniente y las adaptaciones en las instalaciones periférico de la FGJ en Jiutepec.
De la misma manera se invirtió en la adquisición de equipo para Servicios Periciales para la realización de exámenes toxicológicos para la detección de drogas y alcohol, así como 10 máquinas lectoras de códigos de barras de vehículos automotores y equipo de cómputo.
Con más de 50 cursos en 2015, hubo capacitación permanente en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial Oral, y el Sistema de Carrera de Procuración de Justicia.
En total, 131 elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC) fueron capacitados para combatir a la delincuencia, con tácticas policiales, tiro, criminalística de campo, investigación criminal y derechos humanos.
En materia de prevención social de la violencia y el delito, el Ministerio Público Itinerante reforzó la cercanía social de la FGJ en lugares de mayor afluencia e incidencia delictiva, con asesoría penal y civil gratuita.
Se creó el grupo Centro de Operaciones Estratégicas que investiga delitos contra la salud, gracias a lo cual se realizaron 18 mandamientos judiciales, 23 operativos, con detención de 36 probables imputados, a quienes se les decomisó droga.
Para fortalecer la atención y respuesta de la FGJ, se contrató a 17 agentes de la PIC, 21 peritos y 26 agentes del Ministerio Público.
Otras áreas en las que se avanzó de manera importante fueron las de protección y defensa del menor, adolescente y discapacitados; atención a víctimas; prevención y erradicación de trata de personas; derechos humanos y los tratados internacionales, entre otras.
Asimismo, destaca la construcción del CJM, inaugurado el 25 de noviembre con una inversión de 9 millones 180 mil 211 pesos 54 centavos, y la creación de la Unidad de Atención a las Mujeres Víctimas del Delito.
Se capacitó a 15 MP en el sistema de investigación de feminicidios y homicidios de mujeres; se realizan reportes periódicos sobre el estado de las carpetas de investigación. Se incluyó en la página electrónica de la FGJ la legislación, protocolos y catálogo de servicios con perspectiva de género.
Con el mismo interés, se han girado 572 órdenes de protección a las mujeres víctimas de delitos en las tres zonas del estado.
De esta manera, y ante los legisladores, los integrantes del gabinete de Seguridad reiteraron que, si bien aún falta camino por recorrer, Morelos se encuentra en la estrategia correcta para garantizar la seguridad de la población.